Por Olga Estela Gay de Castellanos[1]

Resumen

La relación entre la prensa y la justicia constituye una de las tensiones más reveladoras de toda democracia, pues enfrenta dos lógicas necesarias pero distintas: la inmediatez y la repercusión pública, por un lado, y la prueba, el debido proceso y la deliberación serena, por el otro. El trabajo analiza el poder de la prensa en la formación de la opinión pública, el modo en que esa influencia puede incidir de manera nociva en las decisiones judiciales —en particular a través del llamado juicio paralelo— y las herramientas institucionales, procesales y comunicacionales que permiten preservar la imparcialidad sin lesionar la libertad de expresión.

Palabras clave

 Libertad de prensa — independencia judicial — juicio paralelo — presunción de inocencia — juez imparcial — debido proceso.

I. Introducción

La relación entre la prensa y la justicia es una de las tensiones más reveladoras de toda democracia. Ambas instituciones son indispensables y, sin embargo, sus lógicas son profundamente distintas: la prensa trabaja con la inmediatez, la repercusión y la opinión pública; la justicia, en cambio, debe regirse por la prueba, el debido proceso y la deliberación serena, ajena a la presión del momento. Cuando esa tensión se desequilibra, la libertad de informar puede transformarse, sin proponérselo o buscándolo deliberadamente, en una herramienta de presión sobre quienes deben juzgar.

Este trabajo aborda el poder de la prensa ante la sociedad, el modo en que esa influencia puede incidir —a veces de manera nociva— en las decisiones judiciales, y las estrategias institucionales y procesales para contrarrestarla sin lesionar la libertad de expresión.

II. El poder de la prensa ante la sociedad

La prensa cumple una función esencial: informa, fiscaliza el poder y forma opinión. En las democracias modernas se la ha llamado, no sin razón, el “cuarto poder”, porque su capacidad de instalar temas, jerarquizar hechos y construir consensos es enorme.[2] Esa capacidad no es neutra: lo que los medios deciden mostrar, repetir o silenciar moldea la percepción colectiva de la realidad.

El periodismo serio cumple un rol democrático insustituible. El problema no es la existencia de ese poder, sino su uso cuando se orienta a condicionar un resultado judicial antes de que el proceso concluya. La cobertura intensa de un caso puede generar un clima social que anticipa un veredicto, sustituyendo la presunción de inocencia por una condena anticipada en la opinión pública: lo que suele denominarse “juicio paralelo” o “juicio mediático”.[3]

El juicio paralelo se produce cuando, a través de los medios, se forma un veredicto social sobre un caso pendiente, presionando a quienes deben resolverlo conforme a derecho y no conforme al clamor público.

III. De la influencia legítima a la presión nociva

Informar sobre un proceso judicial de interés público es legítimo y deseable. La frontera se cruza cuando la cobertura deja de describir y pasa a juzgar: cuando se presume la culpabilidad, se difunden pruebas no incorporadas al expediente, se exponen datos de la vida privada de las partes o se reclama abiertamente un resultado. En ese punto, la libertad de prensa colisiona con derechos fundamentales del proceso.[4]

III.1. Efectos concretos sobre la decisión judicial

La presión mediática puede incidir de múltiples maneras. Puede afectar la imparcialidad subjetiva de jueces que, conscientes del costo reputacional de un fallo “impopular”, tiendan a alinearse con la expectativa pública. Puede contaminar la prueba, especialmente la testimonial, cuando los testigos quedan expuestos a una narrativa dominante antes de declarar. Y puede vulnerar la presunción de inocencia, el derecho al honor y el derecho a un juez imparcial de quien resulta señalado de antemano.[5]

III.2. El litigante que recurre a los medios como estrategia

Conscientes de esa influencia, las partes que se sienten en desventaja —o cuyo derecho es, al menos, discutible en sede judicial— acuden a los medios como vía para inclinar la balanza. La estrategia consiste en trasladar el conflicto del expediente a la opinión pública, construyendo allí la victoria que el derecho no garantiza. Se busca presentar el caso bajo una narrativa emotiva, generar adhesión social y, con ella, presionar al tribunal.

Hoy ese fenómeno no tiene los límites de antaño. A los medios tradicionales se han sumado los diarios digitales, los portales y, sobre todo, las redes sociales, donde cualquier persona amplifica mensajes, las campañas se viralizan en horas y la presión se vuelve permanente, descentralizada y difícil de rebatir. La conversación pública sobre un caso ya no se desarrolla en unos pocos medios identificables, sino en un ecosistema disperso y de alcance masivo que opera las veinticuatro horas.

