Karen L. Sierra[1]

Introducción 

Defender los Derechos Humanos es responsabilidad de todos, pero es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de derechos y garantías fundamentales o para reclamar su cumplimiento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros cuatro meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas durante el 2021. Estos asesinados en su mayoría vinculada a la labor de defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse afectado. Honduras tiene un antecedente emblemático conocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este es el caso Blanca Jeannette Kawas Fernández vs Honduras y el caso del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque en Honduras, conocido por el liderazgo de la ambientalista Berta Cáceres, quien mostró su oposición en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica a la vez galardonada con el premio Goldman por su extraordinaria labor y la defensa de los bienes comunes en el caso del parque nacional que sitúa al rio Guapinol, se resolvió mediante amparo a favor de los cinco defensores judicializados.

Caso Blanca Jeannette Kawas Fernández vs Honduras

Defender los derechos humanos y el ambiente en Honduras no ha sido una labor fácil, siempre se ha visto sometida a condicionamientos y amenazas que, dado a las circunstancias ha terminado en trágicas consecuencias, un antecedente emblemático conocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo causa y objeto de la controversia está vinculada al asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández el 6 de febrero de 1995, quien ocupaba la presidencia de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (PROLANSATE).

El caso tuvo su génisis al denunciase casos de explotación de maderera ilegal, a  iniciativa del Estado se otorgaron títulos de propiedad en el Parque Nacional Punta Sal Cabe señalar que ella denunció casos de explotación de maderera ilegal, daños al Parque Nacional Punta Sal y otras zonas protegidas; también se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona, entro ellos la iniciativa del Estado de otorgar títulos de propiedad en el Parque Nacional Punta Sal, cuyo objeto de la controversia radica en graves violaciones a los derechos humanos, señaló la CIDH que, “los efectos causados por la impunidad del caso y la falta de adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos han alimentado un contexto de impunidad de los actos de violencia cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras y los obstáculos en la investigación de los actos de hostigamiento y persecución”.

 Lo anterior constituye un manifiesto acto de ilegalidad en el proceso investigativo al no seguir el debido proceso siendo que hasta el 7 de febrero de 1995; un día después de su muerte, se iniciaron las investigaciones relacionadas a la presunta comisión del delito de asesinato consumado en perjuicio de la ambientalista; sin embargo, en el año 2008 el proceso penal iniciado por la muerte de Kawas continuaba en la etapa preliminar; por lo cual su familia tuvo que acudir a la instancia internacional para que se hiciera justicia.

Dentro de los puntos resolutivos de la sentencia dictados por la Corte caso Kawas vs. Honduras se señala la responsabilidad parcial por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, violaciones a los  a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en consecuencia el Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández, así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la sentencia que, actualmente se reconoce como una de las áreas protegidas de Honduras es un humedal costero marino inscrito el 28 de marzo de 1995 en la lista de la convención relativa a los humedales de importancia internacional RAMSAR, con el sitio No. 722. De 2012 a 2013.

Caso proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque en Honduras. Premio Ambiental Goldman a Berta Cáceres.

Es sabido que toda actividad humana es susceptible de generar contaminación y un impacto negativo al medio ambiente, cuando los intereses económicos que, se les atribuye mayor relevancia por sobre los sociales y el equilibro ecológico, esto acarrea consecuencias de índole jurídicas y sociales que atentan contra los bienes jurídicos protegidos, tal es el caso de la líderesa indígena Berta Cáceres que, ocurre con el proyecto hidroeléctrico conocido por sus siglas SINOHYDRO planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque en Honduras.

La población autóctona local de indígenas Lencas que, de acuerdo con el derecho internacional, debió ser consultada y dar su consentimiento, está opuesta al proyecto. En 2013, SINOHYDRO se retiró del proyecto debido al creciente conflicto violento en torno al proyecto, que llegó a ocasionar muertes de opositores locales. La compañía local continuó avanzando con el proyecto. En 2016, la destacada opositora del proyecto y líder indígena Berta Cáceres fue asesinada en su casa, convirtiendo el caso en un ícono internacional de la violencia contra los defensores del medio ambiente. Al haber dejado el proyecto a tiempo, SINOHYDRO evitó un daño importante a su compañía y a China en consecuencia.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque en Honduras relativamente pequeña: 22MW, una presa de 5 metros de altura, 3 kilómetros de canales y túneles y un depósito del tamaño de dos campos de fútbol.  Requería una inversión de 64 millones de dólares. Desde la llegada repentina de la maquinaria de construcción al sitio, las comunidades indígenas locales Lenca se han opuesto al proyecto. Para ellos, el río Gualcarque es Sagrado de acuerdo con la cultura lenca en Honduras.

