Por Dora Alicia Mayoral Villanueva[1]

RESUMEN

Este artículo analiza de manera integral el impacto del género en las elecciones presidenciales de México 2024, en las que la paridad, la violencia política y la interseccionalidad constituyeron elementos centrales de la contienda. Se incluye una revisión histórica que permite comprender la evolución de la participación política femenina, desde los primeros avances normativos hasta la consolidación de mecanismos orientados a garantizar la igualdad sustantiva. Asimismo, se examinan factores socioculturales que condicionan la representación de las mujeres en espacios de poder, destacando la persistencia de estructuras patriarcales y estereotipos de género.

En cuanto a la metodología, se desarrolló un estudio cualitativo de tipo documental, sustentado en revisión normativa, análisis de informes institucionales y casos emblemáticos de candidatas. Como hallazgos, se identificó que, aunque la paridad numérica constituye un avance histórico, persisten prácticas patriarcales que limitan la igualdad sustantiva. La violencia política de género y la ausencia de mecanismos eficaces de sanción se configuran como obstáculos estructurales. La perspectiva interseccional evidencia que mujeres indígenas y de sectores vulnerables enfrentan mayores barreras para ejercer el poder. De esta forma se concluye que la democratización del poder requiere transformaciones culturales profundas y políticas públicas diferenciadas que garanticen una participación efectiva y segura.

PALABRAS CLAVE

Género, ciudadanía, democracia. Derechos Humanos, interseccionalidad, mujeres, paridad, participación, Perspectiva de Género, política, violencia.

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the impact of gender on Mexico’s 2024 presidential elections, in which parity, political violence, and intersectionality were central elements of the contest. It includes a historical review that allows for an understanding of the evolution of women’s political participation, from the earliest normative advances to the consolidation of mechanisms aimed at guaranteeing substantive equality. Likewise, it examines sociocultural factors that condition women’s representation in positions of power, highlighting the persistence of patriarchal structures and gender stereotypes.

Regarding methodology, a qualitative documentary study was conducted, based on normative review, analysis of institutional reports, and emblematic cases of female candidates. As findings, it was identified that although numerical parity represents a historic achievement, patriarchal practices continue to limit substantive equality. Gender-based political violence and the absence of effective sanctioning mechanisms constitute structural obstacles. The intersectional perspective reveals that indigenous women and those from vulnerable sectors face greater barriers to exercising power. In this way, it is concluded that democratizing power requires profound cultural transformations and differentiated public policies that guarantee effective and safe participation.

KEYWORDS

Gender; Citizenship; Democracy; Human Rights; Intersectionality; Women; Parity; Participation; Gender Perspective; Politics; Violence.

INTRODUCCIÓN

La elección presidencial de México en el año 2024 representa un acontecimiento sin precedentes en la historia política nacional y en la evolución de los derechos políticos de las mujeres. Por primera vez dos candidatas, de las cuales, una de ellas asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, constituye un hecho que trasciende la coyuntura electoral para convertirse en un símbolo de transformación estructural en la cultura política mexicana. Este fenómeno no solo refleja el impacto de las reformas normativas orientadas a garantizar la paridad, sino también la persistencia de desafíos vinculados a la representación sustantiva y a la erradicación de prácticas discriminatorias en el ejercicio del poder.

El análisis del impacto del género en este proceso electoral exige una aproximación multidimensional que considere factores históricos, jurídicos, socioculturales y simbólicos. Es por ello,  que el capítulo I es abordado desde la perspectiva histórica, donde la conquista del sufragio femenino en 1953 constituyó el primer paso hacia la inclusión política de las mujeres, aun cuando su participación efectiva en los espacios de decisión se mantuvo limitada durante varias décadas. En donde, además, la Reforma Constitucional de 2014 incorporó el principio de paridad en la integración de candidaturas, marcando un punto de inflexión al establecer un marco normativo que obligó a los partidos políticos a garantizar la igualdad en la postulación de mujeres y hombres.

