Por Carlos Arturo Puerta Cárdenas[1]

Resumen

El presente artículo de reflexión, producto de investigación teórica, aborda el concepto de paz ambiental, su delimitación conceptual y pertinencia con respecto a la construcción de paz total en Colombia. Se describen algunos factores que han incidido en la perpetuación de conflictos socio ambientales en Colombia, en el marco del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, y la importancia de implementar políticas para una mayor eficacia de los medios de control y lograr una mayor justicia ambiental desde los territorios. Se explica además el auge de políticas neoextractivistas en América Latina que generan serios impactos para los territorios y sus comunidades y la importancia de elaborar políticas de paz ambiental en el marco del cambio climático y sus efectos socio ambientales. Del análisis de la construcción de paz ambiental en Colombia, se concluye que se requieren mayores garantías para la participación ciudadana en la implementación de políticas públicas y la vinculación de los colectivos subalternos en las decisiones que les afectan sobre el uso y protección de los recursos naturales del país. Finalmente, se plantea la necesidad de actualizar las normativas y la legislación vigente, conforme a los avances que han tenido otros países, al reconocer explícitamente los derechos de la naturaleza como entidad jurídica con posibilidad de ser sujeto de derechos y de ser titular de obligaciones por parte del Estado y las comunidades.

Palabras clave: Paz ambiental, conflictos socioambientales, justicia ambiental,

Abstract

This reflection article addresses the concept of environmental peace, its conceptual delimitation, and relevance to comprehensive peacebuilding in Colombia. It describes some factors that have influenced the perpetuation of socio-environmental conflicts in Colombia, within the framework of the Peace Agreement between the government and the FARC, and the importance of implementing policies to increase the effectiveness of enforcement measures and achieve greater environmental justice from the territories. It also explains the rise of neo-extractivist policies in Latin America, which generate serious impacts on territories and their communities, and the importance of developing environmental peace policies within the framework of climate change and its socio-environmental effects. From the analysis of environmental peacebuilding in Colombia, it is concluded that greater guarantees are needed for citizen participation in the implementation of public policies and the involvement of subaltern groups in decisions that affect them regarding the use and protection of the country’s natural resources. Finally, there is a need to update current regulations and legislation, in line with the progress made in other countries, by explicitly recognizing the rights of nature as a subject of rights and the capacity to bear obligations on the part of the State and communities.

Keywords: Environmental peace, socio-environmental conflicts, environmental justice.

Introducción

En la actualidad, el tema ambiental está cobrando especial relevancia en las agendas local, nacional e internacional de los gobiernos y organismos multilaterales, a causa de los desequilibrios ecosistémicos que se están presentando en el planeta y los graves efectos del cambio climático principalmente relacionados a desastres naturales.

La paz ambiental es un concepto emergente que ha venido posicionándose en las últimas décadas en un intento por desentrañar las causas de los conflictos en relación con el sostenimiento ambiental y la construcción de paz. Es un constructo en el que vienen trabajando distintas organizaciones, institutos e investigadores, con enfoques diferentes tendientes a su conceptualización para lograr consensos y estándares necesarios para diseñar, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Por paz ambiental se entiende la ausencia de conflictos relacionados con el uso y la gestión de los recursos naturales, así como la construcción de relaciones justas y equitativas entre las personas y la naturaleza (Camargo, 2014). Esta idea surge de la convicción arraigada en las comunidades campesinas y étnicas de que no es posible lograr la paz entre las personas si no existe de por medio una paz con la naturaleza. Además de las personas, el medio ambiente también es víctima del conflicto armado. Es un concepto que se ha convertido en foco de interés, dado que estudia desde la ecología política, la sociología y las ciencias jurídicas, dos de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas: los conflictos armados y su impacto en el cambio climático global (Hernández, et al. 2024).

Particularmente en el ámbito latinoamericano se ha venido posicionando el término “construcción de la paz ambiental” en contextos académicos, políticos y culturales, para hacer referencia a las condiciones que, en situaciones de posconflicto, han impelido a un desarrollo insustentable y a una mayor vulneración de los derechos ambientales de las poblaciones que han sido afectadas por las violencias estructurales de la guerra, el narcotráfico y las disputas por el territorio y los recursos naturales (Trejos-Ropsero, 2020).

