Por Javier A. Crea[1]

Sumario

El artículo analiza el caso boliviano como una expresión aguda de fragilidad democrática en América Latina, marcada por la dificultad de consolidar una cultura efectiva de alternancia y por la centralidad de un liderazgo que condiciona la estabilidad del sistema a su propia permanencia en el poder. A partir de la trayectoria reciente del Movimiento al Socialismo y del papel de Evo Morales, se examina cómo la identificación entre líder y pueblo, la tensión permanente con los límites constitucionales y el recurso recurrente a amenazas de bloqueo y desestabilización configuran una democracia condicional, en la que perder no significa aceptar el lugar de la oposición, sino impugnar el juego propio. Dialogando con las elaboraciones sobre fragilidad democrática, populismo, hiperpresidencialismo y deriva autoritaria, el texto sostiene que Bolivia no ha dejado de ser una democracia, pero atraviesa un proceso de erosión interna en el que la amenaza de violencia y de paralización territorial opera como un veto fáctico que debilita la vigencia del constitucionalismo. Metodológicamente, combina análisis constitucional y político con reconstrucción histórica y referencias comparadas a otros escenarios regionales de recesión democrática, con el fin de mostrar que el caso boliviano funciona como advertencia temprana sobre formas de degradación institucional que no requieren suprimir las elecciones para vaciar de contenido la promesa democrática.

Abstract

The article examines Bolivia as a particularly acute case of democratic fragility in Latin America, marked by the difficulty of consolidating a genuine culture of alternation in power and by the centrality of a leadership that ties the stability of the system to its own continuity. Focusing on the recent trajectory of the Movimiento al Socialismo and the role of Evo Morales, it analyzes how the identification between leader and people, the persistent tension with constitutional term limits and the recurrent use of threats of blockades and destabilization shape a conditional democracy in which losing does not mean accepting the role of the opposition but rather challenging the game itself. In dialogue with contemporary discussions on democratic fragility, populism, hyper-presidentialism and authoritarian drift, the article argues that Bolivia has not ceased to be a democracy in formal terms, yet it is undergoing a process of internal erosion in which the threat of violence and territorial paralysis operates as a factual veto that weakens constitutionalism. Methodologically, it combines constitutional and political analysis with historical reconstruction and comparative references to other regional experiences of democratic recession, in order to show that the Bolivian case works as an early warning about subtle forms of institutional degradation that do not need to abolish elections to empty democracy of its substance.

Palabras clave

Bolivia, democracia constitucional, fragilidad democrtica, deriva autoritaria, populismo, hiperpresidencialismo, Evo Morales, alternancia en el poder, bloqueo y desestabilizacin, Amrica Latina

1. Introducción

Hablar hoy de Bolivia exige ir más allá de la constatación formal de que subsisten elecciones, partidos, disputa política y una Constitución vigente. Como ocurre en otras democracias latinoamericanas sometidas a tensiones intensas, el problema ya no consiste solo en determinar si el orden institucional sigue en pie, sino en examinar cuánto queda de sustancia democrática cuando actores con peso decisivo aceptan las reglas únicamente mientras esas reglas aseguran su continuidad en el poder.

En los últimos años, Bolivia ha ido exhibiendo un rasgo especialmente inquietante. La competencia electoral y la conflictividad política no se desarrollan dentro de un marco de lealtad recíproca a la Constitución, sino bajo la sombra recurrente de bloqueos, amenazas, coerción social y mensajes que sugieren que, si cierto liderazgo no gobierna o no conserva centralidad, el país entero puede ser arrastrado a escenarios de desestabilización.

Esta situación obliga a pensar el caso boliviano desde una noción exigente de fragilidad democrática y no desde categorías complacientes de normalidad imperfecta.[2] No se sostiene afirmar que Bolivia haya dejado de ser una democracia en sentido estricto, pero sí resulta necesario advertir que su vida institucional aparece crecientemente condicionada por una lógica en la que perder no equivale a pasar a la oposición, sino a impugnar el propio juego, tensionarlo al máximo y amenazar con volverlo inviable.

En ese punto, el caso adquiere relevancia teórica y política. Si una democracia constitucional presupone acceso competitivo al poder, aceptación efectiva de la alternancia, autocontención de los actores relevantes y renuncia al uso de la violencia o de su amenaza como método ordinario de presión, Bolivia ofrece un terreno fértil para observar cómo esas condiciones pueden degradarse sin que se produzca una ruptura brusca o un colapso institucional inmediato.

El problema no radica en la mera existencia de conflicto, polarización o protesta social, presentes en toda democracia real. La cuestión decisiva aparece cuando la movilización deja de ser instrumento de demanda dentro del sistema y pasa a funcionar como mecanismo de disciplinamiento contra el sistema mismo o contra toda autoridad que no responda al liderazgo que se considera indispensable, de modo tal que la protesta deja de expresar pluralismo democrático y se aproxima a una forma de chantaje político territorialmente desplegado.

