Por Javier A. Crea[1]

Hay una forma de degradar una sociedad que no necesita censura, policía política ni libros prohibidos. Alcanza con algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso. Consiste en convencer a sus jóvenes de que aprender demasiado es sospechoso, que esforzarse es una forma de privilegio y que ser evaluado equivale a ser agredido.

La escuela tuvo durante siglos una promesa sencilla, exigente y profundamente democrática. Enseñarle a cada persona aquello que todavía no sabía. Darle palabras para pensar, números para comprender, historia para no dejarse engañar y ciencia para distinguir un hecho de una consigna. Hoy esa promesa se encuentra bajo ataque. No siempre mediante una reforma explícita ni con la eliminación abierta de materias fundamentales. A veces se la debilita de una manera más amable. Se convierte la exigencia en trauma, la corrección en violencia, el mérito en discriminación y la frustración en una injusticia que debe ser reparada.

En ese proceso se erosiona la autoridad pedagógica del docente y se debilita la institución escolar. Quien debe enseñar, corregir y evaluar pasa a ser tratado como un sospechoso permanente frente al alumno y la familia. La autoridad necesaria para enseñar no equivale a arbitrariedad ni a maltrato. Consiste en la responsabilidad de transmitir conocimientos, corregir errores, establecer criterios y evaluar con reglas claras. Una escuela que desautoriza sistemáticamente a sus docentes termina renunciando a una parte esencial de su función.

No se trata de discutir la importancia del acompañamiento emocional, de la inclusión o de una escuela capaz de advertir que los alumnos no llegan al aula desde el mismo punto de partida. Nadie sensato puede defender una educación indiferente a la pobreza, a la desigualdad o a la soledad de tantos chicos. El problema comienza cuando esas palabras se convierten en coartada para enseñar menos. Cuando el derecho a ser acompañado se transforma en el derecho a no esforzarse. Cuando la escuela deja de ser un lugar donde se aprende a superar una dificultad y pasa a ser una oficina de certificación de autoestima.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo formuló esa deriva con una ironía que hizo reír a algunos y enfureció a otros.[2] Habló de las “matemáticas socioemocionales con perspectiva de género” y llevó la caricatura hasta el absurdo. Dos más dos serían “cuatre”, dijo. La frase no debe leerse como la descripción literal de una asignatura universal ni como una objeción a toda herramienta pedagógica complementaria. Sirve, en cambio, para identificar un riesgo real. Cuando la ideología empieza a ocupar el lugar del conocimiento, la matemática deja de ser matemática, la historia deja de ser historia y la escuela deja de ser escuela.

Dos más dos son cuatro. No porque lo diga una tradición conservadora, una universidad elitista o una mayoría circunstancial. Son cuatro porque la realidad no se somete a votación, a una asamblea escolar ni a una consigna partidaria. El problema empieza cuando corregir esa evidencia comienza a ser considerado una forma de intolerancia.

La ignorancia nunca fue tan politizada como ahora. Durante mucho tiempo, incluso los gobiernos más irresponsables entendían que la educación debía ser una escalera. Podían discutir cómo financiarla, qué contenidos priorizar o qué modelo institucional adoptar, pero nadie se atrevía a sostener abiertamente que el conocimiento debía rebajarse para no incomodar. Hoy, en cambio, una parte de la política ha descubierto que es más fácil administrar la frustración que exigir superación. Es más rentable prometer contención infinita que formar ciudadanos capaces de discutir una promesa pública, leer un contrato, calcular un interés o detectar una mentira.

No estamos ante una simple baja del rendimiento escolar. Estamos ante un apocalipsis cognitivo provocado y administrado con vocabulario de derechos, cuidados y sensibilidad. En ciertos discursos, la mediocridad y la ignorancia dejan de ser problemas que deben corregirse y pasan a ser condiciones que deben celebrarse o protegerse de cualquier estándar externo.

