Por Alma Delia Herrera Márquez[1]

The research aims to examine democratic erosion in Mexico and its impact on human rights and the Rule of Law. The general objective is to analyze the historical, political, and social factors contributing to this erosion, comparing the situation with other countries that have experienced similar processes, and proposing perspectives and reforms to strengthen democracy in the country. The hypothesis posits that democratic erosion in Mexico negatively affects the protection of human rights and the Rule of Law, exacerbated by corruption, the concentration of power, and institutional weakness. The research question is: How does democratic erosion in Mexico affect the protection of human rights and the Rule of Law? To achieve this, the following specific objectives were established: Determine the main milestones and setbacks in Mexico’s democratic history to understand the current context of democratic erosion; Identify and evaluate the factors contributing to democratic erosion in Mexico, including corruption, the concentration of power, and institutional weakness; Compare Mexico’s situation with that of other countries that have experienced democratic erosion, such as Venezuela, Hungary, and Turkey, to identify common patterns and lessons learned; Analyze the future prospects of democracy in Mexico, considering current challenges and potential reforms to strengthen democratic institutions; Evaluate the implications of democratic erosion on the protection of human rights in Mexico, using recent statistics and specific cases. The methodology combines a documentary analysis and a review of recent statistics, along with a comparative study of other countries that have experienced democratic erosion to identify applicable patterns and lessons.

Palabras Claves: Erosión democrática, Estado de Derecho, Derechos humanos, División de poderes, Transparencia, Corrupción, Acceso a la justicia, Reformas institucionales.

Keywords: Democratic erosion, Rule of law, Human rights, Separation of powers, Transparency, Corruption, Access to justice, Institutional reforms.

I.Introducción. II. La Erosión Democrática en México: Contexto y Desafíos. III.  Función del Parlamento en la Democracia Representativa. IV. Factores que contribuyen a la erosión democrática en México. V. Comparar la situación de México con países que han experimentado procesos de erosión democrática VI. Perspectivas e implicaciones de la erosión democrática en la protección de los derechos humanos en México. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

1. Introducción

En los últimos años, México ha enfrentado una serie de retos que amenazan la solidez de su sistema democrático. La corrupción generalizada, últimamente la concentración de Poder en el Ejecutivo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, y la debilidad institucional (falta de autonomía), son factores que han contribuido a la erosión democrática, la afectación a mecanismos de control constitucional, como al juicio de amparo en su última reforma. Este deterioro no solo afecta la calidad de la gobernanza, sino que también pone en riesgo el avance de la democracia, protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el País.

La corrupción ha permeado en todos los niveles del gobierno, fragmentando la confianza pública en las instituciones democráticas. La concentración de Poder en el Ejecutivo ha llevado a decisiones unilaterales que a menudo pasan por alto los mecanismos de control existentes y el equilibrio necesario en una democracia saludable tal como: reformas energéticas, militarización de funciones civiles, aprobación de Ley de Amnistía Internacional…La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha generado un clima de miedo y autocensura, restringiendo la libertad de expresión y el acceso a la información.

Además, la debilidad institucional, sobre carga de expedientes, se refleja en la incapacidad del sistema judicial para operar de manera independiente, efectiva y conforme a los tratados internacionales, que son ley suprema. La falta de un verdadero control de convencionalidad resulta en impunidad y una evidente ausencia de justicia. Este problema se agrava con los errores y omisiones de los demás poderes del Estado, lo que exacerba la corrupción y la ineficiencia. Estos factores combinados están deteriorando la calidad de la democracia en México, con serias repercusiones para la protección de los derechos humanos y la estabilidad política.

La erosión democrática no es un fenómeno exclusivo de México; varios países alrededor del mundo han experimentado retrocesos significativos en sus sistemas democráticos. La comparación de la situación mexicana con otros casos internacionales puede ofrecer valiosas lecciones y estrategias para abordar esta problemática.

En países como la India, Hungría, Turquía y Venezuela, El Salvador, se ha observado un patrón similar de concentración de poder, debilitamiento de las instituciones democráticas y ataques a la libertad de prensa. Estos países han pasado de ser democracias en consolidación a regímenes híbridos o autoritarios, con serias consecuencias para los derechos humanos y el Estado de Derecho.  Y es importante observar como otros países van en contra del modelo de los derechos humanos.

En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha llevado a cabo reformas que reducen la independencia judicial y centralizan el poder en el Ejecutivo, debilitando la democracia y limitando las libertades civiles. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha reforzado su control mediante la represión de opositores y la manipulación del sistema judicial. En Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, la calidad democrática ha disminuido drásticamente, con la desmantelación de instituciones democráticas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

 Al comparar estos casos con México, es posible identificar patrones comunes y factores específicos que contribuyen a la erosión democrática. Esta comparación también permite evaluar las estrategias que han sido efectivas (o ineficaces) en otros contextos, ofreciendo un marco para desarrollar políticas y acciones destinadas a fortalecer la democracia en México y proteger los derechos humanos.

2. La Erosión Democrática en México: Contexto y Desafíos

En México, la erosión democrática se ha materializado a través de la corrupción, la concentración de Poder en el Ejecutivo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, y la debilidad institucional. Estos factores han debilitado la confianza pública en las instituciones democráticas y han puesto en riesgo la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. La incapacidad del sistema judicial para actuar de manera independiente y efectiva ha resultado en impunidad y falta de justicia, agravando la crisis democrática. A pesar de que aún queda mucho por definir en la historia del constitucionalismo mexicano, es crucial mantener y fortalecer los controles de constitucionalidad y asegurar una verdadera autonomía del Poder Judicial. Esto es esencial para avanzar en la protección de los derechos humanos, una lucha que debe continuar.

