Por Javier A. Crea y María de los Ángeles Berretino [1]

Sumario

El artículo analiza críticamente la idea de la Antártida como “continente de la ciencia y la paz” y muestra cómo la ciencia y la protección ambiental funcionan como recursos estratégicos de poder en el Sistema del Tratado Antártico. Examina la geopolítica de la ciencia y de la narrativa ambiental como mecanismos de exclusión, jerarquización y disciplina de las periferias, especialmente en el sur global. Finalmente, aplica este marco al caso argentino, describiendo la combinación de debilidad institucional, conducción bicéfala y deterioro material que empuja al país a la condición de “periferia con títulos” dentro del régimen antártico.

Abstract

This article challenges the dominant portrayal of Antarctica as a “continent of science and peace” and argues that scientific activity and environmental protection operate as strategic resources of power within the Antarctic Treaty System. It shows how polar science, environmental narratives and governance mechanisms work as filters of inclusion, devices of exclusion and instruments of discipline over peripheral states, particularly in the global South. The analysis is then applied to Argentina, highlighting how institutional weakness, dual leadership structures and material deterioration have pushed the country into the position of a “periphery with titles”: a state that holds historical and legal claims but lacks the scientific, logistical and diplomatic capacities required to shape the future of the Antarctic regime.

Palabras clave

Antártida; Sistema del Tratado Antártico; ciencia y poder; geopolítica ambiental; soberanía administrada; periferias con títulos; Argentina

Introducción

La Antártida suele presentarse como un santuario de paz, ciencia y cooperación ambiental, un espacio excepcional preservado de las lógicas crudas del poder que atraviesan al resto del sistema internacional.[2] En buena medida, esta imagen se apoya en el propio lenguaje del Tratado Antártico y de los instrumentos complementarios de su sistema, que consagran el uso exclusivamente pacífico del continente, la libertad de investigación científica y la protección del ambiente.[3] La bibliografía jurídica y diplomática tiende a reforzar esta lectura, destacando al Sistema del Tratado Antártico como un ejemplo de régimen cooperativo en el que los Estados logran contener rivalidades y articular intereses estratégicos en torno a principios compartidos[4]. Esta narrativa, reiterada en conferencias, documentos oficiales y textos de divulgación, alimenta una imagen edulcorada del continente blanco: territorio de científicos abnegados, normas altruistas y consensos virtuosos.³ Sin embargo, como ha mostrado la literatura geopolítica, esa imagen resulta difícil de sostener cuando se la contrasta con las lógicas de distribución de poder, liberación y jerarquización que atraviesan el régimen. antártico y las disputas que lo rodean.[5]

Lejos de neutralizar la competencia interestatal, la ciencia y la cuestión ambiental se han convertido en el lenguaje aceptable mediante el cual las potencias proyectan su presencia, consolidan posiciones y definen quién tiene derecho a sentarse en la mesa donde se decide el futuro del continente.[6] Como muestran los capítulos sobre ciencia y geopolítica, la producción de conocimiento polar, la capacidad logística y el discurso de protección ambiental funcionan como capital estratégico: otorgan estatus consultivo, derecho de voto, visibilidad diplomática y capacidad para influir en la interpretación de las normas y en el diseño de nuevas reglas. El acceso al “club” antártico y la jerarquía dentro de él no se deciden en función de títulos históricos o de reclamos jurídicos, sino en buena medida por la capacidad de financiar programas científicos costosos, mantener bases modernas y sostener una presencia permanente envuelta en la retórica de la cooperación.[7]

En este sentido, la ciencia y el ambientalismo antártico no son fines en sí mismos, sino herramientas geopolíticas de gobernanza que operan como filtro de entrada y mecanismo de exclusión. El régimen exige “actividad científica sustancial” y compromiso con la protección del medio ambiente como requisitos para acceder a la categoría de Parte Consultiva, pero esos estándares no se definen en abstracto; son fijados por los propios actores que concentran poder económico, tecnológico y militar, y que pueden costear campañas, infraestructura y redes de cooperación a escala global.[8] Para ellos, la ciencia polar es inversión estratégica dado que justifica la ocupación funcional del espacio, produce datos que luego se traducen en ventajas regulatorias y legitima la proyección de intereses en nombre de la humanidad, mientras se consolidan capacidades logísticas y tecnológicas de uso dual.[9]

Desde esta perspectiva, resulta ingenuo leer el régimen antártico como un dispositivo neutral de protección ambiental. El énfasis en las áreas marinas protegidas, las moratorias extractivas y los estándares estrictos de conservación se inscribe en una geopolítica ambiental que, como señala Terribile, es utilizada por las potencias para administrar bajo su influencia los bienes que brindan beneficios comunes globales, particularmente en regiones polares, alta mar y fondos oceánicos.[10] La “causa noble” de la preservación del ecosistema se convierte en herramienta para condicionar el desarrollo de los países periféricos, limitar sus márgenes de maniobra y, en la práctica, consolidar la asimetría entre quienes producen normas, financian ciencia y controlan la logística, y quienes apenas pueden sostener una presencia simbólica.[11]

En la Antártida, esa asimetría se expresa en la brecha científico‑tecnológica y logística que separa a un reducido grupo de actores con programas polares robustos (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Australia, entre otros) de Estados con reclamos históricos, pero capacidades declinantes.[12] Los primeros multiplican bases, rompehielos, laboratorios móviles y redes de observación; los segundos apenas logran financiar campañas mínimas, con equipamiento envejecido y estructuras institucionales fragmentadas. El resultado es un régimen que, bajo el manto del consenso y la ciencia desinteresada, consagra una arquitectura de poder donde el conocimiento opera como moneda de legitimidad y mecanismo de distribución de voz y voto.[13]

La mirada crítica que se asume en este trabajo parte de esa constatación. Se sostiene que la ciencia y la protección ambiental antárticas deben analizarse como recursos estratégicos de poder, no como objetivos altruistas; que la gobernanza polar está atravesada por la competencia entre potencias y por la voluntad de la angloesfera y otros actores centrales de administrar bajo sus propios parámetros; y que quienes carecen de capacidades materiales suficientes, por más títulos jurídicos que tengan, quedan relegados a un papel periférico, espectador de decisiones que otros toman sobre espacios que afectan de manera directa su futuro.[14] Esta lógica general se examina primero en clave geopolítica global y sólo en una segunda instancia se aplica al caso argentino, cuya debilidad institucional y conducción bicéfala lo han dejado del lado de quienes tienen derechos formales, pero carecen de los instrumentos de poder necesarios para hacerlos valer.

