Por María Eva Costilla Gómez[1]

Introducción

El narcotráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual constituyen dos de las manifestaciones más complejas, violentas y persistentes del crimen organizado en Argentina y en gran parte de América Latina. Estos dos son delitos, aunque diferentes en sus dinámicas internas, llegan a compartir puntos en común: se sostienen mediante estructuras clandestinas, se expanden sobre territorios atravesados por la desigualdad y dependen de mecanismos de corrupción que permiten su continuidad.

En el caso de la trata sexual, la vulneración de derechos alcanza su expresión más extrema. Las víctimas son captadas, trasladadas y sometidas a explotación bajo mecanismos de engaño, coacción, violencia física o psicológica, aprovechamiento de la vulnerabilidad económica o afectiva, o directamente mediante secuestro. Se trata de un delito que no solo destruye la autonomía de la persona explotada, sino que también evidencia fallas estructurales del Estado para prevenir, detectar y desarticular las redes que lo sostienen. La trata, por tanto, no puede analizarse aislada del contexto social, económico y cultural que la posibilita.

El narcotráfico, en cambio por otro lado, se ha expandido en el territorio nacional a través de redes que combinan la producción, distribución y venta de sustancias ilegales, mediante dinámicas muy particulares de microtráfico y narcomenudeo en barrios vulnerables. Su presencia impacta no solo en la seguridad pública, sino también en la configuración económica de ciertas zonas, el acceso a derechos y las posibilidades de vida de sus habitantes.

Ambas problemáticas se ven profundamente atravesadas por la corrupción, que opera como engranaje indispensable para la supervivencia del crimen organizado. Sin complicidades estatales, sin pactos de silencio y sin fallas en los controles, tanto el narcotráfico como la trata enfrentarían mayores obstáculos para sostenerse. Por ello, el análisis de estos fenómenos exige pensar la relación entre crimen, Estado y territorio desde una perspectiva crítica.

En esta monografía, buscaré abordar de manera integral estas temáticas, centrando mi análisis en el contexto argentino y desde un enfoque de derechos humanos y género. Voy a tomar en cuenta y revisar nuestros antecedentes históricos, el funcionamiento de las redes, el impacto legislativo del caso Marita Verón, el rol de organismos como PROTEX y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, la dinámica económica de los delitos, la implicancia de la corrupción y las características de las políticas públicas vigentes. Mi objetivo es ofrecer una mirada completa que permita comprender cómo estas problemáticas se insertan y expanden en la realidad social, y cuáles son los desafíos actuales para su prevención, investigación y erradicación.

Microtráfico y narcomenudeo

El microtráfico o narcomenudeo refiere al comercio minorista de drogas ilícitas, generalmente a nivel de barrios o comunidades, en contraste con el tráfico a gran escala (macrotráfico) orientado a mercados internacionales. En las últimas dos décadas, Argentina y otros países de la región han experimentado un marcado crecimiento de estas redes locales de venta de drogas. Argentina de manera histórica fue y es considerada un país de tránsito de estupefacientes (especialmente cocaína) hacia mercados mayores, pero debemos admitir, que tras la crisis socioeconómica de 2001 emergieron condiciones propicias para la autonomización del narcotráfico doméstico. El aumento abrupto del desempleo y la pobreza durante los años 90 y la crisis del 2001 generó bolsones de marginación que sirvieron de caldo de cultivo para que las economías ilegales echen raíces en los barrios más vulnerables. En ese contexto surgió una nueva droga altamente adictiva y devastadora: el paco (pasta base de cocaína), cuyos bajos costos la hicieron accesible a poblaciones empobrecidas, creando un mercado local de consumo hasta entonces inexistente.

