Jessica Malegarie[1]  

Fernando Macharelli[2]

Cesira Bórmida[3]

María Laura Lastres[4]

Este artículo presenta una reflexión sobre la experiencia del Programa de Acceso Comunitario a Justicia (PACJu) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PACJu tiene como objetivo facilitar el acceso a justicia para personas en situación de vulnerabilidad a través de charlas informativas y educativas sobre derechos humanos en barrios en condiciones de vulnerabilidad. A lo largo de diez años de trayectoria, el programa ha buscado enlazar las demandas de la ciudadanía con las obligaciones del Estado en materia de derechos, promoviendo la participación ciudadana, el empoderamiento jurídico y la educación en derechos humanos. En este trabajo, se analizará la perspectiva de derechos humanos que guía el accionar del programa, la noción sobre vulnerabilidad que sustenta sus prácticas, así como las barreras que dificultan el acceso a justicia para ciertos grupos sociales. Por último, se apuntan algunas propuestas de intervención para superar las barreras de acceso desde la práctica laboral cotidiana.

Programa de Acceso Comunitario a Justicia:

El Programa PACJu depende de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU) dependiente de la Secretaría de Planificación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

PACJU es un dispositivo ambulatorio y sistemático que, a través de un enfoque interseccional, organiza e implementa ciclos de charlas sobre derechos humanos en barrios en condiciones de vulnerabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires^[5].  Las mismas se encuentra a cargo del equipo interdisciplinario del Programa, quienes junto a voluntarios y voluntarias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donan media jornada laboral para acercarse a la comunidad y conversar acerca de temas vinculados con derechos de la ciudadanía, género, derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y derechos de consumidores y usuarios de redes e internet, entre otros. El trabajo surgió de la necesidad de empoderar a las personas para que puedan reconocer sus derechos reconocidos en la Constitución y leyes específicas, a través de un modelo que favorezca la participación ciudadana y la educación en derechos humanos.

El acceso a justicia como de derecho humano fundamental

La Dirección PAJDU, con todos sus programas, trabaja, por un lado, en la detección de las distintas vulneraciones de derechos de la ciudadanía y por el otro, analizando de qué forma se puede modificar la cultura jurídica al interior del Poder Judicial de la CABA. Para lograrlo, integra conceptos fundamentales basados en un enfoque de derechos. Este posicionamiento implica considerar el amplio conjunto de principios, reglas y estándares que integran los derechos humanos fundamentales, que deben aplicarse para establecer pautas y criterios para el diseño e implementación de políticas públicas. Estas pautas, se traducen en estándares jurídicos, como por ejemplo las obligaciones de: garantizar el contenido mínimo de los derechos, promover la participación ciudadana, el principio de igualdad y no discriminación, universalidad; acceso a la justicia, acceso a la información pública y otros (Laura Pautassi, 2009).

Desde el acceso a justicia como un derecho humano fundamental se permite hacer valer los demás derechos, no se agota solamente con prestar un “servicio de justicia” sino que exige condiciones igualitarias de acceso, en todas las instancias y situaciones que atraviesa una persona física o jurídica para lograr la determinación y satisfacción de sus derechos. Es por ello que exige reconocer las condiciones de desigualdad y actuar para erradicar el impacto que éstas tienen en el acceso a derechos. Este enfoque exige una modificación en las formas tradicionales de pensar en las políticas públicas, pasando así desde un modelo asistencialista hacia uno fundamentado en derechos, en el cual los ciudadanos son reconocidos como titulares de los mismos, en lugar de meros beneficiarios de la asistencia estatal. En consecuencia, se incorpora una visión donde el Estado asume obligaciones indelegables y la ciudadanía ejerce el poder de exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos.  Asimismo, una perspectiva basada en derechos demanda un análisis que trascienda las meras vulneraciones, lo cual implica superar la visión limitada a lo “ausente o vulnerado” el cual inhibe las potencialidades de la ciudadanía y perpetúa respuestas asistencialistas que obstaculizan la autonomía individual.

