Por Mario Alejandro Herrera[1]

1. Primera Cuestión

1.1. Introducción

El análisis de las diferencias entre narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo requiere comprender su ubicación dentro de la cadena delictiva de tráfico de estupefacientes, los niveles de responsabilidad penal y su impacto en el tejido social. Este estudio aborda las definiciones conceptuales, la normativa aplicable, la doctrina especializada y la jurisprudencia relevante, tanto local como internacional.

2. Definiciones y Conceptos

2.1. Narcotráfico

El narcotráfico engloba la producción, transporte y comercialización de estupefacientes a gran escala, generalmente en el ámbito transnacional. Involucra una estructura organizativa compleja y afecta directamente la seguridad internacional.

Doctrina:

• Según Zaffaroni (2004), «el narcotráfico es una actividad multinacional que involucra cárteles complejos y es una de las principales amenazas para el Estado de Derecho debido a su capacidad de corromper instituciones».

2.2. Microtráfico

El microtráfico implica actividades intermedias dentro del tráfico de drogas, tales como transporte o almacenamiento en cantidades pequeñas, pero destinadas a ser redistribuidas. Actúa como un puente entre el narcotráfico y el narcomenudeo.

Doctrina:

• Binder (2008): «El microtráfico sirve como una red de distribución intermedia, esencial para sostener la operatividad del narcotráfico en los mercados locales».

2.3. Narcomenudeo

El narcomenudeo se refiere a la venta directa de drogas al consumidor final. Este fenómeno está más asociado a redes locales y afecta directamente a las comunidades.

Doctrina:

• Righi (2016): «El narcomenudeo constituye el eslabón más visible de la cadena delictiva, y su impacto en los barrios urbanos lo convierte en un problema de seguridad inmediata».

3. Jurisprudencia Relevante

3.1. Jurisprudencia Local

1. Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Caso «Arriola» (2009): Este fallo marcó un precedente en la interpretación del artículo 14 de la Ley N.º 23.737. La CSJN concluyó que penalizar la tenencia para consumo personal resultaba inconstitucional al violar el ámbito de privacidad garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo, subrayó la importancia de diferenciar entre consumidores y quienes participan activamente en el narcotráfico o narcomenudeo.

Relevancia:

1. • Diferencia las actividades menores relacionadas al consumo del tráfico a gran escala.
   • Refuerza la necesidad de que las políticas públicas prioricen la persecución de organizaciones criminales y no los delitos menores.
2. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Caso «Fernández, Julio C.» (2017): La Cámara resolvió que el microtráfico no siempre debe ser considerado competencia federal, dependiendo de si existe evidencia de conexión con redes mayores. Este fallo contribuyó a la delimitación entre microtráfico y narcomenudeo.

3.2. Jurisprudencia Nacional

1. CSJN, Caso «Loyola» (2014): Este fallo estableció límites claros respecto a la proporcionalidad de las penas aplicadas al microtráfico. La CSJN señaló que la escala de la actividad ilícita debía evaluarse cuidadosamente para evitar sanciones desproporcionadas.

Relevancia:

1. • Refuerza la distinción penal entre microtráfico y narcotráfico.
   • Insiste en la necesidad de que los juzgadores consideren el impacto social limitado del microtráfico en comparación con el narcotráfico.
2. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, Caso «Zabala» (2019): En este caso, se analizó la logística de una red que operaba en varias provincias argentinas. La Cámara concluyó que las actividades de almacenamiento y distribución intermedia configuraban microtráfico, conectándose a un esquema más amplio de narcotráfico.

3.3. Jurisprudencia Internacional y de Derechos Humanos

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú» (2004): La Corte IDH destacó la obligación estatal de garantizar los derechos humanos incluso en el marco de operativos antidrogas. Subrayó que la lucha contra el narcotráfico no puede justificar violaciones al debido proceso ni tratos degradantes.

Relevancia:

4. • Refuerza la importancia de respetar garantías constitucionales en todos los niveles de persecución penal.
   • Establece estándares internacionales para el tratamiento de personas involucradas en delitos relacionados con drogas.
5.  
6. 2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso «Moldovan vs. Rumania» (2005): Analizó la proporcionalidad de las penas impuestas a participantes menores en redes de tráfico de drogas, concluyendo que sancionar de manera uniforme actividades de distinta escala violaba el principio de igualdad ante la ley.