La proliferación de esta nueva sustancia, claramente evidenció que Argentina había dejado de ser solo un puente de tránsito y se había transformado también en un país consumidor e incluso productor artesanal de drogas. Las redes de microtráfico en Argentina y otros países latinoamericanos suelen caracterizarse por su arraigo territorial y estructura descentralizada. En este punto se trata de microempresas criminales que operan en villas miseria, asentamientos urbanos y otras zonas marginales, reclutando como primera mano de obra aquellos ciudadanos de bajo nivel socioeconómico. Un concepto introducido para describirlas es el de «predatory micro-networks» o redes predatorias, que mantienen un control sobre el territorio y se nutren de la exclusión social reinante en estos barrios. En muchas ciudades argentinas, estos grupos de narcomenudeo están integrados frecuentemente por clanes familiares o pandillas barriales, y utilizan a jóvenes e incluso niños en la distribución para minimizar riesgos penales, en cuanto al uso de estos, tenían un nombre para llamarlos, los “soldaditos” que eran menores de 16 años empleados para la venta minorista, aprovechando que por su edad resultan inimputables ante la ley. Es así que el narcotráfico se entrelaza con la problemática social de la niñez en riesgo, reproduciendo círculos de violencia y delincuencia juvenil. El impacto social del microtráfico es profundamente negativo, ya que por un lado, alimenta la violencia barrial y las disputas territoriales entre bandas. Ciudades como Rosario, Argentina, ejemplifican cómo el auge del narcomenudeo puede disparar los índices de homicidios y balaceras asociadas a ajustes de cuentas y control de “zonas de venta”. En Rosario, por ejemplo, la organización conocida como “Los Monos” llegó a conformar una red con empleados dentro de la política, la justicia, el sistema penitenciario y las fuerzas policiales, poniendo en evidencia el vínculo entre microtráfico y corrupción institucional. La consecuencia para la población es un estado de zozobra constante: en barrios dominados por narcos en donde se instala la ley del más fuerte, aumentan los delitos violentos y muchos habitantes quedan rehenes del fuego cruzado entre facciones rivales.

El narcomenudeo multiplica la disponibilidad de drogas baratas (paco, marihuana de baja calidad, drogas sintéticas caseras) en las calles, exacerbando problemas de adicción, salud pública y desintegración familiar en comunidades ya de por sí vulnerables. Estudios observan que en ciertos barrios pobres la figura del “narco” llega a ser vista por algunos jóvenes como modelo aspiracional, asociado a poder y estatus rápido, en ausencia de otras oportunidades económicas. Esto refuerza una subcultura delictiva donde la pertenencia a la banda brinda identidad y sustento material, profundizando la exclusión social. Ahora bien, el microtráfico también evolucionó bajo dinámicas particulares de Argentina. Tras la crisis de 2001, la evidencia sugiere que nuevas redes de traficantes locales lograron establecer pactos estables con políticos y fuerzas policiales, reduciendo la violencia a cambio de cierto aval estatal a sus actividades criminales. En otras palabras, en el país surgió un equilibrio corrupto: las autoridades toleraban (o participaban en) la venta minorista de drogas a cambio de sobornos o acuerdos, lo que redujo enfrentamientos abiertos en tanto cada organización mantenía su feudo protegido. Esta suerte de “paz narca” comprada tuvo el efecto de contener la violencia en algunos lugares pero al costo de la institucionalización del narcotráfico en el tejido local. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vivió procesos de desfederalización del combate al narcomenudeo que, combinados con la corrupción policial endémica, derivaron en la confabulación de ciertas comisarías con “transas” (dealers) barriales. Este fenómeno ha sido documentado en causas judiciales y análisis académicos que señalan, cuando algún actor (un fiscal, un comisario o un político) rompe esos pactos de protección, la violencia puede incrementarse súbitamente en forma de venganzas y luchas por control perdido.

Podemos decir, en síntesis, que el microtráfico en Argentina muestra un doble rostro: hacia la comunidad, en el cual genera deterioro social, violencia y adicción; hacia las instituciones, fomenta la corrupción y la erosión del Estado de Derecho a nivel local. En un plano regional, se dan tendencias similares que se pueden observar en países vecinos, por ejemplo en Brasil, la comunidad se enfrenta hace décadas con un poder fraccionado y sobre todo manejado desde las favelas (Comando Vermelho, Primer Comando da Capital, entre otros) que se estructuran casi como ejércitos paralelos en algunos barrios. En Paraguay y Bolivia, si bien la producción (de marihuana y coca, respectivamente) suele destinarse a exportación, también ha surgido un mercado interno y redes pequeñas de tráfico local. En muchos casos, el microtráfico está ligado a otras economías ilegales: contrabando de armas, mercados negros de mercancías y hasta trata de personas, conformando un entramado criminal complejo a escala barrial. La respuesta estatal a este nivel del narcotráfico ha sido heterogénea.

En conclusión, el narcomenudeo representa la base capilar del narcotráfico, la instancia donde la droga y la violencia tocan directamente la vida cotidiana de miles de comunidades en Argentina y América Latina. Su crecimiento en las últimas décadas, alimentado por crisis económicas, exclusión social y corrupción, ha dejado un legado difícil: barrios enteros profundamente afectados por la delincuencia, generaciones jóvenes expuestas a la lógica narco y Estados locales infiltrados por redes criminales.

Trata de personas con fines de explotación sexual

Cuando hablamos o tocamos este tema, podemos tomar como un aspecto central en el análisis el fin de la explotación sexual y como el modo fines en que se construye socialmente la figura de la víctima. Durante años, el discurso público tendió a responsabilizar a las propias mujeres explotadas, asociándolas a la “vida fácil” o a decisiones individuales, invisibilizando la violencia, el engaño y la desigualdad estructural que las empujan a esas situaciones. La perspectiva de género y de derechos humanos obliga a desarmar ese sentido común culpabilizante y reconocer que la trata se apoya en un entramado de desigualdades previas: pobreza, falta de acceso a la educación, violencia de género, discriminación territorial, entre otras.

De este modo, la víctima no puede ser analizada de forma aislada, sino en relación con el contexto que la vuelve captable por las redes de explotación. En muchas historias de vida relevadas por organismos estatales y organizaciones sociales, aparecen trayectorias marcadas por abandono escolar, violencia intrafamiliar, experiencias previas de abuso sexual, trabajos precarios e informalidad, lo que refuerza la idea de que la trata no surge de la nada, sino que se inscribe en una secuencia de vulneraciones previas.

Debemos destacar la importancia también que la trata con fines de explotación sexual se sustenta en la existencia de una demanda estable de prostitución en contexto de violencia y desigualdad. Sin compradores que sostengan el mercado de servicios sexuales en condiciones de explotación, las redes no tendrían el mismo margen de ganancia. En este punto, muchos debates actuales discuten la responsabilidad social de los llamados “clientes”, y señalan que es necesario avanzar en estrategias de sensibilización que interpelen a los varones que consumen prostitución, mostrando que, detrás de lo que parece un “servicio”, puede haber una mujer secuestrada, endeudada, amenazada o engañada.

Desde el punto de vista preventivo, la política pública no puede limitarse a esperar la denuncia y luego rescatar, sino que debe anticiparse. Esto implica trabajar en escuelas, centros comunitarios, organizaciones barriales y ámbitos de salud con materiales claros sobre cómo operan las redes, qué señales de alerta observar y a dónde acudir. Las campañas de prevención resultan más efectivas cuando se adaptan al lenguaje y a la realidad local (por ejemplo, mencionando los tipos de engaños más frecuentes en cada región) y cuando se articulan con referentes comunitarios en quienes las personas confían.

Por último, la reparación hacia quienes fueron víctimas no termina en el simple rescate. Para que una persona pueda realmente salir de una situación de trata, necesita tiempo, acompañamiento continuo y la posibilidad de acceder a educación, vivienda, trabajo y redes que la sostengan. Cuando el Estado interviene, pero luego desaparece, la víctima queda vulnerable otra vez: puede caer en nuevas formas de violencia, depender económicamente de otros o incluso volver a ser captada por las mismas redes. Por eso es clave que existan programas amplios que articulen apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, ayuda económica y espacios de formación, de modo que la persona pueda reconstruir su vida con autonomía y estabilidad.

Caso Marita Verón y la intervención de PROTEX

María de los Ángeles “Marita” Verón, una joven tucumana de 23 años, fue secuestrada el 3 de abril de 2002 cuando se dirigía a una consulta médica. Con el paso del tiempo, su desaparición se convirtió en un caso emblemático que puso en evidencia la existencia y el funcionamiento real de redes de trata que operaban entre Tucumán, La Rioja, Catamarca y otras provincias del país.