De esta forma, se comprende en un sentido amplio, que la paz ambiental es un concepto integral, que involucra procesos de investigación en seguridad y justicia ambiental, la cooperación y el desarrollo de sinergias colaborativas entre distintos sectores, la gestión de los recursos naturales en la prevención, resolución y recuperación de conflictos para apoyar la paz y la sostenibilidad ambiental (Ide, Palmrer, & Barnet, 2021).

 A pesar de estos acercamientos al concepto de paz ambiental, todavía no existe un consenso ampliamente aceptado acerca de su significado, lo que ocasiona dificultades para el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas a su construcción. Esto propicia que el concepto se use de forma indiscriminada con el resultado de que todo y nada sea a la vez paz ambiental (Morales, 2017).  Por tanto, interesa en el contexto del presente artículo realizar una reflexión que permita un mayor entendimiento del concepto de paz ambiental, su comprensión en el marco del conflicto armado colombiano y su relevancia presente debida entre otras razones, a la iniciativa de Paz Total que promueve el actual gobierno colombiano.

Paz ambiental en Colombia

Según estudios realizados sobre el origen de conflictos armados en el mundo en los últimos 25 años, se han debido en gran proporción a luchas por el control y la explotación de recursos naturales (CEPAL, 2021). Los estudios señalan que las guerras domésticas y otros hechos violentos internos se han exacerbado por luchas en torno a bienes ecosistémicos, y por lo menos el 40% de los conflictos interestatales en los últimos 60 años han estado vinculados de alguna forma con el acceso y la explotación de recursos naturales (Wilches-Chaux, 2016).

En Colombia, la explotación de recursos naturales y los problemas ambientales han estado estrechamente vinculados al conflicto armado. Existe evidencia de que en distintas zonas del territorio colombiano las disputas por la tierra, los proyectos minero-energéticos, los cultivos ilícitos, la extracción de hidrocarburos, la minería ilegal, entre otras actividades lícitas e ilícitas, constituyen una de las principales causas de la perpetuación del conflicto armado (Martínez, 2022). Además, de acuerdo a estudios realizado por algunas universidades como la Universidad Externado de Colombia, los recursos naturales se consideran como una de las causas del conflicto y a su vez el motor que financia y sostiene ese conflicto (Montes, 2018).

Dada la estrecha relación entre el conflicto armado y el medio ambiente, es posible entender la forma como la guerra ha sido un factor decisivo en las formas de ocupar y usar el territorio (Vera, 2018). La débil presencia del Estado en muchas regiones del país se convirtió en el caldo de cultivo para que distintas facciones armadas asumieran el control ilegal del territorio en muchas regiones que cuentan con grandes riquezas naturales, y concentran parte importante del patrimonio natural del país (Walteros, 2011). Estas riquezas se convirtieron en botín para extraer rentas de negocios legales e ilegales y a su vez financiar y fortalecer estos grupos (Morales, 2017). Es por ello que se viene planteando en estas instancias frente a los organismos multilaterales, la importancia de la cooperación internacional para gestionar los desastres, la resolución de conflictos y la construcción de paz ambiental.

Paz ambiental y cambio climático

     El cambio climático es un fenómeno global que se refiere a oscilaciones a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y cuyos efectos se han exacerbado en las últimas décadas debido a la emisión de gases de efecto invernadero producto de la actividad industrial, el uso de combustibles fósiles, la tala y quema de bosques, la ganadería extensiva, entre muchos otros factores que han ido incrementando la temperatura media global y desequilibrios ecosistémicos de consideración (Ideam, PNUD, MADS, DNP y Cancillería, 2015)

     Estudios científicos apoyados por la Comisión Europea (C.E, 2024) señalan que las temperaturas globales están aumentando a un ritmo sin precedentes, lo que conduce a la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes, sequías, inundaciones y olas de calor, así como el incremento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares, amenazando las zonas costeras e incrementando la posibilidad de tsunamis. Otros efectos del cambio climático son la pérdida de biodiversidad, por la alteración de los ecosistemas, la escasez de agua dulce y las afectaciones en la producción de alimentos causando inseguridad alimentaria e hídrica en muchos países (C.E, 2024).

