Por Pamela Escobar Vargas[1] y Andrea Monserrat García Tlaxcalteco[2] 

RESUMEN – ABSTRACT

El presente trabajo expone un panorama general de las migraciones climáticas en México, reconociendo la problemática como una emergencia humanitaria en aumento. Dada la falta de información existente en la materia, muestra una aproximación a la respuesta política y jurídica que existe por parte del gobierno mexicano tanto a nivel nacional como internacional. Además, analiza los principales elementos, contextos y coyunturas de los desplazados por el cambio climático en el país, otorgando un acercamiento a los desafíos posibles rumbo al 2030 de no atenderse las causas estructurales de este tema.

PALABRAS CLAVE
Migraciones climáticas, cambio climático, México, Latinoamérica, Acuerdo de París.

1. INTRODUCCIÓN

Nos dirigimos a una crisis civilizatoria en la que la catástrofe ambiental ha tomado cada vez más protagonismo. Los efectos no sólo devienen en todos los ámbitos de nuestra existencia, sino que también la comprometen. Abarca transversalmente áreas en las que, hace unas décadas, no hubiera parecido un problema que analizar, como lo son las migraciones, pues la sociedad siempre se ha desplazado por múltiples razones. Sin embargo, el cambio climático ha incorporado otra conceptualización a las razones por las que la gente se desplaza,  y esta es la de migraciones climáticas.

Es en ese contexto, y ante la preocupación que genera el aumento desproporcionado de desplazadas y desplazados por motivos climáticos, que se realiza el presente trabajo bajo la delimitación geográfica de México. Para ello, se tiene como objetivo general el de analizar el panorama de México ante las migraciones climáticas, mediante los objetivos específicos de comprender cómo influyen las políticas, legislaciones o contextos tanto nacionales como internacionales en este fenómeno, así como el de identificar los principales desafíos a enfrentar rumbo al 2030 en esta materia.

Sabiendo el gran reto que ello representa, —pues no existe información actualizada de la migración climática en este territorio, ni en general datos oficiales de mecanismos o políticas enfocadas en esta categoría de migración—,  se recurre por separado, pero también en conjunto, a las principales cuestiones climáticas y migratorias de México. Para ello, se recuperan las principales referencias académicas, documentos oficiales de organismos internacionales como la ONU, acuerdos como el Acuerdo de París, y noticias globales y nacionales en el área..

El desarrollo del escrito se divide en cuatro. La primera parte, titulada  Las migraciones climáticas como una emergencia humanitaria en aumento, busca introducir de forma sintetizada los elementos centrales de lo que es la migración climática, asumiéndola como una problemática que pone en jaque los derechos humanos fundamentales de todo ser vivo. 

El apartado siguiente, Panorama de México ante las migraciones climáticas, busca responder el objetivo general. Esto, apoyándose de un recorrido por los antecedentes y el contexto actual de dicha problemática, así como del análisis sobre la distribución geográfica de los flujos migratorios climáticos en el país, y de la respuesta política y jurídica del gobierno mexicano. Para ello, se retoman textos como el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, el Acuerdo de París, y el Mecanismo de Varsovia.

El apartado tres, Desafíos de la migración climática en México rumbo al 2030, reconoce los principales desafíos a los que se enfrentan los tomadores de decisiones en nuestro país y del mundo para hacer frente a la migración climática. Esto, ante la vulnerabilidad de México al cambio climático y a las prospecciones que indican agravamientos a las condiciones socioambientales. Finalmente, se proporciona un apartado de conclusiones respecto a los temas abordados en el trabajo.

2. LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS COMO UNA EMERGENCIA HUMANITARIA EN AUMENTO

El cambio climático se ha perfilado como uno de los mayores riesgos globales de la humanidad. Sus efectos son totalizantes: comprometen la vida tal y como la conocemos, desde nuestra existencia misma, la de otras especies, y la del entorno natural. Los informes más importantes del mundo, por ejemplo, —como los del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC)— han realizado prospecciones alarmantes de no realizarse medidas en favor del medio ambiente. Si bien esto no exceptúa ninguna región ni grupo social, se ha demostrado que sí afecta mayoritariamente a los grupos más vulnerables, desprotegidos e históricamente empobrecidos.  La catástrofe ambiental, entonces, debe caracterizarse como desigual porque perjudica de manera diferenciada, pero también como prioritaria porque sus implicaciones son absolutas en cada rincón del planeta.

En ese contexto, entre las consecuencias que devienen de ámbitos meteorológicos, políticos, sociales, sanitarios, y económicos, existe un fenómeno que se interrelaciona con todas las anteriores, y es la migración climática. Aunque no existe una definición uniforme y oficial de ésta, por la gran cantidad de elementos que la complejizan, la Organización Internacional de Migración (OIM) la define como “el movimiento de una persona o grupos de personas que, predominantemente por razones de cambio repentino o progresivo en el medio ambiente debido al cambio climático, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, temporal o permanentemente, dentro de un Estado o a través de una frontera internacional”. (OIM, 2019)

La migración climática, al igual que de cualquier otra tipología, y considerando el aspecto desigual del cambio climático, representa un código rojo sobre todo para aquellos grupos sociales que han estado estructuralmente en condiciones de pobreza. Si sumamos, por consiguiente, la multiplicidad de elementos que pueden verse manifestados para que una persona o grupo de personas tenga que desplazarse por causas ambientales, podemos anticipar que se trata de una emergencia humanitaria.

Una emergencia humanitaria, si podemos entenderla como aquella que pone en riesgo y viola los derechos humanos fundamentales, se expresa con claridad en las situaciones de los migrantes climáticos que son orillados a coexistir con altos estados de crisis de distintas índoles. Por ejemplo, un grupo de personas que ha perdido su casa debido a una inundación, habrá con ello perdido su derecho a la vivienda digna, y con ello habrá quedado susceptible a otras repercusiones como el aumento de enfermedades, traducido en los derechos a la salud.

