Cintia Mónica Ogas Mendez[1]

Melina Orquídea Alcántara Cornielle[2]

Jorge Rodolfo Schweizer[3]

Abstract

Español

El estudio analizó la competencia estatal para implementar medidas profilácticas preventivas al personal invernante en la Antártida, en el marco de la función de policía sanitaria y el principio de prevención ambiental. Se examinaron las normas constitucionales, la Ley N.º 18.513, decretos y decisiones administrativas que atribuyen competencias a la Dirección Nacional del Antártico y al Comando Conjunto Antártico, así como la posibilidad de instrumentarlas mediante contratos de compra pública sustentable en el régimen de iniciativa privada. La metodología se basó en el análisis jerárquico-normativo de la pirámide de Kelsen y en la doctrina del caso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Los resultados demostraron que el Estado posee competencia suficiente para regular requisitos sanitarios reforzados, incluyendo la apendicectomía profiláctica, siempre que se respeten los principios de razonabilidad, proporcionalidad y consentimiento informado, sin delegar la titularidad de la función de policía. Se concluyó que tales medidas son jurídicamente admisibles si se instrumentan mediante actos administrativos motivados, informes médicos interdisciplinarios y protocolos de consentimiento, garantizando la protección de derechos individuales y la continuidad del servicio público antártico.

English

The study examined the state’s competence to implement preventive prophylactic measures for overwintering personnel in Antarctica, within the framework of the sanitary police function and the environmental prevention principle. It reviewed constitutional norms, Law No. 18.513, decrees, and administrative decisions attributing competences to the National Antarctic Directorate and the Joint Antarctic Command, as well as the possibility of implementing them through sustainable public procurement contracts under the private initiative regime. The methodology followed the hierarchical-normative analysis of Kelsen’s pyramid and the doctrine of the Colegio Público de Abogados de la Capital Federal case. The results showed that the State has sufficient competence to regulate reinforced sanitary requirements, including prophylactic appendectomy, provided that principles of reasonableness, proportionality, and informed consent are respected, without delegating the core police function. It was concluded that such measures are legally admissible if implemented through duly motivated administrative acts, interdisciplinary medical reports, and clear consent protocols, ensuring the protection of individual rights and the continuity of the Antarctic public service

Palabras Clave:

Antártida, Competencia estatal, Contratación sostenible, Derecho administrativo, Medidas preventivas, Policía sanitaria, Protección ambiental, Salud pública

1.- Introducción.

La presente investigación analiza la competencia estatal para implementar medidas profilácticas preventivas en el personal invernante de la Antártida Argentina, en el marco de la función de policía sanitaria y del principio de prevención ambiental establecido en el Protocolo de Madrid. El estudio examina si el Estado, a través de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y otros órganos competentes, posee potestad suficiente para regular requisitos sanitarios reforzados -incluyendo la eventual exigencia de apendicectomía profiláctica- y si tales medidas pueden instrumentarse mediante contratos de compra pública sustentable en el régimen de iniciativa privada.

La actividad antártica argentina se rige por un régimen jurídico excepcional que combina obligaciones internacionales (Tratado Antártico y su sistema) y potestades constitucionales y legales de organización administrativa (Balbín, 2015; Gordillo, 2019). La doctrina mayoritaria reconoce que la función de policía sanitaria, como manifestación de la función de policía, permanece indelegable en cabeza del Estado, aun cuando puedan tercerizarse tareas materiales o técnicas (doctrina del caso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal). Sin embargo, persiste un vacío en la regulación específica de medidas preventivas invasivas en contextos de aislamiento extremo, lo que genera incertidumbre sobre los límites jurídicos de tales intervenciones.

El propósito general del trabajo es determinar la competencia estatal para establecer requisitos sanitarios profilácticos obligatorios o altamente incentivados para el personal invernante, evaluando su compatibilidad con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y consentimiento informado, así como su posible implementación a través de esquemas de contratación pública sustentable.

Los objetivos específicos son:

• Analizar la distribución de competencias entre la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y las Fuerzas Armadas en materia de policía sanitaria y protección ambiental.
• Evaluar la admisibilidad jurídica de la apendicectomía profiláctica como requisito de aptitud para invernantes.
• Examinar la viabilidad de instrumentar medidas sanitarias preventivas mediante el régimen de iniciativa privada y compras públicas sustentables.

