Por Javier Alejandro Crea[1]

 

“A todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre. A todo, menos a la libertad”

Jean-Paul Sartre

 

RESÚMEN: Un recorrido a través de los acontecimientos históricos que llevaron a edificar sociedades sobre regímenes autoritarios o bien sobre débiles democracias, resulta revelador en cuanto a los resultados negativos obtenidos y la necesidad de consolidar las herramientas institucionales efectivas de cara al futuro y a los retos que como humanidad debemos afrontar

PALABRAS CLAVE: Democracia, dictaduras, autoritarismo, instituciones, derechos humanos, conflictos, fragilidades democráticas, autocracia

 

1. INTRODUCCIÓN

Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas junto a diversas organizaciones internacionales, promovieron la concepción de derechos humanos y las naciones democráticas, en diversas medidas, apoyaron esa nueva concepción mediante sus organismos de gobierno y sus políticas públicas internas, mientras en el contexto global se iba construyendo un sistema internacional opuesto a los totalitarismos.

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 marcó el comienzo de una nueva etapa en la que aquellos países considerados en transición debieron, tal vez más por obligación que por convencimiento, adoptar públicamente ideales democráticos con base en los derechos fundamentales que se promovían, para así obtener cierto grado de aceptación por parte de la comunidad internacional. Se organizaron en ellos elecciones, al menos en apariencia, mínimamente creíbles para así mantener el apoyo económico o militar externo del que dependían.

Pese a ello, con el paso del tiempo, y particularmente desde los inicios del siglo XXI, aquellos que antes se oponían a los sistemas democráticos de manera solapada, comenzaron a trabajar ya mucho más abiertamente con el claro objeto de, desalentar primero y de reducir después, el sistema internacional, el orden que ponía frenos a sus ambiciones. Transcurrido casi un cuarto de siglo los resultados son evidentes y los líderes de los más grandes referentes del autoritarismo internacional han procurado y conseguido al menos parcialmente, poner en duda la idea de que la democracia es el camino correcto hacia el desarrollo de las sociedades.

Si quisiéramos delimitar temporalmente y analizar la etapa histórica en que vivimos, podríamos hacerlo diciendo que el mundo de hoy posee severos problemas, transversales y profundos, encontrándose signado por numerosas democracias frágiles y considerablemente debilitadas, convertidas en determinados casos, en autocracias que pese a haber nacido mediante el voto popular, han ido virando hacia regímenes autoritarios, enquistados en el poder y por supuesto en el tiempo, con las graves consecuencias que la violencia electoral y la falta de alternancia gubernamental provocan, concluyendo ello en graves deterioros de las instituciones republicanas, tornándose cada vez menos marcada la separación de poderes y desde ese contexto cada vez más arbitrarias las decisiones.

Ya no resulta sorprendente recibir noticias relativas a la persecución y encarcelamiento de opositores y posibles candidatos políticos, denuncias de fraudes invisibles, descalificaciones y ataques a Cortes de Justicia y tribunales electorales, violentándose así los procesos electivos y socavándose aún más la ya frágil institucionalidad de las naciones.

Tampoco sorprenden las indignantes estadísticas que reflejan las cantidades de políticos, activistas e intelectuales asesinados a lo largo y ancho del globo, las que simplemente evidencian la crisis profunda que atraviesan gran parte de las regiones y países, acentuándose entonces las dudas y desconfianzas sobre sus democracias y procedimientos. Nuestra realidad temporal nos muestra eventos y sistemas de elección política atravesados por distintas formas de hostigamiento y con escasa legitimidad.