Jacqueline Peschard “aborda de manera crítica algunas dimensiones del retroceso democrático en México en los últimos años, siendo clave la actual concentración del poder en el Ejecutivo”.

La centralización del poder en sus manos, controlando la narrativa pública y disminuyendo los contrapesos institucionales diseñados para limitar su autoridad, que ha permitido no negociar con otras fuerzas políticas al romper la mayoría legislativa. (Peschard, 2024). Este fenómeno no solo es una estrategia política, sino que también representa una amenaza a la democracia, ya que elimina la diversidad de opiniones y el debate constructivo necesario en un sistema democrático saludable.

Estamos de acuerdo que al eliminar la diversidad de opiniones y suprimir el debate constructivo necesario para un sistema democrático saludable, se socava la pluralidad de voces y se debilita la calidad democrática. Este enfoque autoritario puede llevar a una degradación significativa de la salud del sistema democrático, donde la diversidad de opiniones y el diálogo crítico son esenciales.

No siempre es el caso, pero en general, las mayorías calificadas son un mecanismo crucial en los sistemas constitucionales para asegurar la protección de los derechos de las minorías. Esto impide que las decisiones de la mayoría, que podrían ser dañinas, se implementen sin tener en cuenta el impacto en los grupos vulnerables, asegurando un equilibrio en el poder y una mejor protección para todos los ciudadanos, en beneficio de las minorías.  La misma Corte ha señalado La CIDH ha señalado que las instituciones democráticas deben promover y proteger los derechos de todos los individuos, reconociendo la necesidad de mantener contrapesos que eviten la concentración de poder y garanticen el respeto a los derechos humanos. La inclusión de mecanismos como las mayorías calificadas es fundamental para mantener la integridad del Estado de Derecho y la democracia en la región (CIDH, 2023).

Sin embargo, a pesar de su importancia para la protección de las minorías, las mayorías calificadas presentan un desafío considerable en la implementación de reformas y políticas, y es que la existencia de un consenso amplio puede dificultar la adopción de medidas necesarias, especialmente en contextos políticos complejos donde los intereses y opiniones están profundamente divididos. Esta barrera puede retrasar el proceso legislativo y dificultar la implementación de cambios significativos.

Lo que se ha observado es que el uso de mayorías legislativas para consolidar el control Ejecutivo se ha manifestado en la aprobación de reformas y políticas sin una discusión parlamentaria adecuada. Esta práctica socava los principios democráticos, ya que evita el escrutinio y la deliberación, esenciales para la legitimidad de las decisiones gubernamentales. La falta de debate y transparencia en la formulación de políticas puede llevar a decisiones que no reflejen el interés público y que, en cambio, fortalezcan el poder del Ejecutivo. Peor aún en contra del Estado de Derecho. (Narváez M., A.,2016).

 En México, se está evaluando la posibilidad de mantener la pluralidad de decisiones estipulada en el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). El Poder Ejecutivo ha promovido un discurso que, en algunos casos, contradice la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Esta actitud incluye ignorar sentencias judiciales y promover leyes que contravienen la Constitución, estableciendo un precedente donde las normas pueden ser ignoradas o reinterpretadas según la conveniencia política del gobierno en turno. (Peschard, 2024).

Un ejemplo de esta situación es la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el arraigo, que involucra la protección de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y que no se ha cumplido en su totalidad.

El esfuerzo por subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo ejemplifica una erosión de la independencia judicial. La independencia judicial es crucial para una democracia efectiva, ya que garantiza la aplicación imparcial de las leyes y mantiene un equilibrio de poder entre las ramas del gobierno. La interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial pone en peligro esta independencia, afectando así la justicia y la equidad en la aplicación de la Ley. (Peschard, 2024)

El incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública y funciones civiles en México debilita los contrapesos civiles y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, representando una amenaza para la democracia y el estado de derecho. Los constantes ataques a órganos autónomos (Instituto Nacional Electoral (INE) buscan desprestigiarlos y reducir su presupuesto, lo que disminuye su capacidad de supervisión sobre el Ejecutivo y facilita la concentración de poder, comprometiendo la transparencia y la responsabilidad gubernamental. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, ha sido objeto de críticas y presiones que han cuestionado su autonomía y capacidad para defender los derechos humanos de manera imparcial. Estos ataques pueden debilitar su autoridad y capacidad para actuar como contrapesos efectivos al poder gubernamental.

Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales han expresado preocupación por estas tendencias.

En México, la comunicación ha sido instrumentalizada como una herramienta de propaganda para desacreditar a críticos y opositores, fomentando la polarización y la desconfianza en las instituciones democráticas. Este fenómeno, ampliamente documentado en diversos estudios, resalta cómo la desinformación y la propaganda afectan el entorno político y social del país (Springer, 2023).

 La «Cuarta Era de la Comunicación Política en México» ilustra cómo el gobierno ha empleado concesiones mediáticas y acuerdos fiscales para controlar la narrativa en los medios, favoreciendo una cobertura positiva del gobierno mientras boicotea a los medios críticos. Esta práctica ha llevado a una alta concentración de medios en manos de unos pocos, facilitando la manipulación de la opinión pública y la supresión de voces disidentes (Springer, 2023). Esta situación subraya la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas y promover un diálogo inclusivo y pluralista para contrarrestar la polarización y asegurar la transparencia y responsabilidad gubernamental.

La democracia deliberativa subraya la importancia de la participación activa y reflexiva de los ciudadanos en el proceso político, y va más allá de la mera realización de elecciones. Este modelo promueve un sistema donde las decisiones se toman mediante el diálogo y el consenso, garantizando que todas las voces sean escuchadas y consideradas. Además, enfatiza la necesidad de estructuras institucionales que faciliten el debate público informado y la participación continua de los ciudadanos, asegurando decisiones inclusivas y justas que mejoren la gobernanza a través de la transparencia y la inclusión (Olvera, 2006).