Médicos sin Fronteras, organización médica de carácter internacional, por ello, declara que en todos los sentidos, el cambio climático es una emergencia humanitaria masiva en donde no sólo se trata de los eventos meteorológicos per se, sino también de propagación de enfermedades, y generación de guerras y conflictos, reflejados en la migración de este tipo (Médicos sin Fronteras, 2021). Para comprender dichas conexiones, por consiguiente, es esencial el reconocimiento de la causalidad del cambio climático como impulsor directo de los desastres socioeconómicos y sanitarios cuantificados en millones de vidas y de recursos monetarios cada año.

Esto cada vez será un problema mayúsculo para los gobiernos del mundo, en un contexto en el que en los próximos años rebasaremos la temperatura límite de 2°C para evitar la irreversibilidad de la catástrofe ambiental, tal y como lo establecieron las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, –la principal organización internacional y el más importante acuerdo ambiental del mundo, respectivamente. Dicho esto, los patrones de movilidad humana seguirán aumentando si contabilizamos que el cambio climático está por detrás de casi el 40% de las muertes por calor (Sergi Alcalde, 2023). En suma, durante 50 años, los riesgos meteorológicos, climáticos e hídricos representaron el 50% de todas las catástrofes, el 45% de todas las muertes registradas y el 74% de todas las pérdidas económicas registradas a nivel mundial (ONU Hábitat, 2021).

2.1 Estado general de la migración climática

Si analizamos con cifras y realidades el panorama mundial de la migración climática, se refuerza a todas luces que se trata de una emergencia humanitaria. En 2020, 30,7 millones de desplazamientos estuvieron relacionados con eventos meteorológicos y climáticos, al igual que en 2021 en donde cerca de 89,3 millones de personas fueron desplazadas de la misma forma (Baños & Felipe, 2022).

Desde el estado general de la migración climática, a nivel internacional, algunos afirman que las personas pertenecientes al Sur (países en desarrollo), migrarán al norte (países desarrollados), pero los datos nos muestran que la mayoría se desplaza dentro de sus propios países, o en su caso, a países vecinos. Esto afirma la noción de que la mayoría de las migraciones climáticas son internas y no transfronterizas.

Para evidenciar lo anterior, haciendo una cronología de los desplazamientos internos, de acuerdo con el Centro para el Monitoreo de Desplazamiento Internacional (IDMC, por sus siglas en inglés) en  2022, hubo 32.6 millones, donde un 98% fueron consecuencia de fenómenos derivados del clima, como tormentas, inundaciones y sequías. Esta es la primera cifra más alta de la década, donde los cinco países con mayor número de desplazamientos de este tipo, fueron Pakistán, Filipinas, China, India y Nigeria (IDMC, 2023).

Para el año siguiente, durante el 2023, los nuevos desplazamientos internos fueron de 46.9 millones, donde el porcentaje de aquellos que fueron consecuencia del clima fue de 56%. Si bien hubo una reducción de un tercio en el número de migración interna por desastres naturales en comparación con 2022, —en parte,  derivado del fin del fenómeno de La Niña y el inicio de El Niño–, esta cifra es la tercera más alta de la década (Migration Data Portal, 2024). Esto apunta a que las causas climáticas siguen siendo un factor prioritario en el desplazamiento de personas.

Por otro lado, la recopilación de datos sobre desplazamientos transfronterizos aún está comenzando y se limita a estudios de casos focalizados. En ocasiones, algunas fuentes de datos administrativos, como el número de visados humanitarios otorgados con motivos de desastre, proporcionan información de estos movimientos en relación con el clima. Estos estudios, aunque limitados, suponen un indicio de que el patrón en donde la mayoría de desplazamientos son internos, empieza a variar conforme las catástrofes climáticas se hacen más frecuentes y pueden atravesarse con factores socio-económicos.

Ejemplos de ello se encuentran en las inundaciones de 2022 en Pakistán que desplazaron aproximadamente a 8 millones de personas, causando daños de millones de dólares. Aunque al principio los desplazamientos fueron internos, el colapso económico e inflación al que se enfrentaba este país hizo que en tan solo unos meses después, miles de paquistaníes tuvieran que migrar irregularmente a Europa. De esta forma, aunque la población paquistaní no se encontraba entre las principales nacionalidades que emigran a Europa, en el 2023 pasaron a ocupar el quinto lugar (Huang, 2023).

Otros elementos clave que ayudan a complementar el análisis de la migración climática actual, son los que informan sobre los flujos migratorios de cualquier índole a nivel mundial, sean por causas laborales, económicas o políticas. Por ejemplo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2022) a nivel mundial hay tres flujos migratorios principales: i) el existente entre México y Estados Unidos de América; ii)  el que se produce en Europa y los países vecinos; y iii) el flujo de Medio Oriente y el Norte de África (CNDH, 2022).

Dicho flujo es susceptible a repetirse desde un enfoque climático, sin embargo, el informe Groundswell del Banco Mundial, prevé que serán las seis regiones del mundo las afectadas por desplazamientos de este tipo. Esto es, hasta 216 millones de personas de África Subsahariana, Asia Meridional, América Latina, Asia Oriental y el Pacífico, Norte de África, Europa Oriental y Asia Central,  podrían migrar internamente como consecuencia del cambio climático para 2050 (Portal de Datos sobre Migración, 2024).

Las cifras mencionadas son sólo estimaciones, sin embargo, —dada la falta de voluntad política de los gobiernos de atender la emergencia ambiental—, éstas podrían verse todavía más incrementadas. Lo preocupante, asimismo, resulta ser que estos desplazamientos climáticos apuntan a quienes menos han causado la crisis climática  .

