Como humanidad nos enfrentamos a una crisis planetaria, conocida como triple crisis ambiental, representada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En este contexto se encuentra la Antártida que posee una superficie aproximada de 14.000.000 de kilómetros cuadrados, que albergan la mayor parte de reserva de agua dulce del planeta, de los cuales sólo un área de 0,4% del total se encuentra libre de hielo, especialmente en verano. 

El océano que la rodea contiene una inmensa reserva de nutrientes para la vida marina y las áreas antárticas libres de hielo mantienen una elevada proporción del total mundial de especies de aves acuáticas. 

Como consecuencia del riesgo que puede generar la intervención humana en el ecosistema antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados y la evidencia científica recolectada en las últimas décadas, las Partes Consultivas del Tratado Antártico formularon una serie de medidas tendientes a mitigar posibles impactos sobre el medio ambiente del continente. 

En este orden de ideas se hace visible el paraguas jurídico que regula el Continente Antártico y el Área del Tratado Antártico toda, por un lado, sumado al plexo normativo ambiental y los compromisos ambientales en la materia, destacándose los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el 6 relativo al acceso al agua, el cual constituye un derecho humano fundamental y el 17, que refiere a la cooperación internacional en la especie. 

Ante este panorama, la Diplomatura pretende realizar un estudio pormenorizado sobre la relación existente entre el Derecho Antártico y los estrictos protocolos ambientales a cumplir en consonancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, finalizando con un estudio respecto de la metodología de gestión y de las herramientas aplicadas para el cumplimiento de las normativas citadas.

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