El proyecto ha sido rodeado por conflicto social y violencia significativa. Después de que un miembro de la oposición local fuera asesinado durante una protesta pacífica, Sinohydro se retiró del proyecto. El proyecto recibió atención internacional cuando la líder local indígena Berta Cáceres ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su liderazgo y mostrar su oposición en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica en 2015. En marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa por hombres con vínculos con la compañía de construcción local. Finalmente, los financistas finlandeses y holandeses del proyecto, así como la empresa proveedora de las turbinas se retiraron también.

 Defensa de los Bienes Comunes

A veces la defensa de los bienes comunes se convierte en contra de quienes defienden y protegen el medio ambiente, tal es el caso de cinco ambientalistas defensores del rio Guapinol, quienes se opusieron a la ejecución de un proyecto minero, los cuales fueron vinculados a proceso por los delitos de dos incendios, un delito por daños y privación injusta de la libertad por los operadores de justicia de Honduras.

El proceso que, vincula a estos cincos ambientalistas cobra relevancia cuando el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, el cual a su vez depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitió a finales de febrero de 2021 una resolución sobre la situación de los ocho defensores de Guapinol, quienes en ese momento guardaban prisión desde el 26 de agosto de 2019 y bajo la figura de  prisión preventiva desde el 1 de septiembre de 2019.

El Poder Judicial lo recibió un informe, sin embargo, no se pronunció al respecto, el informe describe paso a paso el por qué la detención contra los defensores era arbitraria; y sin atender a los razonamientos del ente conformado por expertos avalados por las Naciones Unidas,  amplió a seis meses más la prisión preventiva contra los ocho ambientalistas en Defensa de Guapinol,  pruebas demostrarían que gobierno no actuó diligentemente las advertencias que conducirían a generar un nocivo impacto al medio ambiente

Con el actual gobierno socialista, a inicios de este 2022 se aceleraban a liberar exfuncionarios del gobierno del poder ciudadano dirigido por el esposo de la presidente Castro,  acusados por delitos comunes ligados a casos de corrupción contra el Estado eran liberados bajo la figura de amnistía y delitos políticos acelerado por la pandemia de COVID-19, mientras los ambientalistas cuyas acusaciones estaban basadas en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras, aún permanecían en la cárcel sin derecho a un juicio justo.

De acuerdo con Criterio.hn fiscales y jueces que promovieron juicio pueden ser acusados por prevaricato al ser consultado el defensor e investigador en Derechos Humanos, Joaquín Mejía Rivera sobre el deber del Estado de dar cumplimiento a las disposiciones incluidas en la resolución del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, enfocadas en la investigación y sanción contra los funcionarios que promocionaron el caso.

También señaló el investigador en Derechos Humanos acerca de las acciones promovidas por los fiscales y jueces que, intervinieron en el proceso a lo largo de casi tres años, llevando a la privación injusta de su libertad por 29 meses, desencadenaron graves violaciones a los derechos humanos y el debido proceso.

Concluyó Mejía Rivera al ser entrevistado por Criterio.hn que, tantos jueces de los Tribunales y fiscales del Ministerio conocían perfectamente la resolución del Grupo de Trabajo, emitida desde hace casi un año y que además fue presentada en el juicio y decidieron ignorarla, por lo que, se señala que actuaron con prevaricación y deben ser sancionados penalmente.

La liberación de los ambientalistas apresados se logra por el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos otorgando dos recursos de amparo interpuestos a favor de los imputados en el caso conocido como defensores del Río Guapinol y San Pedro.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional establecen que la resolución impugnada quebrantó el principio de juez natural y, en consecuencia, el debido proceso y demás derechos inherentes a éste, negándose a los acusados una tutela judicial efectiva.

El abogado defensor y miembro del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, explicó a Criterio.hn que, con la deliberación de la Sala de lo Constitucional se ha revocado las medidas de prisión preventiva y el auto de formal procesamiento. El defensor de derechos humanos amplió que el juicio, ahora, ha quedado como inexistente. “Jurídicamente el juicio queda, no anulado, queda en una situación de inexistencia jurídica”, precisó.

En definitiva, Tábora, manifestó que,  ahora el juzgado de letras penal que conoció el proceso deberá dictar un sobreseimiento definitivo lo cual deberán tomarse acciones contundente por El Poder Ejecutivo de Honduras para no incurrir nuevamente en arbitrariedades El Poder Judicial.

A finales de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que el encarcelamiento contra los defensores del ambiente fue arbitrario, por lo que instaron al Estado hondureño a liberarlos, garantizar su reparación e investigar a quienes promovieron el juicio injusto y su detención ilegal.