3. PANORAMA DE MÉXICO ANTE LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS

La información disponible sobre el panorama general de México ante las migraciones climáticas es limitada, por lo que para entenderlo, se necesita recordar que los desplazamientos usuales ocurren a nivel transfronterizo e interno. México, desde el primer caso, se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno. En lo interno, en los últimos años se ha identificado un cambio de una migración rural-urbana a otra mayoritariamente urbana-urbana, así como una emergencia de nuevas ciudades como las de mayor volumen e intensidad de la inmigración neta (Masferrer,  2022).

Desglosando los elementos de la perspectiva internacional, México como país de origen es considerado entre los principales y en 2020 ocupó el segundo lugar a nivel mundial, tan sólo después de la India. No es una excepción a las causas que pueden generar que las personas migren, por lo que la emergencia climática, podría suponer un porcentaje significativo de las migraciones totales.

Por otro lado, como un país de tránsito, México ha sido considerado un lugar estratégico y de paso obligado para personas que migran  desde sudamérica, centroamérica y otras latitudes del mundo, principalmente hacia Estados Unidos (Secretaría de Gobierno, 2018). Si bien, la mayoría de países latinoamericanos que se desplazan al norte lo hacen por causas económicas o sociales, cuando estas se interconectan con los desastres naturales, las migraciones aumentan aún más. Por ejemplo, en Centroamérica la región se enfrenta a climas extremos como las sequías, tormentas y huracanes, lo que representa que tienen el cambio climático entre las razones principales para migrar hacia países como Estados Unidos (Rojas, 2019).

Como país de destino, en un inicio, se podría considerar que México no es la mejor opción. Tiene condiciones económicas, políticas, sociales, y ambientales que lo vuelven susceptible y vulnerable a la emigración. Sin embargo, el país es una de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda de América Latina. Dentro de la región, esto le da una ventaja que sí lo puede posicionar como una alternativa llamativa para otros países cercanos. Esto se puede reforzar con el hecho de que ha habido un aumento del 123% de inmigrantes entre 2000 y 2020 (OIM, 2023). De esta manera, los factores climáticos que influyen para que se considere como un país de tránsito, pueden posicionarlo también como un país destino.

Respecto al panorama nacional, según el Banco Mundial, para 2050 hasta 3.1. millones de mexicanos podrían haber migrado internamente por razones climáticas (Gouritin, 2021). Los microdatos de censos poblacionales pueden funcionar para mostrar que la migración general intermunicipal en el país aumentó de 3.8 a 4.4 millones de personas entre 2000 y 2020. Las principales entidades federativas consideradas como destino fueron las de la zona metropolitana, debido a su dinamismo en el mercado, su posición geográfica y la calidad de vida que pueden ofrecer (Masferrer, 2022). Por ello, para las estimaciones del desplazamiento interno, resulta congruente que sigan este patrón.
3.1 Migración interna y transfronteriza por causas climáticas en México

3.1.1 Migración climática interna en México

Resulta fundamental, entonces, elaborar una aproximación reciente al 2024 del panorama demográfico de los flujos migratorios en nuestro país tanto al interior como al exterior, y con esto vislumbrar de dónde provienen la mayoría de los migrantes climáticos y a dónde van. Para ello, se favorece la indagación dentro del territorio mexicano sabiendo que son mayores los desplazamientos internos. Se consideran, para esto, en primer lugar los factores ambientales y en segundo, para añadir otra variable implicada de relevancia, los factores económicos.

Para analizar los factores ambientales se retoma el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) que, desde la exposición, sensibilidad, y capacidad adaptativa al cambio climático, desglosa la vulnerabilidad según seis rubros presentes en los asentamientos humanos a deslaves, inundaciones, incremento potencial de enfermedades transmitidas por vector (dengue); vulnerabilidad de la producción ganadera a estrés hídrico e inundaciones; y vulnerabilidad de la producción forrajera a estrés hídrico (INECC, 2021). De ello, el ANVCC delimita 83 municipios de todo el país que contengan cuatro o más vulnerabilidades en la categoría de muy alta o alta vulnerabilidad.

Como se muestra en la siguiente tabla con datos al 2021 (tabla 1), los 83 municipios se encuentran en  Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Durango, y Sonora, lo que podría adelantar que estas serían algunas de las entidades federativas más afectadas por el cambio climático, y en consecuencia, con posibilidad de tener un mayor número de migraciones climáticas. A esta información, se suman los estados de Chihuahua, Tamaulipas, y Tabasco, por ser catalogados por alta vulnerabilidad respecto a los aumentos poblacionales y del consumo y suministro total de agua (Albo & Ordaz, 2011).

Tabla 1.

 Los 83 municipios más vulnerables al cambio climático por entidad federativa según el ANVCC

Los 83 municipios más vulnerables al cambio climático por entidad federativa según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático
Entidad federativa	Número de municipios enlistados en los más vulnerables	Municipio más vulnerable
Oaxaca	30	San José Independencia
Michoacán	16	Tocumbo
Estado de México	7	Cocotiltán
Guerrero	6	San José Independencia
Jalisco	6	Teuchitlán
Durango	4	Rodeo
Sonora	3	Bácum

Por otra parte, dado que la migración climática es transdimensional y que puede verse implicada por factores económicos, —pues de esto depende la capacidad de respuesta adaptativa y de recuperación ante las pérdidas y daños de los efectos ambientales—, la siguiente tabla (tabla 2) muestra las mismas entidades federativas mencionadas, pero en comparativa con su nivel de pobreza. Para ello, se ocupa el mapa más actualizado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con corte de fecha al 2022, sobre la población en situación de pobreza. Los parámetros, donde el 1 significa mayor vulnerabilidad económica, evalúan los porcentajes del total de entidades según las escalas siguientes: 1) Mayor o igual a 54.6; 2) de 39.5 a 54.5; 3) de 28.2 a 39.4 y; 4) menor o igual a 28.1.