Cuando el derecho es débil en el expediente, la tentación es buscarlo fuerte en la pantalla. Pero la sentencia que cede al clamor deja de ser justicia para convertirse en plebiscito.

IV. La independencia judicial como bien a proteger

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos: el derecho a ser juzgados conforme a la ley y a la prueba, no conforme a la presión del momento. Un juez que falla mirando el termómetro mediático abdica de su función. Por eso el sistema debe contar con resguardos que permitan a quien juzga sostener su criterio aun frente a una opinión pública adversa.

Conviene distinguir, además, entre el escrutinio público legítimo —que controla y mejora a la justicia— y la presión indebida que busca dictar el resultado. Lo primero fortalece a la democracia; lo segundo la erosiona. La libertad de expresión, en su doble dimensión individual y social, es un pilar del sistema democrático y el periodismo su manifestación primaria; de ahí que el objetivo no sea limitarla, sino impedir que se desnaturalice en instrumento de presión sobre el proceso.[6]

V. El problema en el derecho comparado

La tensión entre prensa y justicia no es exclusiva de un sistema jurídico: las democracias han ensayado respuestas diversas, que van desde una fuerte protección de la libertad de expresión hasta mecanismos enérgicos de tutela del proceso. Repasar esas experiencias permite advertir que no existe una solución única, sino un abanico de equilibrios posibles.

En los Estados Unidos, donde la Primera Enmienda otorga a la libertad de prensa una protección particularmente robusta, el precedente fundacional es “Sheppard v. Maxwell” (1966). La Corte Suprema anuló una condena por homicidio al constatar que la cobertura mediática había convertido el juicio en un espectáculo que comprometió la imparcialidad del jurado, y precisó que el juez dispone de herramientas para neutralizar esa presión: el cambio de sede del juicio, el aislamiento del jurado y la postergación del proceso. Diez años más tarde, en “Nebraska Press Association v. Stuart” (1976), el mismo tribunal limitó severamente las órdenes de silencio previo dirigidas a la prensa, por considerarlas presuntivamente incompatibles con la Primera Enmienda. El modelo estadounidense, así, prefiere actuar sobre el proceso antes que sobre la prensa.[7]

El Reino Unido representa el polo opuesto. La Contempt of Court Act de 1981 sanciona las publicaciones que generen un riesgo sustancial de perjudicar gravemente un proceso pendiente, conforme a la llamada regla “sub judice”. Se trata de un sistema mucho más restrictivo de la cobertura mediática mientras la causa está en trámite, que prioriza la integridad del juicio sobre la inmediatez informativa.[8]

En el ámbito europeo, además de la Directiva (UE) 2016/343 que refuerza la presunción de inocencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha delineado los criterios para conciliar la libertad de prensa con la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. En “Worm c. Austria” (1997) admitió que ciertas publicaciones aptas para influir en el resultado de un proceso pueden ser legítimamente sancionadas, y en “Bédat c. Suiza” (Gran Sala, 2016) sistematizó los factores a ponderar ante la difusión de información amparada por el secreto de la instrucción: el modo de obtención de los datos, el contenido del artículo, su contribución al debate de interés público, la influencia sobre el proceso y la afectación de la vida privada del imputado.[9]

España ofrece uno de los desarrollos más elaborados del concepto. Su Tribunal Constitucional ha precisado que la protección frente a los juicios paralelos no se funda únicamente en el prestigio de los tribunales, sino, sobre todo, en la necesidad de preservar la imparcialidad —y la apariencia de imparcialidad— de quienes juzgan, pues la difusión de estados de opinión sobre el proceso y su resultado puede incidir en la decisión judicial. Lo más relevante de esa doctrina es que, en tales supuestos, el derecho a un proceso con todas las garantías puede resultar lesionado sin necesidad de demostrar un efecto concreto sobre el fallo: basta la probabilidad fundada de que la influencia haya operado. Se trata de un estándar particularmente protector del proceso, que conecta de modo directo con la jurisprudencia europea.[10]

La experiencia comparada confirma, en suma, que el objetivo no es elegir entre la libertad de prensa y la independencia judicial, sino diseñar resguardos proporcionados que protejan el proceso sin asfixiar el debate público.

V.1. El desafío digital: redes sociales y proceso judicial

El derecho comparado más reciente enfrenta un problema que los precedentes clásicos no conocieron: la viralización. Las herramientas pensadas para un universo de medios identificables —la orden de silencio, la regla “sub judice”, el aislamiento del jurado— resultan insuficientes frente a un ecosistema digital descentralizado, instantáneo y de alcance global. Los sistemas de jurado han debido reformular sus instrucciones para advertir expresamente a los jurados que no busquen información del caso en internet ni en redes sociales, y los regímenes sancionatorios afrontan la dificultad de identificar y responsabilizar a una multitud de usuarios que amplifican un mensaje en cuestión de horas. El problema, antes acotado a unos pocos actores, se ha vuelto difuso y permanente, lo que obliga a repensar las garantías procesales en clave digital.

VI. Cómo contrarrestar la presión mediática y preservar la imparcialidad

No se trata de censurar a la prensa ni de blindar a los jueces de toda crítica, sino de equilibrar la libertad de información con las garantías del proceso. Existen herramientas institucionales, procesales y comunicacionales que permiten lograrlo.

VI.1. Resguardos procesales e institucionales

La principal defensa es una motivación rigurosa de las sentencias: una resolución sólidamente fundada en la prueba y el derecho es la mejor respuesta a la presión, porque exhibe las razones del fallo y resiste el cuestionamiento simplista. A ello se suman mecanismos como la reserva de actuaciones cuando la ley lo permite, la protección de testigos, la separación entre la instrucción y el juicio, y un régimen de recusación y excusación que asegure la imparcialidad cuando el clima del caso la comprometa.

En el ámbito institucional, los poderes judiciales han desarrollado oficinas de comunicación y voceros que informan con criterios técnicos, corrigen versiones erróneas y explican el sentido de las decisiones en lenguaje accesible. Comunicar bien no es ceder a la prensa: es disputar el sentido de la información con datos verificables.

VI.2. Equilibrio con la libertad de expresión

Toda restricción a la prensa debe ser excepcional, proporcionada y fundada, porque la libertad de expresión es también un pilar del Estado de derecho.[11] La respuesta preferible no es prohibir, sino fortalecer la justicia desde adentro: jueces capacitados, procesos transparentes y fallos bien argumentados. La autorregulación periodística —códigos de ética que distingan entre informar y prejuzgar— y la educación cívica sobre el funcionamiento del proceso completan el cuadro.

VI.3. El rol del propio litigante y de los abogados

Frente a la parte que litiga en los medios, la respuesta no debería ser imitarla en una escalada de presión, sino reconducir el conflicto a su cauce natural: el expediente. Ello incluye dejar constancia procesal de las campañas que afecten la imparcialidad, solicitar las medidas que correspondan y confiar en que la solidez jurídica, no la repercusión, sea la que defina el resultado.

VII. Conclusión

La prensa y la justicia están condenadas a convivir, y esa convivencia es saludable mientras cada una respete la lógica de la otra. El periodismo debe poder informar y controlar; la justicia debe poder juzgar sin presiones. El riesgo aparece cuando el poder mediático —hoy potenciado por las redes y los medios digitales, sin los límites de otras épocas— se convierte en instrumento para forzar decisiones, especialmente a instancias de quien tiene un derecho débil y busca compensarlo con repercusión pública.

Preservar la independencia judicial frente a esa influencia no exige silenciar a la prensa, sino fortalecer a la justicia: sentencias fundadas, procesos transparentes, comunicación responsable y una ciudadanía que comprenda que la justicia no se decide por aplausos ni por hashtags, sino por la prueba y el derecho. Solo así la libertad de informar y la garantía de ser juzgado con imparcialidad podrán coexistir sin que una devore a la otra.

[1]Abogada (Universidad Nacional de Córdoba), Magister en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral), Especialista en Derecho Penal (Universidad Nacional de Rosario), Juez de Cámara de Apelaciones y Control de Santiago del Estero

[2]La caracterización de la prensa como “cuarto poder” alude a su capacidad de fiscalizar a los poderes públicos y de incidir en la formación de la opinión pública, sin que ello suponga, claro está, una potestad estatal en sentido constitucional.

