Por Javier A. Crea[1]

RESUMEN: El artículo analiza la crisis de seguridad desencadenada en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido por fuerzas militares en el occidente del país, y la posterior ola de bloqueos, incendios y ataques coordinados. Sostiene que esa reacción reveló no solo la capacidad de respuesta del crimen organizado, sino también la profundidad de la fragilidad democrática mexicana, en un contexto donde el Estado conserva elecciones competitivas, pero no controla de manera efectiva todo su territorio ni garantiza derechos básicos en amplias regiones. A partir de un marco conceptual centrado en la relación entre Estado de derecho, control territorial, deber de protección y “ciudadanía incompleta”, el trabajo examina la doctrina presidencial que rechaza la “guerra contra el narco” por considerarla ilegal y “fascista”, y discute sus implicancias para el uso legítimo de la fuerza pública frente a organizaciones criminales que despliegan violencia con rasgos narco‑terroristas. Desde una doble clave de derecho constitucional y ciencia política, el artículo vincula la erosión del monopolio estatal de la fuerza con los enfoques de “democratic erosion” y “criminal governance”, y sitúa el caso mexicano en una geopolítica regional donde la criminalidad organizada opera como actor con capacidad de desestabilización más allá de las fronteras nacionales. Concluye que México se mueve en una zona de riesgo en la que la resistencia al militarismo indiscriminado puede derivar, si no se acompaña de una estrategia integral de reconstrucción institucional, en una parálisis garantista funcional a la consolidación de poderes armados de facto, con una erosión creciente de la sustancia de su democracia constitucional.

ABSTRACT: The article analyzes the security crisis unleashed in Mexico after the killing of Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, leader of the Jalisco New Generation Cartel, by military forces in western Mexico and the subsequent wave of roadblocks, arson attacks and coordinated assaults. It argues that this reaction revealed not only the operational capacity of organized crime, but also the depth of Mexico’s democratic fragility, in a context where the state still holds competitive elections but fails to effectively control its entire territory or guarantee basic rights in wide swathes of the country. Drawing on a conceptual framework centered on the relationship between the rule of law, territorial control, the state’s positive duty to protect and “incomplete citizenship”, the article examines the presidential doctrine that rejects a renewed “war on drugs” as illegal and “fascist”, and discusses its implications for the legitimate use of public force against criminal organizations that deploy violence with narco‑terrorist traits. Combining constitutional law and political science perspectives, it links the erosion of the state’s monopoly of force to the literatures on democratic erosion and criminal governance, and situates the Mexican case within a broader geopolitical landscape in which organized crime operates as a cross‑border destabilizing actor. It concludes that Mexico is moving within a dangerous gray zone in which resistance to indiscriminate militarization, if not accompanied by a comprehensive strategy of institutional reconstruction, risks turning into a form of guarantist paralysis that is functional to the consolidation of de facto armed powers, thereby progressively eroding the substance of its constitutional democracy.

PALABRAS CLAVE: Fragilidad democrática. Crimen organizado. Narco‑terrorismo. Soberanía estatal. México. Política de seguridad. Guerra contra el narco. Gobernanza criminal. Geopolítica regional.

1. Introducción

Hablar de democracia en México exige mirar más allá de la regularidad de las elecciones, de la alternancia partidaria y de la retórica constitucional que sigue proclamando un Estado de derecho para todos por igual. Desde hace años, el país encarna un tipo de fragilidad democrática en el que el andamiaje formal coexiste con una erosión profunda del control territorial y con extensas zonas donde el poder efectivo se distribuye entre autoridades estatales débiles y organizaciones criminales que actúan como poderes paraestatales, configurando un régimen de soberanía compartida de facto en el que el Estado ya no ejerce de manera exclusiva el mando sobre el territorio. En ese contexto, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido por fuerzas militares, y la ola de bloqueos, incendios y ataques coordinados que le siguieron funcionan menos como un episodio aislado que como una radiografía de cómo la criminalidad organizada condiciona la vida democrática mexicana.

La secuencia es elocuente. El anuncio oficial del abatimiento del capo más buscado del país fue seguido, en cuestión de horas, por acciones violentas casi simultáneas en numerosos estados, con vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, ataques a instalaciones y comunidades enteras forzadas a encerrarse mientras el Estado intentaba recuperar el control. Más allá del impacto mediático, resulta decisiva la lógica política de esa respuesta. El crimen organizado actuó como actor armado que castiga colectivamente, marca territorio y envía un mensaje directo a las autoridades y a la población sobre quién puede paralizar el país: una demostración de narco‑soberanía, en la que la capacidad de veto territorial se ejerce desde fuera del marco constitucional. En términos constitucionales, la escena interpela el núcleo mismo de la definición de soberanía y de ciudadanía. La pregunta ya no es solo quién gana las elecciones, sino qué significa ser ciudadano de una república cuando la capacidad de circular, trabajar o simplemente abrir la puerta de la casa depende, en ciertas regiones, más de la decisión de un cartel que de la protección del Estado.

Este trabajo parte de una premisa sencilla y políticamente incómoda. Una democracia que no controla su territorio ni puede proteger la vida y la libertad básicas de quienes votan se desliza hacia una forma vaciada, donde la legitimidad procedimental se sostiene formalmente mientras la soberanía efectiva se fragmenta en manos de actores armados no estatales.[2] A la luz de esta premisa, la crisis reciente se vuelve un caso paradigmático para pensar la fragilidad democrática mexicana. Por un lado, confirma la capacidad del Estado para desplegar operaciones de alto impacto contra líderes criminales. Por otro, desnuda su dificultad para prevenir y contener las represalias, así como la vulnerabilidad cotidiana de millones de personas frente a una violencia que adopta rasgos cada vez más cercanos al terrorismo criminal.

En este marco se inscribe una discusión normativa de fondo sobre la doctrina presidencial en materia de seguridad. La actual presidenta ha insistido en que “volver a la guerra contra el narco” no es opción, que ese enfoque sería contrario a la legalidad, violatorio de derechos y cercano a una lógica que trataría a los traficantes como enemigos a eliminar sin juicio, con referencias a un enfoque “fascista”. Ese discurso recoge críticas válidas al paradigma de militarización indiscriminada y a las violaciones masivas de derechos que marcaron etapas previas de la política de seguridad mexicana. Al mismo tiempo, plantea una tensión evidente cuando se confronta con episodios en los que organizaciones criminales operan como ejércitos privados capaces de paralizar regiones enteras. El problema ya no es solo cómo evitar repetir los excesos de la “guerra contra el narco”, sino cómo articular un uso legítimo y proporcionado de la fuerza pública que no renuncie al deber constitucional de proteger a la población frente a actores que ejercen violencia cuasi terrorista.

El objetivo de este artículo es explorar esa tensión. Primero, se retoma la noción de fragilidad democrática y de “ciudadanía incompleta”, aplicándola al caso mexicano contemporáneo. Luego se analiza la secuencia abierta por la muerte de “El Mencho” y la ola de retaliaciones, subrayando los elementos que evidencian la existencia de poderes armados de facto con capacidad de disciplinamiento social. A continuación se examina la doctrina presidencial que rechaza la guerra contra el narco desde la óptica constitucional, destacando sus implicancias para el deber de protección y las obligaciones positivas del Estado frente a amenazas graves a la vida y la integridad, así como los riesgos de una parálisis garantista. Finalmente, se proponen algunas líneas de reflexión sobre las condiciones institucionales y políticas necesarias para que México evite quedar atrapado en un equilibrio de fragilidad permanente, marcado por la coexistencia entre urnas y narco‑soberanía.

2. México como democracia incompleta

En la cartografía institucional, México aparece como una democracia que cumple con los estándares mínimos, con elecciones periódicas, competencia partidaria, alternancia en el poder, un entramado formal de derechos y una Constitución que proclama la igualdad de todos ante la ley. Cuando se contrasta ese plano normativo con la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población, emerge una brecha profunda entre la democracia como forma y la democracia como régimen efectivo de garantías. El país ilustra la figura de una democracia frágil o incompleta. Los ciudadanos votan y la competencia política se mantiene, pero el Estado de derecho resulta selectivo, el control territorial se encuentra fragmentado y la condición ciudadana se vive de manera desigual según el lugar donde se nace o se trabaja: no todos forman parte de la misma comunidad políticamente protegida, porque no todos son igualmente amparados por el Estado.[3]

Esta brecha entre forma y sustancia democrática puede leerse, en términos weberianos, como un desajuste entre la pretensión de monopolio legítimo de la fuerza y su ejercicio real y, en la discusión contemporánea sobre erosión democrática, como un caso en el que la degradación del Estado de derecho se produce menos por reformas formales que por pérdida efectiva de control sobre el territorio y la vida cotidiana.[4]

El primer eje de esa fragilidad es la incapacidad estatal para ejercer de manera uniforme el monopolio legítimo de la fuerza en todo el territorio. Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación o los remanentes del cartel de Sinaloa no solo disputan rutas de tráfico, sino que han instalado formas de gobernanza criminal en numerosas regiones, con normas propias, cobro de tributos y mecanismos sistemáticos de coerción.[5] En estos espacios, la autoridad de facto la ejercen redes criminales que imponen reglas, fijan precios, resuelven disputas y deciden quién puede operar y quién no, mientras las instituciones estatales se ven cooptadas, ausentes o reducidas a presencia simbólica. Desde la perspectiva del constitucionalismo democrático, esta situación equivale a una cesión silenciosa de soberanía: zonas completas del mapa se convierten en territorios que el gobierno no controla, aunque formalmente sigan integrando el Estado nacional. La ley formal sigue vigente, pero es el cartel quien, en la práctica, determina las condiciones de vida de la comunidad.

Un segundo eje se vincula con la penetración del crimen organizado en la esfera política y electoral. La violencia político‑electoral se traduce en asesinatos de candidatos, amenazas sistemáticas a autoridades locales y vetos de facto a actores que no se alinean con los intereses de los grupos criminales, en un contexto donde procesos como el ciclo electoral 2023‑2024 han sido descritos como los más violentos de la historia reciente.[6] Esa violencia selectiva distorsiona la competencia electoral y condiciona las agendas de gobiernos municipales y estatales, que deben gobernar en un entorno donde decisiones clave, desde la asignación de contratos hasta la presencia de fuerzas de seguridad, se toman bajo la sombra de la intimidación. La promesa democrática de que los ciudadanos eligen libremente a sus representantes se vuelve cada vez más difícil de sostener. Votar en ciertas regiones se vuelve un acto formal cuyo contenido está previamente filtrado por los intereses armados que controlan el territorio.

La tercera dimensión es la ciudadanía fragmentada. Allí donde los carteles han consolidado enclaves de control, los habitantes viven sometidos a una doble normatividad. Por un lado, la Constitución proclama derechos. Por otro, los mandatos informales del jefe de plaza o de la organización dominante deciden qué medios pueden informar, qué comercios pueden abrir, qué actividades se toleran y qué conductas se sancionan con violencia. Esto se traduce en una ciudadanía estratificada. Hay mexicanos que ejercen con relativa normalidad derechos de expresión, asociación y movilidad en ciertas zonas urbanas y otros que viven en un régimen de temor permanente, donde denunciar, organizarse o simplemente negarse a pagar una extorsión puede equivaler a una condena de muerte. Desde la óptica de la calidad democrática, esta brecha convierte a México en un laboratorio de ciudadanía incompleta, en el que la titularidad formal de los derechos convive con la imposibilidad material de ejercerlos.[7]

La dinámica de la llamada guerra contra el narco y sus mutaciones recientes ha contribuido a consolidar un equilibrio perverso. La combinación de estrategias centradas en la captura o abatimiento de líderes y la persistencia de redes de corrupción produjo ciclos de fragmentación criminal, disputas territoriales y recomposición constante del mapa de la violencia. La eliminación de figuras como “El Mencho” tiende a abrir vacíos que son rápidamente disputados por facciones internas o grupos rivales, con picos de violencia que se descargan sobre poblaciones ya vulnerables. El Estado aparece como actor que golpea selectivamente a las cúpulas, pero no logra ofrecer seguridad sostenible, lo que refuerza la percepción de un orden político que castiga sin proteger y que declara guerras que no puede o no quiere ganar. Esta combinación de violencia persistente y debilidad institucional tiene, además, efectos geopolíticos, porque proyecta inestabilidad hacia sus vecinos y convierte a México en un eslabón frágil dentro de las estrategias regionales de seguridad y control de flujos ilícitos.

3. Antecedentes: gobernanza criminal y militarización de los carteles

La situación que se describe no irrumpe de manera súbita con la muerte de “El Mencho”. Desde hace años, distintos carteles han dejado de ser meras redes de tráfico para convertirse en estructuras con arraigo territorial, capaces de controlar rutas, comunidades y economías locales de manera sostenida. En amplias zonas del occidente y del norte del país, la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y de remanentes del cartel de Sinaloa se traduce en algo más que influencia. Son actores que fijan reglas, administran castigos y deciden quién puede operar y quién debe abandonar la región. La figura del “territorio disputado” convive con otra más estable y peligrosa: el territorio donde la autoridad del Estado es residual y la vida cotidiana depende en buena medida de la voluntad de un jefe de plaza.

En este proceso, los carteles han ido asumiendo funciones que, en un Estado constitucional, corresponderían a las autoridades públicas. Recaudan tributos disfrazados de “cuotas” o “pagos de protección”, dirimen conflictos entre particulares, regulan horarios y actividades comerciales e incluso “autorizan” obras o inversiones. Allí donde el Estado aparece solo de manera intermitente o selectiva, la población se acostumbra a pedir permisos, negociar excepciones o evitar conductas que puedan interpretarse como desafío al mando criminal. De este modo, el orden jurídico formal cede espacio a un orden paralelo que se sostiene en la combinación de miedo, dependencia económica y ausencia de alternativas. La gobernanza criminal se naturaliza como la forma normal de gestionar la vida colectiva en territorios que siguen siendo oficialmente parte de la República.

A la par de esta consolidación territorial, los carteles han desarrollado capacidades armadas que los acercan más a ejércitos irregulares que a bandas delictivas tradicionales. No se trata solo de la posesión de armas largas, sino de la conformación de grupos de choque con entrenamiento táctico, uso sistemático de fusiles de asalto, armas de grueso calibre, chalecos y cascos balísticos, vehículos con blindaje artesanal y dispositivos explosivos. En los últimos años, se han incorporado además drones adaptados para lanzar explosivos, ataques coordinados contra instalaciones estratégicas, derribo de aeronaves y despliegues simultáneos en múltiples puntos diseñados para saturar la capacidad de respuesta estatal. La imagen de las caravanas de camionetas artilladas y los videos de columnas armadas que desfilan a plena luz del día no son excepciones, sino expresiones visibles de una militarización que altera la relación de fuerzas en el terreno.

Este proceso tiene consecuencias directas sobre la textura de la democracia mexicana. Allí donde un cartel controla rutas, pueblos y mercados, las autoridades municipales y estatales gobiernan bajo la sombra de un poder armado que puede vetar decisiones, imponer nombramientos o condicionar políticas públicas. Funcionarios locales, policías, jueces y líderes comunitarios operan en un entorno donde el incumplimiento de las “reglas” criminales puede costar la vida. La lealtad declarada a la Constitución coexiste, en la práctica, con una lealtad pragmática al actor que tiene la capacidad inmediata de matar o proteger. En ese marco, el lenguaje del Estado de derecho suena abstracto frente a la contundencia de un poder que se ejerce con armas, listas de objetivos y castigos ejemplares.

La crisis abierta tras el abatimiento de “El Mencho” debe leerse sobre este trasfondo. Cuando un operativo estatal contra la cúpula de un cartel desata, en cuestión de horas, bloqueos en carreteras, incendios de vehículos, ataques coordinados y confinamiento forzado de comunidades, lo que se pone en evidencia no es solo la capacidad de reacción de una organización en particular, sino el resultado acumulado de años de tolerancia, connivencia y renuncias parciales al control territorial por parte de sucesivos gobiernos, que aceptaron como normal la coexistencia entre legalidad formal y mando criminal efectivo. La respuesta narco‑terrorista no surge en el vacío: despliega recursos humanos, armamentos y redes locales que fueron construidos y consolidados en un contexto donde el Estado declaró una guerra que no supo ganar y, más tarde, una distancia retórica que no vino acompañada de una estrategia eficaz para desmontar esos poderes de facto.

4. El abatimiento de “El Mencho” y la respuesta narco‑terrorista

La operación militar que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, en febrero de 2026, fue presentada como un golpe histórico contra una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. El despliegue de fuerzas federales y militares, el sigilo previo y la rapidez en la ejecución buscaban mostrar capacidad estatal para alcanzar a un líder que durante años había eludido capturas y operativos en distintos estados. La lectura democrática de este episodio exige incorporar la secuencia inmediata de represalias y el modo en que estas afectaron la vida cotidiana de la ciudadanía.

En las horas posteriores al anuncio, distintas regiones experimentaron acciones coordinadas atribuidas a células vinculadas al CJNG. Incendios de vehículos, bloqueos carreteros, ataques contra instalaciones y agresiones a fuerzas de seguridad se multiplicaron. Se registraron decenas de puntos de bloqueo y numerosos incidentes en varios estados, acompañados por suspensión de clases, interrupción del transporte y confinamiento forzado de comunidades. En la práctica, durante horas o días, amplias zonas del país pasaron a ser espacios de circulación condicionada por el cartel, donde el Estado quedó reducido a administrar daños a distancia. No se trató solo de violencia instrumental destinada a facilitar una fuga o encubrir un repliegue, sino de una demostración de fuerza orientada a castigar colectivamente, desbordar la capacidad de respuesta del Estado y enviar un mensaje nacional. Aun sin su líder máximo, la organización conserva capacidad para paralizar territorios estratégicos.

Desde una perspectiva constitucional y democrática, esta respuesta adquiere rasgos de narco‑terrorismo. La lógica de los ataques se asemeja a la de acciones terroristas en la medida en que busca generar miedo generalizado, afectar la percepción de seguridad de la población en su conjunto y condicionar decisiones políticas mediante la amenaza de nuevos episodios de violencia masiva.[8] La ciudadanía se convierte en blanco indirecto de una disputa entre Estado y organización criminal, en la que los habitantes de ciertas zonas pagan el costo inmediato de una confrontación cuyo guion escapa a su control. La consecuencia es una erosión del pacto básico que subyace a cualquier democracia constitucional: el Estado ya no garantiza que la vida ordinaria se desarrolle bajo sus reglas, sino bajo la amenaza combinada de la ley formal y de la violencia criminal. Se debilita la expectativa de que el Estado protegerá las condiciones mínimas para el ejercicio de derechos elementales como la libertad de movimiento, el trabajo o la educación.

La secuencia revela una asimetría preocupante entre la capacidad puntual del Estado para decapitar una estructura criminal y su capacidad sostenida para controlar el territorio y proteger a la población frente a las represalias. El operativo contra “El Mencho” mostró que las fuerzas federales pueden, en determinadas condiciones, localizar y abatir a un líder de alto perfil. La reacción posterior puso en evidencia que el entramado territorial del cartel no se reduce a su figura, sino que descansa en redes capilares capaces de movilizar recursos, cuadros armados y apoyos locales. Desde el punto de vista de la fragilidad democrática, esto implica que el Estado logra golpear la cúspide de la pirámide criminal, pero no logra impedir que las bases de esa pirámide sigan ejerciendo un poder de facto sobre la vida de millones de personas.

La operación funciona así como prueba de estrés para la democracia mexicana. Exhibe un Estado que todavía puede proyectar fuerza contra un enemigo identificado, pero que se muestra desbordado frente a la reacción territorial de ese enemigo y que no consigue evitar que la ciudadanía quede atrapada entre la violencia criminal y respuestas fragmentarias de las autoridades. En el marco conceptual utilizado aquí, este tipo de episodios no es una anomalía, sino un síntoma de un régimen donde la soberanía se encuentra compartida de facto con organizaciones criminales y donde la ciudadanía vive en un equilibrio inestable entre el miedo al narco y la confianza limitada en un Estado que llega tarde, llega poco o llega mal. Al mismo tiempo, muestra a la comunidad internacional un cuadro en el que un socio estratégico de Estados Unidos y de la región no consigue asegurar plenamente su propio territorio frente a actores armados no estatales, con implicancias directas para la agenda bilateral y para los debates sobre cooperación en seguridad, migración y políticas de drogas.

5. Doctrina presidencial, legalidad y deber de protección

La posición de la presidencia mexicana frente a la guerra contra el narco no se limita a revisar estrategias fallidas. Adopta la forma de una descalificación frontal de cualquier enfoque que conciba el combate a los carteles como una confrontación abierta. La mandataria ha sostenido, en términos que han sido criticados y celebrados por distintos sectores, que retomar una guerra contra el narco sería ilegal, que implicaría violar derechos de los propios traficantes y que expresaría una lógica cercana al fascismo, asociada a una supuesta autorización para matar sin juicio.[9] Este encuadre desplaza el debate desde la pregunta por cómo usar legítimamente la fuerza para proteger a la ciudadanía hacia una condena moral de quienes sostienen que el Estado debe enfrentar con decisión a organizaciones que ejercen violencia masiva y control territorial.

En esa postura hay una base atendible vinculada a la crítica al militarismo indiscriminado. La experiencia de las últimas décadas mostró que la militarización sin controles produjo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones sistemáticas de derechos humanos y una degradación adicional de la confianza en las instituciones. La doctrina presidencial actual parece contentarse con oponer a ese fracaso la negativa general a concebir el conflicto con los carteles como una lucha firme por el monopolio de la fuerza, como si cualquier estrategia robusta fuera, por definición, incompatible con el Estado de derecho.[10] El resultado es que el lenguaje de la legalidad se utiliza con mayor énfasis para explicar por qué no se puede hacer algo que para delinear qué se hará para proteger a quienes viven bajo la amenaza cotidiana del narco. Esta ambivalencia interna convive, además, con presiones externas que reclaman mayor firmeza frente a los carteles, lo que sitúa la doctrina presidencial en el centro de una tensión geopolítica entre demandas de seguridad transnacional y una narrativa doméstica que privilegia la distancia retórica respecto de la “guerra contra el narco”.

La tensión se vuelve visible cuando se coteja este discurso con episodios como la ola de ataques posteriores al abatimiento de “El Mencho”. Mientras grupos armados incendian vehículos, bloquean carreteras y paralizan estados enteros, dejando un saldo de muertos, heridos y comunidades traumatizadas, el énfasis presidencial permanece en advertir contra los peligros de una supuesta guerra abstracta y en reafirmar los derechos de los propios criminales, sin ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta clara sobre cómo el Estado piensa recuperar el control efectivo del territorio. El mensaje que reciben quienes quedaron encerrados en sus casas durante días y quienes perdieron familiares en los ataques no es el de una democracia que se defiende con firmeza dentro del marco constitucional, sino el de un gobierno que invoca un vocabulario garantista para justificar una contención que se parece demasiado a la resignación.

Desde la perspectiva de la fragilidad democrática, esta postura agrava el problema que pretende corregir. Un Estado que renuncia, incluso en el plano discursivo, a concebir su relación con los carteles como una confrontación estratégica por la soberanía se debilita frente a actores que no tienen reparos en emplear métodos narco‑terroristas para imponer su voluntad. La alternativa no se sitúa entre una guerra sin ley y una paz resignada. La disyuntiva real enfrenta una política de seguridad sometida a límites constitucionales, que asume sin eufemismos la necesidad de desarmar poderes criminales, con una política que se refugia en la crítica al pasado para justificar su incapacidad presente. La doctrina presidencial vigente se inclina peligrosamente hacia lo segundo y con ello contribuye a consolidar lo que aquí llamo parálisis garantista: un uso del lenguaje de los derechos que, lejos de empoderar a las víctimas, sirve para racionalizar la inacción frente a quienes controlan territorialmente la violencia.

6. Conclusiones

La secuencia que rodea la muerte de “El Mencho” no puede leerse como una simple victoria táctica en la lucha contra el crimen organizado, porque al mismo tiempo expone la estructura de fragilidad democrática sobre la que se asienta el régimen mexicano y la relevancia geopolítica de un Estado clave en la arquitectura de seguridad de América del Norte y Mesoamérica. El episodio muestra un Estado capaz de abatir a uno de los capos más buscados, pero incapaz de impedir que la respuesta criminal paralice regiones mediante bloqueos, incendios y ataques coordinados que someten a la población a miedo masivo y confinamiento forzado. Esa combinación de eficacia puntual en la cúspide y vulnerabilidad estructural en el territorio revela una democracia que funciona en clave incompleta, donde la arquitectura electoral se sostiene mientras el Estado de derecho opera de modo intermitente y desparejo según el mapa de la violencia.

México ilustra una fragilidad democrática que no se mide solo por el desempeño institucional central, sino por la experiencia cotidiana de una ciudadanía que vive bajo soberanías múltiples. Hay un país que vota, discute en medios y participa en debates nacionales y otro que negocia su supervivencia diaria con organizaciones criminales que actúan como poderes paraestatales, imponen normas, cobran tributos, vetan candidaturas y deciden qué se puede o no hacer en el espacio público. Esa brecha entre ciudadanía formal y ciudadanía real convierte la pertenencia a la comunidad política en un privilegio geográfico y configura un régimen de narco‑soberanía compartida, en el que el Estado ya no monopoliza los instrumentos coercitivos ni las reglas de convivencia. En este sentido, el caso mexicano se vuelve una referencia ineludible para pensar cómo la combinación de crimen organizado, captura territorial y respuestas estatales ambiguas puede vaciar de contenido a democracias que, en la superficie, siguen cumpliendo con los estándares electorales básicos.

En este panorama, la postura de la presidenta no es un detalle de estilo, sino un componente central de la fragilidad democrática mexicana. Al caricaturizar cualquier estrategia firme contra los carteles como una guerra fascista, la jefatura del Estado transmite a las organizaciones criminales la señal de que el gobierno descarta, por principio, el uso pleno de la capacidad jurídica y material de que dispone para recuperar el territorio y proteger a la población. El resultado no es solo una política de seguridad insuficiente, sino también un deterioro adicional del vínculo entre ciudadanía y democracia, porque quienes viven bajo la violencia narco perciben que las instituciones que deberían defenderlos parecen más preocupadas por no parecerse al pasado que por asumir el costo político de enfrentar frontalmente a los poderes criminales.

Una política coherente con la defensa de la democracia constitucional debería escapar de la falsa dicotomía entre guerra total y parálisis garantista. La reconstrucción de un Estado que deje de ser frágil requiere una combinación de capacidades civiles fortalecidas, fuerzas de seguridad depuradas y profesionalizadas, inteligencia financiera que golpee las estructuras económicas del crimen, protección real a autoridades locales, periodistas y organizaciones sociales, y presencia sostenida del Estado en los territorios hoy gobernados de hecho por los carteles. En ese marco, el discurso de los derechos puede dejar de aparecer asociado a la inacción y empezar a encarnar una estrategia integral que limite los abusos del poder público y desarticule los poderes armados ilegales que vacían de contenido la promesa democrática.

El caso mexicano confirma que la fragilidad democrática no es una categoría descriptiva neutra, sino el nombre de una peligrosa zona gris donde la democracia sobrevive como forma mientras pierde sustancia en la vida concreta de la gente. La imagen de un país que celebra elecciones competitivas, pero no puede garantizar la libre circulación en amplias áreas, que anuncia el abatimiento de un capo y ve después cómo la respuesta criminal clausura escuelas y caminos, sintetiza ese contraste entre legitimidad procedimental y debilidad estatal. La manera en que México responda a la constelación de violencia y miedo desatada tras la caída de “El Mencho” mostrará si su democracia logra salir de la condición de fragilidad, recuperando el monopolio legítimo de la fuerza en clave constitucional, o si se desliza hacia una normalización de la soberanía compartida con actores criminales, donde la palabra democracia queda reducida a una etiqueta que ya no nombra una experiencia efectiva de derechos y protección, sino la fachada institucional de un poder territorialmente fragmentado.

