Por Javier A. Crea[1]

En julio de 2026, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, se paró ante una escenografía de culto a la personalidad, rodeado de banderas, cuadros gigantes y lemas revolucionarios, y pronunció la frase que terminó de desnudar su proyecto político: “aquí no volverá a haber elecciones”.[2] Lo dijo en cadena nacional, ante miles de simpatizantes movilizados, como quien anuncia una decisión de gobierno más, no como quien confiesa una ruptura frontal con la democracia. No fue un exabrupto ni un arrebato aislado, fue la coronación de casi dos décadas de concentración de poder, reformas a medida y vaciamiento sistemático de los contrapesos institucionales.

Ortega volvió al gobierno en 2007 y desde entonces fue desmontando uno a uno los diques que podían limitarlo. La justicia nicaragüense declaró inaplicable la prohibición de reelección contenida en la Constitución. Más tarde, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó reformas que abrieron paso a la reelección indefinida, destruyendo en los hechos el sistema de frenos y contrapesos que debía controlar al Ejecutivo. Cada elección posterior fue menos competitiva que la anterior, con opositores relevantes encarcelados, inhabilitados o empujados al exilio, con medios independientes asfixiados y con una sociedad civil reducida a la resistencia defensiva.

En ese contexto, la declaración de que no habrá más elecciones no puede leerse como una figura retórica desafortunada. Es la confesión descarnada de que ya ni siquiera hace falta simular la alternancia. Niega de forma explícita la condición mínima para que un régimen siga siendo considerado democrático, que es la obligación de someter periódicamente el poder al veredicto de las urnas. Cuando un presidente proclama que se acabaron las elecciones para impedir que la oposición pueda “atrapar el gobierno”, lo que está diciendo es que cualquier intento pacífico de reemplazarlo será clausurado de antemano.

Frente a un anuncio así, uno esperaría que las democracias de la región reaccionaran de manera inmediata y contundente. Se espera una condena clara a la decisión de suprimir las elecciones y una defensa sin ambigüedades del derecho de los nicaragüenses a elegir y remover a quienes los gobiernan. Algunos gobiernos y organismos lo hicieron. Otros eligieron el silencio cómodo, incluida una Organización de Estados Americanos que, hasta ahora, ha optado por una prudencia que se parece demasiado a la omisión frente a una ruptura abierta del orden democrático. ¿Y la Carta Democrática Interamericana, dónde queda cuando un país anuncia que no habrá más elecciones y casi nadie se atreve a decirlo en voz alta? Sin embargo, entre tanta omisión intencional, hubo un caso especialmente grave, porque vino de una democracia que se reivindica como referente progresista en América Latina, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Consultada en su conferencia matutina sobre la decisión de Ortega, Sheinbaum apeló a la tradición mexicana de no intervención y dijo que se trata de la autodeterminación de los pueblos, que lo que decida el pueblo de Nicaragua debe ser respetado y que su gobierno siempre está a favor de la democracia en todos sus términos. Ante la insistencia de la prensa, reiteró que cada país decide y que cada pueblo decide.[3] No hubo condena a la supresión de las elecciones. No hubo reconocimiento explícito de que, en Nicaragua, el pueblo ya no tiene un mecanismo institucional para cambiar de gobierno. Los dichos de Sheinbaum repugnan a derecho, porque convierten en aceptable, en nombre de una falsa autodeterminación, la decisión abiertamente inconstitucional y antidemocrática de clausurar las urnas.

Esa respuesta, pronunciada desde la jefatura de Estado de una democracia, frágil, pero relevante como es la mexicana, no es una anécdota para el archivo. Mientras un gobernante anuncia que no volverá a llamar a elecciones para impedir que otros lleguen al poder, otro gobierno democrático se refugia en una consigna respetable en abstracto, pero devastadora en este caso concreto. Hablar de autodeterminación de los pueblos en un país que acaba de abolir las elecciones es una aberración jurídica y democrática.