En este sentido se considera y reflexiona sobre estos aportes al analizar y desarrollar nuestras propias prácticas profesionales, ya que en la comprensión de las diversas situaciones y de las personas con las que interactuamos está inevitablemente influenciada por creencias, valores y representaciones preexistentes. Estas concepciones profundamente arraigadas tienen un impacto significativo en la forma en que se orientan acciones y decisiones, e incluso moldear prácticas profesionales de manera inconsciente.

La perspectiva situacional de la vulnerabilidad

Las Reglas de Brasilia (2008)^[6], establecen diversas causas que constituyen vulnerabilidades tales como: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnico – culturales, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad.

Resulta interesante analizar esta enumeración desde el enfoque de derechos humanos para leer este concepto, es así que cuando hablamos de vulnerabilidad debemos tener en cuenta que ella no está dada solamente por un factor en particular, sino que puede darse una sumatoria de situaciones que llevan a una persona o grupo de personas a encontrarse en una situación de desigualdad en el acceso y efectivización de sus derechos.

El enfoque de derechos humanos propuesto, implica no pensar en términos individuales donde los factores son atribuibles al sujeto en forma individual, sino en poner la mirada sobre aspectos sociales, estructurales, contextuales, etc. quitando así la responsabilidad depositada sobre las personas que se encuentran atravesando la vulneración. Pensar en términos de situación de vulnerabilidad abre la posibilidad de modificación. Uno de estos factores tiene que ver con la pobreza y la exclusión social urbana, pero existen nuevas y diferentes formas de exclusión social, las cuales se observan tanto en las prácticas discriminatorias que prevalecen en el mercado de trabajo como en el acceso a la calidad diferenciadas de los bienes y servicios de la ciudad según el origen socio-económico y étnico de la ciudadanía y su lugar de residencia (García Muñoz, y otros autores, 2018). García Muñoz (2018) propone pensar a la vulnerabilidad desde distintas dimensiones: por un lado la material, aquella que se puede atribuir a las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida de las personas, por el otro, una dimensión social, mediante la cual la pobreza no es solo una cuestión de ingresos, sino de limitación de oportunidades.

Pensar a la vulnerabilidad como un concepto complejo que puede tener distintas capas que se superponen, nos lleva a la noción de interseccionalidad que permite mirar la realidad desde una óptica heterogénea y compleja, lo cual genera políticas públicas con miras a una plena inclusión. Kimberlé Crenshaw (2012), sostuvo que la interseccionalidad analiza cómo diversas formas de discriminación (como género, clase, raza, etc.) interactúan y crean condiciones de vulnerabilidad específicas. Muchas mujeres acumulan sobre sus vidas, una serie de dimensiones que las afectan de maneras que no se pueden entender de una forma acabada mirando por separado las diferentes dimensiones que se superponen. Pensar en términos de interseccionalidad permite el análisis de múltiples discriminaciones, por lo cual invita a mirar la realidad desde una óptica heterogénea y compleja.  La noción de interseccionalidad se cumple en cada uno de los módulos temáticos que se dictan desde PACJu desde derechos de las personas con discapacidad, también derechos de las infancias, géneros, usuarios de las redes, consumidores/as y ciudadanía. No hay criterios de exclusión o inclusión más allá de la convocatoria que surja naturalmente en el recorrido que las referentes realizan, invitando a las personas que habitan esa comunidad

Acceso a Justicia y Barreras para el acceso a derechos:

Como vimos, desde el enfoque de derechos humanos, el acceso a justicia se refiere a un derecho humano fundamental que permite hacer valer los demás derechos. Por eso se habla de un derecho de derechos que no se agota solamente con prestar un “servicio” sino que exige condiciones igualitarias de acceso, en todas las instancias y situaciones que atraviesa una persona para lograr la determinación y satisfacción de sus derechos (Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia, 2023). El Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (2023) hace referencia al carácter instrumental de este derecho para lograr la igualdad de acceso de todas las personas, ya que supone igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, destacándose la necesidad de concentrar los esfuerzos en lograr su empoderamiento. La garantía de acceso a Justicia implica que los Estados aseguren que sus habitantes tengan herramientas personales e institucionales, para prevenir y resolver conflictos legales y hacer efectivos sus derechos y las responsabilidades públicas y privadas correlativas.