Desde esa perspectiva, el itinerario boliviano reciente debe leerse en una secuencia más larga. La fragilidad actual hunde sus raíces en un proceso más amplio de concentración simbólica del poder, identificación entre liderazgo y pueblo, cuestionamiento de los límites a la permanencia y naturalización de la idea de que la legitimidad popular habilita a tensionar o relativizar las restricciones del orden republicano cuando estas obstaculizan la continuidad del proyecto gobernante.

La centralidad de Evo Morales en este proceso resulta imposible de eludir. Más allá de los méritos históricos, de la densidad social del ciclo inaugurado por el Movimiento al Socialismo y de la complejidad étnica, social y territorial del caso boliviano, se ha consolidado una dinámica en la que el liderazgo personal aparece por encima de la institucionalidad democrática, como si la voluntad popular auténtica quedara encarnada de manera privilegiada en una figura cuya exclusión del poder o cuya pérdida de control habilitara respuestas de confrontación extrema.

Ese desplazamiento desde la representación hacia la encarnación del pueblo constituye un signo reconocible de los procesos contemporáneos de fragilización democrática. Cuando un liderazgo deja de concebirse como transitorio, sustituible y constitucionalmente limitado, y comienza a presentarse como condición de la estabilidad, la política se vuelve progresivamente incompatible con la alternancia, de modo que toda derrota se percibe como anomalía, toda resistencia institucional como sabotaje y toda oposición efectiva como amenaza existencial.

Bolivia se inserta en un mapa regional de recesión democrática y desgaste del constitucionalismo. El país no reproduce de manera mecánica la narcosoberanía territorial examinada en México,[3] ni la pedagogía populista y punitiva observada en Costa Rica,[4] ni la deriva autoritaria extrema del laboratorio venezolano, pero dialoga con esos procesos en un punto central, porque en todos ellos, por vías distintas, se debilita la convicción de que la democracia consiste en reglas comunes que deben regir también cuando el resultado no favorece al propio proyecto.

En el caso boliviano, esa erosión adopta una modalidad especialmente grave. No gira alrededor del control criminal del territorio, ni de la colonización plena de todos los órganos del Estado, ni de la escenificación permanente de la posverdad como tecnología de gobierno, sino que se expresa en la persistencia de una amenaza de desestabilización como lenguaje político, donde bloqueos, advertencias sobre muertos, presión insurreccional y mensajes orientados a mostrar que ningún gobierno puede ejercer autoridad plena sin la anuencia del liderazgo desplazado configuran un veto fáctico corrosivo para el constitucionalismo democrático.

Esta dinámica obliga a retomar preocupaciones sobre lealtades y semilealtades democráticas que socavan por dentro a los regímenes constitucionales, así como los desarrollos sobre autocratización gradual, erosión interna y desgaste estratégico de las instituciones. También interpela de manera directa al espacio público, porque la normalización de la amenaza y de la insinuación de escenarios sangrientos enseña que la fuerza de bloqueo puede pesar más que la regla, que la intimidación puede rendir más que la deliberación y que la paz civil queda supeditada a la satisfacción del actor con mayor capacidad de movilización y daño.

Sobre esta premisa, el trabajo reconstruye de manera sintética el trasfondo histórico del ciclo boliviano reciente, examina el papel de Evo Morales en la producción de una democracia condicional y analiza cómo la amenaza de bloqueo, violencia y ruptura funciona como instrumento político de disciplinamiento. En ese marco, el caso boliviano se presenta como advertencia regional[5] sobre una forma de erosión que no siempre adopta la figura de una autocracia consolidada, pero que puede vaciar desde dentro la promesa de una democracia constitucional basada en límites, pluralismo y aceptación efectiva de las reglas comunes.

2. Bolivia en el mapa de las fragilidades democráticas

Bolivia ha oscilado durante las últimas décadas entre momentos de innovación institucional, expansión de derechos y reconocimiento de sujetos históricamente postergados, y fases de inestabilidad aguda, crisis de representación y confrontación abierta entre proyectos incompatibles. Esa combinación la sitúa en una zona especialmente sensible de la cartografía democrática latinoamericana,[6] donde las promesas de inclusión conviven con prácticas que erosionan los pilares del constitucionalismo democrático.

En el plano global, los indicadores comparados refuerzan esta preocupación. Desde hace dos décadas, los informes Freedom in the World de Freedom House registran más países en retroceso que en mejora en materia de derechos políticos y libertades civiles, hasta el punto de que el reporte de 2025 habla de veinte años consecutivos de declive agregado de la libertad en el mundo, con poco más de un centenar de democracias electorales sobre casi doscientos Estados y un número creciente de regímenes híbridos o abiertamente autoritarios.[7] A la vez, los informes recientes de V‑Dem señalan que más de la mitad de la población mundial vive hoy en países sometidos a procesos de autocratización prolongada, en los que se preservan ciertas formas electorales mientras se deterioran la independencia judicial, el espacio cívico y las garantías básicas del pluralismo.[8] América Latina no ha quedado al margen de esta ola regresiva, y combina algunos de los casos más robustos de democracia con experiencias de captura de instituciones, militarización de la seguridad, narcosoberanía territorial y autocracias de base electoral, escenario en el que se inscribe la fragilidad boliviana.