Para consolidar la democracia, se necesitan instituciones fuertes y una ciudadanía comprometida que participe en procesos deliberativos y exija el cumplimiento de sus derechos, reflejando una evolución democrática con logros y desafíos persistentes (Méndez de Hoyos, 2007).

2.1 Características y Elementos para una Democracia Fuerte

Giovanni Sartori, en su teoría de la democracia, enfatiza que esta debe ser entendida no solo como un sistema electoral, sino como un proceso que requiere la participación y continua de los ciudadanos. Destaca la necesidad de mecanismos que promuevan la deliberación y el consenso para asegurar decisiones políticas inclusivas y equitativas. Además, subraya la importancia de la responsabilidad y rendición de cuentas dentro de un estado de derecho robusto, con un sistema judicial independiente que garantice los derechos fundamentales. La alternancia en el poder es vital para prevenir la perpetuación de un grupo gobernante y asegurar elecciones libres y justas (Sartori, 2017).

La responsabilidad y rendición de cuentas aseguran la transparencia y supervisión del poder, mientras que el respeto al Estado de Derecho garantiza derechos fundamentales y un sistema judicial independiente. La alternancia en el poder previene la perpetuación de un grupo gobernante, y el pluralismo permite la coexistencia de diversas ideas dentro de los límites constitucionales, fomentando un debate público abierto y crítico (Suárez-Iñiguez, 2005).

Señalamos puntualmente la importancia de la preservación de la democracia en México requiere el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a la legalidad y la promoción de un diálogo inclusivo y pluralista, tal como lo destaca Sartori y Suárez-Iñiguez. La combinación de estos esfuerzos contribuirá a formar una opinión pública sólida y enriquecer el proceso democrático, protegiendo así la estabilidad y seguridad de la sociedad mexicana

A continuación, se presenta una tabla que resume las características y elementos necesarios para lograr una democracia fuerte.

Tabla 1:  Características de una democracia fuerte.

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, pensando en la perspectiva global el autor Noam Chomsky afirma que enfrentamos varias crisis existenciales que incluyen la degradación de la democracia, la catástrofe ambiental y la amenaza de una guerra nuclear. Considera que la democracia es vital para abordar estos problemas y señala que las elecciones estadounidenses son fundamentales no solo para el país sino para el futuro de la humanidad. El resultado de estas elecciones podría determinar la dirección global en cuanto a estas crisis.

Chomsky critica el neoliberalismo por transferir el poder del gobierno a entidades privadas, lo que ha dificultado la respuesta efectiva a problemas como la pandemia de COVID-19. Argumenta que las grandes farmacéuticas y corporaciones priorizan las ganancias sobre la preparación para emergencias, dejando al mundo vulnerable. Chomsky culpa al capitalismo por impedir la inversión en medidas preventivas esenciales, destacando una falla sistemática en la protección de la población.

Además, subraya la importancia de los movimientos sociales y la participación ciudadana, como Black Lives Matter y jóvenes activistas, en la lucha por el cambio.  Chomsky señala que “para enfrentar las crisis actuales, es necesario superar la lógica capitalista y las políticas neoliberales, y promover un liderazgo comprometido con la justicia social y la sostenibilidad ambiental”. (Chomsky, 2020).

 Sin embargo, al respecto consideramos que, si bien estos factores pueden haber exacerbado ciertos problemas, también es importante considerar otros aspectos complejos, como la ineficiencia gubernamental, la corrupción, y las fallas en la cooperación internacional, que también han contribuido a una respuesta insuficiente. Y es importante destacar que, aunque las grandes corporaciones priorizan las ganancias, el sector privado y la ciencia han sido crucial en el desarrollo de vacunas y tratamientos, mostrando que no es solo una fuente de problemas sino también de soluciones. La viabilidad de superar la lógica capitalista y las políticas neoliberales puede ser cuestionada debido a la resistencia y los desafíos logísticos que implicaría un cambio tan drástico. (Chomsky, 2020). Señalamos que, aunque Chomsky resalta la importancia de los movimientos sociales y la participación ciudadana, algunos podrían señalar que estos movimientos, aunque influyentes, no siempre pueden lograr cambios estructurales profundos e importante sin apoyo institucional significativo.

Jürgen Habermas decía que “la democracia deliberativa se fundamenta en la participación activa y razonada de los ciudadanos en el proceso político. Este modelo se basa en la legitimidad de las decisiones políticas derivadas de la deliberación pública y el consenso, enfatizando la inclusión y la igualdad de derechos. La participación debe guiarse por normas y procedimientos comunes para garantizar que diversas formas de vida cultural sean representadas en el proceso democrático”. (Domínguez, 2013).

Habermas también propone que “el derecho debe actuar como un regulador social que promueve la cohesión y organización de la sociedad, asegurando la validez y aceptación de las leyes a través de normas racionales y procedimientos legales legitimados por los ciudadanos en un proceso democrático”. (Domínguez, 2013). Es decir que el derecho debe funcionar como un regulador social, promoviendo la cohesión y organización de la sociedad. Esto se logra asegurando que las leyes sean válidas y aceptadas por medio de normas racionales y procedimientos legales que los ciudadanos legitiman en un proceso democrático.