La autodeterminación de los pueblos no es el derecho de un líder a eternizarse en el cargo sin controles, ni a reescribir la Constitución a su medida hasta convertirla en un mero decorado. Es el derecho de una comunidad a decidir su destino y, en una democracia constitucional, esa decisión se articula a través de elecciones libres, competitivas y periódicas, del acceso a información plural, de la posibilidad de organizar partidos y movimientos sin persecución.[4] El pueblo nicaragüense nunca votó un monarca vitalicio. Votó dentro de un marco constitucional que establecía límites a la reelección y reglas de competencia política, y Ortega fue perforando ese marco paso a paso, mediante fallos complacientes, reformas legales orientadas a concentrar poder y un uso sistemático de la represión contra quien se atreviera a desafiarlo.

Cuando un presidente que llegó a través de elecciones, aunque sean profundamente desfiguradas, anuncia que no habrá nuevas elecciones, ya no se discute la calidad del proceso sino la existencia misma del principio democrático. Y cuando otro jefe de Estado, lejos de señalar esa ruptura, invoca la autodeterminación de ese pueblo para justificar su silencio, lo que está haciendo es ofrecer un aval externo a la autocracia. No hay autodeterminación posible si el único camino institucional para cambiar de gobierno ha sido cerrado por el propio gobernante que se aferra al poder. Pretender lo contrario es vaciar de sentido tanto el concepto jurídico como la idea misma de democracia.

Que esa frase venga de la presidenta de México agrava aún más el cuadro. México es una democracia con elecciones competidas, alternancia reciente y una ciudadanía que todavía puede castigar o premiar a sus gobernantes. Pero también es un país donde, en los últimos años, se han visto ataques constantes a la independencia judicial, intentos de reformas que buscaban subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo y un clima de hostilidad hacia los medios críticos y la oposición. A ello se suma la existencia de amplias zonas del territorio donde el crimen organizado ejerce un poder de facto y el propio Estado elige no ingresar, lo que revela un Estado de derecho fragmentado y una democracia vulnerada por la captura criminal de espacios públicos. En ese contexto, la respuesta de Sheinbaum no puede leerse como una repetición automática de la doctrina Estrada, sino como un gesto político dirigido a su propia base y a sus aliados ideológicos en la región.

En nombre de la soberanía y de la no intervención, se le concede a Ortega un margen de impunidad. En nombre de un antiimperialismo declamado, se olvida que quienes pierden el derecho a elegir no son las potencias extranjeras ni las élites globales, sino los ciudadanos nicaragüenses que ven cómo su derecho a votar, ya seriamente distorsionado, se les arrebata de forma abierta. Se confunde la legítima defensa frente a la injerencia de otros Estados con la tolerancia frente a la supresión de derechos fundamentales por parte del propio gobierno.

Este tipo de complicidad por omisión forma parte de las fragilidades democráticas de nuestro tiempo. Las democracias del siglo XXI raramente se derrumban con un golpe de Estado clásico. Se erosionan desde dentro, mediante una sucesión de decisiones que corren límites, debilitan controles y normalizan abusos. Nicaragua es un laboratorio extremo de ese proceso.[5] Ortega ha utilizado el lenguaje de la legalidad, de las elecciones y de la voluntad popular para justificar la captura del Estado, la persecución de opositores y la concentración de poder en manos de un círculo cada vez más reducido.

A ese deterioro interno se le suma una dimensión menos visible, pero igual de corrosiva como es la actitud del entorno regional. Las respuestas de otras democracias influyen en los cálculos de los líderes autoritarios. Cuando un gobierno “amigo” se niega a llamar dictadura a la dictadura y se ampara en la autodeterminación para no condenar la supresión de elecciones, está enviando un mensaje peligroso a todos los dirigentes con tentaciones reeleccionistas y rasgos autoritarios. El mensaje es que hay margen para empujar los límites un poco más, siempre que se mantenga la retórica adecuada y se pertenezca al campo ideológico correcto.

Las fragilidades democráticas no son solo la vulnerabilidad de un sistema a la erosión de sus propias reglas. También son la disposición del entorno a tolerar, relativizar o justificar esa erosión cuando la protagonizan aliados. Sheinbaum afirma que en México se respetan plenamente los procesos electorales, que existe incluso la revocación de mandato y que en su país no se repetiría lo que ocurre en Nicaragua. Pero, al mismo tiempo, se niega a marcar una línea clara frente al anuncio de que un gobierno vecino clausura las elecciones. Esa incoherencia expresa una concepción instrumental de la democracia, defendida con fuerza cuando conviene y sacrificada en nombre de la no intervención cuando el autoritario de turno forma parte de la propia familia política.