Según cifras de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura media global se ha venido incrementando desde 1880, marcando un punto de inflexión desde 1980 registrando los últimos 44 años (hasta 2024) como los más cálidos registrados, según se ilustra en la Figura 5 (OMM, 2024). De acuerdo con la entidad, el año 2024 ha sido el más cálido jamás registrado en un momento en que el calentamiento supera transitoriamente el umbral de 1,5 °C. (OMM, 2024).

Ver Figura 1 Temperatura media mundial 1850-2024

Fuente: Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2024)

En el contexto internacional, existen convenios y tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que diseña estrategias y acuerdos internacionales orientados a atender el desafío del cambio climático. Parte del supuesto de que la estabilidad del clima mundial debe lograrse con el concurso de todos los países mediante políticas tendientes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, aunque algunas naciones permanecen renuentes a controlar sus industrias, como ocurre con los EE.UU, Rusia y China. Hasta el año 2024 192 países habían ratificado la Convención (Minambiente, 2024).

Como órgano supremo de esta convención figura la Conferencia de las Partes (COP), un órgano internacional que toma decisiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este convenio fue firmado por líderes de 150 países en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 con el objetivo de promover el Desarrollo Sostenible a través de una visión que involucre a los ecosistemas y a las personas y en dicha cumbre, también se suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica el 5 de junio de 1992.

Las COP son reuniones relacionadas con la CMNUCC y con la CDB; se reúnen para evaluar los progresos realizados en la aplicación de la respectiva Convención y tomar decisiones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. En estas cumbres, los países negocian acuerdos y compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del cambio climático y proporcionar financiamiento a los países en desarrollo (Minambiente, 2024).

La COP 21, celebrada en París en 2015, resultó en el histórico Acuerdo de París, que es un tratado internacional que estableció un marco global para combatir el cambio climático. Allí se logró establecer programas para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 °C (FCDS, 2024).

Dentro de las crisis ambientales, el cambio climático es una problemática mundial y en la actualidad existe un gran número de movimientos, organizaciones sociales y acuerdos internacionales para contrarrestar los efectos que está produciendo en el planeta entero. Igualmente, muchos gobiernos reconocen la urgencia de avanzar hacia procesos de adaptación y mitigación del cambio climático (Jiménez F. , 2017). Particularmente Colombia se ha visto afectada en los últimos años por este fenómeno causante de desastres naturales como tiempos de extrema sequía que ocasionan incendios forestales, escasez de agua y afectaciones a la flora y fauna del país, así como épocas de intensas lluvias con las consecuentes inundaciones y deslizamientos que, por la topografía del país, generan grandes impactos entre la población más vulnerable (UNGRD, 2023).

Las catástrofes naturales se convierten así en una fuente permanente de preocupación por los daños materiales y el costo económico para el Estado y las personas damnificadas (Quintero, y otros, 2021). Según datos de la UNGRD, entre enero de 1998 y diciembre de 2021 se habían registrado en el país un total de 21,5 millones de personas afectadas, 3.690 fallecidos, 675 desaparecidos y 6.173 heridos como consecuencia de desastres naturales. El número total de familias afectadas fue de 2.655.416. Los deslizamientos de tierra y las inundaciones fueron los eventos que causaron más víctimas (UNGRD, 2023).

Frente a esta problemática, los debates acerca de la relación clima-conflicto se viene realizando en ciertos escenarios académicos e institucionales y los resultados de investigaciones recientes exponen un impacto del cambio climático en el riesgo de conflictos armados intra-estatales (Ide, Palmrer, & Barnet, 2021). Los expertos aseguran que a medida que el cambio climático se va haciendo más prominente y sus efectos devastadores en situaciones de desastres, los gobiernos se percatan de la urgencia de implementar medidas de contención y mitigación, y de realizar convenios y tratados internacionales para este fin (Bárcena, Samaniego, Péres, & Alatorre, 2020), como ocurre con las COP actualmente. No obstante, algunos países pueden permanecer renuentes a tomar medidas restrictivas para la producción industrial y reducir así la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual puede desatar conflictos entre países o conflictos internos a causa de facciones opuestas a estas medidas (Hernández et al., 2024).