En la teoría de la democracia deliberativa de Habermas, la comunicación es fundamental, con la esfera pública como el espacio donde los ciudadanos debaten sobre asuntos de interés común. La legitimidad y legalidad de las decisiones políticas dependen de un proceso de comunicación inclusivo y transparente, orientado hacia el entendimiento y el consenso, libre de coacción y basado en la racionalidad discursiva. (Domínguez, 2013). Por tanto, este enfoque permite la construcción de una sociedad democrática y pluralista

Sin embargo, en México, estos ideales democráticos se han visto empañados en 2024 por una creciente polarización política y social. La intensificación de los discursos polarizantes ha generado divisiones profundas en la sociedad, dificultando el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos, amenazando la efectividad de la democracia deliberativa y debilitando la unión social y la confianza en las instituciones democráticas.

2.2 La Importancia de Mantener el Principio de División de Poderes

El principio de división de poderes es un pilar fundamental para cualquier democracia que aspire a mantener un Estado de Derecho robusto y funcional. La división de poderes no solo asegura la independencia y el equilibrio entre las diferentes ramas del gobierno, sino que también protege derechos fundamentales de los ciudadanos. No olvidemos que la igualdad y libertad son ejes fundamentales de los derechos humanos.

El principio de la división de poderes, fundamental en los Estados constitucionales modernos, se basa en la teoría de Montesquieu. Esta teoría, influenciada por John Locke y la experiencia inglesa, sostiene que, para proteger las libertades individuales, el poder del Estado debe dividirse en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Montesquieu argumentó que esta separación es crucial para evitar el abuso de poder y garantizar un gobierno moderado, señalando la constitución inglesa como un ejemplo de cómo lograr la libertad política mediante la división de poderes (Carbonell & Salazar, 2005).

En México, la división de poderes está establecida en el artículo 49 de la Constitución, que determina que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar separados y no pueden reunirse en una sola persona o entidad. A lo largo de la historia, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de 1917, este principio ha evolucionado, aunque durante el siglo XX el presidencialismo mexicano y la concentración de poder en el Ejecutivo debilitaron esta separación. Las reformas posteriores han intentado restaurar el equilibrio entre los poderes. (Carbonell & Salazar, 2005). Hoy, este principio se encuentra particularmente vulnerable, y es necesario reforzarlo para asegurar la estabilidad democrática y el respeto a las libertades individuales.

La separación de poderes no es absoluta y admite ciertas excepciones para asegurar la funcionalidad del Estado. En México, por ejemplo, el artículo 131 de la Constitución mexicana permite al Ejecutivo ejercer facultades legislativas en materias arancelarias. La jurisprudencia mexicana ha reflejado una visión flexible de la división de poderes, reconociendo que cada poder puede, bajo ciertas condiciones, realizar funciones típicas de otro poder. Sin embargo, es crucial que estas excepciones estén claramente delineadas en la Constitución para evitar abusos y asegurar que el principio de legalidad y la imparcialidad judicial se mantengan intactos. (Carbonell & Salazar, 2005). En la práctica, ha habido debates sobre la interpretación y aplicación de estas excepciones, subrayando la importancia de una vigilancia constante para mantener la integridad del sistema democrático.

En este sentido es esencial que México refuerce el principio de la división de poderes para garantizar un gobierno equilibrado y proteger las libertades individuales. La concentración de poder en el Ejecutivo ha demostrado ser perjudicial para la democracia y la justicia. Por lo tanto, es imperativo que las reformas continúen orientadas hacia la consolidación de un sistema donde los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial operen de manera independiente y equilibrada, asegurando así la integridad del Estado constitucional y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

2.3 Fundamentación Jurídica del Estado de Derecho

Analizando lo señalado por Francisco Rubio Llorente se desprende lo que en la actualidad permanece como ideología dominante, lo que llama “la primacía de los derechos, basada en la creencia de que los individuos poseen derechos inherentes a su dignidad, y la legitimidad del poder se deriva de su capacidad para realizar y proteger estos derechos”. La inclusión de derechos fundamentales en las constituciones nacionales asegura su protección frente a las acciones de los poderes constituidos, incluido el legislativo.

Además, el concepto de Estado de Derecho ha evolucionado para integrar los derechos fundamentales como límites al poder estatal, subrayando la importancia del control judicial sobre las decisiones legislativas para garantizar el respeto a estos derechos. Rubio Llorente también aborda la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales en el derecho internacional, al decir “que la protección de los derechos ha trascendido las fronteras nacionales y se ha convertido en una finalidad legítima de la acción internacional, aunque las instituciones internacionales y órganos de justicia constitucional tienen capacidades limitadas para asegurar su pleno respeto y realización” (Rubio Llorente, 2006).

Por tanto, es menester que las constituciones nacionales no solo incluyan derechos fundamentales, sino que también aseguren mecanismos efectivos para su protección frente a cualquier abuso de poder por parte de los poderes constituidos. En México contamos con los siguientes mecanismos de control coactivos y no coactivos: Juicio de Amparo, Acción de Inconstitucionalidad, Controversia Constitucional, Declaratoria General de Inconstitucionalidad, Revisión Judicial, Consulta Popular, Control Difuso de Constitucionalidad y Acción de Inconstitucionalidad Electoral, Iniciativa Ciudadana, Observatorios Ciudadanos, Auditorías Públicas, Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el ámbito internacional coactivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

La evolución del Estado de Derecho debe continuar enfocándose en el sometimiento del poder al derecho y en la fortaleza del control judicial. Además, la cooperación internacional en la protección de los derechos humanos debe ser fortalecida, reconociendo que la acción internacional puede complementar los esfuerzos nacionales para garantizar el respeto y la plena realización de los derechos fundamentales. Solo a través de un compromiso firme con estos principios se puede garantizar una verdadera protección de la dignidad humana y la legitimidad del poder.

