Jessica Malegarie[1]

Fernando Macharelli[2]

Cesira Bórmida[3]

María Laura Lastres[4]

Resumen

El artículo analiza la Mesa Permanente de Acceso a Justicia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como una política pública judicial orientada a garantizar el derecho fundamental de acceso a justicia, examinando sus dinámicas de coordinación interinstitucional, sus ejes de trabajo y sus resultados. El análisis se inscribe en los marcos teóricos del acceso a justicia, la gobernanza colaborativa, la justicia multinivel, la interseccionalidad y la accesibilidad. La Mesa constituye un dispositivo institucional innovador, capaz de integrar agencias judiciales y comunitarias en una estrategia coherente para reducir barreras y democratizar el servicio de justicia.

1. Introducción

La preocupación por el acceso a (la) justicia se ha convertido en uno de los pilares de la teoría jurídica contemporánea, en gran medida a partir de los aportes del Proyecto Florentino, plasmado en las obras de Cappelletti y Garth (1978), que definieron la necesidad de superar barreras económicas, sociales y culturales que impiden a las personas ejercer sus derechos. En este marco, los poderes judiciales enfrentan el desafío permanente de diseñar políticas institucionales que favorezcan un servicio de justicia cercano, comprensible, accesible y articulado.

En 2022, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la Mesa Permanente de Acceso a Justicia con estos objetivos. Desde entonces, el espacio ha consolidado un modo de trabajo basado en la coordinación interinstitucional, la producción colaborativa de información, la planificación estratégica y la incorporación de perspectivas transversales como accesibilidad, género e interseccionalidad. La Mesa representa un caso destacado de gobernanza judicial colaborativa en América Latina.

Desde su creación, participan más de veinte organismos, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia. el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales, el Observatorio de la Discapacidad, la Oficina de Juicio por Jurados, el Centro de Mediación, el Centro de Justicia de la Mujer, la Dirección de Orientación Ciudadana, los Observatorios de Género y de Discapacidad y diversas áreas técnicas del Consejo, entre otros.

Esta amplia composición refleja la concepción del acceso a justicia como un derecho transversal, que excede las funciones estrictamente jurisdiccionales e involucra dispositivos sociales, administrativos, tecnológicos, de atención ciudadana y de acompañamiento comunitario.

La Mesa fue concebida con objetivos claros: analizar programas vigentes, armonizar políticas, desarrollar metas anuales, producir informes de gestión y fortalecer vínculos interinstitucionales en materia de acceso a justicia

2. Marco teórico

2.1. Acceso a la justicia

El concepto de acceso a la justicia ha sido tradicionalmente entendido como la posibilidad real y efectiva de todas las personas para hacer valer sus derechos dentro de sistemas judiciales que deben ser accesibles, transparentes, simples y receptivos (Cappelletti & Garth, 1978). En su formulación más moderna, involucra no sólo el acceso a tribunales sino también el acceso a información, orientación, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y dispositivos comunitarios de acompañamiento (Rodríguez Garavito & Rodríguez Franco, 2010) y ha sido denominado como “acceso a justicia” con la intención de ampliar sus alcances y contenidos. Es por eso que en nuestro país, siguiendo lo propuesto por Elena Highton hablamos de “acceso a justicia” como la resolución del conflicto de manera inmediata y justa, mediante acciones de todos los poderes públicos y “acceso a la justicia” como el derecho a obtener una sentencia o el acceso material a los tribunales (Highton de Nolasco, 2010)

2.2. Gobernanza colaborativa y justicia multinivel

La gobernanza colaborativa supone que múltiples actores públicos —y a veces también sociales— participan en la planificación, implementación y evaluación de políticas, compartiendo información, recursos y decisiones (Ansell & Gash, 2008). En el campo judicial, este enfoque busca reemplazar modelos jerárquicos por estructuras horizontales que permitan coordinar organismos autónomos, ministerios públicos, áreas técnicas y actores territoriales. Por otra parte, las políticas de acceso a justicia se desarrollan en niveles superpuestos: institucional (Poder Judicial), interinstitucional (ministerios públicos, agencias estatales), territorial (barrios, organizaciones sociales) y digital (plataformas tecnológicas, bots, apps), esto es lo que la literatura denomina como entramados de justicia multinivel, donde cada nivel aporta capacidades específicas y debe coordinarse con los demás (Sieder, 2017).

