Por Javier A. Crea[1]

Sumario

El artículo examina el giro populista reciente en Costa Rica, marcado por los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus efectos sobre un constitucionalismo históricamente reputado como ejemplar. Analiza cómo la combinación de populismo, posverdad y punitivismo reordena el espacio público mediante conflictos con la prensa, tentaciones de excepcionalidad securitaria y presiones simbólicas sobre el Poder Judicial, generando una zona de fragilidad democrática que exige vigilancia republicana.

Abstract

For decades, Costa Rica was a paradigmatic example of democratic stability and institutional strength in Latin America. In recent years, however, the cycle initiated by Rodrigo Chaves and continued under the presidency of Laura Fernández has introduced elements of populism, post‑truth politics, and punitive governance that challenge this image. This article argues that Costa Rican democracy has not ceased to exist, but has entered a zone of fragility in which practices of institutional erosion operate under the guise of normality. Drawing on specific instances of political staging, hostility toward the press, exceptionalist security agendas, and public confrontations with the judiciary, it reconstructs a governing logic based on emotional narratives, moralized enmities, and the symbolic disciplining of oversight bodies. Engaging with the perspectives of Jan‑Werner Müller, Hannah Arendt, Juan Linz, and Steven Levitsky, the article contends that the central risk lies not only in a potential abrupt breakdown of the constitutional order, but also in the gradual erosion of the cultural and normative conditions that underpin pluralism, judicial independence, and public accountability. In this context, the response of institutions and citizens will be crucial to preventing a former exemplary case from becoming a new example of autocratization from within.

Palabras clave

Costa Rica; populismo; posverdad; punitivismo; libertad de prensa; Poder Judicial; excepcionalidad securitaria; fragilidad democrática; autocratización; América Latina.

Introducción

Durante años, Costa Rica ocupó en América Latina un lugar casi pedagógico. No era un país perfecto, ni una democracia inmune al conflicto, a la desigualdad o a los déficits propios de toda experiencia institucional concreta. Pero sí aparecía, una y otra vez, como una excepción relativamente virtuosa en una región marcada por golpes de Estado, interrupciones autoritarias, militarización de la política, hiperpresidencialismo desbordado y Estados de derecho frecuentemente incompletos. En buena parte del imaginario jurídico y politológico latinoamericano, Costa Rica funcionaba como recordatorio de que la estabilidad democrática, la alternancia razonable y un entramado institucional comparativamente robusto no eran una mera fantasía teórica, sino una posibilidad histórica efectivamente realizada, aunque con tensiones y límites.

Justamente por eso el momento costarricense merece ser pensado con más atención de la que sugieren las lecturas tranquilizadoras. El problema no consiste en afirmar, de manera simplista, que Costa Rica ha dejado de ser una democracia o que se encuentra al borde de una ruptura inmediata del orden constitucional, ni mucho menos. Sostener algo así sería jurídicamente inexacto y políticamente poco serio. La cuestión, más bien, es otra y acaso más inquietante, si incluso una democracia históricamente bien posicionada puede comenzar a ingresar en una zona de fragilidad por obra de un populismo que no necesita destruir de entrada las instituciones, porque le basta con desgastarlas, ridiculizarlas, presionarlas y reordenar contra ellas el clima emocional del espacio público.

La continuidad del ciclo inaugurado por Rodrigo Chaves[2] y prolongado ahora con la presidencia de Laura Fernández[3] ha reabierto esta pregunta con fuerza. No se trata solamente de un relevo electoral o de una alternancia entre élites, sino de la consolidación de un modo de hacer política apoyado en la confrontación permanente, la simplificación moral del conflicto, la escenificación de logros, la deslegitimación de mediaciones institucionales y una narrativa que opone a un liderazgo supuestamente auténtico frente a una constelación de élites, medios, magistrados y actores de control presentados como privilegiados, obsoletos o enemigos del cambio.

En los últimos meses ese proceso se ha vuelto más visible en varios frentes. Por un lado, las advertencias sobre retrocesos en materia de libertad de prensa se multiplicaron y algunos índices internacionales registraron una caída importante del país en el plano regional y global.[4] Por otro, la agenda de seguridad se ha transformado en plataforma para promesas de excepcionalidad, endurecimiento penal, ampliación carcelaria y eventuales reformas legales o constitucionales orientadas a remover límites considerados molestos frente a la urgencia de la violencia criminal. Finalmente, la reciente confrontación pública de la presidenta con magistrados del Poder Judicial, y en particular con el presidente de la Corte Suprema, permitió ver con nitidez un rasgo central de este tipo de liderazgos: no la crítica institucional razonable, sino la conversión del órgano de control en blanco narrativo de la movilización política.

Este artículo parte de una preocupación nítida pero deliberadamente prudente. Costa Rica no es hoy un laboratorio extremo comparable con los casos más degradados del constitucionalismo latinoamericano. Sin embargo, precisamente porque no lo es, su evolución resulta especialmente instructiva para una teoría de las fragilidades democráticas. Muestra cómo una democracia reputada por su fortaleza puede comenzar a ser trabajada desde dentro por fuerzas políticas que no renuncian al lenguaje constitucional ni a la legitimidad electoral, pero que tienden a transformar la legalidad en terreno de disputa hegemónica, a presionar a los órganos de control y a deteriorar las condiciones culturales del pluralismo.[5]

La hipótesis que guía estas páginas es que el actual momento costarricense debe ser leído como una combinación de populismo, posverdad, punitivismo y confrontación institucional que, sin haber desmantelado todavía el edificio democrático, sí ha comenzado a erosionar algunas de sus bases más delicadas: la confianza en las mediaciones, la legitimidad de la prensa crítica, la autoridad del Poder Judicial como contrapeso y la idea misma de que el orden constitucional existe para limitar también a los gobiernos populares.

En esa perspectiva, Costa Rica funciona como una aplicación concreta de la categoría de fragilidades democráticas, elaborada en trabajos previos para describir debilidades estructurales que no implican aún la ruptura abierta del orden constitucional, pero que lo vuelven progresivamente vulnerable a procesos de deriva autoritaria.[6]

Desde una mirada constitucional, la alarma no surge cuando la democracia ya colapsó, sino bastante antes. Surge cuando se vuelve normal atacar a periodistas, ridiculizar a jueces, convertir al opositor en enemigo, presentar toda crítica como conspiración, prometer excepciones como respuesta rutinaria y educar políticamente a una base social para que filtre la realidad según su adhesión previa al líder. Es allí donde el populismo deja de ser solo un estilo y pasa a convertirse en una amenaza para el pluralismo institucional.