Siguiendo con la importancia de evitar la erogación de la democracia, es importante regresar a los clásicos como Hans Kelsen, que en su «Teoría Pura del Derecho» (1934), “argumenta que el derecho debe ser visto como un sistema de normas jerárquicamente ordenadas, donde cada norma deriva su validez de una norma superior, culminando en una norma fundamental o Grundnorm”. Para Kelsen, el Estado de Derecho es esencial porque asegura la coherencia y la previsibilidad del sistema jurídico, permitiendo que las leyes se apliquen de manera consistente y justa. ( Kelsen, H., s/f)

Para Ronald Dworkin, en su obra «El imperio del derecho» (1986), afirma que “el Estado de Derecho no solo requiere la aplicación de normas legales, sino también la interpretación de estas normas de manera que respete los derechos y principios fundamentales”. Dworkin argumenta que las leyes deben ser aplicadas con integridad, lo que implica que los jueces deben interpretarlas según principios morales y jurídicos coherentes, protegiendo así los derechos individuales y garantizando la justicia. (Rojas A., 2015).

Por su parte, Luigi Ferrajoli, en «Derechos y garantías. La ley del más débil» (1999), enfatiza la importancia del Estado de Derecho para la protección de los derechos fundamentales. Ferrajoli destaca que el poder debe ser limitado y controlado por normas jurídicas para evitar abusos y asegurar la igualdad ante la ley. Según él, el Estado de Derecho es una garantía esencial para proteger a los ciudadanos contra la arbitrariedad del poder. Palomo Vélez, D. (2001).

Dworkin y Ferrajoli, en sus respectivas obras, subrayan la esencia del Estado de Derecho como un baluarte de la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Dworkin destaca la necesidad de interpretar las leyes con integridad y coherencia moral, asegurando que los jueces actúen como guardianes de los derechos individuales. Esta perspectiva resalta que la mera aplicación de la ley no es suficiente; se requiere una interpretación que respete y promueva los principios fundamentales de justicia.

Ferrajoli complementa esta visión al enfatizar la necesidad de limitar y controlar el poder a través de normas jurídicas, protegiendo así a los ciudadanos de la arbitrariedad y asegurando la igualdad ante la ley. Ambos autores coinciden en que el Estado de Derecho no solo se trata de la existencia de leyes, sino de su correcta aplicación e interpretación para garantizar los derechos y la justicia.

De tal manera que la visión de Dworkin y Ferrajoli subraya la importancia de un poder judicial independiente y comprometido con los principios morales y jurídicos que sustentan el Estado de Derecho. Sin embargo, en la práctica, lograr una interpretación coherente y moralmente íntegra de las leyes puede enfrentar desafíos significativos, especialmente en contextos de fuerte presión política o social. Además, la limitación y control del poder deben ser vigilados constantemente para evitar desviaciones que puedan socavar los derechos fundamentales. Es crucial que los sistemas jurídicos se fortalezcan y adapten continuamente para mantener el equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos, asegurando así la primacía del Estado de Derecho en todas las circunstancias.

Manuel Aragón sostiene que el constitucionalismo ha rechazado la democracia directa por razones teóricas en lugar de prácticas. La democracia representativa, basada en la elección de parlamentarios, se considera más adecuada para limitar el poder político y garantizar los derechos fundamentales. Aunque la tecnología moderna podría hacer viable la democracia directa, las razones para preferir la representación parlamentaria siguen siendo válidas, subrayando la importancia de la deliberación y el funcionamiento eficiente en grandes comunidades políticas (Aragón Reyes, 2008)

Al respecto pensamos que la democracia representativa subraya la importancia de limitar el poder político y garantizar los derechos fundamentales, aspectos esenciales del Estado de Derecho. Sin embargo, esta perspectiva también debe adaptarse a los tiempos modernos, considerando cómo la tecnología podría enriquecer la participación ciudadana directa sin sacrificar la deliberación y la eficiencia. Es crucial encontrar un equilibrio que permita integrar aspectos de la democracia directa en el marco representativo, potenciando así la participación ciudadana y fortaleciendo la legitimidad democrática sin comprometer los principios fundamentales del constitucionalismo.

3. Función del Parlamento en la Democracia Representativa

Manuel Aragón señala que el parlamento desempeña funciones esenciales en la democracia representativa, especialmente en la legislación y el control del gobierno. La función legislativa se ha vuelto más compleja, requiriendo cooperación y compartición de poderes en lugar de una separación estricta, reflejando la realidad moderna de los estados democráticos donde las decisiones legislativas involucran a varios órganos y niveles de gobierno (Aragón Reyes, 2008).

Aragón también enfatiza la importancia del control parlamentario en la división de poderes. Este control es crucial para prevenir el ejercicio ilimitado del poder, asegurando que el gobierno rinda cuentas y mantenga un equilibrio con el parlamento. La disciplina partidaria y la interacción entre el gobierno y el parlamento son esenciales, y el control efectivo depende tanto de la capacidad de destituir al gobierno como de la supervisión continua de sus acciones (Aragón Reyes, 2008).

Se percibe que, aunque el parlamento tiene un papel vital en la legislación y el control del gobierno, la creciente complejidad de las funciones legislativas puede diluir la claridad y efectividad de su rol. La cooperación y compartición de poderes, aunque necesarias, pueden llevar a una difuminación de responsabilidades que debilite la rendición de cuentas. Además, la disciplina partidaria y la dinámica entre el gobierno y el parlamento pueden limitar la independencia de los parlamentarios y reducir la efectividad del control parlamentario. Para mantener la integridad del Estado de Derecho, es esencial reforzar mecanismos que aseguren una clara separación de responsabilidades y una supervisión efectiva del gobierno, garantizando que el parlamento pueda ejercer su función de control sin restricciones indebidas.