4. Aportes de Alberto Pravia Pravia, A. (2022):
   En su análisis sobre el impacto del narcomenudeo en el derecho penal argentino, Pravia subraya la necesidad de diferenciar claramente entre los tres niveles delictivos, destacando que las políticas públicas deben concentrarse en los eslabones superiores de la cadena.

Principales aportes de Pravia:

1. Narcotráfico como fenómeno estructural:
   • «El narcotráfico no puede combatirse eficazmente sin atacar las fuentes de producción y las redes transnacionales que lo sostienen» (Pravia, 2022, p. 45).
   • Propone priorizar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, siguiendo ejemplos exitosos como los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos.
2. Microtráfico como red intermedia:
   • Define al microtráfico como «la bisagra que conecta los grandes flujos del narcotráfico con los puntos de venta local».
   • Resalta que la sanción del microtráfico debe incluir análisis económicos y de impacto social, para evitar criminalizar a pequeños actores utilizados por las redes mayores.
3. Narcomenudeo como fenómeno social:
   • «El narcomenudeo tiene un impacto directo en los barrios y genera problemas de seguridad inmediatos, pero la persecución indiscriminada de los vendedores menores puede ser contraproducente» (Pravia, 2022, p. 60).
   • Propone una política diferenciada que contemple tratamientos alternativos para los involucrados en narcomenudeo que sean consumidores.

Cita:
Pravia, A. (2022). Estupefacientes: Nuevas perspectivas sobre narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo. Editorial Ad Hoc.

Cuadro Comparativo Ampliado

Primera Conclusión

La diferenciación entre narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo resulta esencial para una política penal eficiente. La jurisprudencia citada, tanto local como internacional, junto con los aportes doctrinarios de Pravia, Zaffaroni y otros autores, refuerzan la necesidad de adaptar las estrategias de persecución penal según la escala y el impacto de cada actividad.

II. Segunda cuestión:

 Distribución de pequeñas cantidades de drogas en Argentina: Jurisdicción y enfoques jurídico-doctrinarios

1. Introducción

La distribución de pequeñas cantidades de drogas, conocida como narcomenudeo, plantea un desafío estructural para la justicia penal argentina, especialmente desde la sanción de la Ley N.º 26.052 en 2005, que introdujo la posibilidad de que las provincias asumieran competencias en estos casos. Es decir se aborda las tensiones entre la justicia federal y la provincial, analizando jurisprudencia y doctrina para entender los alcances y limitaciones de la desfederalización.

La distribución de pequeñas cantidades de drogas, comúnmente denominada narcomenudeo, representa un desafío significativo para el sistema de justicia penal argentino. Desde la promulgación de la Ley N.º 26.052 (2005), que permite la transferencia de competencias a las provincias en esta materia, el debate sobre los límites entre las jurisdicciones federal y provincial ha ocupado un lugar central en la doctrina y la jurisprudencia. Este capítulo aborda estas tensiones desde un enfoque normativo, jurisprudencial y doctrinario.

2. Marco Normativo

Marco Jurídico: Competencias Federales y Provinciales

La Ley N.º 23.737 (Ley de Estupefacientes) regula los delitos relacionados con drogas en Argentina, estableciendo como competencia de la justicia federal la investigación y juzgamiento de estos delitos. Sin embargo, la Ley N.º 26.052 (2005) permitió la desfederalización del narcomenudeo, delegando a las provincias adheridas la persecución de ciertos delitos menores vinculados a la distribución de drogas.

Normas aplicables:

1. Ley N.º 23.737:
   • Regula la producción, tráfico, comercialización, tenencia, y consumo de estupefacientes.
   • Establece la competencia originaria de la justicia federal para casos de narcotráfico.
   • Define agravantes que requieren intervención federal (art. 11).
2. Ley N.º 26.052:
   • Introduce la desfederalización, limitando la competencia provincial a casos de «pequeña escala».
   • Requiere la adhesión expresa de cada provincia.