Las investigaciones lograron reconstruir parte del recorrido que sufrió Marita y mostraron elementos que hasta entonces eran poco visibilizados:

• Fue captada mediante engaños y violencia.
• La trasladaron a la provincia de La Rioja, donde la obligaron a prostituirse en prostíbulos clandestinos.
• Existió complicidad policial y protección estatal hacia algunos establecimientos de explotación.
• La estructura delictiva tenía conexiones económicas y políticas que permitían su continuidad.

Este caso permitió ver con claridad cómo funcionaban estas redes: articulación interprovincial, protección de ciertos sectores locales y un sistema organizado para captar, trasladar y explotar a mujeres jóvenes.

El rol de PROTEX (antes UFASE)

Cuando Marita fue secuestrada, la PROTEX aún no existía. La Unidad Fiscal que actuaba en ese momento era la UFASE, de la cual PROTEX se desprendería más adelante.

Hoy, PROTEX considera el caso Verón como un antecedente clave que demuestra:

• La ausencia de controles estatales efectivos.
• La connivencia policial existente en los primeros años 2000.
• La debilidad de los mecanismos de rescate de la época.
• La necesidad de contar con fiscalías especializadas exclusivamente en trata de personas.

Funciones actuales de PROTEX vinculadas al caso

Aunque la desaparición de Marita ocurrió años antes de su creación formal, PROTEX trabaja hoy sobre problemáticas que ese caso dejó expuestas:

• Investiga redes de trata desde un enfoque federal y coordinado.
• Participa en operativos de rescate y acompaña a víctimas en su asistencia integral.
• Produce estadísticas oficiales para detectar patrones, modos de captación y rutas de traslado.
• Brinda apoyo a fiscalías provinciales en zonas donde operan redes similares a las que explotaron a Marita.

La magnitud del caso Verón contribuyó ampliamente a justificar la necesidad de fortalecer esta unidad fiscal especializada.

Impacto legislativo impulsado por el caso

La desaparición de Marita y la incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, provocaron una reacción social y política inédita que impulsó cambios legislativos fundamentales:

Ley 26.364 (2008)

Primera norma integral para prevenir y sancionar la trata de personas. Incluyó:

• un marco de protección a las víctimas,
• mayor precisión en la tipificación del delito,
• y responsabilidad estatal en la asistencia.

Ley 26.842 (2012) – una reforma decisiva

Esta reforma profundizó cambios estructurales:

• Eliminó el “consentimiento” de la víctima como excusa para los tratantes.
• Endureció las penas.
• Amplió programas de rescate, asistencia y acompañamiento.
• Reforzó los mecanismos estatales de reinserción social.
• Legalizó y consolidó definitivamente la creación de PROTEX.

El caso Marita Verón no solo expuso el funcionamiento de las redes de trata, sino que marcó un antes y un después en la política criminal argentina, en la creación de organismos especializados y en la reforma de la legislación vigente. Si querés, también puedo redactarlo en tono más formal, más narrativo o más académico.

Mujeres en el narcotráfico

Analizar el narcotráfico desde una mirada de género permite advertir que muchas mujeres quedan atrapadas en una “doble vulneración”: enfrentan la violencia inherente a las economías ilegales y, al mismo tiempo, siguen condicionadas por mandatos tradicionales de cuidado y subordinación. En numerosos casos, quienes se involucran en el narcomenudeo son mujeres que sostienen sus hogares sin un trabajo formal, con hijos a cargo, y que recurren a la venta de pequeñas cantidades de droga como una vía rápida para obtener ingresos, aun cuando ello implique exponerse a sanciones penales severas.

A esto se suma que el sistema penal suele enfocarse en los eslabones más frágiles de la cadena, lo que hace que muchas detenidas sean justamente las mujeres ubicadas en la base del negocio, mientras que los responsables de la organización y el financiamiento logran mantenerse ocultos. El resultado es un efecto contradictorio: se castiga a quienes menos poder tienen dentro de la estructura sin afectar realmente el funcionamiento global del tráfico de drogas.