La pregunta de investigación central es: ¿Posee el Estado Nacional competencia suficiente para exigir o incentivar fuertemente la apendicectomía profiláctica en el personal invernante antártico, y puede instrumentarse dicha medida mediante contratos de compra pública sustentable sin vulnerar la titularidad indelegable de la función de policía sanitaria?

El estudio se fundamenta en la teoría de la competencia administrativa (Balbín, 2015) y en los principios generales del derecho administrativo (Gordillo, 2019), complementados con la metodología jerárquica-normativa de la pirámide de Kelsen y el análisis de la doctrina jurisprudencial relevante. Se concluye que el Estado cuenta con competencia suficiente para regular requisitos sanitarios reforzados, siempre que se respeten los principios constitucionales y se instrumenten mediante actos administrativos motivados y protocolos claros de consentimiento informado.

2.- Materiales y Métodos

Objeto de Estudio y Criterios de Selección

Se analizó el marco jurídico-administrativo que regula la competencia estatal y la función de policía sanitaria en la Antártida Argentina. Los criterios de selección del objeto de estudio se centraron en la jerarquía normativa y la especificidad funcional de los organismos intervinientes, priorizando aquellas normas que definen las facultades del Poder Ejecutivo Nacional y sus dependencias en relación con el personal invernante.

Materiales Evaluados

El corpus documental estuvo constituido por los siguientes instrumentos normativos y doctrinales:

-Instrumentos Constitucionales y Legales: Constitución Nacional (arts. 31, 75 inc. 22, 99 y 100), Ley de Procedimiento Administrativo N.º 19.549 y Ley N.º 18.513.

-Regulaciones Específicas: Decretos N.º 2316/90, 207/03, 368/18 y 50/19; Decisiones Administrativas N.º 509/04 y 70/20.

-Fuentes Doctrinarias y Jurisprudenciales: Se examinaron tratados de derecho administrativo (Balbín, Cassagne, Gordillo, Marienhoff, Hutchinson) y dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación (v.gr., Dictámenes 274:64, 309:70 y 312:285).

-Marco Internacional: El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid).

Procedimientos y Metodología de Análisis

La investigación se desarrolló siguiendo un esquema jerárquico basado en la pirámide de Kelsen, complementado con el criterio de distribución de competencias previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

    Análisis Competencial: Se identificaron las sumas de potestades surgidas del ordenamiento para la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).

Evaluación de la Función de Policía: Se estudió la delegación y tercerización de funciones bajo la doctrina del «Colegio Público de Abogados de la Capital Federal», verificando la indelegabilidad de la titularidad de la función de policía sanitaria.

Estudio de Requisitos Funcionales: Se analizó la validez jurídica de la apendicectomía profiláctica como requisito de aptitud psicofísica. Se evaluaron los principios de razonabilidad, proporcionalidad y consentimiento informado para determinar su admisibilidad.

Marco de Contratación: Se examinó la viabilidad de implementar estas medidas a través de contratos de compra pública sustentable e iniciativa privada, bajo los lineamientos de la Ley N.º 27.742.

Escenario, Muestra y Herramientas

Período y Escenario: El estudio abarcó la normativa vigente hasta el año 2024, situándose en el escenario geográfico de la Antártida Argentina y el marco administrativo de la Administración Pública Nacional.

Tamaño de la Muestra: Se seleccionaron y analizaron exhaustivamente 15 instrumentos normativos centrales y 5 líneas doctrinales predominantes en el derecho administrativo argentino.

Análisis de Datos: El procesamiento de la coherencia normativa y la frecuencia de citación de precedentes se realizó mediante software de análisis cualitativo y gestión documental para asegurar la fiabilidad y validez de los resultados.

Acrónimos y Medidas: Se utilizaron acrónimos estandarizados como DNA (Dirección Nacional del Antártico), COCOANTAR (Comando Conjunto Antártico) y LPA (Ley de Procedimiento Administrativo).

Limitaciones de la Investigación

La principal limitación identificada fue la naturaleza discrecional de ciertos actos de «mérito, oportunidad y conveniencia», los cuales, aunque sujetos a control de razonabilidad, dependen de la política sanitaria coyuntural del Estado.

3.- Resultados

Los resultados obtenidos del análisis normativo y doctrinario se estructuraron en función de las competencias atribuidas, el régimen de la función de policía sanitaria y la viabilidad de la iniciativa privada en el contexto antártico.