3. Análisis Jurisprudencial

Competencia Federal vs. Provincial

La jurisprudencia ha sido fundamental para delimitar las competencias. Algunos fallos destacados incluyen:

1. Fallo «Arriola» (2009): La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en ámbitos privados es inconstitucional. Este fallo enfatizó que las políticas de persecución deben centrarse en las redes de tráfico y no en los consumidores (CSJN, 2009).
2. Resoluciones de PROCUNAR: En diversos casos, la Procuraduría de Narcocriminalidad ha instado a interpretar restrictivamente la desfederalización, argumentando que muchas causas calificadas como narcomenudeo están vinculadas a estructuras organizadas de mayor escala, por lo que deberían ser investigadas por la justicia federal (Procuraduría de Narcocriminalidad, 2018).

Conflictos de Competencia

Un ejemplo relevante es el caso «López» (2016), en el que se debatió si un acto de narcomenudeo estaba conectado a una red de tráfico interprovincial. Finalmente, se determinó que la justicia federal debía asumir el caso debido a la presencia de elementos que vinculaban el delito con un esquema mayor (Tribunal Oral Federal de Rosario, 2016).

Los conflictos entre las jurisdicciones han sido frecuentes. Por ejemplo, en casos donde el narcomenudeo tiene indicios de conexión con redes de mayor escala, la justicia provincial ha remitido las causas a la órbita federal. Un ejemplo paradigmático es el caso «López», donde se discutió si la venta a baja escala estaba vinculada a una red interprovincial, lo que finalmente fue asumido por el fuero federal.

Criterio de competencia:

• Federal: Casos donde se evidencie una conexión con redes de narcotráfico organizadas, tráfico interjurisdiccional o internacional, o producción de estupefacientes.
• Provincial: Narcomenudeo (distribución de escasa cantidad destinada al consumo personal o de terceros), siempre que la provincia haya adherido al régimen de desfederalización.

Jurisprudencia Relevante

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): «Arriola» (2009)

En el fallo Arriola, la CSJN declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal, argumentando que:

1. La persecución penal debe concentrarse en las redes de tráfico y no en consumidores individuales.
2. Penalizar el consumo personal vulnera el derecho a la privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional (Fallos: 332:1963).

Este precedente orienta a distinguir casos de narcomenudeo (competencia provincial) de actividades vinculadas a redes de tráfico (competencia federal).

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario: «López» (2016)

El caso López resolvió un conflicto de competencia al determinar que el narcomenudeo, cuando evidencia conexión con redes interprovinciales, corresponde a la justicia federal. En este fallo, se probó que el acusado operaba como distribuidor en una red organizada, revirtiendo la atribución inicial a la justicia provincial.

Cita judicial:

Tribunal Oral Federal de Rosario, 16 de junio de 2016, López, Juan Carlos s/ infracción a la ley 23.737.

Juzgado Federal de Salta: «Cárdenas» (2020)

En Cárdenas, el juez federal determinó que la intervención provincial en casos de narcomenudeo no excluye automáticamente la competencia federal, especialmente cuando hay indicios de tráfico interjurisdiccional. La resolución enfatizó que los jueces deben analizar el contexto del delito, evitando una aplicación mecánica de la desfederalización (Juzgado Federal de Salta, 2020).

4. Doctrina Jurídica

Críticas a la Desfederalización

1. Ineficiencia estructural: La transferencia de competencias a las provincias ha fragmentado los esfuerzos para combatir el narcotráfico, dificultando la investigación integral de las organizaciones delictivas (Bacigalupo, 2016).
2. Prisionización selectiva: Estudios señalan que las políticas provinciales tienden a encarcelar a actores de bajo nivel en la cadena del narcotráfico, mientras que los líderes de las organizaciones permanecen fuera del alcance del sistema penal (Mena, 2020).

La doctrina ha analizado los impactos de la desfederalización en el sistema penal argentino. Los principales enfoques incluyen:

Críticas a la desfederalización

1. Ineficiencia estructural: Se señala que la fragmentación de competencias dificulta la investigación integral de las organizaciones delictivas.
2. Prisionización selectiva: Estudios destacan que el enfoque provincial en el narcomenudeo tiende a encarcelar actores de baja jerarquía, sin impactar en las estructuras mayores del narcotráfico.