En términos formales, el país conserva muchos de los elementos que los indicadores comparados asocian con una democracia en funcionamiento. Hay elecciones periódicas, competencia por el poder, un entramado normativo que se presenta como Estado de derecho, tribunales que siguen invocando la Constitución y una vida política atravesada por partidos, movimientos sociales y organizaciones de base, aunque el examen de las prácticas revela de inmediato fragilidades estructurales tanto en la relación entre instituciones y liderazgo como en el vínculo entre gobierno y conflicto social, en línea con los diagnósticos sobre democracias frágiles o incompletas.[9] En esa misma dirección, los reportes recientes de Freedom House y del Democracy Index de The Economist ubican a Bolivia en una franja intermedia, con puntajes que la sitúan entre los regímenes híbridos o apenas por encima de ellos, lejos tanto de las democracias plenas como de las democracias sólidas de la región.[10]

Una de las claves para situar a Bolivia en ese mapa regional es la tensión entre una Constitución que proclama límites y garantías y un liderazgo que se concibe como encarnación directa del pueblo, por encima de esas limitaciones. Juan Linz advirtió que las democracias se vuelven vulnerables cuando actores relevantes solo aceptan las reglas mientras estas favorecen sus intereses y exhiben lealtades defectuosas o semilealtades, en las que el compromiso con la Constitución cede ante la tentación de presentarse como única voz legítima del pueblo, algo que la experiencia latinoamericana ha confirmado allí donde la figura presidencial o el proyecto gobernante se presentan como indispensables y desplazan la centralidad de las reglas impersonales.[11]

En el caso boliviano, esa gravitación adopta formas específicas. No se trata de un hiperpresidencialismo clásico ni de un autoritarismo abiertamente cerrado, sino de un régimen en el que la autoridad de las reglas aparece subordinada a la capacidad de movilización y bloqueo de una fuerza política que se siente con derecho a condicionar la gobernabilidad incluso cuando no ocupa la jefatura del Estado, configurando una democracia sometida a una tutela fáctica en la que las autoridades electas solo pueden ejercer su mandato si logran administrar ese actor tutelar, en diálogo con los diagnósticos sobre autocratización gradual y erosión interna de las defensas institucionales formulados por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.[12] Los informes comparados de V‑Dem han registrado, para Bolivia y otros casos regionales, un deterioro sostenido de los indicadores de democracia liberal y electoral en el marco de procesos de autocratización prolongada, lo que refuerza la lectura de una erosión desde dentro más que de una ruptura abrupta.[13]

Esta característica aproxima a Bolivia a otras experiencias regionales analizadas en trabajos recientes, aunque con fisonomía propia. México ilustra la fragilidad de una democracia incompleta en la que la violencia criminal y la narcosoberanía territorial impiden al Estado controlar de forma igualitaria el espacio y proteger efectivamente a la ciudadanía,[14] Costa Rica muestra el ingreso de un caso antes ejemplar en una zona de riesgo por obra de un populismo que desgasta prensa, Poder Judicial y cultura del pluralismo,[15] y Venezuela condensa la deriva autoritaria extrema de un proyecto que, en nombre de la revolución y del pueblo, desmanteló la democracia desde dentro hasta consolidar una autocracia electoral sostenida por violencia estatal y colapso de derechos.[16]

Bolivia comparte con estos escenarios el rasgo de una democracia formalmente vigente cuya sustancia se ve erosionada por prácticas que minan la confianza en las reglas. No se observa, al menos hasta ahora, una captura absoluta y consolidada de todo el aparato institucional ni una autocracia cerrada comparable con la venezolana, tampoco un actor criminal que dispute al Estado el control armado del territorio en la escala mexicana ni un sistema mediático y judicial sometido a un proceso tan sistemático de hostigamiento punitivo como el costarricense, pero sí aparece la reiteración de un patrón en el que la amenaza de parálisis y confrontación funciona como herramienta de negociación política y como recordatorio de que ningún gobierno puede considerarse plenamente seguro frente a la capacidad de bloqueo de un actor que se siente con derecho a vetar la orientación del poder.

Desde el prisma del constitucionalismo democrático, esta modalidad reviste especial gravedad. Una cosa es que una fuerza social con arraigo territorial ejerza presión y disputa dentro del marco de la Constitución, y otra distinta es que esa fuerza utilice de manera sistemática el bloqueo, la advertencia de muertos y la insinuación de un estallido generalizado como forma habitual de intervención frente a gobiernos que no controla, obstruyendo la posibilidad de una alternancia normal y vaciando de eficacia al principio de mayoría, porque el resultado electoral queda bajo la amenaza constante de una contestación que desborda los cauces institucionales y se apoya más en la capacidad de intimidación que en la fuerza de los argumentos.