Finalmente, el proceso que, involucraba a esos cinco ambientalistas fue resuelta justamente mediante El amparo que, fue interpuesto por los abogados defensores desde el 12 de octubre de 2020, no obstante, este fue resuelto hasta el 21 de junio de 2022.  La Sala de lo Constitucional resolvió el amparo un año, ocho meses y nueves días después de que éste fuera interpuesto por los abogados defensores

Sin embargo, para el fortalecimiento y protección de los derechos humanos y el medio ambiente un instrumento que, garantiza plenos objetivos en armonía con instrumentos internacionales aprobados por Honduras lo constituye El Acuerdo de Escazú ya que, la implementación forma parte del propio objetivo: garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso en asuntos ambientales. La implementación también se rige por los principios que se establecen en el artículo 3, como el de no regresión y el de progresividad. En el apartado 3 del artículo 4 también se obliga a cada Parte a adoptar “todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el 35 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Lamentablemente el gobierno socialista actual, solo creo grandes expectativas en sus campañas políticas al afirmar que, además de combatir la corrupción defendería y garantizarías derechos humanos y el medio ambiente pues la presidente ya, lo ha manifestado en comunicados de prensa y la adopción de El Acuerdo de Escazú fue unas de esas grandes expectativas sin cumplir.

Conclusiones

• Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de raza, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género u otra condición, que lleva o puede llevar a vulnerar derechos humanos fundamentales.

• Todos los casos planteados coinciden por tratarse de violaciones a los derechos humanos vinculados a la labor de protección, promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente que, desafortunadamente produce un impacto negativo al medio ambiente, el desequilibrio ecológico y crea conflictos sociales.

• Finalmente; respetar todas las obligaciones legales nacionales e internacionales relevantes, como el consentimiento libre, previo e informado, la participación pública en la toma de decisiones en lo concerniente al desarrollo económico y el respeto a la cultura y prácticas tradicionales y el acceso a la justicia ambiental, una gran oportunidad en ese sentido es el acuerdo de Escazú.

Referencias Bibliográficas  

• (s/f). CIDH y ONU Derechos Humanos condenan asesinatos de activistas ambientales y quilombolas en Brasil. Recuperado el 16 de diciembre de 2022, de http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/017.asp
• El Caso, E., Fernández, K., Medina Quiroga, C., García-Sayán, D., García Ramírez, S., Robles, M. E. V., Franco, L. A., Macaulay, M. M., Rhadys, J. ;., Blondet, A., Lanza, L. V., Saavedra Alessandri, P., Segares Rodríguez, E., & Adjunta, S. (s/f). Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Kawas Fernández Vs. Honduras Sentencia De 3 De Abril De 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas). Corteidh.or.cr. Recuperado el 16 de diciembre de 2022, de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.
• Agua Zarca hydro project. (s/f). Banktrack. Recuperado el 16 de diciembre de 2022, de https://www.banktrack.org/project/agua_zarca_dam
• Persecución judicial contra defensores del territorio en Honduras – Desinformémonos. (2013, junio 1). Desinformémonos. https://desinformemonos.org/persecucion-judicial-contra-defensores-del-territorio-en-honduras/
• Ávalos, J. R., Cala, I., & Rodríguez, H. A. (s/f). LA PRENSA – Diario de Honduras, noticias y videos del país y el mundo. www.laprensa.hn. Recuperado el 16 de diciembre de 2022, de http://www.laprensa.hn/
• (S/f). Gaipe.net. Recuperado el 16 de diciembre de 2022, de https://www.gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf
• Amplían 6 meses más de cárcel a defensores de Guapinol. (2021, agosto 26). Criterio.hn. https://criterio.hn/amplian-6-meses-mas-de-carcel-a-defensores-de-guapinol/
• Defensa de Guapinol presenta pruebas que demostrarían que gobierno desatendió advertencias sobre «grave» impacto ambiental. (2022, enero 14). Criterio.hn. https://criterio.hn/defensa-de-guapinol-presenta-pruebas-que-demostrarian-que-gobierno-desatendio-advertencias-sobre-grave-impacto-ambiental/
• La prevaricación del Poder Judicial en el caso Guapinol. (2021, agosto 27). Criterio.hn. https://criterio.hn/la-prevaricacion-del-poder-judicial-en-el-caso-guapinol/
• Redacción. (2022, febrero 11). Sala de lo Constitucional de Honduras deja en libertad a los ocho defensores de Guapinol. Criterio.hn. https://criterio.hn/sala-de-lo-constitucional-de-honduras-deja-en-libertad-a-los-ocho-defensores-de-guapinol/

[1] Máster Derecho Empresarial y Tributario, Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Abogada, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Licenciada en Ciencias Jurídicas y Social, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Diplomada en Investigación en Derecho a la Alimentación Adecuada en Honduras. (UNAH) Diplomada en  Educación Superior, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Diplomada Universitario en Derecho Laboral y Seguridad Social, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Certificado “I Congreso Internacional del Derecho Procesal e Innovación en la Contratación Pública” Universidad de Salamanca, España. Diploma de Reconociendo “Por el Excelente Desempeño como Docente de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras y la Excelencia Académica en el Nivel de Educación Superior. Especialista en derecho laboral y ambiental, docente especialista en derecho ambiental y laboral desde 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.