Tabla 2.

 Población en situación de pobreza al 2022 según el CONEVAL

Población en situación de pobreza al 2022
Entidad federativa	Escala de rangos con porcentajes del total de pobreza
Oaxaca	1
Michoacán	2
Estado de México	2
Guerrero	1
Jalisco	4
Durango	3
Sonora	4
Chihuahua	4
Tamaulipas	4
Tabasco	2

Examinado lo anterior, y reconociendo que los flujos migratorios climáticos pueden verse influidos por más factores que los expuestos, se presenta el siguiente mapa (mapa 1) de la república mexicana para visualizar las entidades federativas con mayor vulnerabilidad al cambio climático y con mayor vulnerabilidad económica.

Ver Mapa1

Esto, por consiguiente, puede dar una aproximación efectiva a cuáles serían los estados que podrían tener un mayor número de personas migrando hacia otros por causas climáticas. Si consideráramos estos parámetros, por lo tanto, podría anticiparse también que los sitios finales al interior podrían ser aquellos que muestran menor vulnerabilidad climática y económica, como la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California o las principales metrópolis^[3].

A partir de la representación geográfica, se ejemplifican adicionalmente dos casos recientes al 2024 desde las regiones de Guerrero y Tabasco, que forman parte de las entidades federativas más afectadas por el cambio climático. El primer suceso hace referencia al huracán Otis, de categoría 5, que ocasionó un desastre de gran magnitud que desencadenó alrededor de 187 mil movimientos y de 50 mil hogares destruidos (imágen 1) (El Sur Acapulco, 2024). Su relevancia fue tal, que es considerado el mayor desastre natural por huracanes de las últimas décadas.

Ver Imagen 1

El segundo ejemplo, proviene de la que puede ser considerada la primera región mexicana con desplazamientos climáticos causados por el aumento del nivel del mar, que año con año ha empeorado, en la colonia de El Bosque, en Tabasco. Se trata incluso del primer caso de este tipo que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitado por más de 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos ante el riesgo que enfrentan comunidades de la región (Aristegui Noticias, 2024) y que les obligan a abandonar sus hogares originarios.

Dadas las prospecciones ambientales, es necesario recalcar que en los siguientes años las migraciones internas, así como casos similares a los expuestos, podrían verse agravadas. Por ejemplo, se daría un incremento en comparación con los datos del Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024, elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en el que en el 2023, se registraron 196,000 desplazamientos internos por desastres en todo el territorio mexicano (Escobar, 2024).

3.1.2 Migración climática transfronteriza en México

Según el Gobierno de México (2017), la tendencia de las dinámicas migratorias internacionales en México tanto para los inmigrantes en tránsito irregular como para quienes ven en el país el destino final, provienen de Estados Unidos y Centroamérica, y en un porcentaje menor, de otras regiones más. Por ello, para el presente apartado y para categorías meramente climáticas, el foco se da sólo en el país vecino y en algunos países con mayor movilidad de América Central. Esto, sin dejar de reconocer que toda Latinoamérica es ya per se una zona altamente vulnerable al cambio climático, y que para el 2050 podría tener 17 millones de migrantes climáticos (CAF, 2023).

De México como país destino, entonces, desde Estados Unidos se espera que por el cambio climático las personas se desplacen mayoritariamente desde el sur por causas como los tornados, los huracanes, las sequías o los calores extremos. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con mayor número de registros de tornados en el mundo,  —la mayoría presentados en la zona del sureste—, lo que podría devenir en desplazamientos al norte de México.

Desde Centroamérica la situación se complejiza para poder asociar las migraciones climáticas entre país destino o de tránsito con México. Muchos factores están implicados además de los ambientales pues, por ejemplo, la región centroamericana es considerada la más violenta en el mundo sin tener una guerra (Oswald, 2023) y es una de las mayores razones de migración.

Sin embargo, dado que en dicha región, y en otros países insulares, los fenómenos como huracanes y sequías han causado estragos en la sociedad, también se han registrado datos que denotan migraciones climáticas hacia México. Arquetipo de esto es que tan sólo en la última década, más del 60% de los agricultores de café de países como Guatemala, Nicaragua, y El Salvador denunciaron inseguridad alimentaria durante el ciclo de cosecha, según la Asociación de Especializados en Cafés de América (CAFb, 2023).

Además, se ha percibido que conforme han aumentado fenómenos meteorológicos en distintas zonas, también han crecido paralelamente las migraciones. Por ejemplo, al finalizar 2020 impactaron 28 huracanes especialmente destructores en Centroamérica, –uno de los mayores registros de este tipo–, y en ese mismo periodo el ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) indicó que las solicitudes de asilo habían aumentado de 70 400 en 2019 a 123 187 para el 2021 (Oswald, 2023).

3.2 Respuesta del gobierno mexicano

Realizada una aproximación de la migración climática en México, y distinguiendo que se trata de una emergencia humanitaria, no cabe duda que resulta crucial saber de igual forma cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano ante ello. Esto puede analizarse de lo general a lo particular; partiendo de aquellos tratados internacionales de los que México forma parte en materia de cambio climático y migración, y llegando a lo particular, con aquellas políticas con las que dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales, o que por sí mismo, busque implementar.

A nivel internacional no existe ningún tratado que regule específicamente las migraciones climáticas, porque por mucho tiempo pasaron casi desapercibidas en las negociaciones multilaterales sobre cambio climático. Sin embargo, para efectos de este apartado, se realizará un análisis de aquellos acuerdos que, si bien, no son directos, integran de forma transversal e indirecta el marco internacional en relación con las migraciones climáticas. Por un lado, entre los que se considerarán en materia ambiental, se encuentran los Acuerdos de Cancún (2010), el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y Daños o “Mecanismo de Varsovia” (2013) y el Acuerdo de París (2015); por el otro, en materia migratoria, se tomará en consideración la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) y el Pacto Mundial para la Migración Segura (2018).