Desde esta mirada, no sólo se reconoce la importancia de las leyes y la igualdad formal de las personas, sino que también reconoce la existencia de barreras que se presentan en modo diferencial para ciertas personas o sectores sociales y que afectan en la igualdad real de la efectivización de sus derechos.

Barreras en el acceso a justicia:

Pensar en términos de vulnerabilidades implica reconocer la existencia de diversas barreras para el acceso a los derechos y que afectan en especial a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tener en cuenta la diversidad de aspectos que generan obstáculos en la efectivización de derechos, nos puede dar lineamientos para proponer nuevas políticas públicas que faciliten prácticas con perspectiva de derechos humanos. A continuación, mencionaremos las barreras de acceso identificadas según las Reglas de Brasilia, se incluyen otras barreras que surgieron del trabajo realizado por la Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia, de la cual forma parte la Dirección de Acceso a Justicia, Participación Ciudadana y Derechos Universales.

• Barreras procesales y administrativas: Son aquellas que se relacionan con la complejidad de los procedimientos, burocratización de los trámites, la proliferación de requisitos previos al real acceso e implican trabas o dificultades para las personas en estado de vulnerabilidad.
• Barreras económicas: La doctrina sobre el tema reconoce a la pobreza como la principal causa de exclusión, no sólo desde una mirada económica, sino también que incluye una dimensión socio cultural. Las condiciones materiales de vida, junto con otros aspectos valorativos, condicionan negativamente el acceso a la justicia por parte de los sectores de menores ingresos.
• Barreras geográficas: Se alude a las distancias que existen entre las zonas donde se encuentran mayormente los centros de justicia, tribunales, oficinas, etc, respecto de aquellas en las cuales viven la mayor parte de las personas. Incluye también costos de de traslados, la ausencia o dificultades de acceder a los medios de transporte, superposición de horarios de atención de oficinas con horarios laborales de ocupaciones formales e informales, las tareas de cuidado,etc.
• Barreras de género: Estos obstáculos económicos, socioculturales, geográficos, etc., afectan de un modo diferente a hombres y mujeres en el acceso a la justicia. Un ejemplo de ello es la brecha laboral y la división sexual del trabajo (doméstico/público) que generan condiciones que no solo limitan el acceso, sino que también dificultan la superación de estas barreras.
• Barreras socioculturales: Se refieren a la falta de conocimiento y de herramientas por parte de la ciudadanía respecto de sus derechos y, sobre todo, de los canales con los que cuentan para ejercerlos.
• Barreras Actitudinales-Simbólicas: Desde esta barrera se tiene en cuenta cómo se ponen en juego las representaciones sociales sobre los servicios, las expectativas sobre estos y sus posibles respuestas, los miedos, etc.

Al momento de analizar esta barrera es importante tener en cuenta las representaciones sociales que tienen las personas a la hora de acercarse a alguno de los servicios de justicia, tomando en cuenta así la perspectiva de la ciudadanía. De esta forma el acceso a justicia toma una dimensión subjetiva, y se resalta la importancia de considerar el factor emocional y subjetivo en las trayectorias de acceso a justicia que se ponen en juego cuando las personas se acercan a un servicio o agencia para resolver una situación problemática (Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia, 2023).

El desarrollo de las barreras de acceso desde una mirada de derechos humanos, invitan a pensar qué tipo de acciones, modificaciones y/o ajustes podemos generar desde nuestros espacios de trabajo cotidianos como personal del poder judicial, independientemente de los cargos que se ocupen

Ejemplos de barreras presentes en las prácticas judiciales desde una perspectiva de vulnerabilidad

En primer lugar, presentaremos una situación relatada por una voluntaria de PACJu, quien se desempeña en la Mesa de entradas de un Juzgado, la cual ilustra las barreras identificadas. Ella observó que las personas que acudían a su puesto de trabajo habían transitado previamente por dos o tres oficinas u organismos, lo que generaba una reacción de cansancio, enojo y sensación de pérdida de tiempo y recursos económicos.  Asimismo, pudo identificar dificultades en la comprensión de las necesidades de las personas, lo que afectaba la capacidad de proporcionar respuestas adecuadas a sus demandas, así como también que estas respuestas, muchas veces, excesivamente formales o técnicas, generaban una distancia con las personas que acudían al organismo. Esta trabajadora pudo notar que no solo no se había proporcionado capacitación para su tarea cotidiana, en la que se incluye herramientas para poder detectar las demandas de las personas y brindar una respuesta acorde a sus necesidades, sino que tampoco se había ofrecido un entrenamiento adecuado en gestión emocional aspecto que considera fundamental para la interacción entre trabajadores y personas que requieren soluciones ante la vulneración de sus derechos.