Ese deterioro no siempre es casual. Hay una política que encuentra en la ignorancia una ventaja electoral. El ciudadano que no domina herramientas básicas para comparar, verificar y exigir resulta más fácil de conducir mediante miedo, subsidio, resentimiento o propaganda. No hace falta que nadie prohíba los libros. Basta con volver prescindible el esfuerzo que permite comprenderlos.

Pero la mediocridad no es inclusión. Es la forma más elegante de abandonar a quien sólo tiene el estudio para defenderse.

El hijo de una familia con recursos siempre encontrará una salida. Tendrá libros en su casa, acceso a internet, apoyo escolar, idiomas, docentes particulares, contactos y una red familiar capaz de suplir lo que la escuela no le dio. La familia que puede pagar no queda indefensa frente a la caída de los estándares. Compra lo que el sistema deja de garantizar.

El joven pobre, en cambio, no tiene ese margen. Si la escuela le baja la vara, no recibe compasión, sino abandono. Se le entrega un diploma, pero se le retienen las herramientas que le permitirían comprender el mundo, acceder a un empleo calificado, seguir estudiando, emprender, defender sus derechos y no depender eternamente de un funcionario, un subsidio o un caudillo.

No hay justicia social en repartir certificados a jóvenes a quienes se les negó el conocimiento que podría haberlos vuelto menos dependientes.

La Constitución argentina no ordena construir una escuela indulgente. El art. 75, inc. 19, vincula la educación con el desarrollo humano, la productividad, la formación profesional y la investigación científica y tecnológica. La Ley de Educación Nacional, a su vez, establece la responsabilidad estatal de brindar educación integral, permanente y de calidad, y coloca entre sus fines la igualdad de oportunidades y posibilidades.[3] La calidad no es un agregado decorativo. No es una palabra que pueda dejarse al final de un documento oficial, después de una lista de buenas intenciones. Es el contenido concreto del derecho a educarse.

Una escuela que no enseña a leer con comprensión, a escribir con precisión, a razonar, a calcular y a conocer la historia no amplía derechos, sino que los vacía. Puede mantener alumnos dentro del edificio, pero no necesariamente los incorpora al conocimiento. Puede elevar estadísticas de promoción, pero no construir autonomía. Puede protegerlos de la incomodidad de una evaluación, pero los deja expuestos a una vida adulta mucho más cruel, donde la realidad sí evalúa y no entrega recuperatorios por decreto.

Los datos regionales deberían obligar a una discusión menos ideológica y más honesta. La crisis educativa argentina no nació ayer ni puede atribuirse a una sola administración. Es el resultado acumulado de años de políticas discontinuas, de reformas que cambiaron de nombre sin consolidar aprendizajes, de una autoridad docente debilitada y de una cultura que, demasiadas veces, confundió inclusión con rebaja de exigencia. La pandemia agravó un problema que ya existía, pero no lo creó.

La última edición de las pruebas PISA confirma que Argentina, tras décadas de decadencia educativa, no está al margen de esa tendencia y que revertirla exige una decisión sostenida, capaz de sobrevivir a los gobiernos, las modas pedagógicas y los ciclos electorales. En 2025, los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias, resultados por debajo de los promedios de la OCDE en las tres áreas evaluadas.[4]

No es una falla menor ni una disputa entre especialistas. Es una emergencia de ciudadanía. Cuando una sociedad no logra asegurar que sus adolescentes comprendan lo que leen, razonen con números y puedan evaluar evidencias, tampoco puede esperar una ciudadanía capaz de discutir presupuestos, controlar a sus gobernantes o resistir la simplificación propagandística.

Quien no comprende un texto complejo queda a merced de quien se lo explique. Quien no puede hacer un cálculo básico queda a merced de quien le fije el precio, la cuota, el interés o el salario. Quien no conoce historia queda a merced de quien le venda cualquier relato. La ignorancia no libera. La ignorancia delega.