El lugar de Bolivia en el mapa de las fragilidades democráticas latinoamericanas puede describirse, en consecuencia, como el de una democracia tomada de rehén por la presión de un liderazgo que no termina de aceptar por completo las reglas del juego. No se trata de un régimen que haya renunciado a las formas ni de un Estado desbordado en todo su territorio por actores armados ilegales, sino de un escenario en el que una parte central del sistema político se reserva la prerrogativa de poner en cuestión la gobernabilidad cada vez que la orientación del poder no coincide con sus expectativas, convirtiendo la estabilidad institucional en una condición pendiente del humor y de las decisiones de ese actor, en sintonía con las advertencias sobre fragilidades democráticas y derivas autoritarias formuladas para otros casos de la región.

La pregunta que recorre las páginas siguientes es cómo se llegó a esta situación y qué papel desempeñó la figura de Evo Morales en la construcción de una democracia condicional sometida a un veto permanente. Para responderla resulta necesario repasar, de manera sintética, los hitos principales del ciclo boliviano reciente, desde la irrupción del Movimiento al Socialismo hasta las etapas posteriores a la salida de Evo de la presidencia, con atención a los momentos en los que la tensión entre legalidad constitucional, liderazgo personal y movilización social se volvió más evidente y en los que la amenaza de desestabilización comenzó a funcionar como lenguaje político recurrente.

3. Del ciclo constituyente al liderazgo insustituible

La trayectoria reciente de Bolivia no puede entenderse sin el punto de inflexión que supuso el proceso constituyente y la llegada del Movimiento al Socialismo al poder. Ese ciclo condensó una promesa de democratización profunda, con ampliación de derechos y reconocimiento de la diversidad histórica del país, y una creciente identificación entre cambio constitucional, liderazgo carismático y proyecto político hegemónico, que abrió la puerta a la idea de que la estabilidad y la justicia dependían de la permanencia de una misma fuerza en el gobierno.

En sus primeros años, el nuevo ciclo capitalizó el desgaste de las élites tradicionales y la crisis de representación acumulada, presentándose como instrumento de reivindicación de sectores indígenas y populares largamente excluidos. La convocatoria a una Asamblea Constituyente, la elaboración de una nueva Carta y la construcción de un relato refundacional apoyado en la idea de un Estado plurinacional parecían inscribirse en un horizonte de profundización democrática, con mayor inclusión social y apertura de espacios de participación orientados a corregir desigualdades históricas.

Con el tiempo, esa energía refundacional comenzó a desplazarse hacia una lógica distinta. La centralidad de Evo Morales en la escena política y simbólica derivó en un proceso mediante el cual el proyecto constituyente dejó de percibirse como obra colectiva de la comunidad política y pasó a asociarse, cada vez más, a la figura de un liderazgo personal en torno del cual giraba la vida institucional, de modo que la Constitución empezó a verse también como instrumento susceptible de ser reinterpretado o tensionado para asegurar la continuidad del mismo liderazgo.

En ese tránsito se advierte un rasgo que la experiencia comparada ha subrayado en otros contextos de fragilidad democrática. El recurso a la legitimidad plebiscitaria, la apelación permanente al pueblo como fuente directa de autorización y la insistencia en presentarse como encarnación genuina de ese pueblo tienden a corroer la lógica impersonal del constitucionalismo y a debilitar la cultura de la alternancia, porque la pregunta deja de ser quién gobierna dentro de un marco estable y pasa a ser cómo conservar en el poder a quien se considera indispensable para que el proceso histórico no se detenga.

El conflicto en torno de los límites a la reelección presidencial expresó con claridad esa deriva. Allí donde la Constitución pretendía fijar un equilibrio entre legitimidad electoral y necesidad de rotación en el poder, el debate se concentró en justificar excepciones, reinterpretaciones y mecanismos destinados a permitir nuevas postulaciones, incluso frente a señales de cansancio social y de cuestionamiento a la permanencia indefinida, de modo tal que el principio según el cual nadie es necesario en una democracia fue desplazado por una narrativa que sugería que sin ese liderazgo el país quedaría a la deriva.

En paralelo, la movilización social se convirtió en un recurso doblemente ambiguo. Por un lado, siguió expresando demandas, identidades y conflictos reales de una sociedad atravesada por múltiples desigualdades, mientras que, por otro, comenzó a utilizarse como arma de presión frente a instituciones que intentaban fijar límites, fueran tribunales, autoridades electorales u oposiciones políticas, hasta volver porosa la frontera entre protesta legítima y amenaza de desestabilización mediante señales reiteradas de que el país podía ser llevado a escenarios de bloqueos y violencia si se imponían ciertos resultados o decisiones.

Este proceso consolidó la idea de un liderazgo insustituible. La ecuación entre Estado plurinacional, justicia social y continuidad del mismo conductor se instaló en buena parte del discurso oficial, mientras quienes cuestionaban esa continuidad eran presentados con frecuencia como enemigos de la patria, traidores a la causa popular o instrumentos de intereses externos, de modo que la crítica, en lugar de ser asumida como componente normal del pluralismo, fue asociada a una voluntad de desestabilización que tensionó aún más la posibilidad de construir reglas aceptadas por todos.