El año anterior 2024, se realizó la COP 16 en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Este evento, que reunió a líderes mundiales, científicos, activistas y representantes de la sociedad civil, dejó un legado significativo para el país y para el planeta, con respecto al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Entre los acuerdos logrados se encuentran la movilización de recursos para la obtención de 75 millones de dólares para proteger la biodiversidad colombiana, gracias a la cooperación internacional y al sector privado. Además, se creó el órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales que reconoce el papel fundamental de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y garantiza su participación en los procesos de toma de decisiones (Minambiente, 2024).

Otro de los temas importantes que se abordó en esta cumbre está relacionado con la justicia ambiental al reconocer la importancia de abordar las desigualdades sociales y ambientales asociadas al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y de incluir los conocimientos tradicionales de las comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales. La COP16 también destacó contribuciones de personas afrodescendientes en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y tomó decisiones importantes sobre biodiversidad marina, especies invasoras, y salud y biodiversidad (Minambiente, 2024).

Los conflictos socioambientales

En general, se podría decir que el concepto de paz ambiental parte de la existencia de una estrecha relación entre el conflicto armado y la explotación de recursos naturales y sus efectos socio ambientales en los territorios, dos fenómenos que se han entrelazado dando como resultado diversas expresiones de violencia con actores armados que tienen distintos intereses: políticos, económicos, ideológicos y por el control del territorio, principalmente en las regiones de la periferia, marginadas y olvidadas por el Estado (Lucatello, 2014).

En la historia del conflicto armado colombiano se constata la presencia de estos vínculos antes señalados. En muchas regiones del país existe una lucha por controlar los territorios y las rentas sobre recursos naturales valiosos, el uso del suelo para cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, la extracción de minerales y la venta de madera producto de la tala ilegal (Cartuche et al., 2023). En efecto, los grupos armados al margen de la ley, han derivado parte de su economía de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca y el petróleo hasta minerales como el oro, las esmeraldas y el carbón (Carrizosa, 2020).

Se trata de una situación conflictiva presente en el país de forma más acentuada durante las últimas siete décadas (desde el surgimiento de la violencia en 1948), y que se ha perpetuado bajo diferentes facetas. El conflicto armado colombiano ha ocasionado entre otros efectos socio ambientales, el desplazamiento forzoso (Caso Catatumbo), secuestros, asesinatos de líderes sociales, extorsiones, entre otros hechos de vulneración grave a los derechos humanos, siendo las poblaciones rurales, minorías étnicas y comunidades campesinas, las más afectadas por el problema (Mendoza, 2023).

Martínez (2022) en su estudio, pone de manifiesto la existencia de una relación indisoluble entre el medio ambiente y el conflicto armado en Colombia, la inviabilidad de un tratamiento por separado de ambos componentes, y la necesidad de incorporarlos conjuntamente en los procesos de construcción de paz. Sostiene que con la firma de paz entre el gobierno y las Farc (2016), y la implementación de los acuerdos, se ha venido reconociendo cada vez más la necesidad de construir la paz ambiental dentro de los territorios, como un pilar fundamental para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en el país (Martínez, 2022). Sin embargo, el temor que se vislumbra desde distintos sectores sociales, es que la desmovilización de actores armados desproteja lugares antes blindados contra prácticas extractivas (legales o ilegales), y en consecuencia se presente un incremento de la degradación ambiental, como ha ocurrido en otros países que han transitado por procesos de paz (Eslava, 2019) (Valencia, et al., 2023).

De acuerdo con Rodríguez (2017), existen cuatro vínculos entre el medio ambiente en general y los recursos naturales en particular con el conflicto armado: 1. Los recursos naturales como una de las causas del conflicto armado, que genera disputas por el control territorial. 2. El medio ambiente y los recursos naturales como forma de financiamiento y sostenimiento del conflicto mediante rentas ilícitas. 3. El medio ambiente ha sido víctima del conflicto por la explotación indiscriminada de recursos naturales, ocasionando así desequilibrios ecosistémicos de consideración que pueden causar impactos a las poblaciones del entorno. 4. La presencia de grupos armados en algunas zonas del país favoreció de forma indirecta o secundaria la conservación de ciertos recursos naturales (Rodríguez, Rodríguez, & Durán, 2017). Paradójicamente, el conflicto armado ha beneficiado el medio ambiente en algunos territorios de la geografía colombiana, blindando los territorios contra prácticas extractivas de recursos mineros, petroleros, madereros, entre otros.