Costa Rica como caso ejemplar y como problema nuevo

Los perfiles internacionales todavía muestran a Costa Rica en posiciones relativamente altas. IDEA la ubica en rangos elevados en la mayoría de las categorías de su marco de democracia global,[7] y Freedom House continúa describiéndola como un país con larga estabilidad democrática, multipartidismo y elecciones creíbles.[8] A primera vista, estas caracterizaciones podrían justificar una lectura serena, incluso tranquilizadora. Las instituciones costarricenses tendrían la fortaleza necesaria para absorber los excesos del liderazgo populista sin mayores consecuencias estructurales.

No obstante, esa conclusión es incompleta. Las democracias rara vez pasan bruscamente de la normalidad a la autocracia cerrada. Entre uno y otro extremo existe una zona intermedia en la que persisten elecciones, tribunales, congresos y constituciones, pero se altera gradualmente el clima institucional en que esos mecanismos operan. Es allí donde la discusión sobre Costa Rica se vuelve urgente, no porque ya haya dejado de ser una democracia, ni se encuentre cerca de dejar de serlo, sino porque ciertos mecanismos de desgaste pueden estar comenzando a actuar bajo cobertura de normalidad.

El prestigio histórico de una democracia no es garantía suficiente contra el deterioro. De hecho, en algunos casos puede convertirse en fuente de subestimación del riesgo. Cuando un país arrastra décadas de reputación institucional positiva, existe la tentación de relativizar señales preocupantes bajo la idea de que “sus instituciones resistirán” porque siempre resistieron. Pero esa confianza retrospectiva puede ser políticamente peligrosa si impide reconocer a tiempo que las instituciones, además de normas y edificios, dependen de culturas de contención, de lealtades democráticas y de un espacio público no colonizado por la mentira sistemática.

Costa Rica muestra hoy varios síntomas que justifican una atención más cuidadosa. El primero es la continuidad de un experimento populista, ya no como episodio aislado sino como proyecto con vocación de prolongación. El segundo surge del modo en que la inseguridad y la excepcionalidad comienzan a entrelazarse, de manera tal que la crisis criminal se convierte en argumento de legitimación para medidas de dureza extrema y para la flexibilización de controles que, en otro contexto, serían vistas con mayor desconfianza. El tercero es el deterioro del espacio público, visible en la hostilidad frente a la prensa y en la normalización de una retórica que reemplaza la deliberación por el espectáculo, la complejidad por el relato y el pluralismo por una identificación de tono plebiscitario.

A esto se suma un elemento esencial, la creciente presión simbólica sobre el Poder Judicial. La relación conflictiva entre Ejecutivo y justicia no es nueva en América Latina, pero cuando esa tensión se inserta en una matriz populista, el problema deja de ser una simple controversia entre poderes para convertirse en un intento de deslegitimación de una de las instancias llamadas a poner límites.

Costa Rica, entonces, aparece hoy como un caso doblemente interesante. Sigue siendo una democracia fuerte en comparación regional, pero precisamente por eso su ingreso en una franja de vulnerabilidad democrática dice mucho sobre la época. Enseña que la recesión democrática del siglo XXI ya no se concentra solo en países históricamente débiles o en laboratorios extremos, sino que también puede insinuarse en sistemas que parecían bien asentados cuando el populismo logra combinar legitimidad electoral, polarización afectiva, ansiedad securitaria y guerra permanente contra intermediarios institucionales.

Populismo y posverdad: gobernar con narrativas

Para entender el momento costarricense resulta decisivo tomar en serio la categoría de populismo, no como insulto ideológico, sino como una lógica política concreta. Sin pretender agotar la discusión tipológica sobre si el actual liderazgo costarricense debe considerarse o no plenamente populista, aquí se adopta una noción funcional de populismo centrada en la construcción anti‑pluralista del pueblo y en la lógica amigo/enemigo, independientemente de que el liderazgo se sitúe en la derecha o en la izquierda del espectro ideológico. En esa línea, Jan‑Werner Müller sostiene que el populismo tiene un núcleo anti‑pluralista, porque el líder populista no se limita a afirmar que ganó una elección o que expresa una mayoría coyuntural, sino que se presenta como quien, y solo quien, representa al verdadero pueblo. Quienes discrepan dejan de ser adversarios legítimos y pasan a ser retratados como élites corruptas, traidores, minorías artificiales o agentes de poderes espurios.[9]

Esa observación encaja con especial claridad en el caso costarricense. Lo que se ha visto bajo Rodrigo Chaves y lo que puede profundizarse con Laura Fernández no sería improvisación, sino “un manual básico de populismo y posverdad”. La fuerza de esta formulación radica en que desplaza la atención desde la discusión puramente programática hacia el modo de construir poder. El populismo no gobierna solo con políticas públicas; gobierna con narrativas, con enemigos, con escenificaciones, con marcos emocionales que ordenan de antemano lo que la base propia está dispuesta a creer.

Cas Mudde ha insistido, como buena parte del trabajo reciente sobre populismo, en que una de sus operaciones centrales consiste en simplificar el campo político mediante una frontera moral entre el pueblo puro y la élite corrupta.[10] Esa frontera no describe la realidad social, sino que la produce performativamente. A partir de allí, cualquier hecho puede ser reabsorbido dentro del relato, siempre que sirva para confirmar quiénes son los buenos, quiénes los malos y quién tiene derecho moral a hablar en nombre de la nación.

La posverdad ingresa aquí no como un mero exceso retórico, sino como mecanismo estructural mediante el cual los hechos objetivos pasan a importar menos que las apelaciones emocionales y las creencias previas de la audiencia.[11] En el debate público dejan de importar prioritariamente los hechos y comienza a importar, sobre todo, si una afirmación refuerza la historia que el líder quiere contar a sus seguidores. La escena no es original, porque distintos trabajos sobre política post‑truth han subrayado el vínculo entre emociones, desinformación, sospecha frente al conocimiento experto y predisposición a aceptar afirmaciones útiles para la identidad del grupo, aunque sean falsas o abiertamente exageradas.

La mentira, en este esquema, no es un error ocasional. Tampoco es simplemente una falta ética individual, sino una herramienta política que sirve para mantener movilizada a la base, desplazar la conversación, consolidar el liderazgo y volver secundarios los controles de realidad. La clave del fenómeno no es que toda la ciudadanía crea ciegamente todo lo que se afirma, sino que un número suficiente de personas considere irrelevante verificarlo cuando el relato satisface una necesidad emocional previa de indignación, orgullo, revancha, admiración o alivio frente a la complejidad.

Aquí se vuelve central lo que la psicología política llama sesgo de confirmación. La psicología política ha estudiado ampliamente la tendencia humana a aceptar con mayor facilidad la información que confirma prejuicios previos y a rechazar de inmediato aquella que los contradice. En un contexto populista, este sesgo ya no es solo una debilidad cognitiva individual y pasa a ser un recurso de gobierno, mediante el cual se produce información o pseudo‑información orientada no a persuadir a un público deliberativo, sino a reforzar la identidad de una audiencia ya afectivamente alineada. Así, muchos adherentes no contrastan datos ni investigan más allá de los titulares porque, en términos emocionales, ya resolvieron de antemano a quién creer.