En el capítulo II se analiza de qué manera la corrupción y la impunidad perpetúan estas prácticas, revisando casos emblemáticos y la respuesta del Estado mexicano.. Dentro del capítulo III se analiza la interseccionalidad en la política mexicana a partir de cómo las barreras históricas y la discriminación que enfrentan las mujeres en espacios de decisión, evidencian la persistencia de prácticas excluyentes en los partidos y en la opinión pública. Así como aún persisten narrativas que cuestionan el  liderazgo de las mujeres por razones de género, lo que demuestra que incluso en los niveles más altos de representación continúan estereotipos que deslegitiman la autoridad femenina.

El capítulo IV analiza cómo la paridad formal convive con estructuras patriarcales que restringen el ejercicio pleno del poder por parte de las mujeres, explorando las dinámicas internas de los partidos políticos, la asignación de recursos y los retos para consolidar una democracia sustantiva.

Capítulo I: Composición histórica y análisis contextual del género en la política mexicana

La historia de la política mexicana ha sufrido una marcada desigualdad en la distribución del poder entre hombres y mujeres. Desde la conquista del voto femenino en 1953, las mujeres han enfrentado barreras estructurales, culturales y simbólicas que han limitado su participación efectiva en la esfera pública. Si bien, el reconocimiento del sufragio constituyó un avance fundamental en la construcción de ciudadanía, durante décadas la presencia femenina en cargos de elección popular fue marginal, condicionada por prácticas patriarcales que reproducían estereotipos.

El reconocimiento del voto femenino en México se logró en un contexto internacional de expansión de los derechos políticos de las mujeres, pero su implementación no significó una transformación inmediata en la estructura del poder. Durante la segunda mitad del siglo XX, la representación femenina en el Congreso y en los gobiernos locales se mantuvo en niveles mínimos, reflejo de una cultura política excluyente y de la ausencia de mecanismos normativos que garantizaran la igualdad sustantiva

El verdadero punto de inflexión se produjo con la Reforma Constitucional de 2014, que incorporó el principio de paridad en la integración de candidaturas. Este cambio normativo obligó a los partidos políticos a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles de representación. Posteriormente, la Reforma conocida como “paridad en todo”  de 2019, amplió este principio a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos, consolidando un marco jurídico orientado a la igualdad sustantiva (CNDH, 2019; Vázquez Correa, 2019).

Históricamente, los discursos políticos y mediáticos han operado como mecanismos de exclusión simbólica, relegando a las mujeres fuera de la esfera pública y consolidando narrativas que las circunscriben a funciones domésticas y de cuidado. Esta construcción no es meramente discursiva, puesto que produce efectos materiales en la configuración social del liderazgo femenino, alimentando resistencias frente a su presencia en espacios de poder. Incluso en escenarios donde se registran avances normativos, los estereotipos de género persisten como dispositivos que condicionan la valoración de las candidaturas femeninas, limitando su competitividad y reproduciendo desigualdades estructurales bajo la apariencia de neutralidad democrática.

La permanencia de estas narrativas se sustenta en la reproducción de un orden patriarcal que atraviesa tanto las estructuras institucionales como las dinámicas culturales. Lo que se observa es que si bien la paridad formal ha incrementado la presencia femenina en espacios de decisión, ello no garantiza la incorporación de una agenda política con perspectiva de género ni la erradicación de prácticas discriminatorias. Bajo esta lógica, la representación sustantiva continúa siendo un reto estructural que las democracias no han logrado resolver.

Por tanto, se entiende  que la igualdad sustantiva no depende únicamente de la existencia de normas, sino de la transformación de las estructuras culturales y de la implementación de políticas públicas que garanticen condiciones equitativas para el ejercicio del poder. La perspectiva de género se convierte, por tanto, en un elemento indispensable para comprender la dinámica política contemporánea y para diseñar estrategias orientadas a la consolidación de una democracia paritaria (González, 2024).

En consecuencia, se observa que el análisis histórico y contextual permite concluir que la inclusión política de las mujeres en México ha sido un proceso gradual, marcado por avances normativos significativos, pero también por resistencias estructurales que limitan la igualdad sustantiva. Las Reformas de paridad constituyen un hito en la arquitectura institucional, pero su efectividad depende de la capacidad del Estado y de los actores políticos para erradicar prácticas patriarcales y garantizar condiciones reales de equidad. En este sentido, la democratización del poder no puede reducirse a la presencia numérica de mujeres en cargos públicos, sino que exige una transformación profunda en la cultura política y en los mecanismos de toma de decisiones (Romero & Centeno, 2025).