La salida de Evo Morales de la presidencia no cerró este ciclo, sino que lo desplazó hacia una fase distinta. La narrativa del liderazgo indispensable no se desvaneció con el cambio formal de mando, sino que se reconfiguró bajo la forma de una tutela a distancia desde la cual el exmandatario y su entorno se reservaron un papel central en la definición de lo aceptable y de lo inaceptable dentro del sistema, de manera tal que cada intento de reorganizar el poder sin su intervención directa encontró, con mayor o menor intensidad, la sombra de posibles bloqueos, amenazas y advertencias sobre una gobernabilidad en jaque.

En términos de fragilidad democrática, el resultado es un régimen en el que la Constitución continúa proclamando límites y la ciudadanía sigue votando, pero el juego político se desarrolla bajo la presión de un actor que no termina de aceptar la condición de exgobernante sometido a las mismas reglas que los demás. La democracia queda marcada por una permanencia simbólica que opera como freno o condicionamiento para cualquier gobierno de signo distinto y vuelve especialmente vulnerable la posibilidad de consolidar una alternancia normal.

4. Desestabilización como método y amenaza de violencia

En la fase posterior a la salida de Evo Morales de la presidencia, el conflicto político boliviano ha estado marcado por una recurrencia inquietante de repertorios de desestabilización. La disputa por el poder dejó de jugarse únicamente en las urnas y de limitarse a la confrontación retórica, porque cada vez que el liderazgo desplazado percibe que pierde capacidad de control reaparecen, con distintos matices, la amenaza de bloqueos prolongados, la advertencia de enfrentamientos y la insinuación de que el costo de sostener un gobierno no alineado podría ser una escalada de violencia.

Este patrón se inscribe en lo que la literatura sobre erosión democrática ha identificado como uso estratégico de la conflictividad para condicionar a gobiernos adversos sin necesidad de romper abiertamente el orden constitucional. La advertencia de Juan Linz sobre los actores con semilealtades democráticas resulta pertinente, porque describe a quienes aceptan las reglas mientras ganan, pero recurren a formas de presión extrainstitucional cuando los resultados dejan de favorecerlos, algo que en el caso boliviano se expresa en la disposición recurrente a utilizar la amenaza de paralizar al país como instrumento de negociación política.[17]

Los episodios de bloqueos sostenidos, con secuelas económicas y sociales graves, han funcionado como demostraciones de fuerza que trascienden la reivindicación puntual. Más allá de sus detonantes inmediatos, envían un mensaje a la dirigencia y a la ciudadanía al sugerir que ningún gobierno puede considerarse plenamente viable si no negocia de forma constante con un actor capaz de detener la circulación, afectar el abastecimiento y hacer sentir en la vida cotidiana de millones de personas el peso de su descontento, de modo que la gobernabilidad se vuelve un bien precario sujeto a una especie de derecho de veto ejercido desde la calle y desde territorios estratégicos, en una dinámica que dialoga con los diagnósticos de Levitsky y Ziblatt sobre autocratización gradual, donde la amenaza velada puede debilitar la democracia desde dentro con eficacia similar a la ruptura abierta.[18]

La gravedad de este mecanismo se intensifica cuando la amenaza de violencia ingresa de manera explícita en el discurso político. Expresiones que anticipan muertos, anuncian posibles enfrentamientos o sugieren que el país podría incendiarse si cierto liderazgo no es escuchado dejan de ser simples desbordes verbales cuando se reiteran y se inscriben en una trayectoria de conflictividad intensa, porque en un contexto marcado por episodios dramáticos recientes la evocación de nuevas víctimas se lee como advertencia plausible y contribuye a erosionar la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la paz civil y el monopolio legítimo de la fuerza.

La preocupación de Hannah Arendt por la degradación del espacio público resulta iluminadora frente a este tipo de lenguaje. Allí donde el ámbito compartido deja de ser lugar de palabra y acción orientadas a la construcción de un mundo común y se transforma en escenario de intimidación y miedo, la política pierde contenido democrático, y la normalización de la amenaza, incluso cuando no se concreta en violencia masiva, implica una transformación profunda del clima en que se desarrolla la vida constitucional, porque enseña que la posibilidad de la fuerza pesa más que la fuerza de las razones.[19]

La reiteración de este repertorio tiene, además, efectos corrosivos sobre la ciudadanía. Los sectores que no se reconocen en el liderazgo que amenaza con desbordes perciben que su derecho a elegir gobiernos alternativos se vuelve teórico si cada alternancia está rodeada por la sombra de un posible colapso, mientras incluso quienes simpatizan con el proyecto del exmandatario pueden interiorizar la idea de que la forma eficaz de hacerse escuchar consiste en llevar el conflicto al límite, bloqueando carreteras, paralizando actividades y aceptando que la vida de terceros funcione como moneda de presión en una disputa de poder, lo que refuerza una cultura política de confrontación extrema difícilmente compatible con la noción de ciudadanía igual y protegida.