Así, las conferencias teatrales, los montajes, los escándalos fabricados y los anuncios exagerados[12] forman parte de un patrón ya conocido. No son meros errores comunicacionales ni torpezas anecdóticas, sino piezas de una tecnología política orientada a dominar el ritmo emocional de la conversación pública. La pregunta constitucional no es entonces si el líder miente, exagera o dramatiza, algo que ha ocurrido en muchos contextos políticos, sino qué sucede cuando una parte significativa del debate democrático queda estructuralmente reorganizada alrededor de esas técnicas.

En primer lugar, la posibilidad misma del control racional del poder se debilita. Una democracia constitucional necesita desacuerdos, pero necesita también algún mínimo consenso sobre hechos verificables y sobre la legitimidad de los procedimientos mediante los cuales los hechos se discuten públicamente. Si ese suelo común desaparece, los controles institucionales operan en un ambiente cada vez más tóxico, porque toda verificación puede ser reconvertida en ataque, toda crítica en conspiración y todo límite en sabotaje.

En segundo lugar, el populismo encuentra una vía para presentarse como más auténtico que la propia institucionalidad republicana. Los datos, las auditorías, las verificaciones periodísticas y las decisiones judiciales pasan a ser descritos como frialdades tecnocráticas o como maniobras de élites alejadas del pueblo. En cambio, la emoción inmediata del líder, expresada en su indignación, su desprecio o su teatralidad, aparece como garantía de sinceridad, y el resultado es paradójico porque cuanto más se degrada la verdad pública, más puede reforzarse la identificación afectiva con el liderazgo.

Este es uno de los puntos en los que el caso costarricense resulta especialmente delicado. La fortaleza histórica de sus instituciones podría llevar a suponer que tales narrativas son absorbibles sin mayor daño, cuando en realidad el deterioro puede no adoptar la forma de una demolición instantánea, sino la de un vaciamiento gradual: la sustitución del ciudadano crítico por el seguidor emocionalmente fidelizado, del debate por el espectáculo y del control republicano por el asentimiento plebiscitario. En otros términos, el populismo no requiere destruir de inmediato la Constitución si antes consigue habituar a una parte significativa de la sociedad a vivir políticamente sin ejercicio de juicio crítico; su principal preocupación no es la persistencia de la mentira, sino la presencia de ciudadanos que piensen, cuestionen y puedan contrastarla.

El laboratorio de la escenificación: firma en el aire, micrófonos, montajes

Algunas escenas recientes ilustran con claridad esta lógica. Una de ellas fue la “firma en el aire”, es decir, el gesto de presentar ante cámaras un logro político como si mediara un acuerdo formal ya firmado, cuando en realidad el acto tenía más de puesta en escena que de decisión jurídicamente consolidada. Otra fue el episodio del supuesto micrófono colocado en una oficina privada, donde se sugirió la existencia de actividades de espionaje o conspiración sin que se ofrecieran pruebas concluyentes, pero generando igualmente un clima de alarma y victimización. A ello se suman anuncios grandilocuentes sobre medidas o acuerdos que luego resultan mucho menos definidos en términos normativos, pero que en el momento de su presentación producen un efecto de revelación y de liderazgo providencial.[13] Todas estas escenas son especialmente expresivas desde una mirada constitucional porque condensan en imágenes una lógica de poder. Lo relevante no es tanto el detalle fáctico de cada episodio cuanto el patrón que ponen de manifiesto, un régimen de comunicación política marcado por la teatralidad, la construcción sistemática de sospecha, la dramatización permanente y la sustitución del argumento por el impacto emotivo.

El gobierno populista no se limita a informar actos, sino que los escenifica. No comunica decisiones, sino que produce acontecimientos mediáticos. No presenta datos, sino que arma relatos. No explica complejidades, sino que ofrece culpables. La “firma en el aire” se vuelve símbolo de un gesto providencial, el micrófono oculto pasa a funcionar como emblema de la conspiración y la denuncia teatral opera como vehículo de auto‑victimización o de ataque preventivo. Todo ello contribuye a generar un clima en el que la política deja de ser deliberación sobre lo común y se convierte, crecientemente, en una dramaturgia del mando.

En términos arendtianos, el fenómeno es decisivo. Hannah Arendt advirtió que la destrucción del espacio público no exige necesariamente el uso abierto del terror, porque también puede avanzar mediante la banalización de la mentira, la confusión deliberada entre realidad y propaganda y la reducción de los ciudadanos a espectadores emocionalmente administrados.[14] Cuando el poder coloniza de manera sistemática la escena pública con montajes y escenificaciones, el sujeto político se transforma poco a poco en audiencia.

Ese desplazamiento tiene consecuencias jurídicas indirectas pero profundas. Una democracia constitucional presupone ciudadanos capaces de juzgar, comparar, recordar y exigir razones, mientras que la escenificación populista privilegia ciudadanos movilizados por impresiones rápidas, por indignaciones prefabricadas o por adhesiones viscerales, alimentadas y amplificadas por las redes sociales. El paso siguiente consiste en construir sospecha sobre todos aquellos actores que invitan a frenar, contrastar o problematizar, de modo que jueces, periodistas, académicos, órganos técnicos y oposiciones parlamentarias pasan a ser percibidos menos como componentes necesarios del sistema y más como obstáculos al liderazgo.

Lo preocupante en Costa Rica no es solo la existencia de escenas de este tipo, sino el hecho de que muchas de ellas ya resulten reconocibles para una parte del público como parte del estilo de gobierno y de su continuidad. Cuando el montaje deja de sorprender y pasa a ser esperado, la excepcionalidad comunicativa se convierte en normalidad política. En ese punto comienza a consolidarse una pedagogía afectiva del populismo, que enseña a la ciudadanía a habitar un espacio saturado de exageraciones, sospechas y antagonismos simplificados como si esa fuera la forma natural de la democracia

Libertad de prensa, hostilidad y degradación del espacio público

Una de las derivaciones más visibles de esta lógica es el conflicto con la prensa. Diversas organizaciones especializadas han advertido que la libertad de prensa en Costa Rica se encuentra bajo presión y que el país ha descendido notablemente en los índices internacionales del sector,[15] lo que resulta especialmente significativo en un país que durante mucho tiempo fue considerado referencia positiva en este terreno. El fenómeno no puede reducirse a una disputa coyuntural entre gobierno y medios, porque en una democracia constitucional la prensa libre funciona como infraestructura crítica del control ciudadano del poder y, cuando esa infraestructura es hostigada, ridiculizada o presentada como enemiga, no se afecta solo a una corporación profesional, sino que se debilita una condición estructural del pluralismo.