En segundo lugar, podemos mencionar la descentralización de oficinas judiciales de atención al público. Resulta fundamental que los servicios públicos se encuentren presentes en los territorios donde residen las personas que requieren acceder a ellos. Sin embargo, esta presencia, por sí sola, no aborda de manera integral las problemáticas existentes. Se requiere, además, un conocimiento profundo del territorio, de la población objetivo y de las dinámicas sociales que operan en dicho contexto. Asimismo, se vuelve necesario realizar recorridas para dar a conocer la existencia de las oficinas, establecer alianzas con personas referentes y realizar campañas de difusión claras y precisas, donde se informe detalladamente sobre los servicios ofrecidos y las problemáticas que pueden ser resueltas. La implementación de estas acciones genera confianza en los habitantes, incentivándolos a acercarse.

Algunos aportes para pensar la intervención:

Las políticas públicas, generalmente estipulan soluciones preestablecidas para abordar ciertos problemas, las cuales a menudo resultan insuficientes dado que no contemplan las circunstancias y necesidades particulares de cada individuo. Esta carencia de flexibilidad puede conducir a la exclusión y obstaculizar el acceso a soluciones adecuadas para la restitución de derechos. A fin de superar la disparidad entre las políticas y la realidad social, resulta fundamental adoptar un enfoque centrado en las personas y sus necesidades específicas, en este sentido el rol de los agentes gubernamentales y de justicia resulta fundamental.

Es por ello que tomaremos algunos aportes de disciplinas sociales para pensar en la intervención profesional en los contextos descritos, a saber:

1. Visualizar las condiciones materiales de existencia: comprender cómo la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación y la salud y otras formas de exclusión social afectan la vida cotidiana de las personas, limitan oportunidades y tambien moldean experiencias. Esto nos permite identificar las barreras estructurales.
2. Reivindicar derechos: Conocer y defender los derechos humanos fundamentales de las personas, garantizando que tengan acceso a justicia, la educación, la salud, la vivienda y otros derechos esenciales. También implica empoderarlos para que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos de manera efectiva, brindando herramientas que propicien su autonomía y no se repitan modelos únicamente asistencialistas.
3. Experiencia subjetiva: Considerar el impacto personal que las situaciones de vulneración tienen en las personas con las que trabajamos, dado que cada quien las experimenta y afronta de manera singular, dependiendo de sus condiciones de vida, posibilidades y circunstancias individuales. Aquí es muy importante tener en cuenta el concepto de interseccionalidad más arriba explicado.
4. Reconocer y eliminar imágenes preconcebidas y estereotipadas: En general se piensa en la pobreza asociada únicamente a la escasez de recursos económicos, pero se ignoran las dimensiones sociales, culturales y políticas que la perpetúan. Estos modelos se basan en la idea de que la pobreza es una condición individual y que las personas afectadas son responsables de su propia situación, ya sea por acción o por omisión.
5. Canalizar reclamos: Implica orientar a las personas a darle forma a las demandas que tienen, para que expresen situaciones que requieren de intervención de manera constructiva y efectiva, orientándolos acerca del uso de los canales adecuados para presentar sus reclamos y acompañándolos en el proceso. Es importante tener en cuenta que cuando atravesamos situaciones complejas, es común tener dificultades para organizar nuestros pensamientos, emociones y la información que brindadamos al buscar soluciones. Es importante entonces considerar estas cuestiones para darle forma a los reclamos y comprender qué es lo que el otro/a requiere para que la respuesta sea acorde al problema.
6. Acompañar la demanda: Para que las personas se sientan escuchados/as, respetados/as, esto puede incluir brindarles información, orientación, asesoramiento legal, asistencia y otros recursos. En este punto recordemos que las personas tienen una imagen o conceptos previos sobre los servicios de justicia y muchas veces pueden estar permeados por desconfianzas, incertidumbres, miedos, experiencias anteriores, etc. Es importante tener en cuenta este factor sobre todo a la hora de armar nuestra propia percepción sobre las personas que se acercan, que muchas veces pueden estar cargadas de prejuicios o preconceptos. Por ejemplo: “no quiere entender”, “no le importa”, “con esta persona no se puede”, “no escucha las respuestas”, ya que estas ideas obstaculizan el acceso a derechos y una comunicación efectiva.
7. Escucha activa: Para lograr una escucha activa es necesario dejar hablar a la persona, conseguir que se sienta en confianza, demostrar que se está dispuesto a escucharle mostrándole que buscamos entender; evitar resumir y confirmar las afirmaciones de quién nos trasmite el mensaje, no interrumpir precozmente ni realizar conclusiones prematuras; preguntar cuánto y cuándo sea necesario, de esta forma ayudaremos a desarrollar sus puntos de vista con mayor amplitud; conocer y saber interpretar el lenguaje no verbal.
8. No es suficiente con simplemente ofrecer un servicio, sino que se debe analizar cómo ese servicio se integra en la vida de las personas, considerando factores como el trabajo, las interacciones con instituciones y el contexto socioeconómico y político en el que se encuentran.