Capítulo II: Corrupción, violencia política y resistencia a la igualdad sustantiva

La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye uno de los principales obstáculos para la consolidación de la democracia sustantiva en México.  Esta violencia se define como cualquier acción u omisión que, basada en el género, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres (CNDH, 2023). Puede manifestarse en múltiples formas, como agresiones verbales y/o simbólicas mediante amenazas, hostigamiento digital, exclusión deliberada y, en casos extremos, feminicidio político. [igualdaddegenerondh.org.mx]

La incorporación de esta conducta en la legislación mexicana en 2020 constituyó un avance relevante en materia de protección electoral. No obstante, su implementación ha evidenciado limitaciones tanto estructurales como operativas. La ausencia de mecanismos eficaces de coordinación entre autoridades electorales, ministerios públicos y órganos jurisdiccionales genera vacíos institucionales que propician escenarios de impunidad (Alanís, 2025) [ietam.org.mx].

La impunidad no solo agrava el problema, sino que envía un mensaje claro de tolerancia hacia la violencia política, lo que contribuye a su normalización en el ámbito público. Cuando las agresiones no son sancionadas de manera efectiva, se genera un efecto multiplicador, ya que los perpetradores perciben que sus conductas carecen de consecuencias, mientras que las víctimas enfrentan un entorno hostil que desalienta la denuncia. Esta dinámica debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la protección de los derechos políticos, erosionando la legitimidad democrática y reduciendo la participación, especialmente de grupos históricamente vulnerables como las mujeres. En última instancia, la falta de sanciones no solo perpetúa la violencia, sino que mina los principios fundamentales del Estado de derecho y la equidad en la competencia electoral.

La violencia política contra las mujeres no solo vulnera derechos individuales, sino que compromete de manera directa la calidad democrática y la legitimidad de los procesos electorales. Además, se construye un entorno donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para ejercer plenamente sus derechos políticos, lo que limita su participación y representación en espacios de poder. Ante este panorama, incorporar la perspectiva de género en el diseño institucional, en la formulación de políticas públicas y en la cultura política resulta indispensable para garantizar la igualdad sustantiva. Ello implica no solo ajustes normativos, sino también transformaciones profundas en las prácticas partidistas y en los mecanismos de sanción, con el fin de erradicar patrones patriarcales que perpetúan la exclusión y la violencia

En consecuencia, se concluye que la corrupción y la impunidad son elementos centrales que perpetúan la violencia política contra las mujeres en México. Aunque existen avances normativos y mecanismos institucionales, la falta de voluntad política y la resistencia cultural obstaculizan la erradicación de estas prácticas. De lo que se desprende que la consolidación de una democracia sustantiva requiera de acciones integrales mediante sanciones efectivas, educación con enfoque de género y políticas públicas que garanticen la participación plena de las mujeres en todos los niveles de gobierno.

Capítulo III El derecho a la participación política y la interseccionalidad

La interseccionalidad, concepto introducido por Kimberlé Crenshaw (1989), constituye una herramienta analítica esencial para comprender cómo las múltiples dimensiones de la identidad —género, clase, etnia, edad, orientación sexual— se entrecruzan y configuran experiencias diferenciadas de discriminación y exclusión en la esfera política. Este enfoque permite evidenciar que las desigualdades no actúan de manera aislada, sino que se potencian entre sí, generando formas complejas de opresión. En el contexto mexicano, la interseccionalidad resulta clave para visibilizar las barreras que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a grupos históricamente marginados, en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Incorporar esta perspectiva en el diseño institucional y en las políticas públicas es indispensable para avanzar hacia una democracia sustantiva que garantice igualdad real y representación efectiva.

Este capítulo analiza la interseccionalidad en la política mexicana a partir de dos casos emblemáticos que revelan cómo las identidades múltiples condicionan el acceso y ejercicio del poder. El primero corresponde a Xóchitl Gálvez, cuya trayectoria expuso las barreras históricas y la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en espacios de decisión, evidenciando la persistencia de prácticas excluyentes en los partidos y en la opinión pública. El segundo caso se centra en Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, quien enfrentó narrativas que cuestionaban su liderazgo por razones de género, lo que demuestra que incluso en los niveles más altos de representación persisten estereotipos que deslegitiman la autoridad femenina.