Esta realidad tan preocupante, más notoria aunque no excluyente, en regiones de Asia Central y Pacífico, África y particularmente en el continente americano, marcado por dolorosos antecedentes y tradición autoritaria que parecen reciclarse y que también vemos en los conflictos bélicos desatados los últimos años en el Este de Europa, e impensados promediando un cuarto del Siglo XXI, en que volvemos a oír discusiones con palabras que hasta suenan antiguas como “derecha, izquierda, oriente u occidente” y mucho más grave aún, cuando volvemos a poner sobre la mesa cuestiones relativas a invasiones, anexiones y conquistas territoriales, decididas no casualmente, por autoridades que accedieron al gobierno a principios del milenio. El mundo parece haber retrocedido años, siglos en algunos casos. 

Cursamos una etapa en que las democracias son dañadas no sólo por ataques externos perpetrados por Estados autoritarios, sino que están también siendo dañadas desde su interior, por medio de fuerzas tanto opositoras como gobernantes, que en muchas oportunidades, por medio de discursos antiliberales más relacionados con la economía que con sistemas de gobierno, atacan y corrompen las instituciones que a ellos mismos han llevado o llevarán al poder. Se trata de una crisis de valores que se evidencia en grandes esfuerzos por causar daño a los cimientos y la reputación de la democracia, debilitándola día a día y con ello a sus instituciones.

El mundo enfrenta una amenaza que poco a poco va convirtiéndose en realidad. Las libertades se han reducido a nivel global y los enemigos de la democracia liberal, ya sea por ideología o por simples negociados están incrementando sus ataques. El orden global se encuentra cada día más cerca de alcanzar un punto de inflexión, un punto en el cual los modelos autoritarios de gobierno se tornarán imposibles de detener y ello se ve reflejado en el empoderamiento que los últimos años han mostrado los líderes autocráticos, desinteresados de las recomendaciones y señalamientos democráticos y mucho más aún de los derechos humanos.

La erosión de los controles sobre los diversos tipos de abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos, nos encuentran hoy en un mundo regido en gran medida por gobiernos autoritarios, con sus diferencias ya sea en virtud de su origen, naturaleza o prácticas, pero siempre alejados de los estados democráticos plenos, tal es así que al día de hoy, aproximadamente el 38% de la población mundial vive en países no libres, lo cual representa el porcentual más alto desde el año 1997. En contrapartida, sorprendentemente, tan sólo el 20% vive en países libres, mientras que el resto se debate en sistemas híbridos, con tendencias cada día más marcadas hacia los regímenes autoritarios[2]. El mundo atraviesa la peor ola regresiva en años y poco a poco la vida dentro un sistema democrático pleno parece ir convirtiéndose en una utopía, habiéndose instalado en la concepción colectiva, que en los casos en que sí sucede, eso se corresponde con un lujo de acceso exclusivo y reservado para los habitantes de un pequeño puñado de países privilegiados.

Antes de seguir adentrándonos en la problemática y de detenernos en los casos particulares de determinados Estados autoritarios del mundo es conveniente resaltar que la palabra democracia ha sido aplicada no sólo en Estados verdaderamente democráticos, sino que también ha sido utilizada en Estados de los más diversos tipos como la “República Popular Democrática” de Corea del Norte, o en comunicaciones conjuntas de las embajadas de Rusia y China en los Estados Unidos a fines de 2021, en las que se refirieron a ambas naciones definiéndolas como “democráticas”.

Es habitual percibir como muchos grupos autoritarios se han apropiado de la palabra democracia utilizándola para legitimar gobiernos que de ninguna manera reflejan ni los modos ni los valeres que representa. Claramente auto referenciarse como demócratas no genera una ubicación automática dentro del reducido grupo de estados plenamente democráticos. Pese a ello, se ha generado con la utilización de la palabra donde no se debería, la equivocada idea de que la democracia requiere y se configura con la realización periódica de elecciones, lo cual como veremos, es una falacia.