En este punto, la Antártida deja de ser sólo “última frontera” o laboratorio natural para convertirse en un espacio donde la disputa por recursos estratégicos se superpone con debates sobre cómo repartir beneficios que se presentan como comunes, pero se gestionan desde jerarquías muy marcadas.[15]

Ciencia, ambiente y gobernanza como dispositivos de exclusión

El punto de partida del régimen antártico contemporáneo es conocido: el Tratado de 1959 congeló las disputas por los reclamos de soberanía, prohibió los ensayos nucleares y la militarización y consagró a la ciencia como actividad central en el continente. Décadas más tarde, el Protocolo al Tratado antártico de Protección del Medio Ambienta (Protocolo de Madrid) elevó la protección del medio ambiente antártico al rango de “consideración fundamental” y estableció una amplia prohibición de actividades mineras. No obstante, lejos de fijar una “fecha de vencimiento” del régimen, las cláusulas de revisión del Protocolo de Madrid y del propio Tratado Antártico sólo establecen mecanismos morigerados para eventuales modificaciones, lo que vuelve especialmente problemática la difusión de lecturas simplistas que anuncian un supuesto colapso automático en 2048.[16]

La imagen que se proyecta es la de un “laboratorio natural” dedicado a la investigación pacífica y a la preservación de un ecosistema único. Sin embargo, como recuerda Terribile, los tratados no se aplican en el vacío: operan sobre un mapa de poder donde no todos los actores tienen la misma capacidad de implementar, monitorear e interpretar esas normas.[17] En ese mapa, ciencia y ambiente son menos la expresión de un consenso moral que la forma contemporánea que adopta la competencia geopolítica por espacios y recursos sensibles.[18]

La ciencia polar se ha convertido en una suerte de moneda dura en la economía política del Sistema del Tratado Antártico. El estatus consultivo, que otorga voz y voto en las reuniones donde se decide la evolución del régimen, está condicionado a la realización de “investigación científica sustancial”. Esa exigencia, en apariencia neutra, funciona en la práctica como un umbral de poder: sólo quienes pueden financiar campañas, sostener bases, operar buques y aeronaves en condiciones extremas y producir publicaciones de alto impacto acceden al círculo de quienes deciden.[19] No se trata simplemente de “hacer ciencia”, sino de desplegar un volumen de actividad que sólo está al alcance de Estados con presupuestos robustos, infraestructura compleja y acceso privilegiado a tecnología. Los países que no alcanzan ese umbral quedan condenados a un rol consultivo de segunda línea o, directamente, a la irrelevancia.[20]

Algo similar ocurre con la agenda ambiental. La retórica de la protección de un ecosistema frágil y globalmente relevante ha sido apropiada por los actores que lideran la geopolítica ambiental para fijar estándares y delinear áreas marinas protegidas, moratorias y restricciones que, si bien tienen fundamentos científicos, responden también a estrategias de control de espacios y recursos.[21]Terribile lo describe con claridad cuando analiza cómo las potencias de la angloesfera utilizan la creación de Áreas Marinas Protegidas y la acción de grandes ONG transnacionales para administrar bajo su influencia vastos, incluyendo las regiones polares.[22] Bajo el lenguaje de la conservación se consolida una forma sofisticada de poder inteligente: se restringe el margen de acción de terceros, se dificulta el desarrollo de actividades económicas futuras y se refuerza el liderazgo moral de quienes se presentan como guardianes del planeta.[23]

En la Antártida, esta geopolítica ambiental ha tenido efectos concretos. Los debates sobre nuevas áreas marinas protegidas, sobre límites a la pesca o sobre investigación bioprospectiva se dan en foros donde la capacidad científica y la densidad delegacional pesan tanto como los argumentos jurídicos.[24] Los Estados que pueden movilizar equipos de científicos, estudios de impacto, modelos climáticos y series de datos extensas tienen una voz desproporcionada en la definición de las “mejores prácticas” ambientales. La protección del ecosistema deja de ser sólo un dato normativo para transformarse en un campo de disputa por quién define qué es sostenible, qué riesgos son aceptables y qué usos deben prohibirse. Los actores periféricos, con escasa producción científica propia y limitada capacidad para financiar estudios, se ven obligados a aceptar marcos regulatorios diseñados por otros, aun cuando esos marcos condicionen sus intereses de largo plazo.

Esta dinámica revela la dimensión excluyente de la ciencia y del ambientalismo antártico. El discurso dominante suele presentar la cooperación científica como un proceso horizontal de intercambio de datos y capacidades en beneficio de la humanidad. Pero la realidad es más áspera: la información clave, las tecnologías de observación y los equipos de alta complejidad están concentrados en pocas manos, y su acceso no siempre es simétrico ni desinteresado.[25] La diplomacia científica se convierte así en un mecanismo de cooptación y dependencia: los países periféricos son invitados a participar en proyectos diseñados por potencias, aportando mano de obra o plataformas logísticas modestas, mientras los beneficios estratégicos –en términos de datos, patentes y capacidad de agenda– permanecen mayormente en manos de los líderes. La cooperación aparece como inclusión, pero opera muchas veces como integración subordinada.[26]

Este uso selectivo de causas nobles  como la ciencia, el ambiente y los derechos de las generaciones futuras, forma parte de una estrategia más amplia de poder inteligente.[27] Asociar un interés geopolítico a una bandera moralmente incontestable permite deslegitimar a los actores que se resisten, presentar sus objeciones como egoístas o retrógradas y desplazar el debate desde el terreno de los intereses hacia el de la virtud. En el sur global, y en particular en el Atlántico sudoccidental y la Antártida, esta operación discursiva tiene efectos concretos: los países periféricos, ricos en biodiversidad y bienes comunes, se ven confrontados con marcos normativos ambientales que limitan sus posibilidades de uso y desarrollo, mientras los responsables históricos de la crisis climática capitalizan políticamente su “liderazgo verde”. La paradoja es evidente: quienes más contribuyeron a la degradación ambiental global son los que ahora fijan las reglas del juego en nombre de su reparación.[28]

La arquitectura institucional del Sistema del Tratado Antártico refuerza esta lógica al otorgar al Comité Científico de Investigación Antártica un rol central en la definición de prioridades y en la producción de insumos técnicos para la toma de decisiones.[29] En teoría, se trata de asegurar que las políticas se basen en la mejor ciencia disponible; en la práctica, significa que los países que dominan los circuitos de publicación, financiamiento y cooperación científica tienen una capacidad ampliada para orientar el rumbo del régimen.[30] La ciencia se convierte en criterio de legitimidad, pero también en canal privilegiado para la proyección de intereses. La línea divisoria entre conocimiento desinteresado y estrategia nacional se vuelve difusa: los mismos proyectos que generan datos imprescindibles para comprender el cambio climático sirven para sostener bases, justificar inversiones logísticas y consolidar presencia en puntos sensibles del continente.[31]

Frente a este panorama, la lectura ingenua de la Antártida como “continente de la ciencia y la paz” se revela insostenible. No se trata de negar la importancia de la investigación ni la necesidad de proteger un ecosistema vulnerable, sino de reconocer que esos objetivos se inscriben en una lógica de poder que favorece estructuralmente a quienes disponen de mayores recursos.[32] La ciencia y la protección ambiental no igualan a los Estados; los estratifican según su capacidad de producir conocimiento, financiar infraestructuras y movilizar diplomacia. La gobernanza antártica, presentada como modelo de paz, funciona al mismo tiempo como sofisticado dispositivo de exclusión: define quién entra al juego en condiciones de influencia real y quién queda relegado a un papel testimonial, aun cuando posea títulos históricos o reclamos de soberanía sobre porciones significativas del territorio.[33]

Geopolítica de la ciencia antártica: quién manda, quién legitima, quién obedece

Si se observa el mapa de bases, rompehielos, laboratorios y redes de cooperación en el continente blanco, el discurso de la “Antártida desmilitarizada y al servicio de la humanidad” se diluye rápidamente.[34] La geografía de la ciencia antártica coincide, casi punto por punto, con la geografía del poder global. Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Australia, algunos países de Europa del Norte y del Pacífico Sur concentran la mayor parte de la infraestructura científica y logística, los presupuestos de investigación y las publicaciones de alto impacto.[35] Son estos actores quienes, en los hechos, fijan la agenda de temas, ritmos y prioridades, seleccionan los proyectos de “gran ciencia” y controlan los flujos de datos que luego se utilizan para fundamentar decisiones políticas en los foros del Sistema del Tratado Antártico. La ciencia se convierte, como sostiene tu propio capítulo, en el fundamento arquitectónico de la gobernanza polar: quien controla el conocimiento controla también las llaves del régimen.[36]

Esta hegemonía científica no se limita a disponer de mejores laboratorios o más investigadores. Implica controlar las infraestructuras críticas –rompehielos polares, aeronaves de gran porte, satélites de observación, redes de sensores, cables de comunicaciones– sin las cuales la investigación en condiciones extremas resulta imposible.[37] En un entorno donde cada campaña depende de una logística sofisticada, la capacidad para prestar o negar apoyo logístico otorga un poder de veto informal. Un Estado que no dispone de esos medios propios debe negociar el acceso con quienes sí los tienen; y esa negociación nunca es neutra, porque articula, junto a la cooperación científica, una densa red de dependencias estratégicas. La diplomacia científica se superpone así con la diplomacia de la logística y de la infraestructura: quien tiene barcos y aviones no sólo decide cuándo y cómo se investiga, sino también qué alianzas se vuelven indispensables para sobrevivir en el juego.

Al mismo tiempo, la producción de datos originales sobre clima, biodiversidad, criósfera y océanos confiere una ventaja decisiva en la disputa por la autoridad epistémica. Las potencias científicas son las que generan los modelos que describen el deshielo, el ascenso del nivel del mar o la acidificación de los océanos, y esos modelos se transforman después en insumos incuestionables para el diseño de políticas globales.[38] Quien domina la ciencia no sólo aporta “evidencia”: define qué cuenta como evidencia suficiente, qué escenarios son considerados plausibles, qué riesgos se perciben como inaceptables. Cuando las mismas sociedades hiperindustrializadas responsables primarias de la crisis ambiental se convierten en árbitros de la “buena ciencia” sobre el futuro de los polos, la geopolítica del conocimiento se confunde con la geopolítica de la culpa administrada: los que contaminaron el planeta dictan las condiciones en que los demás podrán usar, o no, los recursos de los bienes comunes globales.[39]

En ese contexto, la ciencia antártica funciona como un sofisticado sistema de acreditación de poder. El acceso al estatus de Parte Consultiva no es una cuestión meramente jurídico‑formal: requiere demostrar una “actividad científica sustancial” que, en la práctica, se traduce en bases permanentes, publicaciones indexadas, participación en consorcios internacionales, organización de reuniones expertas y liderazgo en grupos de trabajo.[40] Cada uno de estos indicadores presupone una capacidad material y financiera difícil de alcanzar para los Estados periféricos. Como muestran tus capítulos sobre brecha científico‑tecnológica, quienes no logran sostener programas de investigación polar robustos quedan atrapados en un círculo vicioso: al carecer de ciencia de frontera, ven limitada su influencia institucional; al carecer de influencia, se hace más difícil conseguir financiamiento, cooperación y visibilidad que permitirían salir de la periferia.[41]

La consecuencia es una jerarquización silenciosa de los actores del régimen antártico. En la superficie, el Tratado reconoce igual dignidad a todas las Partes firmantes; en la práctica, existe un núcleo duro de potencias científicas y logísticas que marca el paso, y una periferia de Estados con presencia formal pero capacidad limitada para incidir en las decisiones estratégicas.[42] Quienes integran ese núcleo duro no sólo investigan más: dirigen comités, redactan borradores de resoluciones, presiden grupos técnicos y organizan conferencias clave. Al hacerlo, definen qué problemas son prioritarios, qué soluciones se consideran viables y qué enfoques quedan relegados a los márgenes. La ciencia, en este sentido, no sólo reproduce el poder existente, sino que lo multiplica al transformarlo en liderazgo normativo y simbólico.[43]

Esta dinámica no es exclusiva de la Antártida, sino que forma parte de una geopolítica ambiental más amplia, en la que la angloesfera y otras potencias tecnológicas utilizan causas nobles para administrar los global commons.[44] En el Atlántico sudoccidental y en las regiones polares, esa administración se materializa en la proliferación de áreas marinas protegidas, estándares ambientales cada vez más exigentes y mecanismos de monitoreo que, aunque se presentan como “técnicos”, tienen consecuencias distributivas muy concretas: restringen selectivamente ciertas actividades, condicionan el desarrollo de infraestructuras y consolidan la presencia de quienes pueden financiar la administración de esos espacios. La ciencia actúa aquí como justificación normativa de una arquitectura de poder que deja a los actores periféricos sin capacidad real para redefinir el régimen, obligados a adaptarse a reglas que no contribuyeron a diseñar.

En este esquema, la distinción entre “quién manda, quién legitima y quién obedece” se vuelve transparente. Mandan quienes controlan la ciencia, la logística y las redes de cooperación; legitiman quienes transforman ese control en autoridad epistémica y moral, presentándose como guardianes del planeta y custodios de la paz; obedecen quienes, aun teniendo derechos históricos o reclamos jurídicos, no tienen cómo competir en ese terreno.[45] Los Estados periféricos se ven reducidos a la condición de actores normativamente obedientes: deben cumplir estándares ambientales, adherir a consensos científicos elaborados por otros, aceptar moratorias y restricciones que afectan su futuro, mientras su capacidad de definir prioridades propias se reduce a la mínima expresión. Como sugiere el capítulo sobre percepción exterior de Argentina, una parte sustantiva de los países del sur global ocupa el lugar del “colaborador menor”: presencia histórica, contribuciones científicas valiosas pero marginales, liderazgo retórico ocasional, y escasa incidencia en la redefinición estratégica del régimen.

Esta configuración de poder desmiente, en última instancia, la idea de que la Antártida podría ser leída como un ámbito de excepcionalidad donde la lógica geopolítica se suspende. Lo que sucede es exactamente lo contrario: el continente blanco condensa, con una nitidez pocas veces reconocida, la manera en que el poder del siglo XXI se ejerce mediante el control de la ciencia, de la narrativa ambiental y de los dispositivos de gobernanza internacional.[46] Ver en la ciencia antártica sólo un esfuerzo desinteresado por conocer y proteger el planeta es, en ese sentido, una forma de ingenuidad política; implica aceptar la superficie discursiva sin interrogar la estructura de fuerzas que la sostiene. Justamente el objetivo de una lectura en clave terribiliana es correr ese velo: mostrar que, en la Antártida, la ciencia y el ambiente son hoy las formas más sofisticadas –y socialmente aceptables– de la disputa por presencia, influencia y futuro reparto de los beneficios asociados a un territorio donde la soberanía está congelada, pero las ambiciones estratégicas siguen plenamente activas.[47]

Soberanía administrada y periferias disciplinadas

Uno de los rasgos más singulares del régimen antártico es la ficción de la “suspensión” de la soberanía, que en realidad es simplemente una suspensión de la conflictividad. Los reclamos territoriales preexistentes no se extinguen, pero quedan congelados; no pueden hacerse valer mediante actos unilaterales, ni ampliarse, ni generar nuevos títulos. Sobre esa base se construyó el relato de una Antártida “desterritorializada”, gobernada por el derecho internacional y por la comunidad científica. Sin embargo, leído desde la lógica del poder, el congelamiento de la soberanía no significa neutralidad, sino administración selectiva de los conflictos y del acceso al espacio.[48] Los Estados que ingresaron tempranamente al régimen, y que consolidaron su presencia a través de bases, cartografía, expediciones y ciencia, transformaron sus reclamos –o la ausencia de ellos– en posiciones de fuerza dentro de una estructura de gobernanza que les garantiza, de facto, derechos preferenciales sobre el futuro del continente.[49]

La “soberanía administrada” se traduce en un escenario donde, detrás del discurso pacifista, coexisten soberanías latentes, vocaciones hegemónicas y estrategias de largo plazo cuidadosamente envueltas en la retórica de la cooperación. Para las potencias sin títulos territoriales, el Tratado ofreció una oportunidad única: ingresar a un espacio en disputa, bloquear la consolidación plena de los reclamos existentes y ganar centralidad a través de la ciencia y la logística.[50] Para los Estados con reclamos históricos, en cambio, el congelamiento implicó aceptar un marco que les impedía avanzar, bajo la promesa de que la estabilidad del régimen y el prestigio científico compensarían la imposibilidad de reforzar jurídicamente sus títulos. Con el tiempo, esa promesa se reveló asimétrica: quienes no tenían derechos formales ganaron posiciones mediante la acumulación de poder científico y logístico; quienes los tenían quedaron sometidos a un juego donde sus ventajas jurídicas valen menos que su capacidad de sostener bases, embarcaciones e investigación continua.[51]

En este contexto, la ciencia y la protección ambiental operan como mecanismos de disciplina para las periferias con derechos, pero sin poder. El mensaje implícito es claro: el reconocimiento de tu condición de reclamante, tu acceso a la mesa y la posibilidad de preservar tus expectativas sobre el futuro del territorio dependen de tu comportamiento “responsable” en términos de ciencia y ambiente.[52] Cualquier intento de nacionalizar la Antártida, de introducir un lenguaje explícito de soberanía o de explorar usos económicos alternativos es inmediatamente reprimido mediante sanciones reputacionales, aislamiento diplomático o pérdida de cooperación. Los actores con menos recursos se ven así obligados a sobreactuar su adhesión al credo ambiental‑científico, aunque sepan que ese credo es utilizado, al mismo tiempo, para desactivar sus posibilidades de transformar su presencia en poder efectivo.[53]

Esta disciplina se refuerza mediante la estructura procedimental del Sistema del Tratado. Las decisiones se toman por consenso en foros donde la igualdad soberana es más retórica que real: el peso de cada delegación depende de su capacidad técnica, de su liderazgo en grupos de trabajo y de la densidad de sus relaciones informales. Los Estados que apenas pueden enviar delegaciones mínimas, con escaso respaldo científico y sin equipos permanentes de negociación, llegan tarde y mal a debates altamente complejos, donde los textos ya están maduros y las opciones reales son aceptar o quedar aislados. La “periferia con derechos” participa de reuniones en las que el menú fue diseñado por otros; su margen no es definir la carta, sino escoger entre los platos que ya fueron cocinados en gabinetes donde nunca tuvieron asiento.[54]

La creación de estándares ambientales y científicos cada vez más exigentes funciona también como barrera de entrada a la influencia. Lo que se presenta como elevación de la vara ética en realidad consolida una brecha de capacidades: las potencias pueden adaptar su infraestructura, invertir en tecnologías de mitigación y financiar investigación de punta; los países con menos recursos apenas logran cumplir los requisitos mínimos para seguir en el juego.[55] Esta dinámica reproduce una lógica en la geopolítica ambiental global en la que los que fijan las reglas son quienes menos sufren los costos de cumplirlas, mientras los países del sur global, muchos de ellos con reclamos de soberanía y riqueza biológica, soportan restricciones que limitan su desarrollo y consolidan su dependencia tecnológica.

En la Antártida, esa dependencia se expresa con crudeza en la logística y en la diplomacia científica. Buena parte de los Estados periféricos dependen de acuerdos con potencias para transportar personal, abastecer bases, evacuar emergencias médicas o acceder a datos satelitales indispensables.[56] A cambio, ofrecen cooperación, votos, legitimidad y una narrativa de “alianza” que, muchas veces, encubre relaciones estructuralmente desiguales. La soberanía administrada se convierte así en soberanía condicionada: el ejercicio efectivo de la presencia antártica de los actores periféricos queda atado a decisiones que se toman en otros centros de poder, en función de agendas que no controlan. Cuando esos actores intentan plantear reformas, cuestionar la distribución de beneficios o denunciar la hipocresía de ciertos discursos ambientales, descubren que su dependencia logística y científica limita severamente su margen de maniobra.[57]

El resultado es un ecosistema polar donde la periferia cumple funciones específicas dentro de una arquitectura jerárquica. Debe garantizar la estabilidad del régimen, reproducir su retórica, aportar muestras de compromiso ambiental y científico y servir como evidencia de que el sistema es “inclusivo” y “universal”[58]. Pero cuando se trata de discutir temas de fondo, desde el eventual acceso a recursos minerales hasta el rediseño del sistema de gobernanza frente a un posible agotamiento del Tratado en su formato actual, la voz que prevalece es la de quienes concentran recursos y controlan la ciencia de frontera. La periferia con derechos termina así disciplinada: mantiene su presencia, conserva sus símbolos y puede exhibir continuidad, pero su capacidad de orientar el rumbo del régimen se reduce a un margen estrecho, que depende tanto de sus aciertos internos como de la voluntad de las potencias de seguir aceptando su presencia como parte del “paisaje” antártico.