Las posturas populistas y autoritarias critican el Estado de Derecho, argumentando que las restricciones legales impiden al gobierno actuar rápidamente para resolver problemas urgentes. Sin embargo, esta visión es peligrosa porque socava los fundamentos de la democracia, concentrando el poder en manos de un líder o un pequeño grupo sin controles adecuados, lo que puede llevar a abusos de poder y la erosión de derechos y libertades fundamentales (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).

Del Tronco y Monsiváis-Carrillo sostienen que la erosión de la democracia tiene un alto costo moral, más allá de sus efectos prácticos. La democracia no solo es valiosa por sus resultados, sino porque garantiza que los ciudadanos puedan elegir y controlar al gobierno. La pérdida de estos atributos democráticos amenaza la esencia del régimen político, ya que impide a las sociedades vivir en un orden donde puedan ejercer sus derechos y libertades. En contextos de pobreza y desigualdad, este deterioro es aún más grave, afectando directamente la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones públicas (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).

Sentimos que la actual crítica es populista y contra al Estado de Derecho, que lo considera un obstáculo para la acción rápida del gobierno, es peligrosa ya que ignora la importancia de los controles y balances necesarios para prevenir abusos de poder. La concentración del poder sin supervisión adecuada pone en riesgo los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Además, la erosión de la democracia no solo tiene consecuencias prácticas, sino también un profundo costo moral. Es esencial mantener los mecanismos democráticos que permiten a los ciudadanos elegir y controlar a su gobierno, especialmente en contextos de desigualdad, para asegurar que todas las voces sean escuchadas y los derechos fundamentales sean protegidos. El fortalecimiento del Estado de Derecho es vital para preservar la integridad democrática y garantizar un gobierno responsable y justiciable.

El concepto de «erosión democrática» describe el deterioro gradual de los atributos democráticos de un régimen político, manifestado en el debilitamiento de las instituciones y la autocratización. Este proceso puede ser impulsado por líderes populistas que buscan consolidar su poder y por la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. La erosión democrática afecta la estabilidad política y la calidad de vida, ya que reduce la legitimidad y capacidad de respuesta del gobierno y puede promover la aparición de líderes autoritarios. Para prevenirla, es esencial fortalecer las instituciones, garantizar la representación ciudadana y promover la transparencia y la rendición de cuentas (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).Argumentos Económicos Algunos economistas argumentan que un Estado de Derecho riguroso puede obstaculizar el crecimiento económico al imponer demasiadas restricciones y regulaciones. No obstante, la evidencia empírica sugiere que los países con un Estado de Derecho fuerte tienden a tener economías más estables y sostenibles a largo plazo. La protección de los derechos de propiedad, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico.

4. Factores que contribuyen a la erosión democrática en México

Sin lugar a duda la erosión democrática en México es un tema de gran relevancia en el contexto de los procesos de autocratización que se observan en varios países de América Latina. En México, este fenómeno se manifiesta a través de la concentración de poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la creciente desconfianza en las instituciones políticas por parte de la ciudadanía. Estos factores son indicativos de una erosión democrática que amenaza con transformar el régimen democrático en uno autoritario, siguiendo patrones similares a los observados en otros países de la región.

Uno de los principales factores que contribuyen a la erosión democrática en México es la concentración de poder en manos del Presidente, evidenciada por la centralización de decisiones, la limitación de la independencia de otros poderes y la cooptación de instituciones clave. Este proceso erosiona los mecanismos de pesos y contrapesos esenciales para una democracia saludable, facilitando políticas autoritarias y reduciendo el espacio para la oposición efectiva. Además, el debilitamiento de las instituciones democráticas, como la independencia judicial y la autonomía de organismos de control, compromete su capacidad de actuar como contrapesos al poder Ejecutivo, lo que mina la confianza ciudadana en su capacidad para proteger los derechos y libertades democráticas.

La creciente desconfianza en las instituciones políticas, alimentada por la percepción de corrupción y la ineficacia en la gestión pública, también es un factor crítico en la erosión democrática en México. Este desencanto con la democracia lleva a apoyar líderes populistas que prometen soluciones rápidas pero que recurren a prácticas autoritarias para consolidar su poder, debilitando aún más las estructuras democráticas. Aunque México muestra patrones similares de erosión democrática en comparación con otros países de la región, aún mantiene diferencias respecto a casos más extremos como Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la tendencia al debilitamiento institucional y la concentración de poder es alarmante y requiere atención para evitar una mayor degradación del sistema democrático. La experiencia de otros países sugiere que la erosión democrática es un proceso gradual que, de no ser contrarrestado, puede llevar a la instauración de regímenes autoritarios.

La erosión de la democracia a menudo ocurre a través de la concentración de poder en el Ejecutivo, un proceso conocido como autocratización. Esto implica que los líderes estatales debilitan la independencia de los poderes y las instancias de veto, lo que a su vez socava los contrapesos al poder presidencial o del primer ministro. Como resultado, se controla el proceso electoral y la competencia política, facilitando la transición hacia un régimen autoritario. Además, la limitación de las libertades civiles y el control gubernamental de las elecciones minan la base del Estado de derecho y disminuyen la legitimidad democrática. La capacidad de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas es crucial para mantener la legitimidad; su pérdida puede llevar a una mayor autocratización si los líderes eliminan controles y limitaciones al poder (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).