Más allá de los índices globales, los observatorios costarricenses han empezado a describir con detalle este deterioro. El informe “Libertad de expresión en Costa Rica 2024”, elaborado en el marco de la Universidad para la Paz y difundido por organizaciones como Derechos Digitales, habla de una “erosión progresiva” marcada por agresiones, hostigamiento en línea y presiones políticas sobre medios y periodistas.[16] El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión documentó, a su vez, un aumento considerable de alertas y víctimas durante 2025, con un peso significativo de episodios vinculados a declaraciones estigmatizantes y acciones provenientes de autoridades públicas.[17]

El Committee to Protect Journalists advirtió, antes de las elecciones de 2026, que la libertad de prensa en Costa Rica “pendía de un hilo” en un contexto de ataques continuados del oficialismo hacia periodistas y medios críticos, mientras que los informes de Reporteros Sin Fronteras muestran una caída significativa del país en los rankings globales en pocos años.[18] La hostilidad populista hacia la prensa responde a una lógica bien conocida, en la que, cuando el líder se presenta como portavoz exclusivo del pueblo verdadero, toda mediación informativa independiente pasa a ser sospechosa y el periodista deja de ser un profesional que investiga, verifica o contradice para convertirse en miembro de una élite enemiga que supuestamente distorsiona la voluntad popular.

Este clima hostil convive, sin embargo, con respuestas judiciales que muestran la vigencia de ciertos contrapesos. En 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar recursos de amparo[19] interpuestos por varios periodistas y por el Colegio de Periodistas, al reconocer que el Estado violó la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en conferencias de prensa organizadas por la Presidencia de la República.[20] La Sociedad Interamericana de Prensa saludó estos fallos como precedentes clave para la libertad de prensa, precisamente porque frenan prácticas de estigmatización, censura indirecta y trato discriminatorio hacia medios críticos desde la cúspide del poder.[21]

Esta es una de las razones por las cuales el populismo no tolera fácilmente la autonomía periodística, ya que necesita una esfera pública en la que el relato oficial compita con ventaja afectiva y no una en la que los hechos sean contrastados metódicamente. La degradación del espacio público opera en dos planos, por un lado se deteriora la confianza en medios y verificadores, y por otro se educa políticamente a la base para que descarte de antemano cualquier información disonante, de modo que el sesgo de confirmación opera con toda su fuerza y, si un medio contradice al líder, ello no se interpreta como prueba contra el líder, sino como confirmación de que el medio forma parte de la conspiración.

Desde el punto de vista constitucional, esta dinámica es especialmente peligrosa porque mina uno de los presupuestos de la responsabilidad pública. Los gobernantes democráticos pueden cometer errores, pero deben hacerlo en un ambiente donde esos errores puedan ser expuestos y discutidos sin que la mera exposición sea reinterpretada como traición, y cuando ese umbral se pierde, el derecho a la información sigue existiendo formalmente, aunque el ecosistema simbólico que lo hace operativo comience a vaciarse desde dentro.

Seguridad, miedo y tentación de la excepción

Como en otras experiencias latinoamericanas recientes, la crisis de seguridad provee el suelo emocional ideal para la expansión del populismo. La violencia asociada al narcotráfico, el aumento de homicidios y la percepción de descontrol estatal han sido señalados como factores decisivos para explicar el triunfo de Laura Fernández y la demanda social de soluciones fuertes, de modo que no hay nada artificial en ese temor toda vez que el problema criminal es real y cualquier análisis serio debe partir de ese dato sin banalizarlo.

El aumento de la violencia tampoco es una exageración propagandística. En 2025 se registraron 873 homicidios, una de las cifras más altas en la historia reciente del país, lo que alimentó la percepción de descontrol estatal y la demanda de respuestas rápidas frente al crimen organizado.[22]

Precisamente porque el problema es real, el debate constitucional no puede entregarse a la lógica de la urgencia ilimitada. Se ha señalado que el nuevo oficialismo se apoya en propuestas de estados de emergencia, suspensión o restricción de derechos, construcción de una megacárcel y reformas orientadas a reforzar el poder punitivo del Ejecutivo siguiendo, en parte, modelos de fuerte atractivo regional como el de Bukele, por lo que la cuestión central no radica en si la seguridad merece una respuesta estatal intensa, que sin duda la merece, sino en determinar qué tipo de respuesta es compatible con una democracia constitucional y cuál comienza, en cambio, a erosionarla.

La orientación punitiva no permanece en el plano discursivo. El gobierno ha impulsado la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, presentada como megacárcel, en un contexto marcado por ese aumento de homicidios y por la percepción de desbordamiento frente al crimen organizado.[23] Se trata de un proyecto descrito explícitamente como inspirado en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que se ha convertido en símbolo regional de dureza extrema, y que ya cuenta con pasos legislativos relevantes en la Asamblea Legislativa.[24]

La excepcionalidad prolongada ha sido, una y otra vez, una vía directa hacia la concentración de poder. Una democracia constitucional puede prever instrumentos excepcionales, pero justamente por eso necesita tratarlos como excepcionales y no convertirlos en regla, ya que cuando la emergencia se transforma en clave permanente de gobierno el equilibrio se altera, el Ejecutivo expande su margen de acción, los controles pasan a ser presentados como trabas injustificadas y la ciudadanía es inducida a percibir los derechos no como garantías comunes, sino como privilegios irritantes frente al reclamo de orden.

A la megacárcel se suman otras señales en la misma dirección. La creación de una denominada Fuerza Élite para articular acciones policiales frente a la ola de violencia, bajo fuerte conducción política, y anuncios de medidas como el decreto destinado a computar el año carcelario sobre 360 días naturales, presentado como gesto de endurecimiento en el cumplimiento efectivo de las penas, refuerzan la imagen de un Ejecutivo que amplía su radio de acción en materia securitaria.[25] El desafío constitucional consiste en asegurar que estas intervenciones no se traduzcan en una expansión opaca y poco controlada de facultades discrecionales.

El populismo punitivo, entendido como la combinación de retórica populista con promesas de castigo rápido y ejemplar, opera, además, con una poderosa ventaja afectiva, ya que, mientras la defensa del Estado de derecho exige argumentación, matices y tiempos institucionales, la promesa de dureza ofrece velocidad simbólica y aparenta devolver control inmediato donde hay ansiedad, restaurar autoridad donde hay miedo y castigar con contundencia allí donde la sociedad percibe impunidad, de modo que en ese terreno la legalidad constitucional puede parecer débil frente a la potencia simbólica del castigo. De allí la importancia de recordar que muchas derivas autoritarias contemporáneas se han consolidado precisamente a partir de discursos de orden, limpieza y eficacia.