La protección multinivel de los derechos genera un modelo de tutela complejo, con rasgos y problemas específicos que requieren ser convenientemente acoplados, donde es de gran utilidad el intercambio de conocimientos a través de un foro de puesta en común y reflexión sobre la dimensión multinivel. Esto es la Mesa Permanente de Acceso a Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

2.3. Interseccionalidad, accesibilidad y justicia inclusiva

El enfoque interseccional, propuesto por Crenshaw (1991), reconoce que las experiencias de acceso (o barreras) se estructuran por la interacción simultánea de desigualdades como género, clase, etnia, discapacidad u orientación sexual. En políticas judiciales, este marco obliga a diseñar herramientas sensibles a las trayectorias de grupos históricamente excluidos, dado que garantizar accesibilidad implica eliminar barreras físicas, tecnológicas, comunicacionales, cognitivas y actitudinales, en línea con las Reglas de Brasilia (Conferencia Judicial Iberoamericana, 2008) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). La accesibilidad es considerada hoy un estándar de calidad democrática en los servicios judiciales.

Todo el trabajo de la Mesa incorporó las directrices del Observatorio de la Discapacidad, desde el diseño de materiales hasta la elección de locaciones para operativos territoriales. Esta línea de trabajo refuerza la obligación del Poder Judicial de eliminar barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, y constituye un estándar mínimo para las políticas públicas inclusivas modernas

3. Antecedentes institucionales

La Mesa fue creada por la Resolución CM Nº 184/22 con objetivos vinculados al análisis, armonización y articulación de todos los programas de acceso a justicia del Poder Judicial de la CABA, la elaboración de un plan anual de metas, la producción de informes periódicos y el fortalecimiento de vínculos con otras instituciones públicas y comunitarias. Su composición interinstitucional incluye organismos de los tres Ministerios Públicos, áreas técnicas del Consejo de la Magistratura, observatorios temáticos, oficinas especializadas, programas de responsabilidad social y actores territoriales. Esta pluralidad la convierte en un espacio institucional único dentro de los poderes judiciales provinciales y municipales del país.

4. Metodología de trabajo y ejes estratégicos

Desde 2023 la Mesa organiza su trabajo en cuatro ejes estratégicos que se consolidaron plenamente en 2024:

1. Capacitación: producción de cápsulas formativas accesibles.
2. Recursero / Matriz de Recursos: sistematización de recursos judiciales en un formato accesible para ciudadanía y operadores/as.
3. Territorialidad: operativos presenciales en barrios para acercar dispositivos judiciales y promover derechos.
4. Indicadores: medición de percepciones y monitoreo de experiencias ciudadanas con el sistema de justicia.

En 2025 estos ejes continuaron bajo coordinaciones específicas, con acompañamiento metodológico del área de Innovación e Incidencia para asegurar coherencia y sistematización del trabajo colaborativo.

5. Resultados principales del año 2025

5.1. Articulación tecnológica: Recursero, APP Jusbaires y JUSTIBOT

En 2025 se consolidó la Guía de Recursos en línea, con actualizaciones permanentes y articulación directa con la APP Jusbaires para operadores/as y el JUSTIBOT para la ciudadanía. Esto implicó sistematización de contenidos, ajustes de categorías, rediseño para accesibilidad y pruebas con usuarios reales, incluyendo población travesti-trans

5.2. Formación accesible

El Eje Capacitación continuó produciendo cápsulas formativas que incorporan criterios de accesibilidad y lenguaje claro, siguiendo lineamientos del Observatorio de la Discapacidad, dirigidas a empleados/as, funcionarios/as que se encuentran en contacto directo con la ciudadanía.

5.3. Territorialización del Poder Judicial

Durante el año se realizaron múltiples operativos territoriales en barrios como 20, 31, Villa Lugano, Néstor Kirchner, Liniers y Flores articulados con organizaciones comunitarias, referentes sociales y equipos de los Ministerios Públicos, así como oficinas técnico administrativas del Consejo de la Magistratura.

En estas acciones se brindó orientación, asistencia y derivación, además de campañas de sensibilización por fechas institucionales como el Día de Acceso a Justicia donde con intervenciones participativas —como la pregunta “¿Qué es acceso a justicia para vos?”— fue posible recoger percepciones ciudadanas, clasificadas luego en categorías como acceso a derechos (36%), resolución de conflictos (17%), igualdad (10%) y críticas al sistema judicial (9%) o el Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, con una actividad de intervención del enrejado de la plaza, donde la ciudadanía podía participar expresando sus deseos para un mundo sin violencia digital.