Argentina como periferia con títulos: conducción bicéfala, debilidad institucional y pérdida de centralidad

En el mapa antártico, Argentina ocupa una posición paradójica. Es, por geografía e historia, uno de los países que podrían reclamar un lugar central: proximidad geográfica, presencia temprana y continua, bases permanentes, tradición científica y un relato político que vincula la Antártida con la Causa Malvinas y con la identidad nacional marítima y austral. Se trata de una nación intrínsecamente fluvial, marítima y antártica, emplazada en un Cono Sur donde la cercanía física al continente blanco debería traducirse en capacidad estratégica.[59] Sin embargo, cuando se observa el modo en que se ejerce esa presencia, emerge otra imagen: la de un actor que, pese a sus títulos y a su trayectoria, opera crecientemente como periferia disciplinada dentro del régimen antártico, atrapado entre la debilidad institucional, la conducción bicéfala y la incapacidad para traducir sus ventajas históricas en poder efectivo.

Una primera dimensión de esa periferia es institucional. La ausencia de una directiva política clara, la fragmentación de competencias y la improvisación presupuestaria han erosionado la capacidad del Estado para planificar y sostener una presencia robusta.[60] No existe una autoridad unificada que concentre la conducción estratégica: las responsabilidades se distribuyen entre Cancillería, Defensa, el Comando Conjunto Antártico, organismos científicos, provincias australes y entes diversos sin un mando único ni una lógica de sistema. Ese diseño bicéfalo –y a veces tricéfalo– genera solapamientos, rivalidades soterradas y una tendencia estructural a la reacción tardía: se discuten barcos y bases año a año, se improvisan soluciones logísticas sobre la marcha, se depende de ventanas presupuestarias ocasionales y se sacrifican proyectos científicos estratégicos para cubrir urgencias operativas.[61]

La conducción bicéfala, lejos de ser un problema meramente administrativo, tiene consecuencias directas sobre la proyección de poder. Mientras algunas potencias integran bajo una sola conducción sus políticas de defensa, ciencia, logística y diplomacia antártica, Argentina distribuye esas funciones en compartimentos que se comunican mal y compiten por recursos. El resultado es una política antártica que no logra presentarse externamente como una estrategia coherente, sino como una suma de esfuerzos parciales y, con frecuencia, desconectados. Esa fragmentación debilita la capacidad negociadora en los foros internacionales: no hay una sola voz que articule prioridades y líneas rojas, sino múltiples actores que, aun bien intencionados, trasladan a la escena externa la descoordinación interna. Como sintetiza tu diagnóstico, la debilidad institucional se traduce en pérdida de poder blando, desaprovechamiento de recursos y deterioro del rendimiento antártico argentino en términos comparativos.

A esta estructura defectuosa se suma el deterioro material. Las crisis económicas crónicas, los recortes presupuestarios y la obsolescencia de medios de transporte han multiplicado cancelaciones de vuelos, restricciones de campañas y postergaciones de mantenimiento crítico. Lo que en otros países se programa en ciclos plurianuales, en Argentina se decide muchas veces a último momento, sujeto a disponibilidades coyunturales y tensiones macroeconómicas. Esa precariedad erosiona la credibilidad externa: socios científicos y logísticos perciben a la Argentina como un actor que promete más de lo que puede cumplir, cuyos planes dependen de vaivenes internos y que raras veces consigue sostener, a lo largo de décadas, programas de investigación de alto impacto comparables con los de las potencias polares.[62] La consecuencia no es sólo pérdida de publicaciones o de datos, sino pérdida de reputación, un insumo central en la diplomacia científica contemporánea.

En el plano de la percepción internacional, el capítulo sobre Argentina como actor periférico es contundente: lo que alguna vez fue visto como un país de liderazgo en exploración, normativa y cooperación antártica hoy es percibido crecientemente como “colaborador menor” y “reclamante habitual”. La condición de anfitrión de la Secretaría del Tratado Antártico en Buenos Aires no compensa la falta de liderazgo en grandes proyectos científicos, en plataformas multilaterales o en innovaciones normativas. La ciencia polar argentina sostiene la ocupación efectiva del territorio y brinda insumos valiosos, pero rara vez se convierte en vector autónomo de influencia: no lidera consorcios de bigscience, no marca la agenda de reformas y no funciona como eje alrededor del cual otros actores se alineen. Argentina aporta presencia y continuidad, pero no logra transformar esa contribución en centralidad estratégica dentro del régimen.

La raíz de este desplazamiento no es sólo económica; existe una dimensión identitaria y cultural: una sociedad que, durante décadas, se pensó como “Argentina continental” ha tenido dificultades para incorporar la dimensión marítima y antártica como parte de su proyecto de vida en común.[63] Esa desconexión facilita que la política antártica quede reducida a un nicho técnico‑militar‑diplomático, sin un anclaje fuerte en la conciencia pública ni en una estrategia nacional de largo plazo. En ese vacío prosperan la inercia, la continuidad de instituciones que se autopreservan y la falta de control social sobre los resultados. Mientras otras naciones convierten la geopolítica polar en tema de Estado, Argentina tiende a tratarla como cuestión sectorial, aislada de sus decisiones centrales de desarrollo, defensa y política exterior.[64]

Ese costo se vuelve aún más evidente si se observa la contradicción entre una tradición agrícola‑ganadera volcada a la Pampa Húmeda y la subvaloración sistemática de los más de cuatro mil kilómetros de litoral marítimo y del frente oceánico vinculado al espacio antártico, a pesar de que, como recordaba Belgrano, toda nación que cede a otros la navegación que podría emprender por sí misma reduce sus fuerzas reales y relativas en beneficio de sus rivales.[65]