[3]Sobre la noción de “juicio paralelo” o “proceso paralelo”, la doctrina lo ha caracterizado como el paradigma del inadecuado ejercicio de las libertades informativas sobre un proceso judicial, por su aptitud para afectar simultáneamente diversos derechos fundamentales y, en último término, el derecho a un proceso justo e imparcial (cfr. J. M. Orenes Ruiz, Libertad de información y proceso penal. Los límites, 2008). En la jurisprudencia comparada, el Tribunal Supremo español, en sentencia del 9 de febrero de 2004, advirtió sobre los reportajes que, a modo de juicio paralelo, emiten juicios de valor sobre la culpabilidad y atacan el principio de presunción de inocencia, predisponiendo a la opinión pública contra la persona señalada.

[4]La tensión entre la cobertura mediática y la presunción de inocencia motivó, en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio en los procesos penales.

[5]El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial integra las garantías del debido proceso reconocidas en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en el orden interno, deriva de los arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. La Corte Interamericana, en “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (sentencia del 2 de julio de 2004), reconoció la imparcialidad del juzgador como garantía fundamental del debido proceso.

[6]La Corte Interamericana ha sostenido que la libertad de expresión presenta una doble dimensión —individual y social— y que los medios de comunicación cumplen un rol esencial como vehículos de su dimensión social en una sociedad democrática, siendo el periodismo su manifestación primaria y principal (cfr. Corte IDH, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 2004, y “La Última Tentación de Cristo — Olmedo Bustos y otros vs. Chile”, 2001).

[7]Corte Suprema de los Estados Unidos, “Sheppard v. Maxwell”, 384 U.S. 333 (1966). La Corte revocó, por ocho votos contra uno, una condena por homicidio al considerar que la publicidad perjudicial había privado al acusado de un juicio justo, y señaló que el juez debió adoptar medidas tales como el cambio de sede del juicio, el aislamiento del jurado o la postergación del proceso. Véase asimismo “Nebraska Press Association v. Stuart”, 427 U.S. 539 (1976), donde la Corte declaró que las restricciones previas (“gag orders”) sobre la prensa son presuntivamente inconstitucionales a la luz de la Primera Enmienda y solo admisibles cuando no exista un medio menos restrictivo de asegurar la imparcialidad del jurado.

[8]Contempt of Court Act 1981 (Reino Unido), secciones 1 y 2. La “strict liability rule” alcanza a las publicaciones que generan un riesgo sustancial de que el curso de la justicia en un proceso resulte gravemente impedido o perjudicado, con independencia de la intención, y solo respecto de procesos que se encuentren “activos” al momento de la publicación (regla “sub judice”).

[9]TEDH, “Worm c. Austria”, sentencia del 29 de agosto de 1997, donde el Tribunal admitió (sin hallar violación del art. 10) que la condena de un periodista por una publicación apta para influir en el resultado de un proceso penal perseguía el fin legítimo de preservar la autoridad e imparcialidad del poder judicial. En “Bédat c. Suiza” [Gran Sala], n.º 56925/08, sentencia del 29 de marzo de 2016, el Tribunal sistematizó los factores a ponderar ante la difusión de información amparada por el secreto de la instrucción: el modo de obtención de la información, el contenido del artículo, su contribución a un debate de interés público, la influencia sobre el proceso penal y la afectación de la vida privada del imputado.

[10]El Tribunal Constitucional español, en la STC 136/1999, de 20 de julio (FJ 8), doctrina reiterada en la STC 64/2001, de 17 de marzo, fundó la protección frente a los juicios paralelos en que estos pueden menoscabar no solo el prestigio de los tribunales, sino especialmente la imparcialidad —o la apariencia de imparcialidad— de quienes juzgan, en la medida en que la difusión de estados de opinión sobre el proceso y el fallo puede influir en la decisión judicial. El Tribunal precisó que, en tales casos, el derecho a un proceso con todas las garantías puede resultar lesionado sin necesidad de acreditar un efecto concreto sobre la resolución, pues basta la probabilidad fundada de que esa influencia haya tenido lugar, criterio que vinculó expresamente con la doctrina del TEDH en “Worm c. Austria”.

[11]La Corte Interamericana ha precisado que toda restricción a la libertad de expresión debe responder a una necesidad imperiosa, perseguir un fin legítimo y resultar proporcionada, debiendo escogerse, entre varias opciones, la que restrinja en menor medida el derecho protegido (doctrina reiterada a partir de “Herrera Ulloa”, entre otros).