Es legítimo defender el principio de no intervención frente a aventuras militares y operaciones de cambio de régimen impulsadas desde fuera. Nadie que valore el derecho internacional quiere volver a una época en la que algunas potencias se arrogaban el derecho de decidir qué gobierno era aceptable y cuál debía ser derrocado. Pero una cosa es rechazar la intervención armada y otra muy distinta es aceptar como decisión soberana la supresión de las elecciones. La línea roja no la marca el gusto de las cancillerías, la marca el núcleo duro de la democracia: el derecho de la ciudadanía a elegir y reemplazar a quienes ejercen el poder, en condiciones mínimas de libertad y competencia.

En un país donde la oposición está encarcelada, exiliada o inhabilitada, y donde el presidente anuncia que no habrá más urnas, seguir hablando de lo que decida el pueblo es un ejercicio de cinismo, hoy encarnado en la presidenta mexicana. Qué pueblo decide si el mecanismo básico para expresar esa decisión ha sido desactivado. Nadie le pide a México que envíe tropas ni financie conspiraciones. Se le pide algo mucho más sencillo y acorde con su propia historia democrática, que diga con claridad que sin elecciones libres, limpias y periódicas no hay autodeterminación que valga y que la decisión de Ortega es inaceptable desde cualquier estándar democrático.

En un contexto de recesión democrática global, donde se multiplican las autocracias electorales y los autoritarismos legalistas, cada legitimación externa cuenta. Ortega manda un mensaje hacia adentro cuando asegura que no habrá más elecciones y que las instituciones serán rediseñadas para bloquear cualquier alternancia. Sheinbaum manda otro hacia afuera cuando, en lugar de condenar, invoca la autodeterminación y sugiere que cada país puede organizarse como quiera, aunque eso suponga clausurar las urnas.

Para quienes creemos que la democracia es algo más que votar cada tanto, pero nunca menos que votar, esto es inaceptable. Ningún relato progresista, ningún discurso sobre el pueblo y ninguna consigna antiimperialista puede justificar el silencio complaciente frente a un presidente que decide que un país dejará de votar. Sin elecciones no hay autodeterminación. Y quienes relativizan la supresión de las elecciones no están defendiendo la democracia, están ayudando a enterrarla.

Notas

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia), en Derecho Constitucional y en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente (Universidad de Buenos Aires), y en Derecho Ambiental (Universidad de Belgrano). Maestrando en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y en Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales (Universidad Nacional de Quilmes). Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde dirige Institutos y Actividades Académicas y codirige los Institutos de Derecho Antártico y Gestión Polar y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental y codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional (Universidad de Morón–AIDCA). Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Investigador y docente de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y miembro del consejo editorial de Confrontos (Universidad de Itaúna, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

[2] El 19 de julio de 2026, durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Revolución de Managua, el presidente Daniel Ortega declaró: “Aquí no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”. La frase fue reproducida por agencias internacionales y cadenas internacionales y regionales que cubrieron en directo el discurso conmemorativo.

[3] El 27 de julio de 2026, en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el anuncio de Ortega de que no habría más elecciones en Nicaragua. Respondió: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos”, y ante nuevas preguntas añadió: “Cada país decide, cada pueblo decide, todos estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”.

[4] El derecho de libre determinación de los pueblos, consagrado en el artículo 1 común a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, reconoce a todos los pueblos el derecho a “determinar libremente su condición política y a proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”, sin injerencias externas. En el marco del derecho internacional contemporáneo, este principio supone que la forma de gobierno y la conducción política deben ser resultado de la voluntad popular expresada en libertad, no de la decisión unilateral de un gobernante que suprime elecciones, persigue a la oposición y vacía de contenido el sufragio. Un régimen que anuncia que “no habrá más elecciones” frustra la posibilidad de que el pueblo ejerza su derecho a decidir su condición política, por lo que invocar la autodeterminación para avalar esa supresión de las urnas contradice el sentido mismo del principio, que se concibió para proteger la libertad de los pueblos, no la perpetuación de gobiernos autocráticos.

[5] CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026.