En el escenario global descrito en los apartados anteriores, esa desconexión tiene un costo altísimo. La periferia con títulos, pero sin poder, no sólo queda atrapada en el rol de actor secundario; también se vuelve crecientemente vulnerable a la lógica de soberanía administrada y disciplina ambiental‑científica impuesta desde el centro. Argentina mantiene reclamos sobre un amplio sector antártico, pero su capacidad para influir en el futuro régimen que decidirá qué se puede hacer –y quién se beneficiará– en ese espacio se reduce si no logra revertir su debilidad institucional. La continuidad de una estructura bicéfala, la falta de una agencia nacional de comando unificado y la ausencia de una directiva política antártica con horizonte plurianual refuerzan la percepción de un país que se resigna a la periferia, limitándose a conservar símbolos mientras otros definen la arquitectura de poder.[66]

El desafío, leído desde la perspectiva crítica de Terribile, no es sólo “recuperar prestigio” o “hacer más ciencia”, sino transformar la propia lógica de poder que rige la política antártica argentina. Implica abandonar la comodidad de una presencia que se justifica por la historia y asumir que, en el régimen actual, la legitimidad se mide en capacidades científicas, logísticas y diplomáticas concretas.[67] Ya en la década del 70, Fraga[68] advertía: “el futuro de la Antártida es incierto, pues está cargado de problemas de todo tipo: políticos, económicos, jurídicos, ecológicos, etc. Problemas arduos, llenos de implicancia e interrelacionados, que el argentino medio a veces desconoce u olvida…” y consideraba que había territorios que Argentina podía llegar a perder si “no actuamos con una estrategia hábil, flexible, valiente, decidida, basada en lo profundo y completo conocimiento del problema, descartando posturas simplistas y declamaciones inconducentes. Y esto se logrará también con una presencia permanente y efectiva de todo nuestro mar y nuestra Antártida, manteniendo en alto nuestros derechos y nuestros título, pero acompañándolos con una actividad científico-técnica y logística de envergadura…”[69]

Ello supone reemplazar la conducción bicéfala por un mando unificado con visión estratégica, vincular estrechamente ciencia y defensa, abrir la agenda polar a alianzas innovadoras con universidades privadas, empresas tecnológicas y actores subnacionales, y concebir la Antártida no como territorio congelado en el tiempo, sino como uno de los tableros donde se jugará la distribución futura de poder y recursos en el Atlántico sudoccidental. Mientras Argentina no realice ese giro de poder, seguirá encarnando el tipo ideal de periferia con títulos: un país que tiene derechos, pero no las herramientas materiales, institucionales ni culturales para hacerlos valer en un escenario donde la ciencia y el ambientalismo han sido capturados por la lógica implacable de la geopolítica.[70]

Conclusión: desromantizar la Antártida, repensar el poder

Mirar la Antártida desde el prisma del poder obliga a abandonar una de las ficciones más cómodas del orden internacional contemporáneo: la idea de un continente excepcional, gobernado por la ciencia y la protección ambiental, ajeno a las lógicas que estructuran el resto del sistema. Lo que muestra la lectura terribilianadel Atlántico sudoccidental y de las regiones polares es justamente lo contrario: la Antártida condensa, con una claridad brutal, la forma en que las potencias del siglo XXI combinan hardpower, softpower y smartpower para administrar los bienes comunes globales, fijar jerarquías y disciplinar periferias. La ciencia y el ambientalismo no son un contrapunto a la geopolítica; son hoy su lenguaje privilegiado y su principal instrumento de legitimación.

En este marco, el Sistema del Tratado Antártico aparece menos como un modelo altruista de gobernanza que como una arquitectura sofisticada de poder. Su diseño, basado en la actividad científica sustancial, la cooperación ambiental y la toma de decisiones por consenso, distribuye el acceso a la influencia de acuerdo con la capacidad de los Estados para financiar investigación, sostener infraestructuras costosas y liderar redes de expertos. El congelamiento de la soberanía no elimina las asimetrías: las reconfigura. Los derechos históricos y los reclamos jurídicos pierden centralidad frente a la capacidad de presencia efectiva, medida en bases, rompehielos, publicaciones y liderazgo en foros científicos. Quien no puede competir en ese terreno queda atrapado en la categoría de periferia con títulos, tolerada pero rara vez decisiva.

La geopolítica ambiental profundiza aún más estas brechas. Las potencias, en especial las de la angloesfera, se presentan como campeonas de la protección de los global commons, impulsando áreas marinas protegidas, moratorias y estándares ambientales rigurosos que, en la práctica, les permiten administrar bajo su influencia vastos espacios fuera de jurisdicción nacional. Lo hacen invocando causas nobles, como la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la defensa del patrimonio de la humanidad, pero esas banderas operan simultáneamente como herramientas para condicionar el desarrollo de los países del sur global, limitar su margen de maniobra y consolidar estructuras de dependencia tecnológica y logística. En la Antártida, donde la soberanía está congelada, esa administración se traduce en poder anticipatorio: quienes definen hoy las reglas ambientales se posicionan mejor para decidir mañana qué usos del continente serán aceptables y quién podrá beneficiarse de ellos.

En este tablero, los Estados periféricos se enfrentan a un dilema crudo. Si abrazan sin reservas la narrativa dominante, corren el riesgo de naturalizar su lugar subordinado, aceptando que su rol sea confirmar consensos ajenos, reproducir estándares que no diseñaron y aportar legitimidad a un régimen que los mantiene en los márgenes. Si intentan cuestionarla de manera aislada, sin capacidades científicas y logísticas propias, quedan expuestos a sanciones reputacionales y a la acusación de actuar “contra el planeta”, en un terreno discursivo donde las potencias han logrado presentarse como guardianes exclusivos de la virtud ambiental. La solución no pasa por renegar de la ciencia ni de la protección del medio ambiente, sino por reinsertarlas en una estrategia de poder que reconozca su carácter instrumental y se proponga disputar, desde otras coordenadas, el sentido y los usos del régimen.

El caso argentino ilustra, con particular crudeza, los riesgos de no dar esa batalla. Una nación con proximidad geográfica, trayectoria pionera y títulos jurídicos significativos ha permitido que la combinación de debilidad institucional, conducción bicéfala y deterioro material la desplace hacia la condición de colaborador menor. Mientras otros Estados integran ciencia, defensa y diplomacia polar bajo un mando unificado, Argentina dispersa su energía en estructuras superpuestas, improvisa campañas en función del presupuesto disponible, más allá del inmenso esfuerzo que realizan, gran parte de los miembros de las fuerzas armadas y personal civil, desplegados en la Antártida y reduce su presencia en el continente a una mezcla de resiliencia logística y orgullo histórico, insuficientes en un contexto donde la legitimidad se mide en laboratorios, datos y liderazgo normativo. Convertida en periferia con títulos, se ve obligada a aceptar marcos ambientales y científicos fijados por otros, sin capacidad real para reescribir las reglas de un juego que incide directamente sobre su futuro marítimo y antártico.