Marco Competencial y Distribución de Funciones

Se identificó una estructura jerárquica de competencias basada en la pirámide de Kelsen, donde el Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gabinete de Ministros ostentan las facultades constitucionales para establecer requisitos sanitarios. El análisis de la Ley N.º 18.513 y decretos reglamentarios permitió cuantificar y categorizar las funciones asignadas a los organismos centrales:

Función de Policía Sanitaria y Requisitos de Aptitud

El estudio determinó que la función de policía sanitaria es una potestad estatal indelegable. Se analizaron los fundamentos para la exigencia de estándares reforzados de salud en el personal invernante, basados en la naturaleza excepcional del servicio.

Tabla 2. Factores Determinantes de la Aptitud Sanitaria en la Antártida

Respecto a la apendicectomía profiláctica, se verificó su admisibilidad jurídica como requisito funcional siempre que se funde en evidencia médica, no sea compulsiva y cuente con consentimiento informado.

Régimen de Iniciativa Privada y Contratación Sustentable

Se examinó la aplicación de la Ley N.º 27.742 para la gestión de servicios e infraestructura. Se constató que el Estado puede tercerizar la ejecución material de tareas, manteniendo siempre la titularidad del control.

Tabla 3. Fases del Proceso de Iniciativa Privada (Ley 27.742)

Análisis de Doctrina y Jurisprudencia

Se procesaron fuentes doctrinarias para validar la razonabilidad de los actos administrativos. El análisis cualitativo-cuantitativo de los precedentes permitió identificar el «leading case» del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como el estándar para evaluar la delegación de funciones.

Resumen de Hallazgos Normativos

Se analizaron un total de 25 fuentes documentales principales (n=25), desglosadas en 11 leyes y decretos, 3 decisiones administrativas, 3 dictámenes de la Procuración del Tesoro y 8 obras doctrinarias . La validez de los requisitos sanitarios se midió frente a 5 principios de control: legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, no discriminación y consentimiento.

4.- Discusión

La presente investigación demuestra que el Estado Nacional posee la competencia jurídica suficiente para regular requisitos sanitarios específicos en la Antártida, basándose en la suma de potestades surgidas del ordenamiento para cumplir sus fines. Los resultados obtenidos confirmaron que tanto la Dirección Nacional del Antártico (DNA) como el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) operan bajo un esquema de competencias complementarias que garantiza la continuidad del servicio público.

Se constató que la función de policía sanitaria es una potestad estatal orientada a resguardar la salud colectiva y el interés general, resultando jurídicamente indelegable en su titularidad. Al contrastar estos hallazgos con la doctrina del «Colegio Público de Abogados», se reafirma que, si bien la Administración puede tercerizar la ejecución material de servicios mediante figuras como la iniciativa privada (Ley N.º 27.742), la facultad de control y fiscalización permanece exclusivamente en manos del Estado. Esta distinción es esencial, ya que avanza sobre el conocimiento previo al delimitar con precisión qué aspectos de la gestión antártica son susceptibles de externalización sin vulnerar principios de derecho administrativo.

En relación con los requisitos de aptitud, los datos indicaron que el aislamiento geográfico extremo, la limitada capacidad de evacuación y las condiciones climáticas severas actúan como fundamentos de razonabilidad para exigir estándares de salud reforzados. Los resultados sugirieron que una medida como la apendicectomía profiláctica es jurídicamente admisible como requisito funcional siempre que se cumplan criterios de no compulsividad, evidencia médica objetiva y consentimiento informado. Este hallazgo es significativo porque propone un equilibrio entre el derecho a la integridad física y la necesidad operativa en entornos de riesgo vital, superando interpretaciones meramente unilaterales de la autoridad.

Las implicaciones de este estudio permiten la aplicación práctica de contratos de compra pública sustentable en el marco del Protocolo de Madrid, optimizando la eficiencia presupuestaria sin comprometer la soberanía ni la seguridad sanitaria. Como limitación principal, se reconoce que la validez de estas medidas depende de una «discrecionalidad técnica» que debe ser constantemente actualizada mediante informes médicos interdisciplinarios para evitar vicios de arbitrariedad.

Se recomienda para futuras investigaciones profundizar en el análisis de responsabilidad civil ante posibles contingencias derivadas de la asunción de riesgos por parte de los agentes, así como en la elaboración de protocolos de consentimiento informado que incluyan declaraciones juradas vinculantes. En conclusión, la normativa analizada provee un marco sólido para la toma de decisiones, siempre que se asegure la motivación adecuada de los actos administrativos y la protección integral de los derechos del personal.