El primer hito en la migración climática fueron los Acuerdos de Cancún, derivados de la COP16 en Cancún, México, en 2010. Esto, debido a que en ellos se estableció, entre otras cosas: i) limitar el incremento de la temperatura por debajo de  los 2°; ii) fortalecer el mecanismo de transferencia de tecnología; y iii) diseñar un marco de adaptación con el objetivo de permitir una mejor planeación e implementación de los proyectos de adaptación en los países. De esta manera, en el apartado 14 f del “Marco de Adaptación de los Acuerdos de Cancún” (ONU, 2010), se estableció:

La adopción de medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que respecta al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático, cuando corresponda, a nivel nacional, regional e internacional;

Esto supuso un primer avance al solicitar medidas para abordar la movilidad humana por lo que hace al “desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático”, sin embargo no se encargó de delimitar a qué se refiere y las responsabilidad y actuaciones  relacionadas (Warner, 2013, como se citó en ECODES, 2024).

Por otra parte, el Marco de Adaptación también incluyó el establecimiento de un proceso para que las Partes consideradas menos adelantadas, pudieran formular y ejecutar Planes Nacionales de Adaptación (PNA) para determinar las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y aplicar estrategias que las atendieran (ONU, 2010). Estos planes sostienen que los gobiernos de las Partes son quienes principalmente deben proteger a quienes se desplazan dentro de sus países y prevenir las condiciones que puedan producir dicho desplazamiento. Esto significa, que deben evaluar cómo afecta el cambio climático a la movilidad humana y planificar de tal manera que garanticen la permanencia de las personas en sus hogares (ECODES, 2024).

En México se elabora el Plan Nacional de Adaptación XXXX donde se consideró [*}-

Un segundo acuerdo destacable es el Mecanismo de Varsovia, adoptado en el 2013, durante los trabajos de la COP19, en Durban, Sudáfrica. A diferencia de los Acuerdos de Cancún que se centran en la adaptación, la importancia de éste radica en que aborda las pérdidas y daños (P&D)  relacionados con las implicaciones del cambio climático en los países en desarrollo. En general, la terminología reconoce que los impactos climáticos pueden generar situaciones en las que las estrategias adaptativas ya no sean suficientes, debido a que ya existen pérdidas y daños tanto materiales, por ejemplo, por destrucción de sus hogares, como sociales, por el agravio a las personas y a sus tejidos sociales.

Así, las pérdidas y los daños, pueden verse en las poblaciones vulnerables que por desastres ambientales han tenido que emigrar de sus lugares de origen. Por ello, es que el Mecanismo de Varsovia es relevante para atender este tipo de migraciones, pues si bien no fue creado meramente para esos fines, sí se creó para mejorar el conocimiento de las estrategias de la gestión de riesgos para hacer frente a las pérdidas y daños que se asocian al cambio climático (ONU, 2013), y que podrían traducirse en una reducción de desplazados climáticos.

En tercer lugar se encuentra el Acuerdo de París, adoptado en 2015, durante en el marco de la COP21, celebrada en París, Francia. En general, este acuerdo se cataloga como uno de los mayores logros de cooperación internacional debido a su rápida aprobación y ratificación, y porque establece la normatividad que facilita el cumplimiento de los principios ambientales y de desarrollo sostenible que han sido remarcados en diversas negociaciones multilaterales (Escobar, 2023). Así, de manera particular, representa un avance en el tema de migraciones climáticas porque fue el primer acuerdo climático donde se señaló la importancia de que los países respeten sus obligaciones sobre derechos humano, incorporando explícitamente en su preámbulo a “los migrantes” como sujetos de protección  (ONU, 2015):

Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,

Por otra parte, en él se exhortó a la creación de un grupo de trabajo que abordase las migraciones climáticas, la Task Force on Displacement (TFD), dependiente del Mecanismo de Varsovia, con el objetivo de desarrollar recomendaciones con un enfoque integral para evitar, minimizar y abordar desplazamientos relacionados con lo impactos asociados al cambio climático (ECODES, 2024).  Además, reafirma que las Partes asumen las Contribuciones Nacionalmente Determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), las cuales se refieren a los esfuerzos de cada país para reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. (ONU, s.f.).

México fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París, en 2016, por lo que como signatario debe darle cumplimiento. En 2020, actualizó las NDCs por las que el Gobierno se comprometió a “identificar y abordar el desplazamiento forzado de personas  por los impactos negativos del cambio climático” (UNFCCC, 2020),

Además, como parte de su cumplimiento, en 2018, reformó  la Ley General de Cambio Climático (LGCC) para actualizarla a dicho acuerdo, incluyendo, entre otras cosas: i) la incorporación de metas y conceptos como parte de los compromisos nacionales de México; i) el compromiso de limitar el incremento de la temperatura promedio del planeta a menos de 2°C; ii) la adopción de la Contribución Nacionalmente Determinada; y iii) el mandato de elaborar un Programa Nacional de Adaptación (SEGOB, 2018). De manera general, esto resulta de relevancia para el tema de la migración climática, porque abarca a grandes rasgos, lo que la ocasiona: el cambio climático. Específicamente, con dicha reforma se incorporó en el artículo 26 de la Ley, a las personas migrantes como sujetos de derechos:

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

1. a XIII. […]

Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.

Sin embargo, la modificación a la LGCC realizada en 2018 no fue la primera que hizo mención al desplazamiento climático, debido a que en 2016 hubo una reforma que incorporó los artículos 28, fracción VII y 30, fracción II, en los cuales se incorporó explícitamente este tipo de desplazamiento en el marco político-legal mexicano, quedando de la siguiente manera:

Artículo 28. La federación deberá de elaborar una Política Nacional de Adaptación en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático.