Metodología de intervención PACJU

A continuación, se detallan las diferentes acciones y etapas que se desarrollan desde PACJu para que se puedan llevar a cabo sus objetivos. Resulta de importancia aclarar que, si bien estos puntos están detallados en orden secuencial, para mayor facilidad explicativa, los mismos pueden darse en distinto orden o ser simultáneos entre sí:

Identificación de referentes territoriales legitimados/as: A partir de relevamientos y visitas a distintos barrios de la CABA, se conocen y reconocen líderes comunitarios con interés y capacidad de organizar, junto a PACJU, los ciclos de charlas sobre derechos. A partir de conversaciones y visitas se conoce la problemática y demandas de las personas que habitan en ese territorio y se proponen temas para que el ciclo de charlas que mejor se adapte a su realidad.

Convocatoria y articulación con voluntarios/as: Se desarrolla de dos maneras, por un lado, al iniciar del año se envían por mail convocatorias abiertas a toda la nómina de empleados/as y funcionarios/as del Poder Judicial CABA. Una vez que las personas se encuentran inscriptas en el Programa, se realiza la propuesta de participación en las charlas, con una semana de anticipación y de forma personalizada, teniendo en cuenta su disponibilidad, experiencia y preferencias dentro de las temáticas abordadas. Cada año se los/as capacita, de acuerdo a la legislación vigente, sobre los módulos temáticos y los diversos recursos de los efectores de los poderes judiciales y ejecutivos.

Desarrollo de las charlas: Una vez acordado con las/os referentes barriales, se convoca a la población a ser partícipe en su propio barrio. Cada charla tiene una duración de una hora y media y su frecuencia puede ser mensual, quincenal o esporádica según se acuerde entre las partes. Los temas son propuestos a través de un calendario, lo que permite que cada persona pueda pensar sus dudas con anterioridad al encuentro. Las temáticas son delineadas a partir de necesidades e inquietudes directas de los vecinos. Los/as voluntarios/as son quienes abren, cierran y moderan cada charla, posibilitando hablar de diversos temas, debatiendo necesidades y problemáticas, dando respuestas claras y accesibles.

Esta metodología de participación en las charlas hace que circule tanto el saber técnico de los voluntarios/as, como el saber popular por parte de quienes concurren, generando una participación activa en ambos sentidos.

Construcción del círculo de confianza: Una de las piezas fundamentales para brindar eficacia al programa, es la metodología que se aplica para el desarrollo de las charlas en los barrios, llamada círculo de confianza, donde se genera entre los/as participantes y los/as voluntarios/as del Poder Judicial una empatía que iguala y genera confianza entre todos/as.