Propuestas alternativas

• Refederalización: Doctrinarios como Bacigalupo (2016) argumentan que devolver la competencia exclusiva a la justicia federal permitiría un abordaje más integral y estratégico.
• Enfoque en políticas públicas: Autores como Mena (2020) abogan por un tratamiento que combine justicia penal y medidas de salud pública para abordar el consumo y la distribución minorista.

Perspectivas Internacionales

Para enriquecer el análisis, resulta útil considerar enfoques internacionales:

1. Estados Unidos: La federalización del narcotráfico ha permitido investigaciones coordinadas, aunque con desafíos relacionados con el encarcelamiento masivo.
2. Portugal: El modelo de despenalización del consumo y atención centrada en la salud pública ofrece una alternativa interesante para tratar el narcomenudeo sin recurrir exclusivamente al sistema penal.

5. Propuestas de Refederalización

Algunos autores sugieren que devolver la competencia exclusiva a la justicia federal permitiría abordar el problema de manera más coherente. Según Bacigalupo (2016), una estrategia centralizada facilitaría la desarticulación de redes organizadas, priorizando investigaciones de gran escala.

6. Impactos Sociales y Políticos de la Desfederalización

Efectos Sociales del Narcomenudeo

El narcomenudeo tiene efectos directos sobre las comunidades locales, particularmente en sectores socialmente vulnerables. Estudios recientes muestran que la presencia de redes de narcomenudeo está asociada con:

1. Aumento de la violencia comunitaria: La competencia por territorios entre pequeños distribuidores genera conflictos armados, afectando la seguridad de los vecinos (Maldonado, 2019).
2. Normalización del consumo: En barrios marginados, el acceso a sustancias ilícitas se ha integrado como parte del entorno cotidiano, reduciendo las barreras sociales para el consumo (Rueda, 2017).
3. Impacto en la juventud: Jóvenes de contextos desfavorecidos son frecuentemente reclutados para tareas relacionadas con el narcomenudeo, como transporte, distribución y vigilancia (Salas, 2021).

Implicaciones Políticas

El manejo del narcomenudeo en Argentina ha generado tensiones entre las políticas públicas y las estrategias de seguridad:

1. Desigualdad jurisdiccional: Las provincias que no han adherido al régimen de desfederalización enfrentan desafíos adicionales, como la falta de recursos locales para abordar casos menores, lo que sobrecarga el sistema judicial federal (González, 2020).
2. Fragmentación de esfuerzos: La desfederalización ha provocado una falta de coordinación entre provincias y el sistema federal, dificultando investigaciones transversales que podrían desmantelar redes más amplias (Fernández, 2018).

7. Perspectivas de Mejora

Políticas de Coordinación Nacional

Se propone una mayor integración entre las jurisdicciones provinciales y federales para crear un sistema centralizado de información y estrategias compartidas. Según González (2020), la creación de una base de datos nacional sobre narcotráfico permitiría identificar patrones y redes interconectadas, optimizando los esfuerzos de persecución.

Abordaje Integral del Consumo y Distribución

En línea con los modelos de Portugal y Canadá, se plantea una política que combine el tratamiento de adicciones con la persecución de las redes organizadas. Este enfoque:

• Despenalizaría el consumo personal, permitiendo redirigir recursos judiciales a casos de tráfico mayor (Rodríguez, 2020).
• Fomentaría la reinserción social de pequeños distribuidores mediante programas de empleo y educación (Maldonado, 2019).

Fortalecimiento de las Capacidades Provinciales

Para las provincias que han adherido al régimen de desfederalización, resulta fundamental fortalecer las capacidades locales mediante:

• Capacitación de fuerzas policiales en investigación criminal.
• Recursos técnicos y financieros para los ministerios públicos provinciales (Salas, 2021).

