Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente

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RIDCA - Edición Nº8 - Discapacidad y Derechos

Natalia Mendoza. Directora

Diciembre de 2025

Proyecto de creación de la unidad especializada en discapacidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autora. Celeste Dimeglio. Argentina

Por Celeste Dimeglio[1]

Introducción

Este proyecto es fruto de un Itinerario sobres Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y adultas mayores en el que fui becada por la Cooperación Española y la Fundación Aequitas, que tuvo una duración de dos años y contó con seis cursos intensivos, cuatro de ellos virtuales y dos presenciales en la sede de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Una experiencia muy enriquecedora tanto por los profesores que lo dictaban como por el intercambio con más de veinte colegas de toda Latinoamérica.

El primer año concluyó con un Informe País que contenía las barreras en el acceso a la justicia que detectábamos en nuestros países hacia las personas con discapacidad y adultas mayores, coincidiendo en muchos puntos a lo largo del continente. Asimismo, el segundo año y como trabajo final se requirió un Proyecto País, realizable y real para cada región. Así es como surge la idea de la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad, que fui desarrollando con la tutoría de los profesores a cargo.

En Octubre de este año fue presentado el proyecto por la Comisión de Discapacidad de la Seccional 2 de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación ante la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

  1. ¿Por qué una Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad?

La Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis) propone un cambio de paradigma dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicando la perspectiva de discapacidad. Su finalidad es garantizar a las personas con discapacidad y a las personas mayores con discapacidad un acceso real y efectivo a la justicia, investigando y persiguiendo los delitos que las afectan y adoptando los ajustes razonables necesarios y ajustes de procedimiento para la protección de sus derechos. Se propone una unidad que no solo se adapte en términos arquitectónicos, sino que también cuente con personal capacitado y con discapacidad, siguiendo el lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: «Nada de nosotros, sin nosotros».

 

  1. Contextualización

El proyecto se enmarca en un cambio de paradigma, transitando del modelo médico al modelo al social y de derechos humanos de la discapacidad e implementar la perspectiva de discapacidad en el ámbito jurisdiccional, respaldado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se basa en la necesidad de que los organismos públicos, como el Ministerio Público Fiscal (MPF), adopten una perspectiva de discapacidad transversal. La propuesta se fundamenta en datos del Censo Nacional de 2010 del INDEC, que contabilizó a 316.844 personas con algún tipo de discapacidad en CABA, representando el 11.2% de la población. Aunque el último censo 2022 no incluyó la temática, se asume un incremento de la población con discapacidad y, por consiguiente, la necesidad de una atención especializada.

A pesar de la normativa de vanguardia, persisten barreras físicas, comunicacionales y actitudinales en el sistema de justicia que impiden a este colectivo ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

  1. Justificación

La creación de esta unidad es crucial para fortalecer las capacidades del MPF y sus operadores, asegurando que el derecho de acceso a la justicia no sea una mera formalidad, sino una realidad tangible. El proyecto argumenta que la falta de un dispositivo totalmente accesible a nivel nacional y latinoamericano genera un acceso nulo o deficiente para las víctimas con discapacidad. La Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis) busca ser un modelo de vanguardia que elimine las barreras arquitectónicas comunicacionales y actitudinales, y mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad al brindarles un espacio seguro, privado y adaptado para realizar sus denuncias.

4. Objetivos generales y específicos de la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad

Objetivo General

El proyecto tiene como uno de sus objetivos fortalecer las capacidades del Ministerio Público Fiscal de la CABA como organismo estatal y de sus operadores para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, afirmándose en los ajustes razonables en cada caso en particular y los ajustes en el proceso.

Así como también, garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, a través de la implementación de la primera Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis) de Latinoamérica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que garantice el deber de detección de la discapacidad y seguidamente el deber de acordar medidas de ajuste del procedimiento y de provisión de apoyos.

La autoridad judicial tiene el deber de reconocer y activar todas las medidas de ajuste del procedimiento y de provisión de apoyos a la capacidad jurídica necesarias para superar los obstáculos para el ejercicio de los derechos que se deriven precisamente de la discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial detectada.