Quien se acostumbra a delegar su comprensión del mundo termina delegando también su destino. Primero espera que otro interprete la realidad. Después acepta que otro le indique qué debe pensar, qué debe temer y de quién debe depender. Así se forman generaciones convencidas de que la vida no se construye con estudio, trabajo y responsabilidad, sino con la promesa permanente de que el Estado y sus administradores llegarán a resolverlo todo.

Esa es una de las fragilidades menos visibles de una democracia. Las instituciones pueden conservar sus elecciones, sus congresos y sus tribunales, pero se debilitan cuando una parte creciente de la ciudadanía carece de herramientas para comprender el lenguaje del poder, verificar una información pública, distinguir un argumento de una consigna o exigir explicaciones a quienes gobiernan. Allí donde el ciudadano deja de controlar al poder, el poder empieza a administrar al ciudadano. Toda deriva autoritaria[5] encuentra un terreno más propicio cuando la autonomía crítica ha sido reemplazada por dependencia, miedo o resignación.[6]

Por eso el populismo se lleva tan bien con ella. El populismo no necesita ciudadanos capaces de verificar una cifra, comparar una promesa con un presupuesto o preguntar de dónde saldrá el dinero que financia un derecho nuevo. Le alcanza con votantes entrenados para pedir, temer y agradecer.

La ignorancia no explica por sí sola el populismo, pero le ofrece un terreno más favorable. Una ciudadanía con menos herramientas para verificar, comparar y exigir depende con mayor facilidad de quienes administran recursos, relatos y temores.

Esto no significa que toda persona sin educación formal vote de una manera determinada, ni que la educación convierta automáticamente a alguien en mejor ciudadano. Sería otra simplificación. El punto es distinto. Una sociedad que renuncia a formar pensamiento crítico entrega mayor poder a quienes manipulan emociones, fabrican enemigos y ofrecen soluciones sin costo. La falta de conocimientos básicos no obliga a nadie a ser manipulable, pero vuelve la manipulación más barata y más eficaz.

El Estado tiene una responsabilidad decisiva en esta materia. Debe garantizar escuelas, docentes, infraestructura, becas, comedores, conectividad y oportunidades reales de permanencia. Debe intervenir para que la cuna no determine el destino. Pero una cosa es un Estado presente y otra, muy distinta, un Estado clientelar que convierte la asistencia en dependencia.

Una lógica estatal clientelar transforma una ayuda que debería ampliar oportunidades en una relación que posterga la autonomía. Promete derechos sin explicar cómo se sostienen, ofrece respuestas inmediatas donde hacen falta herramientas duraderas y convierte cualquier límite en una injusticia. Se presenta como protección, pero puede terminar formando ciudadanos convencidos de que su vida depende siempre de una ventanilla pública.

La condescendencia no prepara a los jóvenes para la libertad. Los prepara para depender de quien les prometa resolverles la vida. Respetar su inteligencia significa decirles una verdad elemental, incluso cuando incomoda. Nadie estudiará, leerá o rendirá por ellos. Ningún gobierno, ideología o programa estatal puede reemplazar la disciplina, el hábito, la curiosidad y el trabajo personal.

Ése es el resultado político más rentable de una educación debilitada. Ciudadanos dependientes que confunden ayuda con subordinación y derechos con promesas sin costo. Se los educa para reclamar antes que para crear, para esperar antes que para emprender y para exigir protección antes que para desarrollar autonomía. El círculo se completa cuando esa dependencia es presentada como justicia social y la independencia personal como una forma de egoísmo.

El Estado no es un manantial de recursos infinitos. El dinero público no cae del cielo. Sale del trabajo, de los impuestos, de la inversión, del ahorro y de la riqueza que una sociedad es capaz de producir. No se combate la pobreza destruyendo riqueza. No se combate la desigualdad igualando por abajo. Y no se ayuda a un joven convenciéndolo de que su futuro está en manos de un político, sea de izquierda o de derecha, antes que en las propias.