La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático, la Política Nacional de Adaptación y los programas en los siguientes ámbitos:

VII. Ordenamiento ecológico del territorio, desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano;

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

1. Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios; y para prevenir y atender el posible desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático;

Si bien esta reforma fue un paso adelante, no se encargó de definir qué es el desplazamiento interno en materia climática, ni orientó la adopción de instrumentos legales o políticos que proporcionen criterios para prevenir o atender dicho fenómeno (Gouritin, 2021).

Posteriormente, en 2020, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, cuyo objeto es reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno a partir de la creación de estrategias y mecanismos. Este proyecto reconoce a las catástrofes ambientales como un factor de dicho fenómeno, representando un avance en la atención a la migración climática. Empero, a julio de 2024, aún se encuentra a la espera de su votación en la Cámara de Senadores.

De esta manera, inicialmente vemos cómo México ha incorporado a su marco jurídico los compromisos climáticos adquiridos, lo cual resulta significativo, en general, para los esfuerzos por contribuir a la protección del medio ambiente. Sin embargo, en materia de migración climática, la mención parece insuficiente para proteger efectivamente a las personas que se desplazan como consecuencia de los impactos del cambio climático.

Una vez mencionado lo referente a los acuerdos en materia ambiental que resultan importantes para la migración climática, es momento de considerar aquellos en materia de migración que de igual forma interseccionan con este fenómeno.  En este sentido, en primer lugar se presenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York en 2015. En esta se reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible y su lema “no dejar a nadie atrás” llama a que este sea inclusivo, lo que contempla a las personas migrantes. Además, plantea nuevos retos para los países, por ejemplo, en materia de datos migratorios y requisitos de información (Portal de Datos sobre Migración, 2024).

La migración es un fenómeno transversal a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y por lo menos 17 de los objetivos contienen metas e indicadores que tienen que ver directamente con la migración y la movilidad (Portal de Datos sobre Migración, 2024). En específico, el Objetivo 10.7 establece lo siguiente (ONU, s.f.c):

Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

De esta manera, la Agenda representa una oportunidad para que se gestionen de manera adecuada las migraciones, fortaleciendo su vínculo con una visión de desarrollo sostenible. Ello, a partir de abordar las causas estructurales, que atravesadas por el cambio climático y la crisis civilizatoria, provocan desplazamientos  forzados (OIM, s.f.a).

En segundo lugar, se considera el Pacto Mundial para la Migración, adoptado en Marrakech, Marruecos en 2018, como clave en integrar de manera holística a la legislación internacional de migración una perspectiva de derechos humanos. Es un documento no vinculante que, además,  guarda estrecha concordancia con la Meta 10.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, suponiendo una oportunidad para mejorar la gobernanza migratoria y abordar los desafíos asociados, incluyendo su relación con el cambio climático (OIM, s.f.b).

México se adhirió a este Pacto en 2018, con lo que se comprometió a diseñar una política migratoria que tuviera como base el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Lo cual se vincula con la Agenda 2030, que promueve que los gobiernos reorienten sus políticas públicas para lograr resultados que dignifiquen el trato hacia este grupo. De esta manera, se elaboró la “Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024”, que tiene como componentes fundamentales: “i) la responsabilidad compartida; ii) la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; iii) atención a la migración irregular; iv) el fortalecimiento institucional; v) la protección de connacionales en el exterior: vi) la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional; y el desarrollo sostenible” (SEGOB, 2018). 

Sin embargo, es importante distinguir entre el discurso oficial, su formalización a través de  leyes, reglamentos y normas, y su aplicación y cumplimiento (De Jesús, s.f.).  Si bien México cuenta con una política migratoria basada en los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico, que podría suponer un avance en la protección de las personas migrantes, continúan existiendo numerables casos de violación de sus derechos humanos. Además, el país tiene un significativo flujo de desplazamientos internos y transfronterizos, lo que indica que persisten los factores —incluyendo el cambio climático— que propician estos fenómenos.

4. DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN CLIMÁTICA EN MÉXICO RUMBO AL 2030

Identificar, ahora, los principales desafíos que enfrenta México rumbo al 2030 en materia de migración climática es una tarea primordial que deberían darse los tomadores de decisiones de nuestro país y del mundo. Si bien cualquier año hacia el futuro es de importancia mayúscula, por la velocidad en la que se están deteriorando las condiciones sociales y ambientales de nuestro planeta, el año mencionado ha sido establecido por las Naciones Unidas como la fecha clave para cumplir con políticas y leyes que aminoren la crisis civilizatoria.

El cambio climático, fundamento de las migraciones climáticas, ha sido abordado actualmente en el plano internacional, como se mencionó, por mecanismos como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son de igual forma estos mecanismos los que también han considerado que tenemos hasta el 2030 para cumplir objetivos como los de limitar la temperatura a 2°C. No obstante, las proyecciones indican que no lo lograremos; faltan solo seis años para cumplirlo y en algunas regiones del mundo, incluso, ya se ha llegado a ese preocupante aumento. Por ello, es necesario admitirlo: los desplazamientos climáticos se exacerbarán rumbo a ese año y se deben impulsar políticas efectivas o, cuando menos, existentes.

Dichas prospecciones a futuro pueden enlistarse tanto al interior como al exterior de la República de dos maneras; según las catástrofes ambientales, y según las sinergias que éstos guardan con contextos políticos, económicos o sociales. Primero, como principales agravamientos a las condiciones naturales, pueden considerarse las sequías, las inundaciones, la temperatura extrema, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua. En segundo lugar, pueden representar retos los acontecimientos de condiciones de pobreza, —como se analizó también en el apartado de migración interna–, sumado a la delincuencia y la militarización en la zona norte de la frontera.