Debemos entonces entender a la democracia como, no sólo el gobierno de la mayoría, sino como un sistema de gobierno basado en la voluntad y el consentimiento de los gobernados, con instituciones fuertes que rinden cuentas no a la máxima autoridad de gobierno sino a todos los ciudadanos, adhiriendo al estado de derecho y por supuesto comprometido con el respeto a los derechos humanos. Los controles mutuos resultan fundamentales para el funcionamiento de las democracias plenas, ello por medio de un sistema de justicia separado de los restantes poderes del estado, prensa independiente y fundamentalmente con elecciones periódicas y alternancia en el poder, con participación ciudadana, candidatos y partidos políticos opositores que compitan en igualdad de condiciones. Es en este entendimiento que la democracia resulta fundamental para desarrollo y la seguridad humana, brindado un contexto en que se respetan los derechos las libertades fundamentales, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la no discriminación, garantizándose el ejercicio de la voluntad expresada libremente por las personas con la autoridad de exigir rendiciones de cuenta a quienes toman las decisiones.

Vale destacar que el concepto de democracia al redactarse la Carta de las Naciones Unidas[3] en 1945, no fue incluido en ella, aunque sus palabras de inicio “Nosotros los Pueblos”, evidencian que la voluntad de éste es la piedra fundacional de la democracia y consecuentemente la fuente de legitimación de todo Estado soberano. Pese a esa falta de inclusión específica original, la democracia resulta ser un valor central de las Naciones Unidas, habiendo sido los valores democráticos incorporados, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], que proyecta el concepto de democracia al afirmar que «la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[5], que los lleva más lejos y establece la base jurídica de los principios de la democracia en el derecho internacional, cubriendo por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y de libertad de asociación. Por su parte la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[6]estipula que sus 189 partes firmantes tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las mujeres puedan votar, presentarse a elecciones y participar en la vida pública y la toma de decisiones, incluso a nivel internacional.

A su vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 1988, adoptó al menos una resolución anual relativa a algún aspecto de la democracia. En este contexto fue que en 2015 los líderes mundiales se comprometieron en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[7]a un mundo en el que «la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho, así como un entorno propicio a nivel nacional e internacional, son esenciales. De manera previa, y en ese mismo sentido, en 2008 el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Aguiar, entendió a la democracia como un derecho humano al afirmar que “es […] conceptualmente, un verdadero derecho humano transversal: derecho humano de base que determina el contexto en defecto del cual los mismos derechos humanos carecerían de sentido; y ajusta determinándolo, por ende, el sentido último de la organización constitucional y del funcionamiento mismo de la democracia como garantía de éstos”[8].

Por su parte, analizando los sistemas autoritarios, opuestos a los valores democráticos a los que nos refiriéramos, Michel Duclos[9], ex diplomático francés, los agrupó en tres categorías: los nacional-populistas, los neoautoritarios y los autoritarios asumidos, categoría esta última en la que se encuentran las abiertamente reconocidas dictaduras como la de Siria (Bashar al Asad), Corea del Norte (Kim Jong-un), Arabia Saudí (Mohamed bin Salman), Egipto (Abdelfatah al Sisi), Emiratos Árabes Unidos (Mohamed binZayed), Bielorrusia (Aleksandr Lukashenko), Qatar (Tamin Al Thani), Vietnam (Nguyễn Phú Trọng), y China (Xi Jinping), la cual, entre otras cuestiones, no casualmente resulta ser el país más emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Como abordaremos más adelante, la Rusia gobernada por Vladimir Putin, se encontraba precisamente en el límite de esta categoría hasta antes de la invasión a su país vecino Ucrania, barrera que ya ha conseguido trascender.

Entre los nacional-populistas consideró a Jarosław Kaczyński, quien pese a no estar a cargo de la jefatura del Estado sigue siendo la figura que concentra el poder en Polonia y Narendra Modi de la India. Ubicó también dentro de este grupo al ex Presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Finalmente en el grupo de los neoautoritarios ubicó a los gobiernos de Venezuela (Nicolás Maduro), Filipinas (Rodrigo Dutere), Ruanda (Paul Kagame), Irán (el ayatollah Alí Jamenei), Hungría (Viktor Orbán en su cuarto período consecutivo), una autocracia que convive con regímenes democráticos en el seno de la Unión Europea, y Turquía (Recep Tayyip Erdoğan). Ubica a los cuatro primeros entre los que considera regímenes “autoritarios estables” y a los dos últimos como regímenes de “deriva autoritaria”.

En relación a esa clasificación podemos preguntarnos en cuál de esos lugares sería correcto ubicar a la “romantizada” Cuba (Miguel Diaz-Canel), país en una eterna revolución que comienza a cuestionarse si para llegar a su fin necesitará de otra o si ésta algún día dará por cumplidos sus objetivos y permitirá al pueblo cubano decidir en elecciones libres su futuro.

Líneas más arriba nos referimos a la deriva autoritaria y en ese entendimiento, debemos destacar que en los últimos años los Estados con retrocesos en materia democrática han casi triplicado al número de aquellos en los que el sistema ha tenido avances y fortalecimientos.

No es menor destacar que tiempo antes a la invasión a Ucrania, el ya referido Orbán (Hungría), se había mostrado muy cercano a Putin y sus políticas y por el contrario, alejado de las posiciones de la Unión Europea, desde la cual hace tiempo se denuncian ataques al Estado de derecho y el control pleno sobre la administración de justicia y los medios de comunicación, cuestiones que ambos dirigentes tienen en común[10].

Por su parte, The Economist, la revista británica califica los niveles democráticos de cada país en democracias plenas[11], democracias deficientes, regímenes híbridos y regímenes autoritarios[12], midiendo para ello indicadores relativos a los sistemas electorales y pluralismo político, libertades civiles y participación política, entre otros.

En contexto, China resulta ser uno de los casos más representativos, sino el más, del autoritarismo global, por su afianzada y asumida, casi con naturalidad, falta de libertades y ausencia de respeto a derechos fundamentales. El gigante de Asia se ha establecido como un ejemplo para aquellas naciones que no abrazan las democracias plenas, tomando como sistema gubernamental y de desarrollo la liberalización económica por un lado y la mano dura en la política por el otro. Human Rights Watch, ha calificado a ese país como la principal cárcel del planeta, pese a lo que China se ha instalado también como el mayor acreedor mundial, siendo el más importante prestamista a nivel global, teniendo como principales receptores de esos créditos gran cantidad de regímenes autoritarios y autocráticos alrededor del mundo.

El caso ruso, otro de los más grandes emisores de gases de efecto invernadero, merece un particular estudio, ya que tuvo como un punto de inflexión imposible de obviar el acceso al poder del ex KGB, Vladimir Putin a comienzos del siglo XXI.

Desde ese momento, el hoy autócrata, es el hombre fuerte de la Federación Rusa, rodeado de una élite poderosa y acomodada que heredó lo poco que quedaba de la ex Unión Soviética. Entendemos como un error en el tiempo, tal vez analizando ello con la mirada de quien conoce lo que ha traído como consecuencia, que las democracias occidentales hayan, sin una previsión adecuada de lo que sucedería, aceptado el autoritarismo interno imperante en Rusia, dada la supuesta pasividad original de Putin hacia fuera de su país.

Por desgracia para el mundo y en particular para Ucrania en la actualidad[13], país que hacía tan sólo ocho años se había librado del ex presidente pro ruso Víktor Yanukóvich, quien respondía al Kremlin y radicado en la actualidad en la ex Unión de Repúblicas Socialistas, el presidente ruso Putin decidió invadir a gran escala Ucrania el 24 de febrero de 2022, sin argumento válido ni sostén alguno en el derecho internacional que lo respaldara. Hablamos de invadir a gran escala, ya que en 2014, en represalia a la caída de Yanukóvich y la intención ucraniana de sumarse a la Unión Europea, Putin ya había invadido Ucrania, anexando ilegalmente la península de Crimea.