Costa Rica, por su historia, debería ser particularmente consciente de esta tensión. Su prestigio institucional no nació de la inexistencia de conflictos, sino de la capacidad de procesarlos sin entregar el orden constitucional a la lógica de la excepción permanente, y si ese equilibrio se rompe el país podría empezar a recorrer un camino ya conocido en otras democracias de la región, no mediante la supresión inmediata de la democracia, sino a través de su reconfiguración gradual bajo un derecho cada vez más flexible para castigar, más complaciente con el Ejecutivo y menos celoso de los límites.

El episodio del magistrado: crítica institucional o disciplinamiento simbólico

En este contexto, el episodio del 17 de mayo de 2026 entre la presidenta Laura Fernández y el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, adquiere una centralidad especial. Tras reunirse con magistrados, la presidenta criticó al Poder Judicial, cuestionó su presupuesto, habló de politización y persecución y puso énfasis en que Aguirre lleva 38 años como magistrado, además de afirmar que no se seguirían asignando recursos sin resultados y de anunciar reformas legales y constitucionales sobre la justicia.

Sería un error afirmar que toda crítica presidencial al Poder Judicial es por sí misma antidemocrática, ya que el diseño judicial, la duración de los cargos, la reelección, la eficiencia, los salarios y el uso del presupuesto son asuntos legítimamente debatibles en cualquier república. Lo que vuelve inquietante este episodio no es el hecho abstracto de criticar, sino el contexto y la forma de la crítica, que no se presentó solo como una discusión técnica sobre eventuales reformas, sino envuelta en un lenguaje de confrontación, en la exposición pública personalizada del magistrado y en una narrativa que aproxima a la justicia a la figura de una casta o de un poder privilegiado que merece ser señalado ante la ciudadanía.

Esa operación narrativa es típicamente populista, porque personaliza un conflicto estructural, condensa en un rostro visible una frustración social más amplia y transforma un debate complejo en una escena de alto rendimiento emocional. La referencia a los “treinta y ocho años” deja de funcionar como dato institucional sobre la trayectoria de un juez y se convierte en una marca moral de agotamiento, anquilosamiento o privilegio, de modo que el problema no reside tanto en la duración del cargo en sí misma como en el uso de ese dato como instrumento de deslegitimación pública de un poder independiente.

La preocupación se intensifica cuando esta exposición pública se acompaña de insinuaciones presupuestarias. Si el Ejecutivo sostiene que no girará más fondos hasta observar resultados positivos, la crítica deja de ser enteramente discursiva y comienza a adquirir el tono de una presión institucional, porque no hace falta una intervención abierta sobre la justicia para que se configure una amenaza a su autonomía, basta con que se instale el mensaje de que la cooperación material del Estado puede convertirse en recompensa o castigo según el grado de alineamiento con las prioridades políticas del gobierno.

Este episodio permite distinguir al menos dos planos. En un primer nivel, podría entenderse como un desacuerdo fuerte entre poderes, algo siempre posible en una democracia, pero en un nivel más hondo revela una lógica de disciplinamiento simbólico al presentar a la justicia como problema, exhibir a sus representantes como responsables del fracaso y sugerir que el Ejecutivo habla en nombre de una ciudadanía cansada frente a un poder envejecido, privilegiado e ineficaz.

Esto conecta directamente con la lectura de Jan‑Werner Müller sobre el populismo como fenómeno anti‑pluralista.[26] Si el populismo niega legitimidad moral a quienes no encajan en la figura del pueblo auténtico, el señalamiento público del magistrado deja de ser un episodio aislado y aparece como pieza coherente de esa lógica, en la que el juez deja de ser un actor institucional autónomo y pasa a ocupar el lugar del obstáculo moral, y el debate sobre la justicia deja de tramitarse en clave de reforma republicana para reordenarse como disputa entre el liderazgo popular y una corporación sospechosa.

En términos linzianos, el problema puede formularse como una cuestión de lealtad a las reglas del juego.[27] Las democracias se debilitan cuando actores con alto poder político dejan de tratar a los órganos de control como instancias legítimas, aun en desacuerdo, y pasan o comienzan a describirlos como enemigos prácticos del orden y del pueblo, de modo que, aunque Costa Rica no haya llegado a un punto de quiebre, episodios de este tipo pueden ir modelando un clima en el que la independencia judicial resulte cada vez menos tolerable políticamente.

En la clave de Levitsky, por último, el episodio se parece más a una señal temprana que a una prueba concluyente, ya que las democracias no suelen morir por una sola declaración ni por un solo enfrentamiento, sino por la acumulación de actos que erosionan normas informales de tolerancia mutua y autocontención.[28] La exposición pública de jueces, la hostilidad hacia la prensa, la lógica de excepción securitaria y la centralidad del relato emotivo son piezas que, sumadas, pueden preparar el terreno para transformaciones más profundas del régimen democrático.

Arendt y la destrucción del mundo común

La advertencia de Arendt resulta especialmente útil para evitar un análisis meramente coyuntural del caso costarricense. Arendt enseñó que la política democrática depende de la existencia de un espacio público en el que los seres humanos puedan aparecer unos ante otros, hablar, disentir y actuar en un mundo compartido, y que la destrucción de ese mundo común no se produce únicamente mediante la violencia abierta, sino que también puede comenzar con la banalización de la mentira, la propaganda persistente, la desresponsabilización individual y la reducción del ciudadano a masa emocionalmente disponible.[29]

En esta perspectiva, importa menos la veracidad aislada de cada afirmación oficial que el tipo de régimen comunicacional que se consolida cuando el gobierno renuncia a informar y se dedica principalmente a activar emociones, cuando la mentira sistemática se convierte en herramienta, cuando los montajes y escándalos fabricados responden a un patrón reconocible y cuando la mejor defensa frente a ello pasa por preservar el sentido crítico del ciudadano. Esa intuición remite de lleno a Arendt.[30] El populismo de posverdad necesita debilitar el juicio autónomo porque no puede sostener su hegemonía si la ciudadanía se acostumbra a contrastar datos y a desconfiar de la dramaturgia oficial.

La preocupación, entonces, no debería reducirse a determinar si una afirmación concreta del gobierno es verdadera o falsa, aunque ese punto sea relevante, sino abarcar algo más profundo, el tipo de sujeto político que va moldeando un régimen comunicacional basado en exageraciones, sospechas, escenificaciones y antagonismos emocionales. En la medida en que el resultado sean ciudadanos capaces de mantener una actitud crítica, las instituciones todavía conservan aire; pero si, en cambio, lo que se consolida es un conjunto de seguidores que filtran la realidad conforme a una adhesión previa, el deterioro del espacio público puede avanzar incluso sin reformas dramáticas.