Mientras otros países discuten inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, robótica, energía y formación científica avanzada, buena parte de América Latina sigue atrapada en un debate más elemental. Se discute si la exigencia es opresión o si el mérito es una palabra prohibida. En un mundo que acelera la competencia tecnológica y científica, una región que resigna conocimientos básicos queda inevitablemente rezagada.

La salida no es una escuela cruel, autoritaria o ciega frente a las desigualdades. Es exactamente lo contrario. Una escuela exigente porque toma a cada alumno en serio. Una escuela que acompaña al que tiene dificultades, pero no le miente diciéndole que no necesita aprender. Una escuela que recupera contenidos, fortalece la tarea docente, evalúa con justicia, ofrece oportunidades de mejora y sostiene la autoridad intelectual de enseñar.

Educar no es proteger a los jóvenes del esfuerzo. Es darles la posibilidad de que el esfuerzo produzca libertad.

La primera política social no consiste en fabricar dependientes agradecidos. Consiste en formar ciudadanos libres, con conocimientos suficientes para que ningún político transforme su necesidad en un voto cautivo.

Notas

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia), en Derecho Constitucional y en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente (Universidad de Buenos Aires), y en Derecho Ambiental (Universidad de Belgrano). Maestrando en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y en Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales (Universidad Nacional de Quilmes). Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde dirige Institutos y Actividades Académicas y codirige los Institutos de Derecho Antártico y Gestión Polar y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental y codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional (Universidad de Morón–AIDCA). Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Investigador y docente de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y miembro del consejo editorial de Confrontos (Universidad de Itaúna, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

[2] Cayetana Álvarez de Toledo es historiadora, periodista y diputada española del Partido Popular. Utilizó la expresión “matemáticas socioemocionales con perspectiva de género” y la fórmula irónica “dos más dos son cuatre” en intervenciones públicas críticas del debilitamiento de la exigencia académica, del desprestigio del mérito y de la politización de la educación. La expresión fue difundida por la propia diputada en sus redes sociales en julio de 2023 y retomada posteriormente en registros audiovisuales de intervenciones sobre educación.

[3] CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, art. 75, inc. 19; LEY 26.206, arts. 2, 4 y 11, inc. a). La Constitución encomienda al Congreso promover el desarrollo humano, la formación profesional, la investigación científica y tecnológica, y dictar leyes educativas que aseguren igualdad de oportunidades. La Ley de Educación Nacional establece la responsabilidad principal e indelegable del Estado de proveer educación integral, permanente y de calidad.

[4] OECD, PISA 2025 Results. Volume I: Future-Ready Students, París, 2026; OECD, PISA 2022 Results. Country Note: Argentina, 2023; UNESCO, The Effects of the Pandemic on Education in Latin America and the Caribbean Will Last Many Years, 2024. PISA 2025 registró para Argentina 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias, frente a 378, 401 y 406 puntos, respectivamente, en 2022. En 2022, el rendimiento argentino en matemática ya se ubicaba aproximadamente 10 puntos por debajo del registrado en 2012. UNESCO advirtió que, en América Latina y el Caribe, los resultados de aprendizaje eran bajos antes de la pandemia y no habían mostrado mejoras en la década previa. La crisis debe entenderse, por ello, como un deterioro estructural y acumulado, profundizado, no creado, por la interrupción educativa durante la pandemia.

[5] La educación para la ciudadanía democrática no se limita al conocimiento formal de instituciones. Comprende la adquisición de capacidades de pensamiento crítico, análisis, comunicación y participación informada, necesarias para que las personas conozcan sus derechos y responsabilidades y puedan intervenir de manera responsable en la vida pública. Véanse OECD, Civic Education as a Pathway to Inclusive Societies, 2025; UNESCO, Education for Just and Democratic Societies; IEA, Education for Citizenship in Times of Global Challenge. ICCS 2022 International Report, 2023.

[6] CREA, Javier A., (2026). Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires.