Por Javier A. Crea[1]

Sumario

Este artículo examina el anuncio de Daniel Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” como culminación de un proceso de demolición interna de la democracia que lleva casi dos décadas en marcha. Parte de su trayectoria, desde el liderazgo revolucionario y la primera presidencia en los años 80 hasta su retorno al poder en 2007 y las sucesivas reelecciones obtenidas en comicios crecientemente controlados, para mostrar cómo el país pasó de democracia electoral frágil a autoritarismo electoral y, finalmente, a dictadura cerrada. Sobre la base de los marcos teóricos de Dahl, Linz, Levitsky y Ziblatt, y de los informes de Freedom House, BTI, International Crisis Group y la CIDH, se reconstruyen las principales etapas de ese deterioro: captura del Poder Judicial y de los árbitros electorales, reformas constitucionales que habilitaron la reelección indefinida, represión masiva de las protestas de 2018 y cierre del espacio cívico mediante la cancelación de organizaciones, medios y universidades. El texto analiza luego la declaración sobre el fin de las elecciones como acto doctrinario que niega la alternancia y redefine la soberanía popular en clave de tutela permanente, utilizando el argumento de la “interferencia externa” como coartada para cancelar el derecho del pueblo a cambiar de gobierno. Finalmente, se sostiene que el caso nicaragüense funciona como laboratorio extremo de fragilidad democrática y como advertencia regional: aceptar la abolición o simulación de elecciones en nombre del orden o la soberanía no es una peculiaridad local, sino una forma de regresión que rebaja el estándar interamericano de defensa de la democracia y normaliza la sustitución del pueblo por el poder.

Abstract

Nicaragua’s President Daniel Ortega has openly announced that the country will no longer hold elections, abandoning even the pretence of democratic competition and revealing the endpoint of a long process of internal autocratization. This article analyses that decision as the culmination of a trajectory that began with Ortega’s return to power in 2007 and evolved from electoral democracy to electoral authoritarianism and, finally, to a closed dictatorship. Building on the conceptual frameworks of Robert Dahl, Juan Linz, Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, as well as empirical assessments by Freedom House, BTI and International Crisis Group, the text reconstructs how judicial capture, manipulation of electoral institutions, legal reforms enabling indefinite re-election and the brutal repression of the 2018 protests progressively dismantled checks and balances and hollowed out the rule of law. It then examines Ortega’s recent declaration as a doctrinal statement about power, sovereignty and “external interference”, showing how the regime weaponizes the language of national independence to justify the suspension of alternation and the destruction of popular sovereignty. Finally, the article argues that the Nicaraguan case is a laboratory of extreme democratic fragility and a warning for Latin America: tolerating the abolition or simulation of elections under the guise of sovereignty or stability normalizes the substitution of the people by the ruler and lowers the regional threshold of intolerance toward open authoritarianism.

Palabras clave

Nicaragua; Daniel Ortega; fragilidad democrática; autocratización gradual; autoritarismo electoral; alternancia; soberanía popular; sistema interamericano.

1. Introducción

El presidente de Nicaragua ha decidido decir en voz alta lo que muchos gobernantes autoritarios solo insinúan. Ha declarado, en esencia, que no habrá nuevas elecciones para evitar que fuerzas externas “interfieran” y desestabilicen el país. No se trata de un desliz ni de una frase menor. Es un jefe de Estado que se reconoce por encima del ciclo electoral, que considera el voto una amenaza y que se atribuye el derecho de prescindir de él como si se tratara de un trámite administrativo opcional. Esa afirmación condensa, en pocas palabras, el corazón de lo que en nuestro libro sobre fragilidades democráticas y derivas autoritarias describimos como el punto extremo de la fragilidad, cuando el gobernante deja de verse obligado por la alternancia y pasa a tratarla como algo que puede suspender según su conveniencia.[2]

Lo que hoy se escucha desde el poder en Managua no es un exabrupto ni una improvisación de micrófono caliente. Es la explicitación brutal de un régimen que ha decidido vivir sin pudor democrático, que ya no se siente obligado a disimular su desprecio por la alternancia ni a fingir respeto por el voto como regla. Cuando quien gobierna anuncia que no habrá nuevas elecciones para garantizar estabilidad frente a supuestas interferencias externas, lo que está haciendo no es reorganizar un trámite, sino negar el núcleo de la soberanía popular. No ajusta fechas. No corrige procedimientos. Declara prescindible el único acto mediante el cual un pueblo deja de ser “objeto administrado” y se constituye en sujeto político capaz de premiar o castigar a sus gobernantes.

Ese es el punto exacto en el que la discusión deja de ser técnica y pasa a ser existencial para cualquier democracia. Porque las elecciones pueden estar mal organizadas, pueden celebrarse en condiciones desiguales, pueden ser manipuladas, pueden ser vaciadas de autenticidad. Todo eso ya es gravísimo. Pero hay un umbral todavía más oscuro, y es aquel en el que el gobernante considera que ni siquiera necesita preservar la apariencia. Nicaragua parece estar ahí. Ya no en la fase del fraude encubierto, no en la etapa de la competencia amañada, no en la zona gris del autoritarismo electoral que todavía necesita rituales de legitimación. Más allá. En el lugar donde el poder cree que puede decir, sin ruborizarse, que el voto se vuelve peligroso cuando no garantiza obediencia.

Hay regímenes que matan la democracia lentamente y otros que, una vez seguros de su impunidad, se permiten sincerar en público lo que durante años hicieron en silencio. Nicaragua pertenece a esta segunda escena. El país no llegó hasta aquí en un solo movimiento. Llegó a través de una acumulación de capturas, disciplinamientos, purgas, reformas, persecuciones y miedo. Llegó mediante una pedagogía autoritaria que enseñó a la sociedad que disentir podía costar demasiado. Llegó a través de la colonización del Poder Judicial, de la demolición del pluralismo, de la neutralización de opositores, de la asfixia del espacio cívico y de la conversión del aparato estatal en una maquinaria de obediencia.

2. La Nicaragua de Ortega en el mapa de las fragilidades democráticas

Para comprender cómo se ha llegado al punto en que las elecciones son presentadas como prescindibles, conviene mirar con algo de detalle la trayectoria del presidente nicaragüense. Daniel Ortega no es un recién llegado al poder. Es el resultado de una historia larga de liderazgo revolucionario, retorno electoral, desgaste institucional y consolidación personalista que arranca en la lucha armada contra la dictadura somocista y desemboca en una forma de mando casi permanente. Ortega fue uno de los dirigentes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, tras el triunfo de la revolución en 1979, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional antes de convertirse en presidente entre 1985 y 1990, en medio de la guerra civil y las tensiones de la Guerra Fría.

Tras perder las elecciones de 1990, Ortega pasó más de una década en la oposición, pero nunca abandonó completamente el centro de la escena política. Construyó poder desde el partido, tejió alianzas, negoció reformas y mantuvo una presencia continua como candidato y referente del sandinismo. En 2006 regresó finalmente a la presidencia, esta vez por vía electoral, en un contexto de fatiga social, fragmentación de la oposición y promesas de estabilidad que convencieron a una parte significativa del electorado. A partir de allí se inició una segunda etapa, muy distinta de la primera. Ya no se trataba del líder revolucionario que gobernaba en guerra abierta, sino de un presidente elegido que, poco a poco, comenzó a someter las instituciones del Estado a un proyecto personalista.

Las elecciones de 2011, 2016 y 2021 consolidaron ese proceso. En 2011, Ortega obtuvo un nuevo mandato entre fuertes cuestionamientos a la transparencia y al respeto de la Constitución, ya que la reelección continua había sido originalmente prohibida. En 2016 logró un tercer período consecutivo con más del 70% de los votos, en un contexto de oposición fragmentada, baja competitividad y denuncias sobre el control del Consejo Supremo Electoral. En 2021 se impuso nuevamente tras unas elecciones calificadas como “sin competencia” por organismos internacionales, ya que buena parte de sus adversarios fue detenida o anulada antes de los comicios. CNN en Español recordó, al analizar ese cuarto mandato consecutivo, que al menos 39 líderes opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales, habían sido arrestados en los meses previos.[3]

Ese calendario formal de elecciones no debe engañar. Lo que Human Rights Watch y otros organismos han señalado con insistencia es que, desde su regreso al poder en 2007, Ortega fue desmontando uno a uno los contrapesos institucionales que podían limitarlo: colonizó la justicia, disciplinó el aparato electoral, vació de independencia a los órganos de control y utilizó reformas legales para habilitar la reelección indefinida. Su partido aseguró mayorías parlamentarias suficientemente robustas como para modificar leyes clave, someter la policía y las fuerzas armadas al mando presidencial directo y transformar la excepcionalidad en regla.[4] Nicaragua dejó de ser una democracia con problemas y se convirtió en un régimen de autoritarismo electoral en el que se votaba, pero el voto ya no podía traducirse en alternancia.

La represión de 2018 fue otro punto decisivo en esta biografía de permanencia. Las protestas masivas contra el gobierno, originadas en cambios al sistema de seguridad social y ampliadas luego a una crítica general al régimen, fueron respondidas con violencia letal, detenciones, persecución selectiva y cierre de espacios de diálogo. International Crisis Group describió ese momento como un levantamiento aplastado, que dejó en evidencia la disposición del gobierno a utilizar armas, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales para sostenerse.[5] Desde entonces, la consolidación autoritaria se aceleró y los medios independientes fueron cerrados, las organizaciones civiles perdieron personalidad jurídica, los opositores y críticos fueron encarcelados o empujados al exilio y la ciudadanía aprendió que disentir públicamente podía tener costos altísimos.

En 2025, la concentración de poder llegó a un nuevo umbral simbólico cuando Ortega se convirtió en “co-presidente” de Nicaragua junto con su esposa Rosario Murillo, una fórmula que oficializa lo que ya era evidente y que muestra la existencia de un mando familiar, patrimonializado y ajeno a cualquier lógica de alternancia. Distintos perfiles biográficos han señalado que, a los 80 años, el líder sandinista aparece en actos públicos encorvado, con signos visibles de fatiga y con un discurso cada vez más cerrado sobre la defensa del régimen frente a enemigos internos y externos. Esa imagen física del poder envejecido y atrincherado dialoga con la estructura institucional que ha construido y con un sistema diseñado para impedir la salida y para presentar como amenaza cualquier escenario en el que el pueblo pueda volver a elegir libremente.

Cuando se mira esta historia en conjunto, la frase inicial sobre la prescindencia de nuevas elecciones deja de parecer un exabrupto y se revela como la culminación coherente de un proyecto de gobierno que lleva décadas persiguiendo el mismo objetivo: controlar el Estado, neutralizar a los adversarios y convertir la voz del pueblo en un ruido peligroso que debe administrarse o silenciarse. Ortega puede hablar hoy de evitar interferencias externas y de preservar la estabilidad porque ha construido, a lo largo de años, un aparato institucional e ideológico que le permite presentar la permanencia del mando como sinónimo de paz y cualquier apertura como sinónimo de caos. Esa es la biografía política que late detrás de la decisión de suspender la alternancia y no es una improvisación, sino el resultado de una vida entera dedicada primero a conquistar el poder y después a impedir que ese poder pueda volver a ser discutido.

Freedom House viene describiendo a Nicaragua como un país sin libertades sustantivas, con un orden político crecientemente concentrado y con severas restricciones a la oposición, a la prensa y a la sociedad civil.[6] El BTI la presenta como un caso de degradación extrema, una estructura de poder cada vez más cerrada, con rasgos propios de un Estado policial.[7] International Crisis Group advirtió hace años sobre el vaciamiento progresivo de la competencia y sobre el riesgo de elecciones convertidas en simulacro. Nada de esto surgió de un día para el otro. La represión de 2018 marcó un punto de inflexión, pero no fue un accidente. Fue la exteriorización violenta de una lógica ya consolidada por la que, cuando el poder se siente cuestionado, responde no con apertura, sino con aplastamiento.[8]

El gran problema del siglo XXI no es solo la dictadura clásica, sino la autocratización desde dentro, la demolición progresiva de la democracia mediante instrumentos legales, discursos de legitimación y capturas institucionales que van vaciando de contenido el orden constitucional sin necesidad de abolirlo de un golpe. Nicaragua es exactamente eso. No una anomalía arcaica. No un residuo fósil de la Guerra Fría. Es una manifestación contemporánea, refinada y brutal de la regresión democrática global.

Por eso la frase sobre no convocar nuevas elecciones resulta tan significativa. Porque no expresa solamente una voluntad autoritaria. Expresa también una teoría del poder. La teoría según la cual la soberanía ya no reside en el pueblo, sino en quien dice proteger al pueblo. La teoría según la cual la estabilidad del régimen vale más que la libertad de los ciudadanos. La teoría según la cual la alternancia no es una regla normal de la democracia, sino un riesgo que debe administrarse o directamente impedirse. La teoría, en fin, de que las elecciones son buenas cuando confirman al poder, pero se vuelven sospechosas cuando podrían discutirlo.

Ese desplazamiento es letal. Porque la democracia constitucional no se define solo porque haya votos, sino porque quienes gobiernan aceptan que esos votos pueden sacarlos del poder. Desde la tradición liberal y constitucional, la democracia no es un cheque en blanco para mayorías ocasionales, ni un decorado legitimador para líderes providenciales, sino un equilibrio frágil entre autoridad popular, límites jurídicos, división de poderes, derechos fundamentales y posibilidad real de alternancia. Si desaparece la alternancia, si el poder se considera a sí mismo insustituible, como notamos también en recientes declaraciones del presidente colombiano, si la competencia electoral se transforma en amenaza existencial, entonces lo que queda puede conservar banderas, himnos, tribunales y constituciones, pero ya no merece el nombre de democracia.

3. La mentira soberanista y el derecho de un pueblo a cambiar de gobierno

El argumento de la interferencia externa merece una crítica frontal, porque es una de las coartadas más eficaces del autoritarismo contemporáneo. Siempre hay una amenaza. Siempre hay una conjura. Siempre hay un enemigo externo dispuesto a justificar la concentración de poder, el cierre de libertades, la persecución del disenso y la suspensión de controles. En nombre de la defensa nacional se destruye la vida constitucional. En nombre de la soberanía se aplasta el único acto en el que la soberanía se expresa de verdad, que es la libre decisión del pueblo sobre quién gobierna y por cuánto tiempo.

Ese recurso no es nuevo. En distintas latitudes, los regímenes en deriva autoritaria han aprendido a utilizar el lenguaje de la autodeterminación como escudo para blindar prácticas abiertamente antidemocráticas. La paradoja es obscena. Se invoca la soberanía popular para impedir que el pueblo decida. Se invoca la independencia nacional para cancelar la independencia del elector. Se invoca la paz para clausurar el conflicto legítimo que toda democracia implica. Porque la democracia no es ausencia de conflicto. Es el método civilizado para tramitar el conflicto sin que una facción secuestre para sí el destino común. Cuando el gobierno declara que las elecciones son peligrosas, lo que en realidad está diciendo es que el pueblo se ha vuelto peligroso si deja de obedecer.

Robert Dahl enseñó que una democracia digna de ese nombre exige participación inclusiva y competencia significativa. No basta con convocar ciudadanos a votar si la oposición no puede organizarse, si la prensa crítica está cercada, si la justicia está colonizada, si los árbitros electorales son dependientes y si el miedo disciplina la vida pública. Pero ni siquiera ese estándar mínimo se sostiene cuando se plantea directamente que puede no haber nuevas elecciones. En ese caso ya no estamos ante una democracia degradada. Estamos ante una soberanía secuestrada.[9]

Juan Linz advirtió que las democracias se quiebran no solo por asaltos exteriores, sino también cuando actores relevantes dejan de aceptar las reglas comunes como límites vinculantes y comienzan a tratarlas como obstáculos removibles.[10] Esa advertencia sigue siendo decisiva. El problema de Nicaragua no es solo que exista un liderazgo fuerte. El problema es que ese liderazgo ya no se piensa como gobierno dentro de una Constitución, sino como poder por encima de la Constitución. No se reconoce como actor sometido a la lógica de alternancia, sino como custodio del destino nacional. Y quien se considera custodio del destino nacional suele sentirse autorizado a prescindir del pueblo real en nombre de un pueblo imaginario que solo él dice encarnar.

En nuestros trabajos anteriores sobre Venezuela, Bolivia y otros escenarios de deterioro institucional, insistimos en un punto que aquí vuelve con fuerza. La erosión democrática no consiste únicamente en la violación aislada de reglas, sino en la destrucción cultural del principio de límite. La democracia comienza a derruirse de verdad cuando el poder deja de experimentar los límites como condiciones de legitimidad y empieza a vivirlos como agresiones. Cuando cada tribunal independiente parece una conspiración. Cuando cada periodista incómodo parece un agente hostil. Cuando cada opositor deja de ser adversario y pasa a ser traidor. Cuando cada elección incierta deja de ser normalidad republicana y pasa a ser riesgo sistémico. Ese es el ecosistema mental del autoritarismo. Nicaragua no solo lo habita. Lo exhibe.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt mostraron que las democracias contemporáneas rara vez mueren por un solo acto dramático. Mueren porque los líderes elegidos van recortando derechos, deslegitimando rivales, colonizando árbitros y modificando incentivos hasta convertir el pluralismo en una ficción sin capacidad de producir alternancia.[11] El aporte más inquietante de Nicaragua a ese cuadro es que pone de relieve la etapa en la que ya no hace falta disimular, cuando el gobernante cree que puede sincerar su desprecio por las elecciones porque la sociedad ha sido previamente disciplinada y la comunidad internacional previamente anestesiada.

En este punto aparece una cuestión jurídica de fondo que no puede relativizarse. El derecho a participar en el gobierno, a elegir y ser elegido en elecciones auténticas, periódicas y libres, no es una concesión graciosa del poder. Es un núcleo esencial del constitucionalismo democrático y del sistema internacional de derechos humanos. La degradación de las condiciones de alternancia no es un simple problema de diseño institucional, sino una lesión estructural del derecho humano a la democracia. No convocar elecciones no es solo incumplir un calendario. Es despojar a la ciudadanía de la herramienta central con la que transforma su condición de gobernada en condición de autora de la legitimidad política.

Por eso el caso nicaragüense no debe analizarse con el tono burocrático de un expediente. No estamos ante una irregularidad procedimental. Estamos ante una ruptura material del pacto democrático. Y ese pacto no se rompe solo cuando salen los tanques. Se rompe también cuando las urnas dejan de ser una obligación del poder y se convierten en una opción discrecional del gobernante. La modernidad autoritaria ha aprendido precisamente eso. Que puede matar la democracia sin necesidad de declararse enemiga de la democracia. Que puede utilizar la legalidad contra el derecho, la soberanía contra el pueblo, la estabilidad contra la libertad y la paz contra la pluralidad. Nicaragua lo muestra con una claridad casi obscena.

4. El laboratorio nicaragüense y la advertencia para toda la región

Hay algo que vuelve a Nicaragua especialmente perturbadora. Su utilidad como advertencia. En nuestro libro señalamos que las democracias frágiles no son aquellas en las que no existen instituciones, sino aquellas en las que las instituciones no tienen fuerza suficiente para imponer límites efectivos cuando el poder decide desbordarlas.[12] Esa definición encaja con precisión. Nicaragua puede conservar arquitectura estatal, retórica constitucional, referencias a la legalidad y un aparato normativo formal. Pero si todo eso no alcanza para obligar al poder a aceptar la alternancia, entonces el edificio institucional no protege a la democracia. Apenas la decora.

La experiencia comparada de América Latina enseña que hay varios caminos hacia la degradación. En Venezuela, la combinación de constitucionalismo plebiscitario, concentración de poder, captura de controles y represión produjo una autocracia electoral que durante años conservó formas democráticas mientras destruía su contenido. En Bolivia hemos analizado otra modalidad, una democracia tomada de rehén por un liderazgo que no termina de aceptar la alternancia y que mantiene capacidad de desestabilización como veto fáctico. En Costa Rica observamos señales más tempranas y todavía reversibles, con populismo, presión sobre instituciones y desgaste del pluralismo. Nicaragua, en cambio, parece pararse en una estación más terminal del proceso. Allí donde la pregunta ya no es cuánto queda de democracia, sino cuánto poder necesita todavía para seguir fingiendo que la democracia importa.

Eso explica por qué no basta con describir a Nicaragua como “autoritarismo electoral” o “régimen híbrido” si el propio poder se siente habilitado a poner en cuestión la existencia futura de nuevas elecciones. Las categorías siguen siendo útiles, pero corren el riesgo de quedar cortas frente a la radicalidad del sinceramiento. Cuando un presidente sostiene que no convocará elecciones para evitar interferencias, el mensaje es más duro que cualquier tipología. Está diciendo que el problema no es una elección concreta, ni una crisis excepcional, ni una amenaza definida. El problema es la idea misma de que el pueblo pueda volver a decidir.

Ese gesto tiene además una dimensión pedagógica perversa. Enseña a la sociedad que el voto es un privilegio revocable. Enseña que la alternancia depende de la benevolencia del mando. Enseña que el ciudadano participa mientras no moleste. Enseña que la estabilidad vale más que la libertad y que la obediencia vale más que la representación. Y cuando una sociedad aprende eso durante demasiado tiempo, ya no solo se deterioran las instituciones. Se deteriora la imaginación democrática. Se empobrece la capacidad de concebir el poder como algo limitado.

Allí radica el peligro más profundo. El autoritarismo no triunfa solo cuando conquista tribunales o censura periódicos. Triunfa de verdad cuando logra que una parte de la sociedad acepte que el gobierno tiene derecho a suspender la competencia en nombre del bien común. Hannah Arendt enseñó que uno de los grandes éxitos del poder despótico consiste en destruir el espacio público y reemplazar la acción política por una mezcla de miedo, propaganda y soledad. Nicaragua se acerca a esa lógica cuando convierte la continuidad del mando en valor supremo y la decisión popular en riesgo a administrar.[13]

Desde el punto de vista interamericano y regional, la lección es incómoda. Durante demasiado tiempo, la región reaccionó mejor frente a los golpes clásicos que frente a las autocratizaciones graduales. Se moviliza cuando ve uniformes, pero titubea cuando el desmantelamiento llega con sellos, decretos, tribunales obedientes y discursos de soberanía. Esa selectividad ha sido una de las grandes debilidades de la defensa democrática en América Latina. Nicaragua vuelve a poner ese problema sobre la mesa. No hay defensa seria de la democracia si se espera a que desaparezca toda apariencia antes de reaccionar. No hay defensa seria si la suspensión material de la soberanía popular puede presentarse como asunto interno. No hay defensa seria si la cancelación de la alternancia se tolera porque viene envuelta en retórica antiimperialista o en un lenguaje de seguridad nacional.

Lo que está en juego no es solo el futuro político de Nicaragua. Es también la pregunta por el umbral de tolerancia de las democracias vecinas frente a la demolición abierta de una de sus reglas elementales. Porque si un gobierno puede decir que las elecciones ya no son necesarias y la reacción externa se limita a un repertorio cansado de declaraciones, entonces el mensaje para otros liderazgos de la región es devastador. El costo de clausurar la soberanía popular puede ser perfectamente administrable. Y cuando ese aprendizaje se difunde, la fragilidad deja de ser un rasgo local y se convierte en atmósfera regional.

Como venimos afirmando, la democracia es frágil, pero no indefensa. La frase importa porque evita dos errores. El error ingenuo de creer que las instituciones se preservan solas. Y el error fatalista de suponer que, una vez iniciada la deriva, ya no hay nada que hacer. Pero esa defensa exige claridad moral e intelectual. Exige llamar a las cosas por su nombre. Exige reconocer que suspender o cancelar nuevas elecciones no es una “peculiaridad del modelo nicaragüense”, ni una “respuesta soberana”, ni una “adaptación excepcional”. Es un acto de negación de la democracia. Es la sustitución del pueblo por el poder. Es la pretensión de que el gobernante deje de ser representante para convertirse en dueño del tiempo político.

Por todo eso Nicaragua importa tanto. Porque nos muestra el punto al que puede llegar una democracia cuando sus fragilidades se acumulan, cuando los contrapesos se dejan colonizar, cuando la legalidad se usa estratégicamente para vaciar la libertad y cuando el discurso del enemigo externo se convierte en justificativo general de todas las clausuras. Pero también importa porque funciona como advertencia para otras sociedades que todavía creen que la erosión democrática siempre se presenta con formas brutales y reconocibles. No. A veces se presenta como defensa del orden. Como protección de la paz. Como lucha contra la injerencia. Como necesidad histórica. Hasta que un día el poder ya no siente necesidad de mentir demasiado y dice con total naturalidad que las elecciones pueden no volver.