     De otro lado, las tensiones por el acceso y aprovechamiento de la tierra como recurso natural y la histórica desigualdad en su distribución “han sido causantes del origen y la perduración del conflicto armado” (Ulloa A. S., 2016). De ahí que una de las principales manifestaciones del conflicto armado en Colombia sea el despojo masivo de tierras [2] con el consecuente hecho victimizante de desplazamiento forzado (Codhes, 2022). El acaparamiento de tierras en manos de grupos armados y su transformación en potreros o zonas de cultivo ilícito ha sido otra forma de afectación ambiental en los territorios y una de las principales causas de la deforestación de grandes extensiones de bosque y selva tropical (Colombia, Comisión de la Verdad, 2022).

Las disputas por el control del territorio obedecen a su utilización como zona estratégica en sentido político, militar y económico, por lo que las pugnas por la tenencia de la tierra se derivan de un patrón orientado a la concentración de la propiedad agraria para su explotación económica, uso del suelo y en consecuencia, como escenario de conflicto (González, Molina, & Montes, 2018).

     Otra de las causas de disputa por el uso de la tierra y el control del territorio han sido los cultivos de uso ilícito como coca y amapola, y las equivocadas políticas de erradicación implementadas por el Estado (Ulloa & Delgado, 2016). Las fumigaciones con glifosato a grandes extensiones de coca en la Amazonía colombiana han sido causantes de graves afectaciones a los ecosistemas, contaminación de suelos y fuentes de agua dulce, destrucción de fauna y flora, además de los impactos a la salud de los habitantes y cultivadores principalmente en los departamentos del sur del país (Bolaños, 2018).

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, las zonas altamente biodiversas han sido utilizadas para desarrollar cultivos de uso ilícito. En 2019, había 5.477 hectáreas de cultivos de coca en 16 de los 59 parques naturales nacionales, 13.626 hectáreas de coca en zonas de reserva forestal, 7.799 hectáreas en resguardos indígenas y 10.626 en territorios de comunidades afrodescendientes. En conjunto, estas hectáreas representaron el 54 % del total de hectáreas de coca cultivadas (Wilches-Chaux, 2016).

La deforestación ambiental en Colombia ubica para el primer semestre de 2023 de acuerdo con el número de hectáreas, a la zona suroriental del país, como la que mayor daño ambiental ha causado en ese aspecto, según se muestra en la figura 1.

Ver Figura 2 Deforestación en Colombia en el primer semestre de 2023

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, (2024).

Según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2020 se deforestaron en el país 171.685 hectáreas de bosque y en el 2021 se alcanzaron las 174.103 (Minambiente, 2021). Los departamentos con mayores índices de deforestación son Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Meta y Guaviare con más pérdida de cobertura vegetal que a principios de 2022 se estimó en 40.650 Ha en todo el país (Figura 2) según los datos arrojados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS, 2024).

Por ello, se considera que las condiciones ambientales y particulares de estas zonas, así como la escasa presencia del Estado en las mismas, han servido para sostener y financiar a los actores del conflicto armado que en muchos casos viven de las rentas ilegales (Sánchez, 2017). El daño ambiental es considerable si se tiene en cuenta que a medida que avanza la erradicación forzosa, se abren nuevos frentes de colonización y cultivo, derribando extensas áreas de bosque, ampliando la deforestación y reduciendo los bosques del país (Valenzuela, 2018).

El neoextractivismo en Colombia y América Latina

A pesar de que el extractivismo ha existido en América desde tiempos de la conquista y colonia, en la actualidad ha adquirido nuevas connotaciones, debido a la intensidad de las actividades, la escala de los proyectos y el nivel de eficacia de las empresas multinacionales involucradas, que potencian el impacto ambiental y social de estos proyectos (PNUD, 2014).

Si bien las políticas para la extracción de recursos naturales han sido implementadas desde el modelo económico neoliberal, y han sido motivo de críticas y movilizaciones sociales, promovidas por sectores progresistas, dichas políticas no han concluido, sino que se han perpetuado aún dentro de los gobiernos de izquierda en América Latina (Rojas-Robles, 2018).