Estos ejemplos no son casos aislados, sino manifestaciones de dinámicas estructurales que combinan desigualdad social, racismo y sexismo, afectando de manera directa la calidad democrática. Además, confirman que la ausencia de una perspectiva interseccional en el diseño institucional y en la cultura política reproduce brechas de poder y limita la participación sustantiva de mujeres en condiciones de diversidad. Ante este panorama, resulta indispensable avanzar hacia una democracia paritaria que no solo garantice la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva. Para ello, se requieren reformas que incluyan mecanismos de sanción efectivos, programas de capacitación con enfoque de género e inclusión, y la transformación profunda de prácticas partidistas que perpetúan la exclusión. Solo mediante estas acciones será posible construir un sistema político que refleje la pluralidad social y fortalezca la legitimidad democrática.

La candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024 no solo evidenció las tensiones entre género, clase y etnia en la política mexicana, sino que puso al descubierto la persistencia de estructuras patriarcales y racistas dentro de los partidos políticos. Originaria de Tepatepec, Hidalgo, Gálvez enfrentó desde su infancia la violencia machista y la discriminación asociada tanto a su condición indígena como a su origen socioeconómico. Aunque su trayectoria —de ingeniera a empresaria y posteriormente a política— desafió estereotipos que históricamente relegan a las mujeres indígenas a roles subordinados, su postulación estuvo marcada por narrativas que cuestionaban su legitimidad, reforzando la idea de que el poder político sigue concebido como un espacio masculino y mestizo. Este caso revela que, pese a los avances normativos, las prácticas partidistas continúan reproduciendo exclusión y desigualdad (El Universal, 2024; Diálogo Político, 2024) [eluniversal.com.mx]

Durante su campaña, Xóchitl Gálvez visibilizó la profunda brecha de desigualdad que afecta a las mujeres indígenas en México. Señaló que la población indígena asciende a 22.3 millones de personas, de las cuales el 51% son mujeres; sin embargo, el 26% de ellas son analfabetas, el 84% vive en zonas rurales y cuatro de cada diez se encuentran en condición de pobreza (Capital México, 2023). Estas cifras no solo reflejan la magnitud de la exclusión social, sino que evidencian la insuficiencia de políticas públicas orientadas a garantizar derechos políticos en condiciones de igualdad. Pese a las reformas paritarias, la realidad muestra que la paridad se ha convertido en muchos casos en una simulación, pues los partidos cumplen con la cuota normativa, pero no generan condiciones materiales ni culturales para que las mujeres indígenas ejerzan el poder sin violencia ni discriminación. Esta contradicción revela que la igualdad formal, sin acciones estructurales, perpetúa la exclusión y debilita la legitimidad democrática [capitalmexico.com.mx].

En cuanto a la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta en 2024, marcó un hito histórico para la representación femenina en México; sin embargo, también expuso las narrativas sexistas que persisten en la política nacional. A pesar de su sólida formación científica y amplia experiencia en gestión pública, su liderazgo fue objeto de discursos que cuestionaban su capacidad únicamente por ser mujer, asociándola con estereotipos como “autoritarismo” o “falta de empatía” (Pressenza, 2024; Los Reporteros MX, 2024). Estas narrativas no son anecdóticas: revelan cómo los avances normativos hacia la paridad conviven con estructuras patriarcales que siguen condicionando la percepción del poder político, reforzando la idea de que el liderazgo femenino es excepcional y, por tanto, susceptible de deslegitimación.

Las narrativas sexistas que rodearon la elección de Sheinbaum no solo afectaron su imagen personal, sino que tienen implicaciones profundas para la legitimidad democrática. Cuando el liderazgo femenino se cuestiona desde estereotipos de género, se envía un mensaje que desincentiva la participación política de otras mujeres, especialmente aquellas que no cuentan con trayectorias consolidadas. Este tipo de discursos refuerza la idea de que el poder sigue siendo un espacio masculino, lo que perpetúa la exclusión simbólica y limita la diversidad en la toma de decisiones. En consecuencia, la democracia pierde representatividad y credibilidad, pues la igualdad formal no se traduce en igualdad sustantiva.