Bibliografía

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(Referencia en trabajos sobre gobernanza criminal; puedes citarla como tesis inédita).

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Informes, blogs y fuentes analíticas

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Noticias y coberturas periodísticas

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https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-ola-de-violencia-tras-muerte-del-l%C3%ADder-del-cartel-jalisco-nueva-generaci%C3%B3n/a-76080140

[1] Abogado. Egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente por la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano. Maestrando en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional y en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes. Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía de la Universidad de Morón, Sede Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde se desempeña como Director de Institutos y Actividades Académicas, codirector del Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar y subdirector del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental de la Universidad de Morón, organizada en convenio con AIDCA y declarada de Interés Estratégico por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego. Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional, organizada por la Universidad de Morón y AIDCA. Subdirector, desde 2017, del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; exdirector del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Morón (2017–2018). Miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y exsecretario general del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Desempeñó funciones como asesor legal de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la República del Paraguay y de diversos poderes ejecutivos y legislaturas provinciales y municipales de la República Argentina. Investigador y docente universitario de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (ISSN 2953-3554), declarada de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura porteña. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Confrontos (Universidad de Itaúna, Minas Gerais, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

[2] CREA, Javier A. Democracia, fragilidad y deriva autoritaria, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Nº 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. AIDCA. Buenos Aires. 2025 y CREA, Javier A, Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global (Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2026. en prensa).

[3] CREA, Javier A. Democracia, fragilidad y deriva autoritaria, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Nº 8, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. AIDCA. Buenos Aires. 2025 y CREA, Javier A, Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global (Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2026. en prensa).

[4] Véase, para el vínculo entre fragilidad democrática, Estado de derecho y vulnerabilidad frente a la autocratización, Crea, Fragilidades democráticas y derivas autoritarias, cap. 2, “Estado de derecho, fragilidad democrática y vulnerabilidad frente a la autocratización”.

[5] Sobre gobernanza criminal y disputa de soberanía en México, véase John P. Sullivan, “Mexico’s Drug War: Cartels, Gangs, Sovereignty and the Network State” (PhD diss., Universitat Oberta de Catalunya, 2013); Andreas Schedler, “The Criminal Subversion of Mexican Democracy”, Journal of Democracy 25, n.º 1 (2014).

[6] GARCÍA PONCE, Omar. “Democratic Regression through Violence? Analyzing the Impact of Organized Crime on Mexican Democracy”, Politics and Governance 6, n.º 2 (2018): 143‑154; “Organized Crime: A Driving Force of Democratic Erosion in Mexico”, Democratic Erosion Blog, 29 de noviembre de 2021, consultado el 23 de febrero de 2026, https://www.democratic-erosion.com/2021/11/29/organized-crime-a-driving-force-of-democratic-erosion-in-mexico/.

[7] CREA, Javier A, Fragilidades democráticas y derivas autoritarias. De la República de Weimar a Venezuela en el contexto global (Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2026. en prensa).

[8] Se utiliza Utilizo el término “narco‑terrorismo” en sentido analítico, para describir patrones de violencia del crimen organizado que buscan producir terror generalizado y efectos políticos, sin pretender equipararlos automáticamente a las definiciones penales de terrorismo. Sobre la noción de “criminal insurgency” y carteles como actores armados no estatales, véase Sullivan, “Mexico’s Drug War: Cartels, Gangs, Sovereignty and the Network State”.

[9] Véase, por ejemplo, “Why the Mexican President Refuses to Restart the Drug War Despite Mayor’s Assassination”, Los Angeles Times, 3 de noviembre de 2025, y “How Will Mexico’s President‑Elect Impact the Drug War?”, Filter, 9 de junio de 2024, consultados el 23 de febrero de 2026.

[10] Sobre militarización, crimen organizado y deterioro democrático en México, véase Ricardo Zepeda, “Militarization, Organized Crime, and Democratic Governance in Mexico”, Pensamiento Propio 51. 2020. y García Ponce, “Democratic Regression through Violence?”.