Desromantizar la Antártida implica, en consecuencia, abandonar la comodidad del mito del “continente de la ciencia y la paz” y asumir que, en ese espacio, se disputa una de las batallas geopolíticas más importantes del siglo: quién administrará los bienes comunes polares, quién decidirá sobre sus usos futuros y quién quedará confinado a contemplar cómo otros capitalizan ese proceso. Significa leer la ciencia y el ambientalismo como instrumentos de poder que definen círculos de pertenencia y jerarquías de influencia, y no como planos neutros de cooperación. Y, sobre todo, significa que los Estados que hoy ocupan posiciones periféricas, incluida la Argentina, deben abandonar cualquier ilusión de que el derecho, los títulos históricos o las buenas intenciones ambientales bastan por sí solos para garantizarles un lugar en la mesa donde se diseña el mañana del continente blanco. Sin capacidades científicas robustas, sin instituciones de comando unificado y sin una estrategia geopolítica que asuma sin ingenuidad la dimensión de poder de la Antártida, seguirán siendo, en el mejor de los casos, espectadores respetados de un orden polar definido por otros.

Bibliografía

Abruza, A. D. (2013). El Tratado Antártico y su sistema. Boletín del Centro Naval, 836, 135–142.

Aron, R. (1962). Paz y guerra entre las naciones (L. Cuervo, Trad.). Madrid, España: Revista de Occidente.

Auza, F. J., Ferrari, A. H., & Damsky, J. M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

Cervera, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, 22 de febrero.

Colacrai, M. (2003). Reflexiones en torno al Régimen Antártico y las Relaciones Argentino‑Chilenas. Cuadernos de Política Exterior Argentina (CUPEA), 73. Rosario, Argentina: CERIR.

Crea, J. A. (2023). Fragilidades democráticas y autoritarismo ambiental. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 4(ambiental).

Crea, J. A., & Berretino, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

Crea, J. A., & Berretino, M. de los Á. (2024). Argentina como periferia con títulos en el régimen antártico. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”.

Dodds, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Dodds, K. (2007). Antarctic geopolitics. En K. Dodds, A. D. Hemmings, & P. Roberts (Eds.), Governance of the Antarctic (cap. 13). London, UK: Routledge.

Fraga, J. A. (1980). El mar y la Antártida en la geopolítica argentina. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Publicaciones Navales.

Headland, R. K. (1989). Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical Events. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar. (2024). Documentos de trabajo sobre política antártica como política de Estado. Buenos Aires, Argentina: AIDCA.

IPCC. (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change.

IPCC. (2021). IPCC Sixth Assessment Report. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Morgenthau, H. J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York, NY: Knopf.

Royal Society, & National Academy of Sciences. (2014). Climate Change: Evidence and Causes. London, UK / Washington, DC: The Royal Society / National Academy of Sciences.

Scientific Committee on Antarctic Research. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022. Cambridge, UK: SCAR.

Terribile, H. A. (2018). El conflicto en la milla 201. ¿Es esencialmente pesquero? Visión Conjunta, 19.

Terribile, H. A. (2022, 3 de abril). El Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, antesala de la ausencia de una estrategia marítima nacional. Smart River. Cultura Portuaria.

Terribile, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae, Sección Opinión. https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/

Terribile, H. A. (2025, 17 de mayo). La soberanía sumergida. Por qué Argentina necesita una estrategia marítima en el Atlántico Sur. Fortín. Revista Digital de la Defensa Nacional. https://undef.edu.ar/fortin/index.php/2025/05/18/la-soberania-sumergida/

Tomé, E. (2020). El Atlántico Sur y las rutas marítimas estratégicas en el siglo XXI. Revista Naval. Buenos Aires, Argentina: Escuela Superior de Guerra Naval.

Tratado Antártico. (1959). Tratado Antártico abierto a la firma en Washington el 1 de diciembre de 1959.

Villamizar Lamus, F. (2016). Las necesidades mundiales de agua y la Antártida como reserva natural: ¿puede explotarse el agua antártica? Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 11(2), 113–137.

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA: Addison‑Wesley.

Notas

[1]JAVIER A. CREA: Abogado. Egresado de la Universidad de Morón. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente por la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano. Maestrando en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional y en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires.Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes. Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía de la Universidad de Morón, Sede Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), donde se desempeña como Director de Institutos y Actividades Académicas, codirector del Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar y subdirector del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Director de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental de la Universidad de Morón, organizada en convenio con AIDCA y declarada de Interés Estratégico por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego. Responsable de Extensión e Investigación de la Carrera de Abogacía y de los Posgrados de la Universidad de Morón, Sede Central. Codirector de la Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional, organizada por la Universidad de Morón y AIDCA.Subdirector, desde 2017, del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; exdirector del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Morón (2017–2018). Miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y exsecretario general del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.Desempeñó funciones como asesor legal de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la República del Paraguay y de diversos poderes ejecutivos y legislaturas provinciales y municipales de la República Argentina.Investigador y docente universitario de grado y posgrado. Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (ISSN 2953-3554), declarada de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura porteña. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Confrontos (Universidad de Itaúna, Minas Gerais, Brasil) y de la Revista Científica Monfragüe (Extremadura, España).

MARÍA DE LOS ÁNGELES BERRETINO: Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  Es Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia y ha realizado la especialización en Régimen y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado el Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural, y el Programa de Actualización en Derecho del Arte y Legislación Cultural, ambos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Diplomada en Gestión de Proyectos Culturales, por la Universidad Nacional de Quilmes. y se ha especializado en «Actualidad y perspectivas futuras en la planificación de actividades en Antártida en el contexto de los escenarios de cambios ambientales» y «Niños o Soldados. La nueva problemática del Derecho Internacional de los Conflictos Armados» en la Universidad de la Defensa Nacional. Es Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Es Miembro Ordinario del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Vocal del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, fue docente de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Codirectora y Cofundadora del Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar, Directora del Instituto de Derechos Culturales y codirectora de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Ha desarrollado tareas como Asesor Jurídico-Ambiental del Comandante Conjunto Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (República Argentina), General de Brigada Edgar F. Calandín entre 2021 y 2024. Coautora del “Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos”. Primer Tratado de Derecho Antártico en el mundo. Es Coordinadora Académica de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental que organizada por la Universidad de Morón y la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Es Directora Diplomatura en Gestión y Regulación del Turismo Antártico que organizan la Universidad de Morón y la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Es a su vez, Coordinadora Académica. Diplomatura en Misiones de Paz en el Derecho a la Seguridad Internacional, que organizan la Universidad de Morón y la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente.

[2] Tratado Antártico. (1959). Washington, DC: Estados signatarios.

[3] Tratado Antártico. (1959). Washington, DC: Estados signatarios.