Costa Rica todavía conserva reservas institucionales y cívicas significativas, pero ningún constitucionalismo resiste indefinidamente si el mundo común se fragmenta hasta el punto de que cada control, cada dato y cada crítica valgan únicamente en función de quién los emite y a qué bando parecen favorecer. En ese escenario se abre la puerta a una forma de dominación menos espectacular que los autoritarismos clásicos, aunque no por ello menos corrosiva para la libertad política y para la idea misma de una democracia fundada en la deliberación y no en la mera administración de emociones.

Linz, semi-lealtades y fragilidad democrática

Juan Linz aporta otra clave central para comprender el caso. Sus reflexiones sobre eficacia, legitimidad, polarización y conducta de las élites siguen siendo sorprendentemente vigentes para pensar democracias que no colapsan de manera abrupta, pero sí se desgastan desde dentro, ya que en escenarios de inseguridad, desconfianza y percepción de ineficacia estatal la legitimidad del régimen puede erosionarse, aunque sus reglas formales permanezcan intactas.[31]

El populismo prospera precisamente allí donde amplios sectores comienzan a sentir que las instituciones son incapaces de responder. Frente a ese malestar, el liderazgo populista ofrece menos un programa coherente que una promesa de decisión, que se presenta como rapidez, autenticidad, castigo, limpieza y confrontación con quienes supuestamente bloquean al pueblo, y el problema, como advirtió Linz, es que esa promesa puede ir acompañada por un deterioro de las lealtades democráticas, de modo que los órganos de control dejan de ser percibidos como componentes legítimos del régimen y pasan a ser vistos como obstáculos a remover.[32]

En Costa Rica, esta lógica se vuelve visible en la tensión creciente con la justicia y la prensa. No se trata de afirmar que todas las élites hayan abandonado las lealtades democráticas, pero sí de advertir que un clima de deslegitimación mutua puede favorecer conductas de semi‑lealtad democrática, como la tolerancia a la presión sobre jueces, la minimización de los ataques a periodistas o la aceptación de excepciones crecientes en nombre de la seguridad.

Una democracia fuerte no depende solo de constituciones bien redactadas, sino también de que actores relevantes acepten límites incluso cuando esos límites frustran objetivos inmediatos. Si la cultura política empieza a premiar a quien confronta más, humilla más o promete barrer con mayor decisión a los supuestos responsables del fracaso nacional, el terreno para la fragilidad queda preparado, aunque las elecciones sigan celebrándose puntualmente y las formas institucionales se mantengan en apariencia estables.

Levitsky y la autocratización desde dentro

Steven Levitsky ofrece, quizá, el puente más directo entre el momento costarricense y ciertos trabajos sobre la regresión democrática en el siglo XXI. Su tesis central es conocida y sostiene que las democracias contemporáneas rara vez mueren mediante golpes militares, sino que suelen degradarse por obra de gobiernos electos que utilizan su legitimidad de origen para capturar árbitros, reescribir reglas, hostigar opositores y vaciar poco a poco las normas informales que sostienen el constitucionalismo.[33]

La utilidad de este enfoque para Costa Rica es doble. Por un lado, permite evitar alarmismos rudimentarios, porque no es necesario demostrar la existencia de una dictadura para justificar preocupación; por otro, obliga a tomar en serio señales que en otros contextos podrían ser descartadas como simple retórica, entre ellas la hostilidad sistemática hacia la prensa, el conflicto creciente con la justicia, la apelación recurrente a la seguridad para flexibilizar límites y la construcción de un clima emocional abiertamente antiinstitucional, que coinciden con las señales tempranas que los estudios sobre autocratización piden mirar con atención.

La pregunta relevante no es si Costa Rica es hoy una autocracia, algo que claramente no ocurre a la luz de los indicadores comparados y de la persistencia de elecciones competitivas, sino si ciertas prácticas políticas están reconfigurando la democracia costarricense de tal modo que, en unos años, sus órganos de control sean menos independientes, su espacio público más tóxico, su ciudadanía más propensa a aceptar excepciones y su constitucionalismo más frágil frente al decisionismo plebiscitario. Formular esa pregunta no constituye un ejercicio de alarmismo, sino una exigencia elemental de vigilancia republicana en un contexto regional marcado por experiencias previas de erosión gradual de la democracia desde dentro.

¿Resistirán las instituciones costarricenses?

Llegados a este punto, conviene resistir tanto la tentación del catastrofismo como la de la comodidad retrospectiva. Costa Rica mantiene ventajas muy importantes, pues tiene una tradición democrática singular en la región, conserva órganos institucionales con capacidad de resistencia y dispone todavía de recursos cívicos y jurídicos que otros países perdieron mucho antes en procesos de mayor degradación, de modo que nada obliga a concluir que el actual ciclo desembocará necesariamente en una deriva autoritaria consumada.

Sin embargo, sería igualmente imprudente convertir esas fortalezas en coartada para la desatención. La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de democracias que creyeron poder absorber sin costo la personalización del poder, el desprecio por los intermediarios, la excepcionalidad securitaria y la degradación de la verdad pública, y muchas veces, cuando la amenaza se volvió evidente, la erosión previa ya había hecho su trabajo silencioso.

La pregunta sobre si las instituciones costarricenses conseguirán soportar este momento y los embates que lo acompañan debe responderse en términos condicionales. Resistirán si conservan autonomía real frente al Ejecutivo, si la prensa logra seguir operando sin miedo ni disciplinamiento, si la sociedad civil se niega a confundir crítica con conspiración, si la discusión sobre seguridad no se entrega por completo a la lógica de la excepción y si el Poder Judicial no acepta ser reducido a blanco de humillación ni a variable dependiente del clima político.

Resistirán también si una parte suficiente de la ciudadanía rechaza la pedagogía del populismo de posverdad. La mejor defensa de una democracia sigue siendo informarse, contrastar datos y no renunciar al sentido crítico, lo cual no constituye una consigna ingenua sino, en rigor, una formulación cívica del problema constitucional, porque ningún sistema de frenos y contrapesos funciona por largo tiempo si su base social es educada para despreciar los hechos, odiar los controles y filtrar toda realidad según el interés emocional del líder.

Costa Rica no ha dejado de ser una democracia, pero ya no puede pensarse cómodamente como si estuviera al margen de las fragilidades que recorren a América Latina y al mundo. Su antiguo prestigio institucional no la inmuniza frente a un populismo que gobierna con narrativas, que utiliza la mentira como herramienta, que crea enemigos para sostener lealtades emocionales y que presiona sobre la justicia y la prensa en nombre de una autenticidad plebiscitaria. En este sentido, más que zanjar la disputa tipológica sobre si el actual liderazgo costarricense merece o no la etiqueta plena de populista, este trabajo adopta una noción funcional del populismo, centrada en su sesgo anti‑pluralista y en la construcción amigo/enemigo como matriz de gobierno.