La invasión se dio y continúa haciéndolo en un contexto de desmanes y violaciones a los derechos humanos más básicos por parte de las fuerzas rusas en territorio ucraniano (abusos y violaciones a niñas, niños, adolescentes y ancianos, mutilaciones, ejecuciones, traslados forzosos y separación de menores de sus padres, torturas, bombardeos de escuelas, universidades, hospitales y centros de salud, inundaciones provocadas, bombardeos de zonas ambientalmente protegidas, etc.), lo que ha plagado a los organismos internacionales de expedientes relativos a crímenes de guerra y por supuesto daños ambientales, alcanzándose por parte de Putin y Rusia, un punto de no retorno, que lo ubica del otro lado de la línea que lo separaba de los antes mencionados países autoritarios. Alcanza con ver quiénes son sus aliados políticos en la actualidad para entender su afianzamiento dentro de ese grupo inequívoco de países contrarios a las democracias liberales, países a los que hoy podríamos agregar también grupos armados paramilitares y terroristas.

Pocas semanas antes de la invasión militar a Ucrania un reporte de Freedom House[14], calificaba a Rusia como un Estado no libre en el que consignaba: “El poder en el sistema político autoritario de Rusia está concentrado en manos del presidente Vladimir Putin. Con fuerzas de seguridad leales, un poder judicial subordinado, un entorno mediático controlado y una legislatura compuesta por un partido gobernante y facciones de oposición débiles, el Kremlin puede manipular las elecciones y suprimir la disidencia genuina. La corrupción desenfrenada facilita los vínculos cambiantes entre los funcionarios estatales y los grupos del crimen organizado”. Por su parte, Amnistía Internacional[15], en su reporte 2021/2022 dedicado a Rusia ha sostenido que la pandemia de COVID-19 no sólo tuvo impactos sobre un ya complicado sistema sanitario, haciendo más difícil el derecho a la salud entre los rusos, sino que también la epidemia global sirvió de coartada para una escalada represiva interna, bajo argumentos baladíes y agregó que durante 2021 “se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad. Se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la persecución por razones religiosas. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional”.

Como sucede a nivel global, Putin ha tenido como modus operandi el mismo que habitualmente utilizan los gobiernos elegidos y convertidos con el tiempo en autocracias, haciendo aprobar leyes que brinden un supuesto marco de legalidad a sus antidemocráticas prácticas[16] para perpetrarse en un poder que ejerce desde finales de 1999.

Resumiendo la historia moderna del presidente ruso, debemos mencionar, y como un ejemplo más de los daños que causa sobre las democracias y la sociedad la falta de alternancia política y la perpetración en el poder, Putin llegó al gobierno en 1999, siendo Primer Ministro de Boris Yeltsin. Tras la renuncia ¿sorpresiva? de Yeltsin, el 31 de diciembre de 1999, el abogado ex KGB, ocupó la presidencia el primer día del año 2000, momento que paradójicamente, marcaría una nueva era, signada por un grave retroceso en materia de derechos y libertades individuales en la región.

Putin ocupó la presidencia por dos mandatos (de cuatro años cada uno), y en una maniobra que a pocos sorprende dentro de un plan de permanencia ya iniciado, eligió a su sucesor, Dimitri Medvedev, quien fue electo presidente, vacío de poder, el cual siguió perteneciendo a quien durante ese período fuera designado “Primer Ministro”. Durante su período como Primer Ministro se extendió la duración de los mandatos presidenciales a seis años.

Ya con ocho años de presidencia y cuatro como primer ministro, acumulando doce años de un poder que nunca se interrumpió, manejando medios de comunicación, justicia y sistema electoral Putin regresó a la presidencia en 2012, ahora por seis años más para ser reelegido en 2018. Esas elecciones, estuvieron saturadas de denuncias de fraude y protestas callejeras, reprimidas y acalladas. Según la Organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras[17], con sede en París: “Vladimir Putin ha hecho aprobar una cascada de leyes liberticidas que criminalizan las protestas y limitan la libertad de expresión”.

Esa situación se ha visto excesivamente agravada desde la invasión a Ucrania, en febrero de 2022, desde cuando casi la totalidad de los medios de comunicación independientes han sido prohibidos, bloqueados y/o declarados agentes extranjeros. Los restantes se encuentran sometidos a la censura militar. La comunicación es la “oficial”.

Entendiendo que, si bien existen gobiernos autoritarios más estrictos que otros, la regla general es que tiendan a causar la pérdida de autonomías personales, calidad de vida y opciones políticas a sus ciudadanos, mediante el desmoronamiento de organizaciones sociales y políticas y por supuesto de las instituciones democráticas y republicanas, mediante la prohibición de otros partidos, como podemos ver en países totalitarios en que el “Partido es el Estado” y la persecución, encarcelamiento o asesinato de opositores. Finalmente, en todos los casos encontramos la búsqueda de reemplazo o enmienda de las constituciones nacionales, con el objeto de mantener a los autoritarios en el poder, pero bajo un falso paraguas de legalidad.

En ese orden de ideas, tras 21 años en el poder y transitando lo que serían sus últimos años como presidente conforme a la constitución que imperaba, en 2021 Putin impulsó una reforma que le brinda la posibilidad de permanecer en el poder por dos períodos más, habiendo anunciado los primeros días de diciembre de 2023 su candidatura para el año 2024, pudiendo ser reelegido hasta el año 2036, en que tendrá 84 años de edad. Vale la pena agregar que dentro de esas reformas se incluye la facultad otorgada al presidente de despedir a los jueces federales, encontrándose habilitado el Consejo de la Federación, a propuesta del Presidente, a destituir a los jueces de la Corte Constitucional y la Corte Suprema.

Las enmiendas agregaron a su vez la disposición que estableció que la Constitución rusa debe tener prioridad sobre el derecho internacional, lo cual, si bien la Federación Rusa es un Estado soberano y puede efectuar ese tipo de disposiciones, debemos destacar que parece ser una norma quedada en el tiempo y que en nada sigue el camino y las ideas que se reflejan en las constituciones modernas, y el ordenamiento internacional, al menos occidental.

Finalmente en materia de igualdad y derechos sociales, contradiciendo nuevamente a los avances del mundo occidental, las enmiendas incluyeron una definición del matrimonio natural como una relación entre un hombre y una mujer.

Podemos concluir de ese relato histórico, la no casual relación entre los autoritarismos y la falta de alternancia en las máximas esferas de gobierno.

Mismos modelos y prácticas se replican en el mundo, cada uno con sus caracteres especiales, propios del lugar, pero pareciendo siempre que el autoritarismo resultara ser demasiado tentador, sobretodo en territorios que fueron durante mucho tiempo gobernados por marcados poderes centralizados como fuera el caso de las ex colonias españolas de Hispanoamérica, atravesadas antaño por un fuerte poder en cabeza de los Virreyes y que ha dejado huellas en los sistemas hiperpresidencialistas de la región, derivados en democracias débiles, en las que se suele justificar la intromisión de los poderes ejecutivos sobre los legislativos y la administración de justicia.

En ese orden de ideas y contexto, en 2021 el presidente de Nicaragua ganó, por supuesto, un nuevo mandato resultante de elecciones realizadas tras la cancelación del registro de organizaciones de la sociedad civil y el arresto de opositores que no llegaron siquiera a ser candidatos, como así también de intelectuales y religiosos.