De esta manera, la ciudadanía trae su experiencia y su saber popular y el equipo PACJu y los/as voluntarios/as aportan su saber técnico, sus saberes sobre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado para que se cumplan. Es importante destacar que se le da suma importancia a la preparación previa del espacio de encuentro, brindando cercanía, comodidad y calidez.

En cada encuentro la igualdad de palabra será la prioridad, el equipo de PACJu invita al relato de experiencias de los vecinos y vecinas en torno a un tema seleccionado con anterioridad por el grupo y dentro del listado de módulos nombrados precedentemente. Se intentará desnaturalizar la situación por la cual se consulta, se explicarán los derechos que han sido vulnerados y la necesidad de cambiar las cuestiones que limitan el ejercicio de la ciudadanía. De esta manera se construirá un círculo de confianza entre voluntario/as y participantes del ciclo de charlas, donde se pone en diálogo el saber técnico con el saber comunitario.

Módulos temáticos: Constan de una producción teórica y práctica sobre distintos temas, realizada por el equipo técnico junto con voluntarios y voluntarias especialistas en cada temática. Este material se genera a partir del análisis de los derechos reconocidos en la legislación y las vías de restitución que establece el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, siempre teniendo en cuenta las demandas que surgen de las conversaciones con las referentes legitimadas y las personas que participan periódicamente del ciclo de charlas.

En el inicio del programa, se conversaba en líneas generales sobre derechos humanos, sin embargo, a medida que el programa se fue instalando, se detectaron las demandas y cambios sociales que impulsaron la ampliación de los contenidos. Actualmente, los módulos son: derechos de ciudadanía, géneros, derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, de los/as consumidores/as y de los usuarios de las redes e internet. Cada uno de módulos se encuentran publicados en la página web de la Dirección^[7].

Sistema de escucha activa y derivación guiada: A partir de las charlas y la generación de redes pueden surgir situaciones de vulneración de derechos o de dificultad para el acceso a los mismos. Dichas situaciones se conversan grupalmente y se va orientando a la persona interesada sobre los organismos a los cuales recurrir, así como los pasos a seguir para iniciar alguna acción de restitución, orientando el reclamo y la realización del trámite.

Pero, en algunos casos, pueden existir situaciones que por su alta conflictividad o vulnerabilidad requieren de otro tipo de atención, en estos casos se genera un sistema de acompañamiento personalizado con los/as voluntarios/as especializadas/os en la temática, que conectan a la persona, cuyo derecho se encuentra vulnerado, con la respuesta para su situación. El seguimiento se sostiene hasta que la persona pueda encauzar el tratamiento de su derecho vulnerado.

Palabras finales:

Los aportes aquí brevemente descriptos y los conceptos vertidos en este documento que surgen tanto de las experiencias de trabajo como de la investigación y lectura de diferentes trabajos de diversas disciplinas, tienen finalmente como objetivo construir una sociedad en la que las instituciones y los servicios respondan a las necesidades reales de las personas, reconociendo y respetando su individualidad y diversidad. Para esto, desde la Dirección PAJDU y sus programas territoriales que trabajan el acceso a justicia como Derecho Humano fundamental, se trabaja año a año para incluir a la mayor cantidad de personas a sus ciclos de charlas y a voluntarios y voluntarias del Poder Judicial para lograr cambios no solo en la ciudadanía a través del empoderamiento jurídico, la educación en derechos, pero también el cambio al interior del Sistema de Justicia.

En cada una de las acciones de la Dirección, se inician con la idea de que el acceso a justicia nace de una desigualdad de hecho, de una desigualdad de derecho y ahí es donde aparece la responsabilidad de los y las operadores del sistema, como representantes de la academia, como magistrados, magistradas, cada una en su metro cuadrado tiene una responsabilidad para que esa desigualdad se transforme.

BIOGRAFÍA

La Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales-Poder Judicial de la CABA-, trabaja con población en situación de vulnerabilidad, mediante políticas públicas que amplían la capacidad legal y la participación ciudadana, promoviendo el empoderamiento jurídico de esta población con el sistema de justicia.