Objetivos Específicos

A corto plazo: Acondicionar un espacio físico para que cumpla con los estándares de diseño universal y accesibilidad.

A medio plazo: Capacitar a un equipo de al menos cuatro auxiliares fiscales y tres personas más por equipo especializado, incluyendo a profesionales con discapacidad, en perspectiva de discapacidad y procedimientos de denuncia.

A medio plazo: Modificar el sistema de denuncias, Sistema Kiwi, (sistema operativo del MPF CABA para la tramitación de las causas) para incluir un campo de identificación de discapacidad y sugerir ajustes razonables.

A largo plazo: Implementar la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis) y atender a un mínimo de 150 casos de denuncias de personas con discapacidad en el primer año.

A largo plazo capacitar al 100 % del personal de UFEDis en perspectiva de discapacidad según ley Ley 6755, de 2024 en CABA.

Publicar informes estadísticos trimestrales con enfoque de derechos.

 5. Marco Teórico

 Conceptualización

Discapacidad: Desde el modelo social, se entiende como el resultado de la interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras del entorno. La meta es eliminar estas barreras para permitir la plena participación.

El problema:

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de individuos cuya vulnerabilidad ha hecho que históricamente sean objeto de discriminación y segregación, impidiéndoles el acceso a los derechos fundamentales en condiciones de igualdad respecto de los demás integrantes de la sociedad.

Existen barreras de todo tipo físicas o arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales y procedimentales estas últimas las más difíciles de superar, ya que no dependen solo de una política de publica, sino de cada particular, que les impiden a las personas con discapacidad desarrollar su autonomía y acceder al goce efectivo de sus derechos, más allá de que éstos puedan estar contemplados en las normas vigentes

 El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, cuyo contenido esencial engloba el acceso efectivo de las personas a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia.

Es necesario que todos los agentes, funcionarios y magistrados del MPF de CABA tomen conciencia de esta realidad, se capaciten y que las personas con discapacidad accedan a un servicio de justicia con los ajustes razonables para cada caso en particular.

Envejecimiento: Si bien el proyecto se centra en la discapacidad, es crucial considerar que las personas mayores pueden enfrentar desafíos adicionales de accesibilidad y vulnerabilidad, lo que requiere un enfoque integral.

6. Marco legal y de políticas que respalda la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad

  • Legislación y Políticas: El marco jurídico argentino se fundamenta en varios instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad:

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.

A nivel nacional, la ley marco en materia de discapacidad es la Ley N° 22.431 de 1981, complementada por la Ley N° 24.901 de 1997 sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad.

Además, el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2015, introduce principios de la Convención como el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

A nivel nacional, existen diversas leyes que complementan el marco internacional, como la Ley N.º 26.657 sobre Salud Mental, que establece derechos de atención integral respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad. También, el Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

Convención sobre Personas Mayores – Ley 27.360

Nacional

Código Penal

Código Civil y Comercial (arts. 31‑32, ajustes de procedimiento)

Capacidad jurídica y salvaguardias.

CABA

Ley 447 (Accesibilidad) y Ley 104 (Supresión de Barreras)

Código Contravencional

MPF CABA

Reglamento Interno y Plan Estratégico 2025

7. Metodología

7.1 Diseño del Proyecto

Creación de la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis), adaptada según normas de diseño universal (rampa, puertas automáticas, mostradores bajos, cabinas de denuncia, baños accesibles).

El MPF dispondrá la creación de Equipos especializados en discapacidad, tal como lo ha hecho en materia de género, a los fines de que intervenga de manera temprana para clasificar los casos, así como que se asigne a las cuatro zonas en que se organizan las fiscalías especializada a un auxiliar fiscal experto en la temática a fin de que asuman la tarea de solicitar judicialmente dichas medidas conjuntamente con las primeras diligencias judiciales.

Asimismo, la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad, lengua de señas argentina (LSA) y lenguaje claro.

