Por Érica Melisa de los Ángeles Capa[1]

La adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley 26.052 —modificatoria de la Ley 23.737— trasladó la persecución del narcomenudeo desde la justicia federal a la justicia ordinaria provincial. Este artículo examina los efectos institucionales, procesales y criminológicos de dicha transferencia, aportando un análisis crítico basado en datos oficiales, doctrina penal y estadísticas penitenciarias. Se concluye que el modelo bonaerense exhibe saturación estructural, selectividad punitiva y una significativa ineficiencia, lo que impide su extrapolación a otras jurisdicciones del país.

1. INTRODUCCIÓN:

La Ley 23.737 estableció históricamente un sistema federal de persecución del narcotráfico, reservando la competencia al fuero federal (art. 34). Con la sanción de la Ley 26.052, el legislador habilitó a las provincias a asumir la persecución de delitos de menor escala —narcomenudeo— mediante leyes de adhesión.

La Provincia de Buenos Aires adoptó este esquema y reorganizó su sistema judicial a partir de la intervención de 135 municipios distribuidos en 20 departamentos judiciales, acompañando la reforma con la creación de fiscalías temáticas en el ámbito de la Procuración General.

La reforma se justificó bajo tres premisas:

            1-PROXIMIDAD TERRITORIAL,

2- DESCONGESTIÓN DEL FUERO FEDERAL Y

3- AUMENTO DE LA EFICACIA PENAL.

Sin embargo, el análisis técnico-criminológico muestra que ninguna de estas metas se alcanzó en los hechos.

2. IMPACTO INSTITUCIONAL Y PROCESAL:

1. Crecimiento exponencial de causas por estupefacientes

Los informes oficiales de la Procuración General bonaerense registran 76.390 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en 2023 por infracción a la Ley 23.737.Este universo constituye uno de los mayores volúmenes procesales del país.

El efecto inmediato de la desfederalización fue la absorción de miles de causas menores —tenencia simple, tenencia para consumo y comercialización minorista— que antes recaían en la justicia federal.

ALBERTO PRAVIA,( 2022) En el marco de la Ley 26.052, sostiene que la desfederalización de los delitos vinculados a estupefacientes no implica una transferencia irrestricta de competencias, sino una asignación acotada a conductas de menor lesividad social, principalmente asociadas al narcomenudeo. Señala que este fenómeno debe distinguirse del narcotráfico no sólo por la cantidad de sustancia, sino por la inexistencia de organizaciones criminales complejas y de alcance transnacional. Advierte, además, que la aplicación de criterios meramente cuantitativos para definir la competencia puede derivar en una política criminal selectiva, orientada a la persecución de eslabones débiles del mercado de drogas, sin impacto real en las estructuras superiores de tráfico, problemática particularmente visible en el ámbito provincial.

DONNA (2019) advierte que, sin políticas de inteligencia criminal, la persecución del narcomenudeo “se convierte en una respuesta meramente simbólica”, destinada a administrar el conflicto y no a reducirlo.

2. Selectividad punitiva

Las IPP iniciadas se concentran en hechos de baja escala. Esto reproduce un patrón de selectividad penal dirigido hacia personas en situación de vulnerabilidad, en detrimento de investigaciones complejas sobre redes de tráfico.

BINDER (2008) sostiene que las transferencias competenciales sin reforma estructural “desplazan la sobrecarga hacia los actores institucionalmente más débiles”, fenómeno que se verifica en la Provincia.

3. Sobrecarga penitenciaria

Autoridades penitenciarias y la Suprema Corte provincial han advertido un incremento sostenido del número de internos por delitos vinculados al narcomenudeo. Estimaciones oficiales señalan que más del 30% de los ingresos diarios al sistema penitenciario guardan relación con infracciones a la Ley 23.737.

Este fenómeno profundiza la sobrepoblación estructural y dificulta la implementación de políticas de reinserción.

3. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DE LA DESFEDERALIZACIÓN

1. Falta de correlato entre competencia y recursos:

La Provincia asumió la competencia sin recibir el volumen proporcional de recursos materiales, humanos y tecnológicos. Basilico (2016) subraya que la política criminal fragmentada “genera inconsistencias sistémicas que afectan el debido proceso y la coherencia del sistema penal”.

2. Ausencia de coordinación federal–provincial:

Mayer (2014) destaca que el combate al narcotráfico requiere coordinación vertical (federal-provincial) y horizontal (entre agencias). La ausencia de protocolos claros para remitir causas con elementos de complejidad ha producido investigaciones truncas y pérdida de información relevante.

3. Estructura penal desigual:

La calidad de la persecución penal varía significativamente entre departamentos judiciales. La disparidad en infraestructura pericial, capacitación y recursos genera respuestas penales desiguales según el territorio.

4. Falta de impacto sobre el narcotráfico:

A casi dos décadas del cambio competencial, no existen indicadores que demuestren reducción del tráfico de estupefacientes. La criminalidad organizada permanece bajo órbita federal, mientras la provincia procesa incidentes menores.

4. EVALUACIÓN FINAL: (razones para no replicar el modelo)

El caso bonaerense permite identificar los siguientes puntos críticos:

1. Ineficiencia estructural: el aumento de causas no se traduce en investigaciones de calidad ni en sentencias relevantes.
2. Criminalización selectiva: la política penal recae sobre consumidores y vendedores marginales, sin afectar redes mayores.
3. Sobrecarga institucional: la expansión del número de IPP sin estructura adecuada produce congestión fiscal, judicial y penitenciaria.
4. Descoordinación: la ausencia de comunicación operativa entre jurisdicciones limita la eficacia del sistema.
5. No replicabilidad: extender este modelo a otras provincias sin reformas profundas conduciría al mismo fracaso.

CONCLUSIÓN:

La desfederalización del narcomenudeo en la Provincia de Buenos Aires constituye un caso paradigmático de política criminal mal implementada. El análisis doctrinario, estadístico y jurisdiccional demuestra que la transferencia de competencia fue desproporcionada respecto de los recursos disponibles y generó efectos adversos sobre la eficiencia penal, la coherencia institucional y la racionalidad criminológica.

En consecuencia, la experiencia bonaerense no debería ser adoptada por otras provincias sin una reforma estructural profunda, basada en inteligencia criminal, coordinación interjurisdiccional y un enfoque integral del fenómeno del narcotráfico.

Referencias:

Todas las referencias son fuentes doctrinarias, institucionales y normativas de acceso público y habitual en el ámbito penal.

Detalles de las fuentes:

Pravia Alberto (2022) Estupefacientes, Narcotráfico, Microtrafico y los nuevos tipos penales.1ª, 2ª y 3ª Edición

Binder, A. (2008): Libro fundamental sobre el sistema penal argentino, publicado por la editorial Ad Hoc.

Donna, E. A. (2019): Tomo II de su manual de Derecho Penal, editorial Rubinzal Culzoni, una de las más importantes en Argentina.

Leyes 23.737 y 26.052: Normativa clave sobre estupefacientes en Argentina, disponibles en el portal oficial Infoleg.

Mayer, J. (2014): Artículo sobre crimen organizado y políticas de drogas, publicado en la Revista Pensamiento Penal.

Informes (Procuración, SPB, SCJBA): Documentos oficiales y públicos que reportan datos sobre infracciones, población carcelaria y superpoblación en Buenos Aires. 

-Todas estas referencias son pilares en la investigación y práctica del derecho penal y criminología en Argentina.-

Citas

[1] Capa, Erica Melisa de los Angeles, Abogada, Escribana (Universidad Siglo XXI); Diplomatura en Litigación penal y Civil, Colegio de Abogados de Tucumán.; Postgrado en Derecho Penal-Colegio de Abogados de Tucumán; Diplomatura Internacional, Derecho Penal y Teoría del delito – Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de la Plata.