En ese sentido, la amenaza de desestabilización se convierte en pieza central del juego político. No solo importa por los efectos inmediatos de cada bloqueo o de cada jornada de tensión, sino por el mensaje pedagógico que transmite al enseñar que el control territorial, la capacidad de interrumpir flujos vitales y la disposición a asumir el riesgo de la violencia pesan más que la fuerza de la Constitución, que la autoridad de los tribunales o que el mandato de las urnas, y que la calle, entendida como espacio de despliegue de poder, puede imponerse de manera sistemática sobre las instituciones, consolidando un patrón de fragilidad democrática que dialoga con otros estudiados en la región pero adopta en Bolivia un rostro particular centrado en la figura de Evo Morales y del espacio político que lo rodea.

Todo ello contribuye a fijar la imagen de una democracia tomada de rehén por la amenaza de conflicto. El gobierno que intenta ejercer sus competencias constitucionales sin la bendición del liderazgo desplazado sabe que puede enfrentar resistencias intensas en el Congreso, críticas duras en el espacio público y derrotas electorales futuras, y sabe también que, más allá de esos mecanismos normales, existe la posibilidad de que su autoridad sea minada por oleadas de movilización capaces de paralizar al país y de poner en cuestión la continuidad misma del orden, de modo que la defensa de las reglas deja de ser tarea institucional ordinaria y se transforma en apuesta incierta propia de las situaciones de fragilidad democrática.

La democracia boliviana queda atrapada en una tensión permanente entre la necesidad de preservar el derecho a la protesta y la obligación de impedir que la amenaza de violencia se convierta en lenguaje aceptado de negociación política. A diferencia de otros escenarios donde la fragilidad se manifiesta a través de la captura casi total del Estado por un liderazgo autocrático o por la fragmentación del territorio en manos de actores criminales, aquí el riesgo radica en la normalización de la idea de que desestabilizar es recurso legítimo cuando el resultado de las urnas no coincide con las expectativas del actor que se concibe a sí mismo como columna vertebral del país.

5. Bolivia frente al espejo regional

La situación boliviana adquiere un perfil más nítido cuando se la coloca frente al espejo de otras experiencias latinoamericanas recientemente analizadas. México muestra una democracia incompleta en la que la fragilidad se expresa como cesión silenciosa de soberanía territorial frente a poderes criminales capaces de paralizar regiones enteras, ejercer narcosoberanía y condicionar la vida cotidiana de la ciudadanía, mientras el Estado oscila entre operaciones de alto impacto y una doctrina oficial renuente a enfrentarlos con firmeza, generando una parálisis peligrosa bajo ropaje garantista.[20] En la medición de la Economist Intelligence Unit, los cuatro casos se ubican por debajo del grupo de “democracias plenas”, y Bolivia aparece clasificada como régimen híbrido con un puntaje en torno de los 4,3 puntos sobre diez, muy por debajo de los países mejor posicionados de la región.[21]

Costa Rica ilustra, en un registro distinto, cómo incluso una democracia reputada como ejemplar puede ingresar en una zona de riesgo cuando el populismo, la posverdad y el punitivismo comienzan a desgastar la confianza en la prensa, a hostigar al Poder Judicial y a utilizar la inseguridad como argumento para flexibilizar controles, sin que se haya producido una ruptura abierta del orden constitucional. El caso costarricense enseña que las fragilidades pueden operar bajo apariencia de normalidad y erosionar de manera gradual el clima cultural que sostiene el pluralismo y la responsabilidad pública.[22]

Venezuela representa el laboratorio extremo de esta constelación. La combinación de populismo plebiscitario, hiperpresidencialismo, captura progresiva de los órganos de control y utilización de la Constitución como instrumento al servicio de la concentración de poder desembocó en una autocracia electoral consolidada, sostenida por violencia estatal, colapso de derechos y éxodo masivo, en un contexto de dobles varas regionales y respuestas internacionales tardías y selectivas frente al autoritarismo, de modo que la democracia sobrevivió apenas como fachada retórica mientras la estructura real del poder se alejaba de toda lógica constitucional.[23]

Bolivia no coincide por completo con ninguno de estos modelos, pero comparte con todos ellos el hilo conductor de una erosión que opera desde dentro. No se observa, por ahora, un régimen de narcosoberanía comparable con el mexicano ni una militarización total de la seguridad que haya producido un equilibrio estable entre violencia criminal y parálisis estatal, tampoco una colonización integral de la institucionalidad ni un cierre autoritario tan marcado como el venezolano, ni una ofensiva contra la prensa y el Poder Judicial de la intensidad registrada en Costa Rica, aunque emerge una forma propia de fragilidad centrada en la idea de que sin el liderazgo desplazado no hay gobernabilidad posible.[24]

Desde esta perspectiva, Bolivia funciona como pieza clave en un mapa regional en el que las democracias constitucionales enfrentan amenazas diversas pero conectadas. En México, el Estado comparte de facto soberanía con poderes criminales que utilizan la violencia como método de control,[25] en Costa Rica la cultura del pluralismo es puesta a prueba por un populismo que gobierna con narrativas emotivas, escenificaciones y presión sobre prensa y jueces, en Venezuela la promesa de refundación desembocó en autocracia electoral y captura casi absoluta del poder,[26] mientras que en Bolivia la fragilidad adopta la forma de una democracia condicional sometida a la presión de un liderazgo que, cuando no gobierna, se reserva la posibilidad de desestabilizar para forzar su regreso o asegurar influencia decisiva.