Svampa, M (2019) realiza un estudio sobre los cambios ocurridos en América Latina, con respecto a las economías extractivas, el auge del progresismo y el surgimiento de nuevas formas de extractivismo, a las que denomina neoextractivismo. El autor afirma que desde comienzos del siglo XXI, los países de la región encontraron una oportunidad de crecimiento económico, por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities).

El crecimiento económico condujo a la implementación de políticas económicas que combinaban las políticas heterodoxas con la ampliación del gasto social y la inclusión por el consumo, pero desconociendo las nuevas desigualdades sociales, la inequidad y los conflictos ambientales y territoriales que se derivaron de la exportación de materias primas a gran escala (Svampa, 2019).

De acuerdo con el autor, todos los gobiernos latinoamericanos sin excepción, propendieron por el regreso a una visión productivista del desarrollo, negando o minimizando los efectos del modelo extractivista exportador y por el contrario, de forma deliberada, replicaron los grandes proyectos minero-energéticos a la vez que extendieron la frontera agrícola (con grandes monocultivos) y la explotación petrolera. Se trata de un fenómeno emergente en la región: el neoextractivismo, que se ha comenzado a configurar como un concepto dotado de dimensiones analíticas incluido en las demandas de las movilizaciones sociales.

Estos nuevos análisis sobre la situación del hemisferio con respecto al modelo expropiador de recursos y riquezas naturales, amplía el panorama de discusión y el enfoque que deberían tenerlas las políticas para la construcción de paz ambiental en América Latina y en particular en Colombia.

Políticas para la construcción de paz ambiental

En las últimas décadas los países de América Latina han venido incorporando en sus planes, programas y proyectos, estrategias específicas y objetivos enmarcados en contextos territoriales para atender la violencia ambiental conforme a los requerimientos específicos que se configuran en los distintos escenarios de conflicto y tensión frente al uso de los recursos naturales y los problemas ambientales en general (Alvear & Urbano, 2022).

Corresponde a la academia, en su compromiso con los problemas sociales y ambientales que impactan al país, analizar y evaluar las políticas públicas y acciones que involucran al Estado en el orden nacional y local. En este sentido, es pertinente identificar las acciones y omisiones del Estado en el contexto económico, sociológico y político en que operan las instituciones públicas, para determinar cuáles son las debilidades y vacíos históricos, los aciertos y desaciertos de las políticas públicas en temas ambientales que tienen impacto directo sobre las posibilidades de una paz ambiental estable y duradera en Colombia (Alvarado, et al., 2012).

Lo primero que se debe comprender es que la búsqueda de la paz es algo integral, con un fuerte compromiso ambiental que enfatiza las relaciones entre los recursos naturales y los seres humanos, para implementar prácticas amigables con el medio ambiente, la provisión de medios de vida sostenibles, la mediación de disputas relacionadas con los recursos naturales y la creación de confianza y entendimiento con los colectivos que habitan los territorios (Jiménez W. , 2007).

Asimismo, debe procurar la garantía de la justicia ambiental con el fin de garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y seguro, sin importar su raza, etnia, clase social o ubicación geográfica. Este enfoque reconoce que los impactos ambientales negativos, como la contaminación y la degradación de los ecosistemas, afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables obligándolas a abandonar sus territorios y asentarse en sitios vulnerables, exponiéndolas a riesgos de desastres o focos de contaminación (Schoenfeld, 2014).

Es por esto que se plantea, dentro de la construcción ambiental, la promoción de espacios de discusión y participación de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por proyectos minero energéticos extractivistas (Ide T. , 2021). Estos colectivos incluyen organizaciones campesinas y comunidades étnicas que tienen un acumulado histórico en defensa de sus territorios y han sido los principales actores afectados por el conflicto y las acciones predadoras de los recursos ambientales. Cuentan con saberes ancestrales como el Buen Vivir de los pueblos indígenas y tienen una estrecha relación con los elementos de la naturaleza, para corregir desequilibrios y restituir los daños ocasionados por el utilitarismo y la visión economicista de la cultura occidental (Giraldo, 2014)

Se trata de impartir justicia ambiental que se basa en una serie de principios fundamentales entre los que se pueden mencionar: la equidad, la participación, la prevención y la corrección. La equidad señala que todas las personas y comunidades tienen derecho a un ambiente sano y seguro, sin importar su origen o condición social. Las comunidades afectadas deben participar en la toma de decisiones que afectan su entorno. La prevención se enfoca a prevenir los daños ambientales y tomar medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Finalmente, la corrección significa que los responsables de los daños ambientales deben asumir las consecuencias y reparar los daños causados (Hernández B. , 2023).