Las autoras y autores de este texto son parte del equipo de esta Dirección.

Bibliografía consultada:

Abramovich, V., & Pautassi, L. (2009). Cap. 7. El enfoque de derechos y la institucionalidad de las políticas sociales. La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos, 2-43.

Birgin, H. y Gherardi N. (2008) “El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: Retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres”, en Mujer y acceso a Justicia Conferencia 2008 – Comisión “Las Mujeres y sus Derechos”Asamblea Permanente por los Derechos Humanos . Disponible en: https://repositorio.redalas.net/sites/default/files/2021-01/19615991-Mujer-y-Acceso-a-la-Justicia-Conferencia-CIA-2008.pdf

Derechos de las mujeres y cambio económico  Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres y cambio económico No. 9, agosto 2004. Association for Women’s Rights in Development

García Muñoz, Claudia María, Munévar Quintero, Claudia Alexandra, & Hernández Gómez, Nathalia. (2018). Agenciamientos socio-jurídicos en mujeres con jefatura de hogar, en contextos de pobreza y vulnerabilidad social. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 18(35), 73-90. https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2018.2/a06

Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia (2023) Directrices para la construcción de indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos en losámbitos de administración de Justicia. Recuperado en: https://jusbairesabierto.gob.ar/wp-content/uploads/2024/04/Directrices-para-la-construccion-de-indicadores-de-acceso-a-justicia-con-enfoque-de-ddhh-en-los-ambitos-de-administracion-de-1.pdf

Mesa Interprovincial de Acceso a Justicia (2023) Trazando trayectorias judiciales de personas en condición de vulnerabilidad. Barreras y facilitadores de acceso a justicia en Argentina. Disponible en: https://jusbairesabierto.gob.ar/wp-content/uploads/2024/04/Trayectorias-judiciales-de-Acceso-a-Justicia-en-Argentina-.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Presidencia de la Nación. (2013). Acceso a la Justicia para todos. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acceso_a_justicia_2013_1.pdf

Pautassi, L. (2012) Desigualdad revisitada Vulnerabilidad, Protección y Derechos Laura Pautassi ,Artículo publicado en la Revista Escenarios Nº 18, Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023). Justicia y Desarrollo Sostenible:El testeo del indicador global de acceso a justicia en el marco de una encuesta nacional de pobreza. Recuperado en: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-06/final_baja.pdf

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Sanchís, N. (2020). Ampliando la concepción de cuidado:¿ privilegio de pocxs o bien común?. El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá, 9-22.https://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf

Zanetti, Gianfrancesco “Sentidos, percepción, vulnerabilidad en torno a filosofía de la vulnerabilidad’ https://sites.units.it/etica/2020_1/roig.pdf

Oliva, A. y Mallardi, M. (Comp) 2010 . Aportes táctico-operativos a los procesos de intervención del Trabajo Social. UNCPBA, Tandil.

Crenshaw, K. (2012). Interseccionalidad, políticas identitarias y violencia contra las mujeres de color. Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. España. Editorial Bellaterra.

Citas

[1] Socióloga UBA con especialización en Planificación y Gestión políticas Públicas y en D.D.H.H en Universidad de Bolonia y Magíster en Políticas Sociales UBA. Fue Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del GCBA (CDNNyA) y es Directora de PAJDU. 

[2] Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas UBA. Desde 2013 trabaja en el Poder Judicial en temáticas de acceso a justicia, fortalecimiento institucional y justicia abierta. Es Coordinador del área de Innovación e Incidencia de PAJDU.

[3] Lic. en Trabajo Social (UBA) integró equipos técnicos interdisciplinarios de acompañamiento de NNyA (CDNNyA), actualmente en Innovación e Incidencia de PAJDU.

[4] Abogada (UBA) especialista en investigación científica del delito (IUPFA) y género (UBA). Actualmente en Innovación e Incidencia de PAJDU.

^[5] PACJu se implementa también, en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires, a través de acuerdos de colaboración.

^[6] Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad

^[7] https://jusbairesabierto.gob.ar/participacion-ciudadana-y-acceso-a-justicia/programa-de-acceso-comunitario-a-la-justicia/