Este cuadro sugiere que la defensa de la democracia constitucional en la región ya no puede limitarse a vigilar golpes de Estado clásicos ni a celebrar mecánicamente la periodicidad electoral. Exige atención a formas más sutiles y persistentes de erosión,[27] entre las que se cuentan la cesión territorial frente a poderes armados, la colonización de los controles, el uso político de la inseguridad, la manipulación de la verdad y la naturalización de la desestabilización como recurso aceptable, y Bolivia aporta en este marco una advertencia específica sobre el riesgo de que un liderazgo con fuerte arraigo social se conciba como condición de existencia de la democracia y utilice esa autopercepción para colocar a la comunidad política ante una elección falsa entre obediencia y caos.

6. Fragilidad democrática, horizonte abierto y democracia boliviana entre tutelas fácticas y reglas comunes

En el caso boliviano, la fragilidad democrática[28] no se expresa solo en disputas institucionales o en irregularidades puntuales, sino en la imposibilidad de consolidar una cultura efectiva de alternancia bajo reglas aceptadas por todos. El peso de un liderazgo que no termina de asumir el papel de exgobernante y que se reserva la facultad de premiar o castigar gobiernos según su grado de alineamiento, sumado a la recurrencia de repertorios de bloqueo y amenaza de violencia cada vez que se reconfigura el poder, produce una zona de riesgo en la que la democracia parece funcionar, pero lo hace bajo tutelas fácticas y bajo la sombra permanente de una posible crisis.

El problema no reside solo en lo que ese liderazgo fue, sino en lo que pretende seguir siendo. Cuando quien ya gobernó actúa como si el país le debiera obediencia indefinida y como si toda orientación política que no lleve su sello fuera intrínsecamente sospechosa o ilegítima, la democracia deja de ser un régimen de reglas comunes y se convierte en un campo de disputa entre la voluntad de un conductor que se considera indispensable y la resistencia de instituciones que intentan preservar algún grado de autonomía.

En este contexto, la protesta corre el riesgo de quedar capturada por una lógica de chantaje. Mientras Evo Morales y el espacio que lo rodea conciban la movilización y el bloqueo como instrumentos ordinarios para corregir desde la calle aquello que no pueden controlar desde el gobierno, la línea que separa la defensa de derechos de la extorsión política se vuelve cada vez más delgada y el mensaje implícito resulta claro, si el poder no vuelve, si el proyecto no recupera el centro de la escena, el país debe contar con la posibilidad de una parálisis prolongada, de rutas cerradas, de vidas cotidianas interrumpidas y de una disputa decidida en el terreno del miedo.

Un liderazgo que se proclama irreemplazable y que está dispuesto a sostener esa pretensión al precio de arrastrar al país a una crisis tras otra no defiende la democracia, sino que la toma como rehén. El lenguaje de la justicia social, el recuerdo de conquistas históricas y la memoria de exclusiones reales no alcanzan para justificar la vocación de tutelar de por vida a un sistema que solo se acepta como legítimo mientras responda a la propia voluntad, y allí donde el exgobernante se comporta como árbitro del destino nacional y exige que el resto de los actores se acomode a su juicio, lo que se consolida no es un horizonte emancipador, sino una deriva autoritaria que se oculta tras la máscara de la representación popular.

El desafío democrático de Bolivia pasa por desactivar esa pretensión. Reconstruir un horizonte en el que la legitimidad popular no se confunda con la permanencia de una persona o de un proyecto único supone afirmar que ningún liderazgo, por más arraigo social que tenga, puede arrogarse el derecho de condicionar con bloqueos y advertencias de muertos la continuidad de un gobierno surgido de las urnas, y supone también afirmar que la protesta y la movilización deben recuperar su lugar como ejercicio de derechos, no como moneda de cambio para exigir modificaciones constitucionales, renuncias forzadas o regresos personales presentados como inevitables.

Solo en esa medida la democracia boliviana podrá abandonar la condición de rehén y recuperar, en los hechos además de en los textos, la promesa de un constitucionalismo basado en reglas estables, alternancias posibles y liderazgos sometidos a límites que valen para todos. Mientras la ambición de Evo Morales siga expresándose en clave de tutela fáctica sobre el sistema y mientras su capacidad de desestabilización se mantenga como amenaza latente frente a cualquier gobierno que no controle, la fragilidad continuará siendo el nombre de una democracia que vive bajo la advertencia constante de un conflicto anunciado.

Bibliografía

Libros y artículos

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LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

LINZ, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

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MUDDE, Cas, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol. 39, n.º 4, 2004.

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ROSANVALLON, Pierre, El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.