5.- Conclusión:

Del análisis normativo, institucional y doctrinario desarrollado en el presente informe se desprende que el Estado Nacional cuenta con competencia jurídica suficiente para regular, mediante actos administrativos y reglamentos debidamente fundados, los requisitos sanitarios aplicables al personal invernante antártico, en el marco de la Política Nacional Antártica y de las potestades de organización y policía sanitaria que le son propias.

La Ley N.º 18.513, en consonancia con la Constitución Nacional, asigna a la Dirección Nacional del Antártico, bajo la órbita de la Cancillería, la responsabilidad primaria en el planeamiento, coordinación, dirección y control de la actividad antártica, así como el ejercicio del poder de policía sobre las actividades públicas y privadas desarrolladas en el continente. En paralelo, las Fuerzas Armadas, a través de sus órganos específicos, conservan la responsabilidad sobre el sostén logístico, en un esquema de competencias complementarias y coordinadas que no admite superposiciones ni vaciamientos funcionales.

En este marco, la determinación de condiciones de aptitud psicofísica y sanitaria reforzadas para el personal invernante se inscribe dentro de la potestad de autoorganización administrativa y de la función de policía sanitaria, cuyo ejercicio resulta indelegable, aun cuando determinadas tareas técnicas u operativas puedan ser objeto de asistencia o tercerización. La doctrina del caso del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal reafirma que la titularidad de la decisión, el control y la responsabilidad última deben permanecer en cabeza del órgano estatal competente.

Las particularidades excepcionales del servicio antártico -aislamiento extremo, limitaciones severas para la evacuación médica, condiciones climáticas adversas y necesidad de asegurar la continuidad operativa de las bases- justifican la adopción de estándares sanitarios más exigentes que los aplicables a otros destinos, siempre que se respeten los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, no discriminación y consentimiento informado.

En este contexto, podría ser que la eventual exigencia de una apendicectomía profiláctica, por ejemplo puede resultar jurídicamente admisible como requisito de aptitud para el personal invernante, en tanto no se configure como una intervención compulsiva, se funde en evidencia médica y científica objetiva, se evalúe la inexistencia de medidas menos gravosas con igual eficacia preventiva y se instrumente mediante un acto administrativo debidamente motivado, que garantice la plena información y la libre decisión del agente., complementada por una declaración jurada suscripta por el invernante deslindando responsabilidad en caso de asunción de riesgo ´por el agente.

En consecuencia, cualquier avance en esta materia debería apoyarse en informes médicos interdisciplinarios, dictámenes jurídicos previos, protocolos claros de consentimiento informado y una normativa específica que delimite con precisión el alcance del requisito, asegurando así la validez jurídica de la medida, la razonabilidad administrativa y la protección integral de los derechos del personal involucrado, sin comprometer la vida, la salud ni la continuidad del servicio público antártico.

6.- Referencias bibliográficas

Libros y revistas.

• Balbín, C. Manual de Derecho Administrativo, (Buenos Aires: La Ley, 2015).
• Bustamante Alsina, J. Teoría General de la Responsabilidad Civil.9na ed. (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1997).
• Cassagne, J, La intervención administrativa (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1994).
• Falbo, A., «Evaluación de impacto ambiental: su concepto y caracteres», RDAmb, nro. 5, LexisNexis (enero-marzo 2006).
• Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3 (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2011).
• Grecco, Carlos- Muñoz, Guillermo, La precariedad en los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones (Buenos Aires: Depalma, 1992).
• Hutchinson, Tomás, “Responsabilidad pública ambiental”, en Mosset Iturraspe, Jorge – Hutchinson, Tomás – Donna, Jorge, Daño ambiental, (Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 1999).
• Hutchinson, Tomás – Falbo, Aníbal, Derecho administrativo ambiental en la provincia de Buenos Aires, (La Plata: Platense, 2011).

Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

• Dictamen Nº IF-2019-38791561-APN-PTN (Dictámenes 309:70).
• Dictamen Jurídico IF- 2019- 72905317-APN- PTN (Dictámenes 312:285)
• Dictámenes 274:64

Citas

[1] Integrante del Intituto de Derecho Público. UNTREF. Abogada especialista en Derecho Ambiental (UBA). Maestría en Gestión Ambiental (UNSAM). Especialista en Abogacía del Estado. Maestrando en Abogacía del Estado (UNTREF).

[2] Periodista(UAPA)

[3] Abogado (UJFK). Asesor en la Dirección Nacional del Antártico.