Conclusión

El tratamiento jurídico del narcomenudeo en Argentina evidencia tensiones estructurales entre las jurisdicciones federal y provincial, así como desafíos en la eficacia de la desfederalización. La doctrina y la jurisprudencia ofrecen pistas para avanzar hacia un modelo más coherente y efectivo, que combine una perspectiva integral del narcotráfico con un enfoque diferenciado para las redes menores. Este tema plantea preguntas sobre el rol del sistema penal en contextos complejos y las alternativas viables para una reforma legal y operativa

1. Criterios diferenciadores: La competencia federal o provincial en casos de narcomenudeo depende de la magnitud, alcance y conexión del delito con redes mayores.
2. Rol del análisis judicial: La jurisprudencia sugiere que los tribunales deben evitar la categorización automática de delitos y analizar el contexto.
3. Limitaciones de la desfederalización: La delegación de competencias ha sido útil para aliviar la carga de la justicia federal, pero su eficacia frente al narcotráfico estructural es cuestionable.

La distribución de pequeñas cantidades de drogas en Argentina ilustra los desafíos de equilibrar la descentralización judicial con la eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Aunque la desfederalización fue un paso hacia la descongestión del sistema penal federal, los resultados hasta ahora han sido dispares. Una reforma integral debe centrarse en:

1. Mejorar la coordinación interjurisdiccional.
2. Fomentar políticas públicas que prioricen la prevención y el tratamiento.
3. Asegurar una persecución penal focalizada en las estructuras delictivas más relevantes.

Referencias

• Fernández, L. (2018). El narcomenudeo en Argentina: desafíos para las políticas públicas. Revista de Criminología y Justicia, 4(2), 45-60.
• González, A. (2020). Justicia penal y narcomenudeo: análisis de las competencias en Argentina. Estudios Jurídicos Contemporáneos, 7(1), 33-50.
• Maldonado, P. (2019). Impactos del narcotráfico en barrios vulnerables: un análisis sociológico. Editorial Nuevo Siglo.
• Pravia, A. (2022). Estupefacientes: Nuevas perspectivas sobre narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo. Editorial Ad Hoc.
• Rueda, C. (2017). Consumo problemático de drogas en jóvenes: una perspectiva desde la salud pública. Salud y Sociedad, 15(3), 21-38.
• Rodríguez, J. (2020). Despenalización del consumo de drogas: lecciones del modelo portugués. Estudios Comparados de Políticas Públicas, 10(4), 89-102.
• Salas, M. (2021). Juventud y narcotráfico: dinámicas de reclutamiento en contextos marginales. Revista de Sociología Crítica, 12(1), 15-29.
• Bacigalupo, E. (2016). El impacto de la desfederalización en la persecución del narcotráfico en Argentina. Pensamiento Penal. Recuperado de https://www.pensamientopenal.com.ar
• Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). (2009). Fallo Arriola. Fallos 332:1963.
• Mena, J. (2020). Refederalización y políticas de control en el narcomenudeo. Revista Jurídica. Recuperado de https://revistajuridica.uno.edu.ar
• Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). (2018). Informe anual sobre narcocriminalidad en Argentina. Buenos Aires: Ministerio Público Fiscal.
• Bacigalupo, E. (2016). El impacto de la desfederalización en la persecución del narcotráfico en Argentina. Pensamiento Penal. Recuperado de https://www.pensamientopenal.com.ar.
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• Juzgado Federal de Salta. (2020). Cárdenas, Sebastián s/ infracción a la ley 23.737. Fallo inédito.
• Mena, J. (2020). Refederalización y políticas de control en el narcomenudeo. Revista Jurídica. Recuperado de https://revistajuridica.uno.edu.ar.
• Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario. (2016). López, Juan Carlos s/ infracción a la ley 23.737. Fallo inédito.
• Rodríguez, J. (2020). Despenalización del consumo de drogas: lecciones del modelo portugués. Estudios Comparados de Políticas Públicas, 10(4), 89-102.

 Citas

[1] Magister en Magistratura y Gestión Judicial, Master en Criminalística, Master en Lenguaje no Verbal, Técnico Experto en Perfilación Criminal, Diplomatura avanzado en Inteligencia Artificial, Autor de varias obras, Fiscal Administrativo Contravencional de la Policía de Tucumán, Asesor Letrado de la Policía de Tucumán, Docente Universitario adjunto dedicación Exclusiva en Política Criminal y Criminología Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, Director y Docente de Narcotráfico y Delitos Complejos. Docente en Perfilación Criminal. Etc.