La preocupación, por tanto, es legítima, no porque el desenlace esté escrito, sino precisamente porque no lo está. En esta clase de procesos, el futuro depende en gran medida de la capacidad de reconocer a tiempo que la democracia no se debilita solo cuando caen sus instituciones, sino también cuando se trivializa la mentira, se normaliza el señalamiento de jueces, se hostiga a la prensa y se acostumbra a la ciudadanía a vivir dentro de un relato en el cual pensar críticamente pasa a ser percibido como una forma de disidencia moral. Si Costa Rica logra evitar esa pendiente, habrá superado una prueba difícil; si no lo logra, su caso servirá como advertencia adicional de que ninguna democracia latinoamericana, por más ejemplar que haya sido, está definitivamente a salvo de la fragilidad

Bibliografía

Libros y artículos de autor

ARENDT, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993 (1.ª ed. en inglés 1958).

ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 2004 (1.ª ed. en inglés 1951).

CREA, Javier A., “Democracia, fragilidad y deriva autoritaria”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, 2025.

CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, 2026.

LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

LINZ, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

McINTYRE, Lee, Post‑Truth, Cambridge (MA), MIT Press, 2018.

MUDDE, Cas, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol. 39, n.º 4, 2004.

MUDDE, Cas y ROVIRA KALTWASSER, Cristóbal, Populism: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2017.

MÜLLER, Jan‑Werner, What Is Populism?, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.

Informes de organismos e instituciones

COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, Costa Rica’s press freedom hangs in the balance ahead of presidential election, 28 de enero de 2026.

FREEDOM HOUSE, “Costa Rica: Country Profile”, en Freedom in the World 2025, Washington D. C., Freedom House, 2025.

 IDEA INTERNACIONAL, “Costa Rica”, en The Global State of Democracy.

IPLEX, Monitoreo de las vulneraciones contra la libertad de prensa en Costa Rica en el año 2025.

UNIVERSIDAD PARA LA PAZ / Derechos Digitales, La erosión de la libertad de expresión en Costa Rica. Informe sobre el estado de la libertad de expresión en 2024.

OXFORD ENGLISH DICTIONARY, Word of the Year 2016: post‑truth.

REPORTEROS SIN FRONTERAS, Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023–2026.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES, World Press Freedom Index 2023–2026.

Jurisprudencia e Instituciones nacionales

COSTA RICA, Constitución Política, art. 48.

COSTA RICA, Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n.º 7135).

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, sentencia n.º 2025‑016964, de 3 de junio de 2025 (expedientes 24‑025545‑0007‑CO y 24‑27116‑0007‑CO).

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA, “La SIP saluda fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica como un precedente clave para la libertad de prensa”, comunicado, 5 de junio de 2025.

Prensa y notas periodísticas

“Por qué Costa Rica construye una nueva cárcel de máxima seguridad”, BBC Mundo, 6 de junio de 2025.

“El año carcelario ya es de 360 días”, CRHoy, nota sobre cómputo penitenciario en Costa Rica, 7 de mayo de 2026.

“Decreto de Laura Fernández no modificó el año carcelario”, Delfino.CR, 13 de mayo de 2026.

“El gobierno de la presidenta Laura Fernández elimina por decreto beneficios que reducen tiempo en prisión”, Infobae / agencias, 7 de mayo de 2026.

“El año penitenciario ya se calcula en 360 días”, El Periódico CR, nota explicativa sobre el año penitenciario en Costa Rica.

“Bukele exporta a Costa Rica su modelo de megacárcel”, El País, 14 de enero de 2026.

“Estos son los primeros decretos de Laura Fernández: año carcelario será de 360 días naturales y no ocho meses”, La República (Costa Rica), 8 de mayo de 2026.

Notas

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia), en Derecho Constitucional y en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente (Universidad de Buenos Aires), y en Derecho Ambiental (Universidad de Belgrano). Maestrando en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y en Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales (Universidad Nacional de Quilmes). Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde dirige Institutos y Actividades Académicas y codirige los Institutos de Derecho Antártico y Gestión Polar y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental y codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional (Universidad de Morón–AIDCA). Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Investigador y docente de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y miembro del consejo editorial de Confrontos (Universidad de Itaúna, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España). www.aidca.org/javier-crea

[2] Rodrigo Chaves Robles es un economista y político costarricense que ejerció la presidencia de la República entre 2022 y 2026. Llegó al poder presentándose como outsider frente a los partidos tradicionales, con un discurso de fuerte tono antipolítico y confrontativo, y su gobierno se ha caracterizado por la combinación de agenda populista, conflictos con la prensa y tensiones con instituciones de control.

[3] Laura Fernández fue juramentada el 8 de mayo de 2026, en el Estadio Nacional de San José, para el período 2026–2030, recibiendo la banda presidencial de manos de Rodrigo Chaves y convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

[4] REPORTEROS SIN FRONTERAS, Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023–2026, que consigna el descenso de Costa Rica del puesto 8 en 2022 al 36 en 2025 y al 38 en 2026. FREEDOM HOUSE, Costa Rica: Country Profile, que califica al país como “Free” (libre), destaca su larga tradición de estabilidad democrática y elecciones creíbles, y señala preocupaciones crecientes en materia de corrupción y violencia asociada al narcotráfico. IDEA INTERNACIONAL, Costa Rica, en The Global State of Democracy, que ubica al país en rangos altos en la mayoría de sus métricas, dentro del 25% superior a nivel mundial, pero registra estancamientos y retrocesos relativos en dimensiones de Estado de derecho y espacio cívico.

[5] Sobre la noción de fragilidad democrática como vulnerabilidad de las democracias que conservan sus formas básicas mientras se erosionan sus defensas frente a la concentración de poder, puede verse CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cáthedra Jurídica, 2026; y, en una perspectiva comparada, LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

[6] CREA, Javier A., Democracia, fragilidad y deriva autoritaria, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, 2025; y CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cáthedra Jurídica, 2026.

[7] IDEA Internacional, Costa Rica, en The Global State of Democracy, donde se indica que el país se ubica en rangos altos en todas las categorías del marco y dentro del 25% superior a nivel mundial en la mayoría de sus métricas, con desempeños particularmente fuertes en representación, derechos, Estado de derecho y participación política.

[8] FREEDOM HOUSE, Costa Rica: Country Profile, que califica al país como “Free” (libre), destaca su larga tradición de estabilidad democrática, alternancia y elecciones creíbles, y señala al mismo tiempo preocupaciones crecientes en materia de corrupción y violencia asociada al narcotráfico.