Es necesario que el Estado, las entidades públicas y privadas, así como la sociedad civil, presten mayor atención a las comunidades marginadas que en muchos casos resultan ser las más vulnerables frente a casos de injusticia ambiental (CNMH, 2021). Para ello, se precisa fortalecer el marco legal y promover leyes y políticas que protejan el medio ambiente y los derechos humanos de estas comunidades.

Igualmente, se debe empoderar a las comunidades fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones, creando espacios de discusión, negociación y concertación en temas relevantes sobre paz y justicia ambiental. Además, se debe promover la investigación y educación ambiental in situ para generar conocimientos directos sobre problemas ambientales con la participación activa de líderes y lideresas (Alvear & Urbano, 2022). Asimismo, se precisa apoyar más las organizaciones sociales que trabajan en defensa del medio ambiente y los derechos humanos con recursos técnicos, económicos y procesos de capacitación.

El medio ambiente como entidad jurídica y titular de derechos

Como se ha explicado con antelación, el medio ambiente también puede ser víctima del conflicto por la explotación indiscriminada derivada de una economía extractivista, por lo que desde ciertos sectores se ha venido planteando que la naturaleza también debería ser objeto de políticas y sujeto de derechos (Noguera, 2007). Aunque no está contenido en la constitución, se debería ajustar la legislación actual en el sentido de considerar el medio ambiente como entidad jurídica, teniendo el precedente de otros países latinoamericanos que lo han hecho como Bolivia y Ecuador en los que se reconocen los derechos de la “Pachamama” en sus constituciones internas (FAO, 2010).

Al respecto, cabe destacar las reflexiones hechas por Swyngedouw (2011), con respecto a la forma como se ha utilizado el término Naturaleza en la sociedad contemporánea. El autor aborda la discusión que se ha presentado en mayor medida durante los últimos años acerca de la Naturaleza, “el modo de pensarla, conceptualizarla y/o politizarla”, en el marco de los grandes conflictos socio ambientales del planeta. La palabra naturaleza es compleja de por sí, y más aún en la actualidad cuando se ha convertido en centro de disputas en el debate político, en las movilizaciones sociales, las discusiones económicas o las intervenciones públicas, ante los problemas ambientales en muchos territorios y a nivel global. “Si hay un desafío conceptual que precisa ser explorado en el plano de la teoría y la práctica de la planificación urbana, la Naturaleza debe ocupar indudablemente un puesto muy elevado en la lista de candidatos” (Swingedouw, 2019, pág. 15).

Considera que los términos Naturaleza y Sostenibilidad contienen significados no solo ambiguos sino vacíos, puesto que no existe algo así como una Naturaleza singular, a partir de la cual se pueda construir una política ambiental o una planificación ambiental verdaderamente sensible y consecuente con los problemas ecológicos de nuestro tiempo. “En síntesis, es difícil, si no imposible, definir exactamente qué es la naturaleza”. Cada intento por aprehender o fijar su sentido parece vano en el mejor de los casos y, en el peor, políticamente problemática” (Swingedouw, 2019).

Explica además que en los discursos ambientalistas se ha utilizado indistintamente el término Naturaleza sin mayores diferenciaciones, revistiéndola de múltiples y variados significados para justificar programas y planes políticos, lo que obstaculiza la posibilidad de plantear soluciones alternativas y realmente posibles.  Habría que desglosar dentro de nuestro universo simbólico, los distintos matices y significados que tiene y puede llegar a tener para ubicarla en el contexto de otros significados concretos y conforme a las pretensiones que se tengan al utilizar el término Naturaleza (Žižek, 2008).

Se debe, por tanto, diferenciar entre estos significantes y aquellos que se requieren para diseñar políticas ambientales, es decir, que para que el término Naturaleza pueda servir como principio de organización subyacente, se requiere que el elemento central del concepto permanezca vacío, ya que cualquier tentativa de dotar de sentido estos significantes vacíos es un gesto decididamente político.