5.4. Perspectiva de género e interseccionalidad

La incorporación del Observatorio de Género implicó ajustes del Recursero para población travesti-trans y pruebas del JUSTIBOT con usuarias/os trans, incorporando un enfoque interseccional explícito, con el objeto de generar información certera, que elimine barreras burocráticas para esta población.

6. La Mesa Permanente de Acceso como modelo de justicia multinivel y gobernanza colaborativa

Los avances observados muestran que la Mesa Permanente constituye un dispositivo de gobernanza colaborativa judicial (Ansell & Gash, 2008), que articula organismos autónomos con áreas técnicas y espacios territoriales. Se trata de un modelo de justicia multinivel donde convergen dimensiones institucionales, tecnológicas, territoriales y comunitarias (Sieder, 2017).

Además, la Mesa encarna los principios contemporáneos del acceso a la justicia:

• información clara,
• orientación accesible,
• herramientas digitales,
• presencia territorial,
• medición de experiencias ciudadanas,
• enfoque de discapacidad,
• perspectiva interseccional.

La combinación de estas dimensiones la convierte en un caso de estudio relevante para sistemas judiciales que buscan modernizar sus políticas de acceso a derechos, especialmente en contextos urbanos complejos.

7. Conclusiones

Entre 2022 y 2025, la Mesa Permanente de Acceso a Justicia ha evolucionado de un dispositivo incipiente a una estructura institucional consolidada. Su capacidad para articular organismos heterogéneos, generar herramientas tecnológicas accesibles, fortalecer la presencia territorial y promover instancias participativas la ubican como un modelo innovador dentro de las políticas judiciales argentinas.

El enfoque interseccional, la accesibilidad universal, la territorialidad y la gobernanza colaborativa no operan como dimensiones aisladas sino como componentes integrados de una política integral de acceso a derechos. Su replicabilidad y consolidación futura dependerán del sostenimiento político-institucional del espacio y de su capacidad continua para incorporar evidencia y participación ciudadana.

La mesa constituye hoy un laboratorio institucional donde se diseñan e implementan estrategias innovadoras de democratización del acceso a derechos, con potencial replicabilidad en otros poderes judiciales del país y la región.

Referencias

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The worldwide movement to make rights effective. Sijthoff & Noordhoff.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Conferencia Judicial Iberoamericana. (2008). Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. https://www.corteidh.or.cr/tablas/28434.pdf

Highton de Nolasco, E. (2010). Entrevista a la Dra. Elena Highton de Nolasco. Lecciones y Ensayos, 88, 341–367. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/88/lecciones-y-ensayos-88-paginas-341-367.pdf

ONU. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas.

Rodríguez Garavito, C., & Rodríguez Franco, D. (2010). Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Dejusticia.

Sieder, R. (2017). Legal pluralism and indigenous justice in Latin America. In D. Couso, A. Huneeus, & R. Sieder (Eds.), Cultures of legality: Judicialization and political activism in Latin America (pp. 167–192). Cambridge University Press.

https://aidca.org/wp-content/uploads/2025/12/RIDCA8-CONSTITUCIONAL-Y-DDHH-La-Mesa-Permanente-de-Acceso-a-Justicia-del-Poder-Judicial-de-la-CABA.pdf

Citas

[1] Socióloga UBA con especialización en Planificación y Gestión políticas Públicas y en D.D.H.H en Universidad de Bolonia y Magíster en Políticas Sociales UBA. Fue Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del GCBA (CDNNyA) y es Directora de PAJDU.

[2] Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas UBA. Desde 2013 trabaja en el Poder Judicial en temáticas de acceso a justicia, fortalecimiento institucional y justicia abierta. Es Coordinador del área de Innovación e Incidencia de PAJDU.

[3] Lic. en Trabajo Social (UBA) integró equipos técnicos interdisciplinarios de acompañamiento de NNyA (CDNNyA), actualmente en Innovación e Incidencia de PAJDU.

[4] Abogada (UBA), Especialista en Investigación Científica del Delito (IUPFA), Género y Políticas Públicas (OEA – Comunicar Igualdad) y Género (UBA). Actualmente en Innovación e Incidencia de PAJDU.