Y ese día, si se llega a él, no comienza la tragedia. Apenas la confiesa. La tragedia empezó mucho antes, cuando se aceptó que la democracia podía seguir llamándose democracia incluso mientras dejaba de tolerar la posibilidad de perder.

5. Conclusión

El anuncio de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” no es solo el último gesto de una dictadura envejecida, sino la formulación explícita de una doctrina que niega el corazón de la democracia constitucional. Ortega y su régimen dicen en voz alta lo que muchos procesos de autocratización insinúan sin confesar, que la alternancia puede suspenderse cuando incomoda y que el derecho del pueblo a cambiar de gobierno es un privilegio revocable.

Mirado en perspectiva, el caso nicaragüense sintetiza varias de las derivas que en nuestro trabajo hemos identificado como señales extremas de fragilidad democrática. Un liderazgo que se piensa por encima de la Constitución, una arquitectura institucional colonizada, un aparato represivo dispuesto a aplastar el disenso y un discurso soberanista utilizado para justificar la cancelación de la competencia transforman a la democracia en un lenguaje vacío, disponible para legitimar cualquier clausura.

Frente a esa escena, el desafío no se limita a Nicaragua. Interpela al sistema interamericano, a las democracias vecinas y a las propias comunidades jurídicas y académicas que estudian la fragilidad democrática. Aceptar la abolición de elecciones como un “rasgo del modelo nicaragüense” o diluirla en la retórica de la no injerencia implica rebajar el estándar de intolerancia frente al autoritarismo y naturalizar la sustitución del pueblo por el poder.

Si algo enseña Nicaragua es que la defensa de la democracia exige reaccionar antes de que los gobernantes se sientan autorizados a decir, con total naturalidad, que las urnas pueden no volver. Porque cuando se llega a ese punto, lo que se rompe no es solo un calendario electoral. Se rompe la idea misma de que el tiempo político pertenece al pueblo y no a quienes gobiernan en su nombre.

Bibliografía

Libros y artículos

ARENDT, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993 (1.ª ed. en inglés 1958).

ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 2004 (1.ª ed. en inglés 1951).

BASTERRA, Marcela I., La calidad democrática en Argentina y en la región. ¿El populismo y el hiperpresidencialismo, crisis de la democracia?, Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho, UBA, 2023.

BASTERRA, Marcela I., Legitimidad democrática y Estado constitucional de derecho en Latinoamérica, en MANILI, Pablo L. (dir.), Derecho constitucional del siglo XXI. Estudios en homenaje a Jorge Reinaldo Vanossi, Buenos Aires, Astrea, 2020.

CREA, Javier A., “Costa Rica ante la fragilidad democrática. Populismo, posverdad y presiones sobre el constitucionalismo en un caso antes ejemplar”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, 2025.

CREA, Javier A., “Democracia, fragilidad y deriva autoritaria”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Buenos Aires, 2025.

CREA, Javier A., “Democracia frágil y narco‑soberanía en México. El abatimiento de ‘El Mencho’ y la doctrina presidencial frente a la violencia criminal y la soberanía territorial”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Sección Actualidad, Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. AIDCA, Buenos Aires, 2026.

CREA, Javier A., “Fragilidades democráticas y autoritarismo ambiental”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 4, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Buenos Aires, 2023.

CREA, Javier A., Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026.

CREA, Javier A., “Venezuela como laboratorio extremo. Democracia frágil, deriva autoritaria y geopolítica del poder frente a las dobles varas del autoritarismo ante la caída de Maduro”, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, n.º 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), Buenos Aires, 2025.

DAHL, Robert A., (1971). Poliarquía: participación y oposición, Yale University Press, New Haven.

LEVITSKY, Steven y ZIBLATT, Daniel, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018.

LINZ, Juan J., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1987 (1.ª ed. en inglés 1978).

McINTYRE, Lee, Post‑Truth, Cambridge (MA), MIT Press, 2018.

MUDDE, Cas, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol. 39, n.º 4, 2004.

MUDDE, Cas y ROVIRA KALTWASSER, Cristóbal, Populism: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2017.