Swyngedouw (2011), plantea que lo primero que se debe hacer antes de cualquier propuesta de políticas ambientales, es reconocer la indeterminación del concepto de Naturaleza, para considerar que hay naturalezas diferentes y una multitud de relaciones socio naturales existentes o posibles. A partir de este reconocimiento, es posible politizar el medio ambiente, aceptando los disensos al interior del antagonismo positivo de la ciudadanía, el reconocimiento de diversidad de enfoques y propuestas para la construcción de futuros socio ecológicos viables, basados en el fortalecimiento de la democracia, y en la consideración de alternativas distintas de solución a los problemas ambientales (Swingedouw, 2019).

Este análisis resulta pertinente en el contexto de abordar la discusión acerca de la titularidad que podría tener la Naturaleza como entidad jurídica con derechos, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, para definir claramente las obligaciones del Estado, las comunidades y la sociedad en general con la conservación del medio ambiente, la forma de impartir justicia ambiental y el diseño de políticas públicas para la “restitución de derechos” de los ecosistemas del país.

Se debe considerar que estos ecosistemas tienen un valor intrínseco y no solo instrumental y se requiere un cambio de paradigmas para de esta forma, tener un enfoque más amplio y jurídicamente fuerte en protección, cuidado y conservación de los recursos naturales. En este sentido, los desafíos y oportunidades tienen que ver con el desarrollo de marcos legales y mecanismos institucionales para hacer efectivos los derechos del medio ambiente, otorgándole más importancia a la construcción de paz ambiental (Universidad del Rosario, 2022).

Conclusiones

La construcción de paz ambiental es un concepto emergente que se vincula como una subcategoría de la construcción de paz, al identificar factores ambientales asociados a los conflictos armados de los países. La falta de consenso en su conceptualización genera ambigüedades a la hora de diseñar investigaciones e implementar programas y políticas públicas, además de que complejiza el reconocimiento del medio ambiente y los recursos naturales como víctimas directas en conflictos armados, sociales y políticos. 

A pesar de que no existe consenso en su definición, se ha avanzado en propuestas de conceptualización y se han definido líneas de acción como la cooperación ambiental, las dinámicas de transformación, la gestión de recursos naturales y la construcción de relaciones pacíficas entre los seres humanos y el medio ambiente, además de programas de educación y concientización.

De igual forma, las perspectivas de paz emergentes en la actualidad, le otorgan una especial relevancia a la construcción de paz ambiental, cuya conceptualización arroja nuevas variables para afrontar los desafíos globales del cambio climático y los casos particulares que requieren atención en cuanto a seguridad ambiental y climática y con respecto a la justicia ambiental para dirimir conflictos socioambientales.

Alrededor del concepto de paz ambiental, surgen una serie de reflexiones en las que se  reconocen los vínculos presentes en situaciones de conflicto armado entre las problemáticas sociales y las disputas por el territorio, los usos del suelo, la extracción de recursos naturales, que inciden en factores de riesgo como la deforestación y tala ilegal de árboles, uso de fuentes hídricas, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, entre otros, que son motivo de preocupación y a los que se debe prestar especial atención para lograr una paz estable y duradera desde los territorios.

Es importante que la Academia aborde más estudios sobre el tema de la paz ambiental y la justicia ambiental en Colombia. La producción académica e investigativa sobre los conflictos socioambientales y su gestión para la construcción de la paz ambiental en Colombia es relativamente reciente, por lo que se espera que los elementos críticos que han salido a relucir durante el presente estudio aporten al hallazgo de alternativas de desarrollo socioeconómico territorial con criterio sostenible ante la prevalencia de los grupos armados que siguen actuando en distintas zonas geográficas de Colombia, anclados a las economías ilícitas y extractivas de recursos naturales, para tener la posibilidad de construir una paz total, estable y duradera.

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Citas

[1] Maestría en Estudios Políticos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Caldas

[2] El Proyecto conjunto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), revela que entre los años 1985 y 2019 se presentaron 752.964 víctimas de desplazamiento forzado. A partir de 1995 y hasta 2002 esta cifra tuvo su mayor crecimiento. El 2002 fue el año pico con 730.904 víctimas. Esta situación agravó la crisis humanitaria en los territorios y ciudades  (Colombia, Comisión de la Verdad, 2022).