Para transformar esta realidad, es indispensable implementar estrategias integrales que combatan el sexismo en la esfera pública. Entre ellas se propone que se consoliden prácticas estratégicas como: una regulación y sanción de discursos discriminatorios en campañas y medios, mediante lineamientos claros del INE y organismos de comunicación. Capacitaciones obligatorias para partidos, candidatos y periodistas en perspectiva de género e interseccionalidad. Observatorios de medios que monitoreen narrativas sexistas y publiquen reportes periódicos. Y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para desnormalizar estereotipos y promover el liderazgo femenino como legítimo y necesario. Estas acciones no solo buscan erradicar prácticas discriminatorias, sino también fortalecer la cultura democrática y garantizar condiciones reales de igualdad en la competencia política.

De esta manera, la interseccionalidad nos recuerda que la igualdad sustantiva en la política mexicana no es un punto de llegada automático, sino una meta que exige enfrentar las múltiples capas de discriminación que aún persisten. Los casos de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum son emblemáticos, pues se han roto techos de cristal, pero los muros estructurales y simbólicos siguen en pie, limitando la participación plena de las mujeres, sobre todo de aquellas que se ubican en la intersección de género, etnia y clase social. Resulta importante resaltar que el hecho de que algunas mujeres lleguen a la cima no significa que lleguen todas. La presencia de figuras femeninas en espacios de poder no garantiza un impacto real en la vida de millones que siguen enfrentando desigualdades profundas. Hablar de democracia incluyente no puede quedarse en el discurso; requiere políticas audaces que reconozcan esta complejidad y que transformen la representación en poder real. Sin ello, la paridad será solo una cifra, no una garantía de justicia social.

Capítulo IV Crisis democrática y retos en la representación paritaria

La paridad numérica en los espacios de representación política en México se presenta como uno de los avances más visibles en materia de igualdad de género. Sin embargo, este logro formal no garantiza por sí mismo la igualdad sustantiva; que las mujeres ocupen el 50% de los cargos legislativos no significa que ejerzan poder en condiciones de equidad. Persisten techos de cristal que bloquean el acceso a posiciones estratégicas, violencia simbólica que erosiona su liderazgo y una distribución desigual de recursos que condiciona su competitividad electoral. Estas prácticas no son simples rezagos, son evidencia de una simulación democrática donde la paridad se reduce a una cifra, mientras la toma de decisiones sigue concentrada en estructuras patriarcales. La paridad sin poder real no es igualdad, es mera simulación democrática. Si no se transforman estas dinámicas, la inclusión será solo aparente y la democracia, una promesa incumplida.

Este capítulo analiza cómo la paridad formal convive con estructuras patriarcales que restringen el ejercicio pleno del poder por parte de las mujeres, explorando las dinámicas internas de los partidos políticos, la asignación de recursos y los retos para consolidar una democracia sustantiva.

La Reforma Constitucional de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, impuso la obligación de garantizar la paridad de género en los tres poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. Este avance normativo constituye un hito histórico en la construcción de la igualdad sustantiva; sin embargo, por sí solo no asegura la transformación de las estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad (Bonifaz, 2016; Gilas, 2024).

Ahora bien, un suceso que marcó nuevas formas de manipulación política es lo que sucedió en el año 2009, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) organizó elecciones internas para elegir a su candidato a la jefatura delegacional de Iztapalapa. Ciudad de México. Clara Brugada —actual Jefa de Gobierno de la capital de México— resultó ganadora, pero su triunfo fue impugnado por Silvia Oliva. El Tribunal Electoral anuló la candidatura de Brugada y ordenó que Oliva fuera registrada. El problema era que las boletas ya estaban impresas con el nombre de Brugada, lo que desató una crisis política.

Ante esta situación, Andrés Manuel López Obrador, quien no ocupaba ningún cargo público oficial — pero era el  líder político y dirigente del movimiento lopezobradorista, impulsando acciones y estrategias dentro del PRD y aliados— ideó una estrategia para evitar que Oliva gobernara y apoyó a Rafael Acosta, conocido como “Juanito”, militante del Partido del Trabajo. Durante la campaña, Juanito prometió públicamente que, si ganaba, renunciaría para que Clara Brugada pudiera asumir el cargo. Incluso hicieron una ceremonia simbólica para formalizar el acuerdo.