4.1 Principio de división de poderes

El principio de la división de poderes es un pilar fundamental para cualquier democracia que aspire a mantener un Estado de Derecho robusto y funcional. Originado en la teoría de Montesquieu, este principio sostiene que para proteger las libertades individuales, el poder del Estado debe dividirse en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Montesquieu, influenciado por la experiencia inglesa y las ideas de John Locke, argumentó que la separación de poderes es crucial para evitar el abuso de poder y garantizar un gobierno moderado. La constitución inglesa, según Montesquieu, demuestra cómo la libertad política puede lograrse mediante la división de poderes, evitando que una sola entidad controle todas las funciones del Estado (Carbonell & Salazar, 2005).

En México, la división de poderes está consagrada en el artículo 49 de la Constitución, que establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar separados y no pueden reunirse en una sola persona o corporación. Históricamente, la evolución del principio de separación de poderes en México ha sido influenciada por varios documentos constitucionales desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de 1917. Aunque el presidencialismo mexicano y la concentración del poder en el Ejecutivo debilitaron esta separación durante el siglo XX, las reformas posteriores han buscado restaurar el equilibrio entre los poderes. Si bien la separación de poderes no es absoluta y admite ciertas excepciones para asegurar la funcionalidad del Estado, como el artículo 131 que permite al Ejecutivo ejercer facultades legislativas en materias arancelarias, es crucial que estas excepciones estén claramente delineadas en la Constitución para evitar abusos y asegurar que el principio de legalidad y la imparcialidad judicial se mantengan intactos (Carbonell & Salazar, 2005).

La separación de poderes es esencial para mantener un Estado de Derecho efectivo y evitar el abuso de poder. En México, aunque históricamente la concentración del poder en el Ejecutivo ha debilitado este principio, las reformas recientes han buscado equilibrar los poderes del Estado. Sin embargo, para que estas reformas sean efectivas, es vital que las excepciones a la separación de poderes estén claramente definidas y limitadas por la Constitución. Esto no solo asegurará la funcionalidad del Estado, sino que también protegerá la legalidad y la imparcialidad judicial, elementos cruciales para la confianza ciudadana en el sistema democrático y la protección de los derechos fundamentales. Fortalecer y mantener una clara división de poderes es indispensable para la estabilidad y la legitimidad de cualquier democracia.

4.2 Orígenes y Fundamentación del Principio de División de Poderes

Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, es uno de los principales teóricos de la división de poderes. En su obra «El espíritu de las leyes» (1748), argumenta que la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es esencial para prevenir el abuso de poder y proteger la libertad de los ciudadanos. Montesquieu sostiene que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; va hasta que encuentra límites» (Montesquieu, 1748).

John Locke, otro referente clave en la teoría de la división de poderes, en «Dos tratados sobre el gobierno civil» (1690), propuso la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo como medida para garantizar la protección de los derechos naturales del hombre, tales como la vida, la libertad y la propiedad. Locke enfatiza que la concentración de poder en una sola entidad es peligrosa y contraria a los principios de libertad y justicia.

El Estado de Derecho es un concepto fundamental para la democracia y el orden social, que establece que todas las personas e instituciones están sujetas a leyes aplicadas de manera justa y equitativa. Este principio asegura que el poder se ejerza conforme a normas establecidas y no de manera arbitraria, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. Mantener el Estado de Derecho es crucial, y este capítulo explora su importancia basándose en la obra de expertos en derecho y política, ofreciendo también una crítica a las posturas contrarias.

Montesquieu y Locke son pilares en la teoría de la división de poderes, ambos subrayando la importancia de separar las funciones del Estado para evitar el abuso de poder y proteger los derechos ciudadanos. Montesquieu destaca que la tendencia natural del poder es expandirse hasta encontrar límites, mientras que Locke señala que la concentración de poder es peligrosa y va en contra de la libertad y la justicia. El Estado de Derecho, fundamentado en estos principios, es esencial para asegurar que el ejercicio del poder sea justo y equitativo, evitando la arbitrariedad y protegiendo los derechos fundamentales. Es imperativo que las democracias contemporáneas continúen fortaleciendo este marco para preservar la libertad y la justicia en la sociedad.

5. Comparar la situación de México con países que han experimentado procesos de erosión democrática

La erosión democrática es un fenómeno creciente en diversas partes del mundo, caracterizado por la degradación gradual de las instituciones democráticas y la consolidación de regímenes autoritarios. Este proceso no ocurre de manera abrupta como en un golpe de Estado, sino de forma paulatina y sutil, permitiendo a los líderes autoritarios socavar la democracia desde dentro. Países como Venezuela, Hungría y El Salvador han experimentado esta transformación, donde inicialmente se conservan las apariencias democráticas, pero con el tiempo se debilitan los controles y se concentran los poderes en el Ejecutivo. Este fenómeno es facilitado por contextos de crisis, falta de confianza en las instituciones y el ascenso de líderes populistas que prometen resolver problemas profundos mediante la centralización del poder (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).

El análisis de estos casos revela patrones comunes en la erosión democrática: la cooptación de instituciones clave, la manipulación de procesos electorales y la restricción de las libertades civiles. En Venezuela, la eliminación gradual de los mecanismos de control institucional bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sumido al país en una crisis profunda. En Hungría, Viktor Orbán ha utilizado reformas legales para consolidar su poder y restringir la competencia política, mientras que en El Salvador, Nayib Bukele ha debilitado rápidamente las instituciones democráticas con medidas autoritarias (Gamboa, 2023). Estos ejemplos subrayan la importancia de mantener la independencia de los poderes y la vigilancia de la comunidad internacional para prevenir el retroceso democrático y asegurar la persistencia de regímenes políticos inclusivos y transparentes (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020; Gamboa, 2023).

Venezuela es un caso extremo de autocratización en América Latina, donde la eliminación de las instancias de control institucional y societal ha llevado al país a una crisis económica y de derechos humanos sin precedentes. La erosión democrática en Venezuela se manifiesta a través de la concentración de poder en el Ejecutivo, la manipulación electoral y la restricción de libertades civiles.

En Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, el país ha caído por debajo del umbral de las democracias electorales dentro de la Unión Europea. Orbán ha implementado reformas que debilitan las instituciones democráticas, afectan la independencia judicial y restringen la libertad de prensa, transformando a Hungría en un autoritarismo-electoral donde las elecciones existen, pero con serias limitaciones a la competencia y la transparencia.

El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele desde 2019, ha experimentado una erosión democrática a través de un discurso populista y medidas autoritarias. Bukele ha atacado a las instituciones democráticas, utilizando las fuerzas armadas para intimidar al Congreso y perseguir a la oposición. La falta de una respuesta contundente a nivel nacional e internacional ha permitido que Bukele consolide su poder, reduciendo significativamente el apoyo normativo a la democracia.

Rusia, bajo Vladimir Putin, ha transitado de una democracia deficiente a un régimen autoritario-competitivo. Las reformas constitucionales permiten a Putin permanecer en el poder hasta 2036. Aunque Rusia mantiene formalmente instituciones democráticas como el Parlamento y la Corte Constitucional, estas están controladas por el Ejecutivo, lo que limita la competencia y la transparencia electoral. Las perspectivas futuras de la democracia en México

6. Perspectivas e Implicaciones de la erosión democrática en la protección de los derechos humanos en México.

Las perspectivas futuras de la democracia en México y las implicaciones de la erosión democrática en la protección de los derechos humanos.

Durante la presidencia de López Obrador, la violencia en México ha alcanzado niveles históricos, con una alta tasa de homicidios y casi total impunidad para los delitos. La mayoría de los crímenes no se denuncian ni se investigan, resultando en una resolución efectiva de solo el 1% de los casos.

El sistema de justicia en México es profundamente deficiente, caracterizado por el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones y una alta tasa de prisión preventiva sin condena. Las cárceles están sobrepobladas y en condiciones insalubres, y el arraigo permite la detención sin cargos hasta por 40 días.

Las fuerzas militares, movilizadas para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos. A pesar de estos abusos, los responsables rara vez son llevados ante la justicia. En 2022, se modificó la ley para que los soldados sean juzgados por tribunales militares, aumentando la impunidad.

Miles de personas continúan desapareciendo cada año en México, con numerosas fosas comunes no identificadas. México es uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos, con una alta tasa de asesinatos y agresiones que rara vez son investigados adecuadamente.

La erosión democrática es un fenómeno caracterizado por la degradación gradual de las instituciones democráticas y la consolidación de regímenes autoritarios. Este proceso no ocurre de manera abrupta, sino de forma paulatina y sutil, permitiendo a los líderes autoritarios socavar la democracia desde dentro. Países como Venezuela, Hungría y El Salvador han experimentado esta transformación, donde inicialmente se conservan las apariencias democráticas, pero con el tiempo se debilitan los controles y se concentran los poderes en el Ejecutivo. Este fenómeno es facilitado por contextos de crisis, falta de confianza en las instituciones y el ascenso de líderes populistas que prometen resolver problemas profundos mediante la centralización del poder (Del Tronco & Monsiváis-Carrillo, 2020).

En México, las perspectivas futuras de la democracia están en juego, no ha habido mejora  en la violencia y la impunidad han alcanzado niveles históricos durante la presidencia de López Obrador. La mayoría de los crímenes no se denuncian ni se investigan, resultando en una resolución efectiva de solo el 1% de los casos. Además, el sistema de justicia es profundamente deficiente, con el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones y una alta tasa de prisión preventiva sin condena. Las fuerzas militares, movilizadas para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos con poca rendición de cuentas, especialmente después de que una ley permitiera que los soldados fueran juzgados por tribunales militares (Estudios Sociológicos, 2024).

Conclusiones:

La militarización de funciones civiles y los ataques a la libertad de prensa en México han centralizado el poder, debilitando las instituciones democráticas y erosionando la calidad de la democracia. En consecuencia, esto ha limitado las libertades civiles y reducido el espacio para el disenso y la crítica.

Por otro lado, la comparación con países como Venezuela, Hungría y Turquía revela patrones similares de erosión democrática, donde la concentración de poder y el debilitamiento institucional son comunes. Estos casos ofrecen lecciones sobre los riesgos y estrategias necesarias para revertir la erosión democrática.

Asimismo, la corrupción y la concentración de poder en el Ejecutivo en México han debilitado significativamente la democracia, erosionando la confianza pública en las instituciones y comprometiendo la gobernanza efectiva. Esto ha creado un entorno de impunidad y falta de justicia, poniendo en riesgo los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Además, comparar la situación de México con otros países que han experimentado erosión democrática subraya la necesidad de una vigilancia internacional constante para prevenir el retroceso democrático. Esta vigilancia es crucial para mantener la integridad de las instituciones democráticas y proteger los derechos fundamentales.

Por último, el principio de división de poderes es esencial para asegurar la independencia y el equilibrio entre las diferentes ramas del gobierno, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitando el abuso de poder. La implementación de reformas que fortalezcan las instituciones democráticas y promuevan la transparencia y la rendición de cuentas es vital para detener la erosión democrática en México y garantizar la protección de los derechos humanos.

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[1] Licenciada en Derecho por la Universidad del Golfo de México, Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, Doctorado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, actualmente docente de tiempo completo e Investigadora por la Universidad Autónoma de Coahuila en la Facultad de Jurisprudencia, Saltillo, México. Actualmente, cuenta con la   Distinción del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 de CONAHCYT, desde enero de 2015. Autora de libros, artículos académicos, conferencista nacional e internacional.