MÜLLER, Jan‑Werner, What Is Populism?, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.

ROSANVALLON, Pierre, El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.

Informes de organismos e instituciones

HUMAN RIGHTS WATCH, (2022). World Report 2022. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2023). World Report 2023. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2019). World Report 2019. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2024). Informe Mundial 2024: Nicaragua, Nueva York, Human Rights Watch.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2019). A Road to Dialogue After Nicaragua’s Crushed Uprising, Latin America Report N°72, International Crisis Group, Bruselas; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2021). The Risks of a Rigged Election in Nicaragua, Latin America Report N°88, International Crisis Group, Bruselas.

Freedom House, (2025). Nicaragua: Freedom in the World 2025 Country Report, Washington D. C., Freedom House.

BERTELSMANN STIFTUNG, (2024). BTI 2026 Nicaragua Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh y BERTELSMANN STIFTUNG, (2024). BTI 2026. Regional Report Latin America and the Caribbean, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2018). A Road to Dialogue After Nicaragua’s Crushed Uprising, Latin America Report N°72, International Crisis Group, Bruselas. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2021). The Risks of a Rigged Election in Nicaragua, Latin America Report N°88, International Crisis Group, Bruselas.

Notas periodísticas

CNN en Español, (2022). Quién es Daniel Ortega, el hombre que asumirá por quinta vez la presidencia de Nicaragua tras unos comicios cuestionados, 7 de enero de 2022.

Notas

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bolonia), en Derecho Constitucional y en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente (Universidad de Buenos Aires), y en Derecho Ambiental (Universidad de Belgrano). Maestrando en Defensa Nacional (Universidad de la Defensa Nacional) y en Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales (Universidad Nacional de Quilmes). Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde dirige Institutos y Actividades Académicas y codirige los Institutos de Derecho Antártico y Gestión Polar y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental y codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional (Universidad de Morón–AIDCA). Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Investigador y docente de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente y miembro del consejo editorial de Confrontos (Universidad de Itaúna, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

[2] CREA, Javier A., (2026). Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2026

[3] CNN en Español, (2022). Quién es Daniel Ortega, el hombre que asumirá por quinta vez la presidencia de Nicaragua tras unos comicios cuestionados, 7 de enero de 2022. La crónica señala que Daniel Ortega se impuso en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 luego de que al menos 39 líderes opositores fueran detenidos, incluyendo siete precandidatos presidenciales, y que asumiría su quinto mandato (cuarto consecutivo) el 10 de enero de 2022.

[4] HUMAN RIGHTS WATCH, (2022). World Report 2022. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2023). World Report 2023. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2019). World Report 2019. Nicaragua Country Chapter, Nueva York, Human Rights Watch; HUMAN RIGHTS WATCH, (2024). Informe Mundial 2024: Nicaragua, Nueva York, Human Rights Watch.

[5] INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2019). A Road to Dialogue After Nicaragua’s Crushed Uprising, Latin America Report N°72, International Crisis Group, Bruselas; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2021). The Risks of a Rigged Election in Nicaragua, Latin America Report N°88, International Crisis Group, Bruselas.

[6] Freedom House, (2025). Nicaragua: Freedom in the World 2025 Country Report, Washington D. C., Freedom House.

[7] BERTELSMANN STIFTUNG, (2024). BTI 2026 Nicaragua Country Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh y BERTELSMANN STIFTUNG, (2024). BTI 2026. Regional Report Latin America and the Caribbean, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.

[8] INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2018). A Road to Dialogue After Nicaragua’s Crushed Uprising, Latin America Report N°72, International Crisis Group, Bruselas. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, (2021). The Risks of a Rigged Election in Nicaragua, Latin America Report N°88, International Crisis Group, Bruselas.

[9] DAHL, Robert A., (1971). Poliarquía: participación y oposición, Yale University Press, New Haven.

[10] LINZ, Juan J., (1978). La quiebra de las democracias, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

[11] LEVITSKY, Steven, y ZIBLATT, Daniel, (2018). How Democracies Die, Crown, New York.

[12] CREA, Javier A., (2026). Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global, Cathedra Jurídica, Buenos Aires.

[13] ARENDT, Hannah, (1951). The Origins of Totalitarianism, Harcourt, Nueva York.