Frente a este panorama, diversas miradas plantean la necesidad de incorporar criterios de justicia restaurativa y un enfoque de género en las respuestas penales hacia mujeres involucradas en delitos menores vinculados a drogas. No se trata de excusar la comisión del delito, sino de reconocer que su participación suele estar atravesada por la necesidad económica, la falta de alternativas, situaciones de violencia previa o dinámicas de coacción. En estos casos, las políticas públicas deberían priorizar estrategias que permitan salir del circuito delictivo, acceder a formación laboral, contar con apoyos para el cuidado de hijos e integrarse socialmente, en lugar de recurrir a respuestas exclusivamente punitivas que terminan profundizando la exclusión.

De manera complementaria, es fundamental visibilizar a aquellas mujeres que intentan romper con el silencio y colaborar con la justicia, aun poniendo en riesgo su seguridad. Para que estas acciones no resulten en nuevas formas de vulnerabilidad extrema, es indispensable fortalecer los sistemas de protección de testigos y garantizar acompañamiento integral durante todo el proceso.

Ejemplos de mujeres narco en Argentina

• “La Tata” Escobar – Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Marta “La Tata” Escobar fue conocida en la zona sur de Buenos Aires por manejar por su cuenta un búnker de venta de drogas. No pertenecía a grandes bandas, pero aun así organizaba la distribución, trataba directamente con quienes le proveían la mercadería y controlaba su propio espacio. Su caso llamó la atención porque mostró que, aun en un ambiente dominado por hombres, algunas mujeres pueden ocupar roles de manejo y coordinación dentro del narcomenudeo barrial.

• Mujeres del clan “Los Monos” – Rosario

Aunque los líderes históricos del clan Los Monos fueron varones, varias mujeres cumplieron tareas muy importantes en la parte económica y organizativa. Algunas administraban bienes, movían dinero o participaban en maniobras de lavado que mantenían en pie a la estructura familiar. Estas participaciones muestran que dentro del narcotráfico existen funciones clave —más ligadas a la gestión que a la violencia— que suelen quedar invisibilizadas.

• “La Curandera” – Córdoba:

En Córdoba se conoció a una mujer apodada “La Curandera”, que utilizaba su lugar de referente espiritual y vecinal para encubrir la venta de drogas. Su caso es ilustrativo porque demuestra cómo las redes ilegales se apoyan en figuras que ya cuentan con confianza dentro de los barrios, lo que facilita el movimiento de la droga y evita que las fuerzas de seguridad sospechen.

• Mujeres reclutadas como “mulas” en el NOA

En provincias del norte como Jujuy, Salta y Tucumán, se registraron muchos casos de mujeres que eran contratadas para trasladar cocaína desde Bolivia. La mayoría eran madres solas y en situaciones económicas muy precarias, que aceptaban el “viaje” a cambio de montos pequeños. Esta forma de participación refleja claramente la desigualdad: las mujeres quedan en el tramo más riesgoso, expuesto y fácilmente reemplazable de toda la cadena del narcotráfico.

Corrupción y crimen organizado

Cuando se analiza el vínculo entre corrupción y crimen organizado desde una perspectiva más profunda, queda claro que no hablamos simplemente de “casos aislados”. En muchos contextos, estas prácticas terminan instalándose dentro de las propias instituciones y moldeando su manera de funcionar. Cuando la corrupción se normaliza, la línea entre lo permitido y lo prohibido empieza a desdibujarse, y se crea un clima en el que el soborno, los favores y el acomodo dejan de verse como excepciones y pasan a formar parte de la rutina.

Esto afecta directamente cualquier intento serio de enfrentar el narcotráfico y la trata de personas. Los mecanismos que deberían servir para controlar y sancionar a las redes delictivas pueden convertirse, en la práctica, en herramientas para negociar ventajas, encubrir actividades ilegales o perseguir solo a determinados actores mientras otros quedan protegidos. Así, la corrupción no solo facilita la supervivencia del crimen organizado: lo fortalece, porque le permite influir en decisiones estatales y garantizarse impunidad.