Informes de organismos e instituciones

FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2025. The Uphill Battle to Safeguard Rights, Washington D. C., Freedom House, 2025.

FREEDOM HOUSE, “Bolivia: Freedom in the World 2025 Country Report”, en Freedom in the World 2025, Washington D. C., Freedom House, 25 de febrero de 2025.

The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024, Londres, 2025.

V‑Dem Institute, Informe sobre la Democracia 2024, Universidad de Gotemburgo, 2024.

V‑Dem Institute, Informe sobre la Democracia 2025. 25 años de autocratización prolongada, Universidad de Gotemburgo, 2025.

IDEA INTERNACIONAL, “Bolivia”, en The Global State of Democracy, Estocolmo, International IDEA, 2025.

CIVICUS, People Power Under Attack 2025. Global Findings, CIVICUS Monitor, Johannesburgo, 2025.

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia), en Derecho Constitucional y en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente (Universidad de Buenos Aires), y en Derecho Ambiental (Universidad de Belgrano). Maestrando en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y en Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales (Universidad Nacional de Quilmes). Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde dirige Institutos y Actividades Académicas y codirige los Institutos de Derecho Antártico y Gestión Polar y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental y codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional (Universidad de Morón–AIDCA). Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Investigador y docente de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y miembro del consejo editorial de Confrontos (Universidad de Itaúna, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

[2] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026.

[3] CREA, Javier A., “Democracia frágil y narco‑soberanía en México. El abatimiento de ‘El Mencho’ y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, Buenos Aires, 2026.

[4] CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

[5] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026; y CREA, Javier A., “Democracia, fragilidad y deriva autoritaria”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, 2025.

[6] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026.

[7] Freedom House, Freedom in the World 2025. The Uphill Battle to Safeguard Rights, Freedom House, Washington D. C., 2025, que registra veinte años consecutivos de declive agregado de la libertad, con más países en retroceso que en mejora y poco más de un centenar de democracias electorales entre casi doscientos Estados.

[8] V‑Dem Institute, Informe sobre la Democracia 2025. 25 años de autocratización prolongada, Universidad de Gotemburgo, 2025, que destaca que más de la mitad de la población mundial vive hoy en países sometidos a procesos de autocratización y documenta un deterioro global de los índices de democracia liberal y electoral.

[9] BASTERRA, Marcela I., “Legitimidad democrática y Estado constitucional de derecho en Latinoamérica”, en Manili, P. L. (dir.), Derecho Constitucional del siglo XXI, Buenos Aires, Astrea, 2020.

[10] Freedom House, “Freedom in the World 2025 – Bolivia”, Freedom House, Washington D. C., 25 de febrero de 2025, que asigna al país 65 puntos sobre 100 (26/40 en derechos políticos y 39/60 en libertades civiles) y lo ubica en el umbral entre regímenes parcialmente libres y libres; y The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024, Londres, 2025, que otorga a Bolivia una puntuación en torno de 4,3 sobre 10 y la clasifica dentro de la categoría de regímenes híbridos.

[11] LINZ, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

[12] LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

[13] V‑Dem Institute, Informe sobre la Democracia 2024, Universidad de Gotemburgo, 2024, que registra para Bolivia una caída sostenida en los índices de democracia liberal y electoral en el marco de procesos regionales de autocratización gradual.

[14] CREA, Javier A., “Democracia frágil y narco‑soberanía en México. El abatimiento de ‘El Mencho’ y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, AIDCA, Buenos Aires, 2026.

[15] CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

[16] CREA, Javier A., “Venezuela como laboratorio extremo. Democracia frágil, deriva autoritaria y geopolítica del poder frente a las dobles varas del autoritarismo ante la caída de Maduro”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Buenos Aires, 2025.

[17] LINZ, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

[18] LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

[19] ARENDT, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993 (1.ª ed. en inglés 1958) y ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 2004 (1.ª ed. en inglés 1951).

[20] CREA, Javier A., “Democracia frágil y narco‑soberanía en México. El abatimiento de ‘El Mencho’ y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, AIDCA, Buenos Aires, 2026.

[21] The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2024, Londres, 2025, cuadro regional para América Latina y el Caribe, que clasifica a Bolivia como régimen híbrido con una puntuación de 4,26 sobre 10 en 2024, muy por debajo de las democracias plenas y de las democracias defectuosas de la región.

[22] CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

[23] CREA, Javier A., “Venezuela como laboratorio extremo. Democracia frágil, deriva autoritaria y geopolítica del poder frente a las dobles varas del autoritarismo ante la caída de Maduro”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Buenos Aires, 2025.

[24] CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

[25] CREA, Javier A., “Democracia frágil y narco‑soberanía en México. El abatimiento de ‘El Mencho’ y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, AIDCA, Buenos Aires, 2026.

[26] CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

[27] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026; y CREA, Javier A., “Venezuela como laboratorio extremo. Democracia frágil, deriva autoritaria y geopolítica del poder frente a las dobles varas del autoritarismo ante la caída de Maduro”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, 2025.

[28] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026.