La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada el mes de junio de 1992, emitió numerosos documentos, entre ellos la Declaración de Río que reafirmó el derecho al ambiente y las obligaciones estatales para garantizarlo, el principio 10 destaca e impulsa los derechos de acceso a la información, a la justicia en materia ambiental y a la participación ciudadana, siendo en 2012,en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se comenzó a trabajar en el Acuerdo Regional. Dicho acuerdo ha sido adoptado tras dos años de preparación y cuatro de negociaciones en el que se incluyó la participación activa del público en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, es el primer tratado regional en materia ambiental para América Latina y el Caribe que se erige como una herramienta que pretende garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia.
El Acuerdo protege el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, no de manera declarativa, sino regulando la implementación y ejecución de los derechos y estableciendo para cada Estado Parte obligaciones que deben y necesitan ser asumidas para el logro de los objetivos buscados, con su correspondiente rendición de cuentas.
Establece por primera vez, a nivel global, garantías para la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales en América latina y el Caribe región con índices negativos alarmantes en materia de seguridad, protección de la integridad personal y la vida, buscando también proteger e integrar el patrimonio ambiental y cultural de los pueblos originarios.
Hoy, a más de dos años de la adopción del Acuerdo, aún sigue pendiente de ratificación por un gran número de países, por ello consideramos desde la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, AIDCA y su Instituto de Derecho Ambiental, Dr. Mario F. Valls, que es una gran oportunidad para fortalecer en la región, los derechos de acceso a la información , trabajar por su implementación y ejecución eficaz, estableciendo las garantías necesarias para la protección de la integridad personal de los defensores de derechos humanos en temas ambientales.
La grave crisis ambiental y climática que la región y el mundo atraviesan, obligan a duplicar los esfuerzos, para lo cual el Acuerdo de Escazú, es una herramienta imprescindible para la protección del ambiente, la lucha contra el cambio climático y la reducción de los conflictos socio-ambientales.
Por las razones esgrimidas, desde AIDCA, los abajo firmantes, instamos a los Estados de América Latina y el Caribe, que aún no lo han hecho, a ratificar/adherir y proceder a dar trámite parlamentario al Acuerdo de Escazú, quedando nuestra institución a disposición de cada uno de ellos, con el objeto de brindar la colaboración e información que fuera necesaria.
Suscriba la Declaración de AIDCA instando a los Estados a ratificar/adherir al Acuerdo de Escazú, completando el siguiente formulario