[9] Sobre esta caracterización del populismo puede verse MÜLLER, Jan‑Werner, What Is Populism?, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2016, esp. cap. 1, donde define el populismo como una forma de anti‑pluralismo,  subraya la pretensión de los líderes populistas de representar en exclusiva al “pueblo verdadero” y destaca que quienes discrepan dejan de ser tratados como adversarios legítimos para ser presentados como élites corruptas, traidores o grupos artificiales ajenos al pueblo.

[10] Sobre una definición ideacional del populismo puede verse MUDDE, Cas, The Populist Zeitgeist, Government and Opposition, vol. 39, n.º 4, 2004, y MUDDE, Cas y ROVIRA KALTWASSER, Cristóbal, Populism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2017, donde se define el populismo como una ideología “delgada” que concibe a la sociedad escindida entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta” y se sostiene que la política debe expresar la voluntad general de ese pueblo.

[11] Sobre la noción de posverdad como contexto en el que los hechos objetivos pesan menos que los llamamientos emocionales y las creencias personales, pueden verse la definición adoptada por el Oxford English Dictionary al elegir post‑truth como palabra del año 2016 y McINTYRE, Lee, Post‑Truth, MIT Press, Cambridge, 2018, donde se vincula la posverdad con la erosión de la confianza en la evidencia, la difusión de “hechos alternativos” y la subordinación de la verdad a identidades políticas previas.

[12] En otros contextos latinoamericanos se han utilizado dispositivos comunicacionales similares, aunque con formatos distintos. Baste recordar las cadenas obligatorias de radio y televisión empleadas sistemáticamente por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro en Venezuela, destinadas a ocupar el espacio informativo con el relato oficial, o las conferencias matutinas diarias de Andrés Manuel López Obrador en México, continuadas bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, que han funcionado como un instrumento central de construcción de hegemonía discursiva y de relación directa del líder con su base, muchas veces en tensión con el papel de los medios como intermediarios críticos.

[13] La referencia a la “firma en el aire” alude a la escena en que la entonces ministra de la Presidencia y luego presidenta electa Laura Fernández presentó como resultado de una gestión propia la supuesta reducción de tasas de interés por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), acompañando el anuncio con el gesto de firmar un documento inexistente frente a las cámaras, lo que fue posteriormente cuestionado por la ausencia de un acto formal que respaldara en esos términos la afirmación. El episodio del supuesto micrófono colocado en una oficina privada remite a la denuncia pública de la existencia de un dispositivo de escucha en un despacho de la funcionaria, presentada como indicio de espionaje o conspiración, pese a la falta de elementos concluyentes sobre su origen y finalidad. Finalmente, los anuncios grandilocuentes y la estética de la revelación refieren a conferencias y comunicados en los que se presentan como decisiones ya logradas medidas o acuerdos de alcance extraordinario, que al momento de ser examinados en detalle muestran contornos normativos mucho más acotados, pero que en el instante de su puesta en escena refuerzan la dramatización y el liderazgo.

[14] ARENDT, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993 (1.ª ed. en inglés 1958) y ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 2004 (1.ª ed. en inglés 1951).

[15] Véanse, entre otros, Reporteros Sin Fronteras, Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023–2026, que registra una caída sostenida de Costa Rica en el ranking global (del octavo lugar en 2022 al 36 en 2025 y al 38 en 2026), y Committee to Protect Journalists, Costa Rica’s press freedom hangs in the balance ahead of presidential election, informe de enero de 2026 que advierte sobre presiones crecientes a periodistas y medios críticos en el contexto electoral.

[16] La erosión de la libertad de expresión en Costa Rica, informe sobre el estado de la libertad de expresión en 2024 preparado en torno a la Universidad para la Paz y difundido por Derechos Digitales.

[17] IPLEX, Monitoreo de las vulneraciones contra la libertad de prensa en Costa Rica en el año 2025, que registra 69 alertas y 93 víctimas, con un incremento sostenido frente a años anteriores.

[18] COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, Costa Rica’s press freedom hangs in the balance ahead of presidential election, 28 de enero de 2026, que describe la libertad de prensa como “pendiendo de un hilo” ante ataques continuados del oficialismo a periodistas y medios críticos; y REPORTERS SANS FRONTIÈRES, World Press Freedom Index 2023–2026, donde se registra una caída relevante de Costa Rica en el ranking global en pocos años.

[19] En la terminología jurídica costarricense, la Constitución (art. 48) y la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n.º 7135) se refieren al “recurso de amparo”, mientras que en el uso argentino es frecuente hablar de “acción de amparo” para figuras funcionalmente equivalentes.

[20] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sentencia n.º 2025‑016964, de 3 de junio de 2025, que resuelve conjuntamente los recursos de amparo tramitados en los expedientes 24‑025545‑0007‑CO y 24‑27116‑0007‑CO, interpuestos por periodistas y el Colegio de Periodistas contra actos de la Presidencia en conferencias de prensa, declarando que tales actos constituyeron violaciones a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información, y condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

[21] Sociedad Interamericana de Prensa, “La SIP saluda fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica como un precedente clave para la libertad de prensa”, comunicado de 5 de junio de 2025, donde se afirma que la sentencia protege el ejercicio periodístico “sin discriminación ni estigmatización por parte del poder público”.

[22] BBC Mundo, Por qué Costa Rica construye una nueva cárcel de máxima seguridad (6 de junio de 2025), que contextualiza la decisión en el aumento de homicidios y la alarma social.

[23] BBC Mundo, Por qué Costa Rica construye una nueva cárcel de máxima seguridad, que vincula el proyecto de nueva cárcel con la escalada de homicidios y la crisis de seguridad.

[24] Véase Bukele exporta a Costa Rica su modelo de megacárcel (El País, 14 de enero de 2026), que presenta el proyecto costarricense como inspirado en el CECOT salvadoreño, y comunicaciones de la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de un proyecto de ley relativo a dicha megacárcel.

[25] El decreto ejecutivo anunciado por la presidenta Laura Fernández el 8 de mayo de 2026 como medida para “dejar claro” que el año carcelario es de 360 días naturales y terminar con las supuestas “alcahueterías” de un año de ocho meses, no modificó en realidad ese cómputo, que ya formaba parte de la práctica penitenciaria costarricense, basada en meses de 30 días y años de 360 días.

[26] MÜLLER, Jan‑Werner, What Is Populism?, op. cit.

[27] LINZ, Juan, La quiebra de las democracias, Alianza Universidad 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

[28] LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

[29] ARENDT, La condición humana, op. cit. y ARENDT, Los orígenes del totalitarismo, op. cit.

[30] ARENDT, La condición humana, op. cit. y ARENDT, Los orígenes del totalitarismo, op. cit.

[31] LINZ, La quiebra de las democracias, op. cit.

[32] LINZ, La quiebra de las democracias, op. cit.

[33] LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, op. cit.