El cinco de julio de 2009, Juanito ganó las elecciones. Sin embargo, después comenzó a dudar de cumplir su promesa y el primero de octubre tomó protesta como jefe delegacional, pero ese mismo día pidió licencia por “motivos de salud”, lo que permitió que Brugada quedara como encargada. Semanas después, Juanito intentó recuperar el cargo y destituyó a Brugada, lo que provocó una nueva crisis. La Asamblea Legislativa intervino y, finalmente, el diez de diciembre del mismo año, Juanito renunció de manera definitiva y Clara Brugada fue ratificada como jefa delegacional.

Se deriva así el concepto de los “Juanitos”, lo que posteriormente dio origen a las denominadas “neojuanitas”: mujeres electas que son obligadas a renunciar para ceder el cargo a hombres, evidenciando la persistencia de resistencias culturales frente a la igualdad sustantiva. En este contexto, la corrupción presente en partidos políticos y gobiernos locales opera como un catalizador de la violencia política, favoreciendo prácticas recurrentes como la asignación discrecional de candidaturas, la simulación en los procesos de registro y la presión ejercida para que mujeres electas renuncien en favor de suplentes varones (Pérez, 2024). Estas conductas no solo vulneran derechos políticos individuales, sino que perpetúan estructuras patriarcales que conciben el poder como un espacio esencialmente masculino [eleconomista.com.mx].

Por ello, aunque la paridad busca garantizar igualdad en la representación política, estas maniobras la convierten en una simulación. Las mujeres son registradas como candidatas únicamente para cumplir con la cuota legal, pero no para ejercer el poder. Esto desvirtúa el objetivo de la norma y perpetúa la idea de que el liderazgo femenino es prescindible, reduciendo a las mujeres a un papel simbólico dentro de la estructura partidista.

El impacto es profundo pues se obstaculiza la igualdad sustantiva, se refuerzan estereotipos que cuestionan la capacidad de las mujeres para gobernar y se mantiene el control político en manos de los mismos grupos. Además, estas prácticas erosionan la confianza ciudadana en las políticas de inclusión, pues la paridad se percibe como una formalidad vacía. En lugar de abrir espacios genuinos, se reproduce la lógica de exclusión bajo una apariencia de legalidad.

Este fenómeno evidencia que la lucha por la participación política de las mujeres no termina con la aprobación de leyes de paridad; y se requiere de mecanismos que garanticen su ejercicio real del poder y sanciones efectivas contra la simulación democrática.

CONCLUSIONES

La participación política de las mujeres en México ha seguido un proceso complejo, atravesado por avances normativos y resistencias estructurales que persisten en el tiempo. Si bien la paridad numérica constituye un hito histórico, no garantiza por sí misma la igualdad sustantiva. Las mujeres continúan enfrentando barreras invisibles como los techos de cristal, la violencia simbólica y la distribución desigual de recursos, lo que limita su capacidad para ejercer el poder en condiciones de equidad.

La violencia política de género se configura como uno de los principales obstáculos para la consolidación de una democracia paritaria. Este fenómeno no solo vulnera derechos individuales, sino que deteriora la calidad democrática y perpetúa la exclusión. Las respuestas centradas exclusivamente en sanciones han demostrado ser insuficientes; se requiere una transformación cultural profunda que desmonte el patriarcado institucional y promueva una educación cívica con enfoque de género.

La perspectiva interseccional revela que la discriminación no afecta a todas las mujeres de manera uniforme. Aquellas que se encuentran en la intersección de género, etnia y clase enfrentan condiciones más adversas, lo que exige políticas públicas diferenciadas y recursos específicos para garantizar su participación efectiva en espacios de poder.

En síntesis, la democratización del poder no puede reducirse a cifras ni a reformas legales. Implica un cambio estructural y cultural que permita construir una política libre de violencia, con condiciones reales de equidad y una representación que refleje la diversidad de las mujeres mexicanas. Solo así será posible avanzar hacia una democracia sustantiva, incluyente y libre de discriminación.

REFERENCIAS

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Notas

[1] ORCID: 0000-0002-2528-5810. Instituto Universitario Contemporáneo de las Américas. doramayoralvillanueva@gmail.com. México