Rumbo al 2030 se espera, por ejemplo, que México tenga aumentos de desplazamientos causados por la inseguridad alimentaria. Un estudio de 2021 estimó que el cambio climático ha reducido hasta ahora la productividad agrícola mexicana en aproximadamente un 25-30%, y un documento de 2010 sugirió que estos efectos podrían llevar a millones de inmigrantes climáticos mexicanos a la frontera con Estados Unidos para 2080 (Nuccitelli, 2024). El gobierno tendría que hacer frente a una situación que por sí sola ya se perfila como alarmante en los sistemas alimentarios del mundo entero. Esto tendría que hacer reflexionar, asimismo, sobre la imperante necesidad de transitar hacia modelos basados en plantas que devuelvan la soberanía alimentaria a los pequeños agricultores, y que incorporen los saberes de la agroecología.

Entre otras prospecciones hacia 2030 y años posteriores, según el portal del gobierno mexicano, Impactos del Cambio Climático en México, destacan las siguientes:

• A finales del siglo, estados como Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero y Colima, podrían perder entre 30% y 40% de sus rendimientos de producción de maíz temporal.
• Se espera que entre 2015 y 2039 el promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1.5°C y 2°C en el norte del territorio.
• El aumento de la temperatura promedio en 1° C podría reducir el crecimiento del PIB per cápita nacional entre 0.77% y 1.76%.
• Entre el 2015 y 2039 podría disminuir la precipitación anual entre un 10 y 20% aumentando las sequías intensas y prolongadas principalmente en el norte del país.

Ello, además de otros ejemplos, representaría a corto, mediano y largo plazo, el reto de atender las necesidades humanas básicas de nuevos flujos cuantitativos y cualitativos de personas al interior y exterior de México. Los derechos humanos fundamentales se verían cada vez más amenazados, como uno tan elemental para la vida misma como lo es el derecho al agua. Aunque en rango constitucional, el artículo 4, párrafo 6, señale que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, tan sólo durante la segunda quincena de marzo del 2024, la escasez de agua llegó hasta el 74.4% del territorio (El Economista, 2024).

El estrés hídrico rumbo al 2030 se puede calificar como severo, de continuar con las lógicas económicas y de falta de voluntad política, por lo que los tomadores de decisiones del país tendrían que encarar la aplicación de estrategias que eviten desplazamientos por causas de este ámbito. La seguridad hídrica tendría que ser una de las prioridades de los gobiernos, así como la adaptación a los escenarios inevitables e irreversibles que el modelo de producción capitalista sigue generando.

Aunque estos son sólo algunos de los ejemplos con foco ambiental, los retos de las migraciones climáticas, entonces, serán exacerbados si la pobreza, la desigualdad, y la delincuencia, –entre otros factores—, siguen aumentando con ellos. Esto simboliza también que los cambios en el clima de México que se presenten durante la segunda parte de este siglo, y en horizontes más lejanos, dependen de la trayectoria socioeconómica que la sociedad global en conjunto decida (Estrada, Zavala, Martínez, et al, 2023), por lo que se deberá prestar de igual forma atención a los desafíos desde el plano internacional.

4.1 Retos ante coyunturas políticas internacionales

Vivimos en un mundo globalizado, desigual y asimétricamente interdependiente donde la geopolítica de un país o una región pueden influir directamente en la de terceros, y principalmente, si se trata de actores hegemónicos como Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso es que analizar los desafíos de la migración climática rumbo al 2030, en donde los elementos demográficos indican ya por sí solos la inclusión de estudios fronterizos, requiere de la consideración de las coyunturas políticas internacionales.

Lo anterior se vuelve aún más relevante cuando añadimos que el 2024 es el año con más elecciones presidenciales y de altos cargos gubernamentales en el mundo de toda la historia. Más de 70 países tendrán comicios este año, pero para temas de migración climática en México toma particular interés uno:  las elecciones de Estados Unidos del 2 de noviembre entre Donald Trump y quien será electo como candidato del partido demócrata.

Para comprender cómo influyen los nuevos cargos de tomadores de decisiones para la migración climática, pueden utilizarse dos parámetros que, aunque no son los únicos, sirven de referencia análítica: los que conciernen a materia de migración (en general), y los de políticas climáticas. Esto, recordando que la migración climática por sí misma no tiene herramientas exclusivas oficiales cualitativas ni cuantitativas para desafíos en coyunturas políticas específicas.

Comenzando con el ámbito de migración, Estados Unidos es el país donde México presenta mayor dependencia y necesidad de diálogo. Se ha dicho ya en este escrito la importancia que tiene nuestra frontera norte, por lo que las elecciones en dicho país podrían definir, o al menos influir, los patrones de desplazamiento climático tanto al interior como al exterior. El escenario tiene dos caras hasta el momento: Si Donald Trump del partido republicano vuelve a su segundo mandato, o si Joe Biden u otro representante demócrata es reelecto. Cualquiera de las dos opciones es de interés, porque la agenda migratoria siempre lo ha sido incluso para sus campañas electorales, no obstante, resuena con más fuerza, y para mal, el escenario en el que Trump obtuviera la victoria.

