Por Román Alejo Bersano^[1]

Resumen

Este artículo tuvo como objetivo analizar cómo la vulnerabilidad socioeconómica amplificaba las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, profundizando desigualdades en el acceso a derechos. Se reflexionó acerca de cómo la interacción entre pobreza, estigma, barreras institucionales y ausencia de apoyos sostenidos genera procesos de exclusión que limitan gravemente la autonomía, el bienestar y la participación social. Se evidenció que, aún con marcos legislativos avanzados como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, persiste una brecha significativa entre los derechos reconocidos y el acceso efectivo, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Se concluyó que cuando discapacidad y situaciones de vulnerabilidad socioeconómica interseccionan, las barreras aumentan y se vuelven más rígidas, requiriendo políticas integrales, apoyos sostenidos y transformaciones del entorno para garantizar el ejercicio real de derechos.

Palabras clave

Barreras, Discapacidad, Entorno, Estigma, Políticas públicas, Vulnerabilidad socioeconómica

Factores como el género, la etnia, la clase social se superponen creando capas de discriminación y barreras para acceder a derechos, oportunidades y servicios, resultando en una mayor estigmatización y exclusión hacia estas poblaciones; y requiriendo la intervención del Estado en políticas inclusivas que aborden estas capas.

A veces, en ciertas historias, se advierte cómo la falta de recursos, la ausencia de apoyos y de una red mínima pueden profundizar la exclusión al punto de dejar la vida en un estado de suspensión.

No descubro nada nuevo al señalar que en esta intersección entre discapacidad y vulnerabilidad económica y social, que muchas veces se piensa en abstracto, aparece la vida concreta de las personas, con desigualdades que se profundizan al punto tal de parecer irreversibles.

Cuando las condiciones materiales, sociales e institucionales fallan de manera sostenida, la ausencia de apoyos y de redes hace que establecer una nueva estabilidad se vuelve un desafío casi imposible; sin ser este movimiento necesariamente producido por una caída personal sino por el efecto de un entorno que no logra sostener.

Adentrándonos en la temática, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante CDPD) define a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; en adelante CDPD).

De acuerdo con el Modelo Social de la Discapacidad que rige actualmente, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las barreras del entorno y la condición de la persona. Es así que, no es la persona quien debe adaptarse sino que se debe poner énfasis en la necesidad de cambiar el entorno y las actitudes sociales que limitan o restringen la participación de una persona en la sociedad.

Apoyándome en la CDPD en lectura fácil encontramos que las barreras son “aquellas que no permiten que una persona con dificultades pueda hacer lo mismo que los demás porque no la ayudan”. Es decir que, si no hay barreras, las personas con discapacidad pueden participar en las sociedades sin dificultad.

Las barreras no son sólo físicas o de accesibilidad, sino también existen barreras sociales, culturales e institucionales -estigma, prejuicios, falta de información y prácticas burocráticas excluyentes-, que obstaculizan la inclusión en derechos como salud, educación, empleo, entre otros.

El estigma se relaciona con un atributo indeseablemente diferente que posee un grupo que lo lleva a ser descalificado o considerado inferior por las normas dominantes y que ello lo distancia de la mayoría social (Goffman, 1964).

En una investigación realizada en Chile se describió al estigma como un proceso que incluye etiquetas, estereotipos, separación, pérdida de estatus y discriminación. El estigma representa una barrera y es por ello que se lo asocia al término de “distancia social”, que evalúa la voluntad de interactuar con una persona con una determinada condición (Sapag, Velasco, 2020).

En sintonía, en Buenos Aires, en el marco de un proyecto de investigación UBACyT en 2020 -que tiene dentro de sus objetivos generales comprender la sociogénesis de las marginaciones sociales urbanas y promover procesos de reducción del estigma y la discriminación hacia personas en situación de calle-, se enfatizó que nos encontramos atravesando una crisis socio-sanitaria global que no hizo más que resaltar las condiciones de desigualdad estructural y las brechas de acceso y de derechos para grupos en condición de vulnerabilidad (Di Iorio et al, 2020).

Ahora bien, a la hora de ir a buscar coordenadas sobre la intersección que nos trae aquí, en el preámbulo de la CDPD encontramos que claramente se destaca “que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad” (inc. t).

En Argentina, esta relación se vuelve especialmente visible cuando analizamos los obstáculos cotidianos que enfrentan muchas personas con discapacidad: desde la falta de apoyos estatales adecuados hasta las dificultades persistentes para acceder a servicios básicos, educación, salud, vivienda, alimentación, prestaciones o empleo.