Por eso, combatir la corrupción exige políticas constantes y bien diseñadas: mayor transparencia en las contrataciones públicas, controles patrimoniales estrictos, rotación periódica de funcionarios en puestos sensibles, organismos de control sólidos, resguardo real para quienes denuncian, sanciones firmes a los involucrados y un rol activo tanto de la sociedad civil como de los medios. Sin estos elementos, cualquier avance contra el delito queda debilitado por acuerdos informales entre actores estatales y organizaciones criminales.

En el fondo, enfrentar la corrupción también es defender la democracia. Implica decidir si las reglas van a aplicarse para todos por igual o si las redes criminales seguirán comprando voluntades y torciendo el funcionamiento de las instituciones.

Políticas públicas y marcos legales

En Argentina, uno de los desafíos más importantes en materia de políticas públicas es lograr una coordinación real y sostenida entre los distintos niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Muchas veces, las estrategias diseñadas a nivel central no logran traducirse en acciones concretas en el territorio, o se superponen programas sin articulación clara, lo que genera dispersión de recursos y esfuerzos. La existencia de comités, programas y planes nacionales es un paso clave, pero su efectividad depende de la capacidad de trabajar en red con las jurisdicciones locales y con las organizaciones sociales que conocen de cerca la problemática.

Otro punto importante y clave, será el que tiene que ver con la producción de información confiable. Sin datos actualizados sobre decomisos, estructuras desarticuladas, perfiles de víctimas, zonas más afectadas, modalidades de captación o rutas de circulación, es muy difícil diseñar políticas focalizadas. En este sentido, la labor de fiscalías especializadas y oficinas de estadística criminal resulta fundamental para evitar diagnósticos basados solo en percepciones o en casos mediáticos.

En los últimos años comenzó a tomar más peso la idea de que la política criminal no puede funcionar sola, sino que tiene que articularse con políticas sociales y de salud pública. En el caso del narcotráfico, esto supone ir más allá de la persecución penal y sumar acciones que apunten a prevenir el consumo problemático, garantizar tratamientos accesibles y trabajar con enfoques de reducción de daños. En el ámbito de la trata de personas, implica intervenir sobre las condiciones que permiten que tantas personas sean captadas: la falta de trabajo formal, la desigualdad salarial entre varones y mujeres, el acceso limitado a la educación, situaciones de violencia en el hogar, la marginalidad y la vulnerabilidad económica, entre otras.

Además, es fundamental que las políticas públicas no se queden en la letra de la ley o en el anuncio inicial. Requieren evaluaciones periódicas que permitan ver qué está funcionando, qué no y por qué. Cuando estas revisiones se hacen con transparencia y con la participación de organizaciones sociales, especialistas y universidades, se vuelve posible corregir estrategias, incorporar mejoras y evitar que todo quede en meras declaraciones sin impacto real.

Conclusión

En conclusión, el problema no pasa solo por “ganar una guerra” con medidas represivas, sino por transformar las condiciones sociales, institucionales y culturales que permiten que estas economías ilegales prosperen. Esto requiere reforzar la presencia del Estado en los barrios más vulnerables, abrir verdaderas oportunidades de estudio y trabajo, construir instituciones resistentes a la corrupción y promover una cultura que respete los derechos humanos y la igualdad de género. Solo con ese conjunto de acciones es posible que las leyes y los esfuerzos judiciales se conviertan en mejoras concretas y duraderas para quienes viven más de cerca las consecuencias del narcotráfico y la trata.

Referencias

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Dirección de Comités contra la Trata (2019). Trata y explotación de personas en Argentina: conceptos y herramientas (Módulos 1, 2 y 3). Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación.

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Transparencia Internacional (2016). Índice de Percepción de la Corrupción 2016: Argentina. Disponible en TI Database.

Citas

[1] Costilla Gómez, María Eva Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA). Miembro coordinador del Taller de Litigación Penal de la UNSTA, Sede CUC. Cuenta con formación en “Violencia de género y delitos relación” (Grupo Pofessional) y participó en representación de la UNSTA en la competencia Nacional Universitaria de Litigación Penal (CNULP 2024), organizada por INECIP.