Donald Trump es bien conocido por sus declaraciones de carácter xenofóbico y racista hacia los migrantes. En sus trayectorias por la presidencia, tanto en su primera postulación como en la segunda, se ha referido a este grupo social con los peores adjetivos y calumnias.  Para ejemplificar esto, durante una conversación que tuvo con Dana White, director y presidente del Ultimate Fighting Championship (UFC), dijo que los migrantes estaban destruyendo al país, y que eran asesinos, traficantes de drogas, o pandilleros, provenientes de prisiones e instituciones mentales. Además le mencionó la idea de hacer una liga de peleas entre ellos mismos. (France24, 2024)

Dimensionando lo anterior, no es para menos que sus políticas migratorias, de ganar la presidencia, vayan a ser sumamente represivas y alejadas de los derechos humanos. Haciendo un recuento de sus declaraciones y de entrevistas a medios que ha hecho Donald Trump, destacan las propuestas de hacer probable la utilización de fuerzas militares hacia los extranjeros indocumentados, categorizar a los migrantes no como civiles sino como criminales, renovar el programa “Quédate en México”, y volver a poner en operación el Título 42. Esto último fue usado en la pandemia y refería a expulsiones de personas por representar riesgos sanitarios, pero ahora justificándose en riesgos de seguridad porque, según él, muchos de ellos son delincuentes. En suma resultaría en, lo que él mismo ha llamado, la mayor operación de deportación masiva de la historia.

Joe Biden, en cambio, si bien no ha realizado avances significativos en otorgar una protección seria con perspectiva de género y de derechos humanos hacia los migrantes, sus políticas no son tan radicales ni despectivas como las de Donald Trump. De hecho, entre sus avances han estado los programas que han evitado la deportación y separación de familias, así como el mantenimiento de la estrategia ‘de parole’, de libertad condicional, que han permitido la llegada al territorio de cientos de miles de migrantes patrocinados por un estadounidense (France 24, 2024). Tocará analizar, a futuro, las propuestas de un nuevo candidato demócrata en caso de que lo hubiera.

Ahora, desde el ámbito de las políticas climáticas, impactaría para mal, de igual forma, un escenario en el que Donald Trump resultara el virtual presidente. Se le ha catalogado como un negacionista climático y como el peor presidente para abordar los asuntos ambientales de la historia. Sus razones abundan: ha dicho tantas declaraciones falaces (como que el cambio climático es una invención China), como tantos actos catastróficos para el planeta, por ejemplo, retirarse del Acuerdo de París.

De ganar, esto podría incluso recrudecerse como nunca antes. Ha amenazado no sólo con salirse del Acuerdo de París, sino también con hacerlo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). De la CMNUCC emanan las COP, Conferencias de las Partes, donde cada año se llevan a cabo las negociaciones multilaterales más importantes sobre cambio climático, y por lo tanto, donde se discuten los tratados y resoluciones en materia de derecho internacional ambiental que marcan el camino hacia un mundo sustentable. Hacer efectiva la retirada de estos dos mecanismos marcaría no sólo profundos retrocesos a lo poco o mucho que ha hecho Joe Biden, sino que también podría incitar menos voluntad política de otros países.

De ser reelecto Donald Trump,  resulta interesante complementar que, irónicamente, él estaría llevando a cabo políticas contradictorias. Por un lado alentaría el aumento de migrantes climáticos, —al desatender al cambio climático exacerbándolo con sus lógicas ecocidas, –y por el otro, luchando contra ese mismo problema que impulsaría, –llevando a cabo deportaciones masivas.

Dicho esto, desde Estados Unidos, entonces, podrían haber importantes desafíos para México rumbo al 2030 en materia de migración climática, bajo un escenario trumpista. Joe Biden u otro candidato republicano, por su parte, tendrían que imponer liderazgo en la retórica y en la acción tanto para atender estrategias compatibles con una migración ordenada y regular por causas climáticas, como para cumplir sus objetivos climáticos del Acuerdo de París y otros instrumentos internacionales.

5. CONCLUSIONES

Las migraciones climáticas son una emergencia humanitaria en rápido aumento y se pueden caracterizar como un síntoma más de la crisis civilizatoria a la que nos dirigimos. Esta crisis que se expande y se diversifica, asimismo, es producto de un sistema económico insostenible e injusto que adjudica un sufrimiento lento a quienes menos han participado de las lógicas voraces del mercado.

Las migraciones climáticas, a pesar de ser una problemática alarmante que quebranta la dignidad humana de los más vulnerables, no son lo suficientemente atendidas desde México ni desde ningún país del mundo. Los tomadores de decisiones siguen dedicando esfuerzos, incluso, a acentuarlas. No cumplen sus objetivos climáticos ni sociales emanados de los principales acuerdos internacionales que encaran los derechos humanos y que podrían atenderlas.

Ante ello, se concluye, para el caso específico de México, que urge la incorporación del término migración climática en todos las estrategias, planes, políticas y leyes que puedan implicar o interconectar desplazamientos por causas del cambio climático. Asimismo, y sobre todo, se exhorta a que más allá de una conceptualización de ésta, haya una acción, una praxis que reduzca y atienda sus causas estructurales. Por una migración ordenada, segura y regular: por un presente y futuro decolonial y postcapitalista.

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Citas

[1] Licenciada en Relaciones Internacionales con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),es Asociada en Diplomacia Climática en Transforma. Ha sido representante de América Latina en el C40 Global Youth and Mayors Forum y Diplomática Juvenil de México en la Asamblea General de la ONU. Se ha desempeñado como profesora adjunta de Derecho Internacional Público, Política Exterior de México, Derecho Constitucional y Teoría de Relaciones Internacionales. Ha escrito para medios internacionales como el Journal of City Climate Policy and Economy de la Universidad de Toronto y ha participado en foros como la COP 26 y la pre Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.

[2] Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con amplia experiencia en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Competencia Económica. Ha participado en diversos cursos de formación en técnica legislativa y ha sido miembro y líder en organizaciones de participación juvenil, siendo también promotora de los derechos humanos mediante el desarrollo de proyectos y talleres. Actualmente es seleccionada para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Groningen, Países Bajos.

^[3] Para realizar más análisis como el mencionado, así como para identificar cuáles podrían ser las entidades federativas de mayor recepción de migrantes climáticos, se recomienda realizar la misma comparativa desde el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, –para factores ambientales—, y los datos del CONEVAL sobre la población en situación de pobreza, –para factores económicos.