Más allá de los marcos normativos, cuando la pobreza se combina con la falta de accesos, las barreras no sólo aumentan: se vuelven casi imposibles de sortear. Y esa imposibilidad no es abstracta; se traduce en desgaste, en desánimo, en desesperación, en proyectos abandonados, en vidas en suspenso, incluso cuando existen capacidades, deseos y esfuerzos sostenidos por parte de quienes las enfrentan.

Es así que, cuando la vulnerabilidad socioeconómica y las barreras del entorno se encuentran, el margen de maniobra de una persona con discapacidad se achica.

Frente a este panorama, los avances institucionales han ido en un notorio aumento en los últimos años, sobre todo a nivel legislativo, pero resultan insuficientes si no se traducen en accesos reales que lleguen incluso a aquellos sectores donde es más difícil llegar.

Es así que la brecha entre esos derechos reconocidos y las posibilidades reales de una persona con discapacidad en un estado de vulnerabilidad socioeconómica persiste; entre otras cuestiones, por no lograr contemplar la singularidad de algunas situaciones. Cuando los recursos estatales no llegan o se vuelven insuficientes, esa distancia se profundiza, y hay una experiencia subjetiva que queda por fuera.

Ante esta problemática, es la propia CDPD (en su art. 28) la que compromete a los estados partes a: “(…)  asegurar el acceso de las personas con discapacidad (…) a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza; Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados”.

Superar estas desigualdades implica no sólo reconocer la interrelación entre discapacidad y pobreza, tal como lo señala la propia CDPD, sino también avanzar hacia modelos de inclusión que garanticen -entre otras cosas- el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Ejemplo de ello sería el efectivo cumplimiento de la Ley nacional n°25.689, que obliga al Estado Nacional Argentino a garantizar un cupo laboral mínimo del 4% de empleos para personas con discapacidad en la Administración Pública.

Para comprender los efectos concretos de esta discriminación estructural, resulta útil retomar lo referido por la Organización Mundial de la Salud al señalar que: “las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación y el empleo, y las barreras que encuentran en el propio sistema de salud” (Organización Mundial de la Salud, 2023).

Hay algo que vemos una y otra vez en la práctica: buena parte de la población con discapacidad queda por fuera de los derechos que están previstos. Y eso se vuelve todavía más crudo cuando la vida transcurre en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. No se trata sólo de falta de dinero; es la combinación de trámites inaccesibles, información que no circula, prejuicios que siguen vigentes y una presencia estatal que a veces llega tarde o directamente no logra llegar a estos sectores.

En la práctica observamos casos en los que las barreras estructurales impiden el pleno ejercicio de derechos. Por ejemplo, personas que pueden enfrentarse a la falta de apoyos adecuados y a un acceso tardío a servicios básicos, lo que limita su bienestar y autonomía. Otras, que han vivido en situación de calle y con consumo problemático de sustancias y que una vez que logran acceder a algunos de sus derechos básicos las dificultades persistentes para contar con apoyos integrales dificultan su recuperación e integración plena en la sociedad. Hay quienes también, ante condiciones laborales precarias, viviendas temporales y redes de apoyo insuficientes, encuentran que la adquisición de una discapacidad profundiza las barreras de acceso a derechos y servicios. Estos ejemplos nos muestran cómo las barreras del entorno son las que generan exclusión, y subrayan la importancia de diseñar políticas y apoyos que permitan a todas las personas ejercer plenamente sus derechos.

En estos contextos, las barreras se vuelven más rígidas, más altas, más difíciles de mover. Acceder al sistema de salud, a la educación, a una vivienda digna o a prestaciones básicas puede transformarse en un desafío casi imposible de sortear. Y ese entorno se vuelve más hostil cuando se carece de recursos económicos, de redes de contención y de apoyos estatales adecuados. Así, la situación de vulnerabilidad se profundiza y deja a muchos en un estado de indefensión.

Reconocer esta trama que une pobreza, entornos inaccesibles, barreras, falta de apoyos y estigmas es un paso necesario para abrir otros modos de intervenir en la sociedad. En definitiva, cuando el entorno se transforma y cuando los apoyos necesarios existen, las barreras pueden empezar a ceder y el acceso a derechos se vuelve una realidad posible. 

Citas

^[1] Licenciado en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Se desempeña como empleado en el Observatorio de la Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. roman.bersano@gmail.com