[4] ABRUZA, A. (2013). El Tratado Antártico y su sistema. Boletín del Centro Nava

[5] DODDS, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley&Sons.

[6]WALTZ, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, MA: Addison‑Wesley.

[7]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos (pp. 325–327). Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica

[8]Scientific Committee on Antarctic Research. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022 (pp. 12–15). Cambridge, UK: SCAR.

[9]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[10]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[11]TERRIBILE, H. A. (2018). “El conflicto en la milla 201. ¿Es esencialmente pesquero?” Visión Conjunta Escuela Superior de Guerra Conjunta.

[12]AUZA, F. J.,  FERRARI, A. H. y DAMSKY, José M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

[13]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2024). Argentina como periferia con títulos en el régimen antártico. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial Antártida Argentina.

[14]ARON, R. (1962). Paz y guerra entre las naciones. Traducción del Francés por Luis Cuervo, Revista Occidente

[15]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[16]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[17]TERRIBILE, H. A. (2018). ¿Es esencialmente pesquero el conflicto del Atlántico Sur y Malvinas? Visión Conjunt, Escuela Superior de Guerra Conjunta.

[18]DODDS, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[19]Scientific Committee on Antarctic Research. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022 (pp. 12–15). Cambridge, UK: SCAR.

[20]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[21]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[22]TERRIBILE, H. A. (2022, abril 3). El Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, antesala de la ausencia de una estrategia marítima nacional. Smart River. Cultura Portuaria.

[23]IPCC. (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change.

[24]ROYAL SOCIETY y NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. (2014). Climate Change: Evidence and Causes. London, UK / Washington, DC: The Royal Society / National Academy of Sciences.

[25]ARON, R. (1962). Paz y guerra entre las naciones. Traducción del Francés por Luis Cuervo, Revista Occidente

[26]AUZA, F. J.,  FERRARI, A. H. y DAMSKY, José M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

[27]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[28]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[29]Scientific Committee on Antarctic Research. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022 (pp. 4–7). Cambridge, UK: SCAR.

[30]AUZA, F. J.,  FERRARI, A. H. y DAMSKY, José M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

[31]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[32]DODDS, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[33]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[34]DODDS, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[35]AUZA, F. J.,  FERRARI, A. H. y DAMSKY, José M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

[36]Scientific Committee on Antarctic Research. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022. Cambridge, UK: SCAR.

[37]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[38]IPCC. (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change.

[39]ROYAL SOCIETY y NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. (2014). Climate Change: Evidence and Causes. London, UK / Washington, DC: The Royal Society / National Academy of Sciences

[40]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[41]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2024). Argentina como periferia con títulos en el régimen antártico. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida” de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, publicada el 22 de febrero de  2024

[42]TERRIBILE, H. A. (2018). ¿Es esencialmente pesquero el conflicto del Atlántico Sur y Malvinas? VisiónConjunta,

[43]TERRIBILE, H. A. (2022, abril 3). El Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, antesala de la ausencia de una estrategia marítima nacional. Smart River. Cultura Portuaria.

[44]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[45]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2024). Argentina como periferia con títulos en el régimen antártico. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente,. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida” de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, publicada el 22 de febrero de  2024

[46]DODDS, K. (2007). Geopolitics of Antarctica. En Geopolitics of Antarctica. London, UK: Routledge.

[47]TERRIBILE, H. A. (2018). ¿Es esencialmente pesquero el conflicto del Atlántico Sur y Malvinas? Visión Conjunta, Escuela Superior de Guerra Conjunta

[48]DODDS, K. (1997). Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, UK: John Wiley & Sons

[49]HEADLAND, R. K. (1989). Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical Events. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[50]ABRUZA, A. (2013). El Tratado Antártico y su sistema. Boletín del Centro Naval

[51]AUZA, F. J.,  FERRARI, A. H. y DAMSKY, José M. (2016). La evolución del escenario Antártida en la región y el mundo. Intereses, liderazgo y estrategias (pp. 37–45). Buenos Aires, Argentina: Universidad de la Defensa Nacional.

[52]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[53]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[54]COLACRAI, M. (2003). Reflexiones en torno al Régimen Antártico y las Relaciones Argentino‑Chilenas. Cuadernos de Política Exterior Argentina. Rosario, Argentina: CERIR.

[55]TERRIBILE, H. A. (2018). ¿Es esencialmente pesquero el conflicto del Atlántico Sur y Malvinas? Visión Conjunta, Escuela Superior de Guerra Conjunta

[56]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[57]INSTITUTO DE DERECHO ANTÁRTICO Y GESTIÓN POLAR. (2024). Documentos de trabajo sobre política antártica como política de Estado. Buenos Aires, Argentina: AIDCA

[58]SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH. (2017). SCAR Strategic Plan 2017–2022. Cambridge, UK: SCAR.

[59]TERRIBILE, H. A. (2025, 17 de mayo). La soberanía sumergida. Por qué Argentina necesita una estrategia marítima en el Atlántico Sur. Fortín. Revista Digital de la Defensa Nacional.

[61]CERVERA, O. A. (2024). La logística de material en la Antártida. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, edición especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”. Edición Especial “Antártida Argentina: 120 años de presencia ininterrumpida”, con fecha 22 de febrero de 2024 

[62]INSTITUTO DE DERECHO ANTÁRTICO Y GESTIÓN POLAR. (2024). Documentos de trabajo sobre política antártica como política de Estado. Buenos Aires, Argentina: AIDCA

[63]TERRIBILE, H. A. (2025, 17 de mayo). La soberanía sumergida. Por qué Argentina necesita una estrategia marítima en el Atlántico Sur. Fortín. Revista Digital de la Defensa Nacional.

[64]INSTITUTO DE DERECHO ANTÁRTICO Y GESTIÓN POLAR. (2024). Documentos de trabajo sobre política antártica como política de Estado. Buenos Aires, Argentina: AIDCA

[65]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[66]CREA, J. A. y BERRETINO, M. de los Á. (2022). Tratado de Derecho Antártico. La gestión polar ambiental en el marco de los Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina: Cáthedra Jurídica.

[67]TERRIBILE, H. A. (2024, 27 de junio). La “nobleza” del ambientalismo y los intereses argentinos en el mar. Infobae Sección Opinión, Junio 2024 https://www.infobae.com/opinion/2024/06/28/la-nobleza-del-ambientalismo-y-los-intereses-argentinos-en-el-mar/infobae

[68] Contraalmirante (RE) Jorge Alberto Fraga, fue Director Nacional del Antártico, en el período comprendido entre 1975 y 1977

[69] FRAGA, J. A. (1978). Introducción a la Geopolítica Antártica. Dirección Nacional del Antártico. Buenos Aires, Argentina.