Como también la capacitación en relación a la interseccionalidad entre la discapacidad y el género, la raza, la clase, entre otras identidades; como condiciones que se superponen y que en ocasiones constituyen un mayor perjuicio.  Asimismo, el tema de la interseccionalidad representa un gran desafío para nuestros países. 

7.2 Adaptaciones tecnológicas

Software de citas accesible.

Adaptación del sistema KIWI, sistema operativo que utiliza la Fiscalía de la Ciudad para la tramitación de causas: campo “discapacidad” y menú de ajustes razonables automáticos.

Impresora y material en Braille.

Modelo de intervención: enfoque centrado en la víctima con acompañamiento interdisciplinario (abogacía, psicología, trabajo social, intérpretes LSA).

Aro magnético: Para personas con discapacidad auditiva.

7.3 Participantes

Los destinatarios directos del proyecto serán todas las personas que por cualquier trámite tengan que ser asistidos por operadores del MPF de la CABA, relevamiento que se hará al momento del ingreso a cualquier dependencia al momento de recabar la información personal como un ítem obligatorio como nombre, estado civil también si tiene alguna discapacidad y cual, informándole que se le requiere a los fines de ajustar el proceso a su condición.

Beneficiarios directos: Personas con discapacidad que necesiten realizar una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires.

Destinatarios indirectos: Sus familiares y/o cuidadores.

Los destinatarios indirectos son los operadores judiciales que podrán de esta forma dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos de las personas con discapacidad, teniendo como eje rector los tratados internacionales en la materia,

Agentes clave: Personal del Ministerio Público Fiscal, personal con discapacidad, intérpretes de LSA.

Basados en las recomendaciones que realizó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de la Argentina, 2013

8. Recursos asignados a la UFEDis

Recursos humanos: Personal de la Unidad Fiscal Especializada en Discapacidad (UFEDis) 4 auxiliares fiscales especializados uno por cada fiscalía zonal y 3 funcionarios, todos con capacitación en perspectiva de discapacidad. Se sugiere la inclusión de personas con discapacidad en el equipo.

Personal de apoyo: Intérpretes de LSA, mediadores lingüísticos.

Recursos digitales: Videolibros en LSA, folletería en formato digital accesible.

9. Evaluación y Seguimiento:

Indicadores de evaluación Cuantitativos: Número de denuncias recibidas por la unidad, porcentaje de denuncias con ajustes razonables aplicados, número de capacitaciones realizadas, número de personas capacitadas.

Cualitativos: Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio, testimonios de personas con discapacidad, feedback del personal de la unidad.

Plan de Seguimiento: Se establecerán reuniones mensuales para revisar el progreso de las actividades. Se recopilarán datos cuantitativos de forma trimestral y se realizarán encuestas de satisfacción de forma semestral. Los resultados se presentarán en un informe anual que servirá para realizar ajustes y mejoras continuas.

10.Conclusiones y recomendaciones

Resultados esperados

Un aumento en el número de denuncias de delitos contra personas con discapacidad.

Una mejora significativa en la calidad de la atención y el acceso a la justicia para este colectivo.

El establecimiento de un modelo replicable para otras unidades fiscales a nivel nacional e internacional.

La generación de estadísticas precisas que permitan el diseño de políticas públicas más efectivas.

Recomendaciones

Ampliar el proyecto a otras sedes del Ministerio Público Fiscal en el futuro, buscando la transversalidad total.

Mantener una capacitación continua y obligatoria para todo el personal del Ministerio Público Fiscal en materia de discapacidad.

Establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil y universidades para la colaboración en investigación y capacitación.

Promover una justicia inclusiva: implementar, capacitar, cola

Citas

[1] Abogada por la Universidad del Salvador. Agente del Ministerio Público Fiscal de CABA, Argentina. Presidenta de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad. Primer Representante Suplente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la OEA (MC.2022-2025). Miembro del Observatorio de Educación Inclusiva, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, Coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Seccional 2. Diplomado Digital de Liderazgo en Inclusión Social y Acceso a Derechos, dictado por la Escuela de Gobierno de la OEA7

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