En África, precisamente en Sudán, el poder volvió a los generales retrotrayendo a 2019 los avances que desde el derrocamiento en aquel entonces del ex dictador Omar al-Bashir, había tenido la democracia. Tras cuatro años de extrema fragilidad, en abril de 2023 estallaron los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hizo un llamamiento para poner fin a los enfrentamientos que han desencadenado un desplazamiento masivo de personas que temen por sus vidas y convocó a países donantes a recolectar fondos para Chad, Etiopía, la República Centroafricana, Sudán del Sur y Egipto, los países que se espera reciban la ola de refugiados sudaneses[18]. Se estima que el costo de la respuesta a esta crisis de migración requerirá 445 millones de dólares[19].

En Asia por su parte, los talibanes recuperaron el poder tras el retiro del ejército estadounidense de Afganistán y el casi instantáneo colapso del gobierno electo en Kabul.

Como contrapunto podemos apreciar como las personas siguen arriesgando sus vidas, sus libertades y derechos en defensa de esos mismos, de las democracias y la libertad en sus países. Vemos migraciones terribles, peligrosas y extensas en búsqueda de vidas en libertad en otros espacios, lo cual debe ser interpretado como una necesidad de brindar y afianzar las herramientas requeridas para sostener y recuperar los sistemas democráticos en el mundo.

Deberán entonces los gobiernos aún democráticos fortalecer sus políticas y robustecer las leyes e instituciones nacionales mientras se coordinan internacionalmente las medidas destinadas a apoyar la pelea por la democracia en todo el mundo. En los casos de países con menos libertades los defensores de los valores democráticos deberán unirse y organizarse aún más para poder resistir los embates de quienes persiguen la obtención de poderes sin control, entendiendo que únicamente la solidaridad y la empatía globales podrán contrarrestar de manera exitosa la agresión combinada de quienes se oponen a las democracias.

2. LAS AUTOCRACIAS Y SUS OBJETIVOS

El primer cuarto del siglo ha visto empoderarse económica y políticamente a las autocracias, con sustento, no en cuestiones ideológicas o de convencimiento, ni mucho menos en búsqueda del bienestar social, sino por el contrario, con el claro objeto de mantener sus cargos y con ello sus poderes, valiéndose de la reducción de los controles sobre sus abusos, mediante la generación de conflictos armados, violencia social, justicias sin independencia, corrupción y volatilidad económica, con las consecuencias que ello implica para la población.

Para el cumplimiento de esos objetivos, China desempeña un rol preponderante en la geopolítica internacional, siendo el Partido Comunista que gobierna ese país desde el 1 de octubre de 1949, el que encabeza a nivel global la promoción de normas autocráticas. Con base en una dudosa interpretación de de los conceptos de “soberanía” e “independencia” el partido trabaja en fortalecer y fomentar gobiernos afines y dependientes económicamente, actuando dichos gobiernos, fuera de todo control o supervisión de la comunidad internacional, ni mucho menos respondiendo por sus actos.

China se ha convertido para esos Estados en sostén económico, lo que les permite evadir así a las democracias del mundo y sus estándares en materia de protección de los derechos humanos, afianzándose entonces en sus gobiernos, sostenidos por el gigante asiático, de quien transpolan el modelo de gobierno, haciendo de la corrupción y la falta de transparencia moneda corriente. Como sucede en la actualidad con la Rusia gobernada por Putin, la amenaza militar China, es una herramienta habitualmente utilizada para evitar y reprimir toda crítica internacional a las violaciones de los derechos humanos y de los principios y valores democráticos.

 

3. LAS ELECCIONES COMO MÉTODO DE LEGITIMACIÓN

Las elecciones son las herramientas habitualmente más elegidas por los gobiernos autoritarios para pretender legitimarse a sí mismos, interna e internacionalmente, en el ejercicio del poder, como así también legitimar los métodos de gobierno utilizados.

A modo de ejemplo podemos referir los casos de Rusia, Nicaragua o Venezuela.

Como se pudo observar en la Federación Rusa, en forma previa a las elecciones (parlamentarias) de 2021, con el fin de garantizar el desarrollo de la simulación democrática durante la votación de septiembre de ese año, el régimen gobernante decidió encarcelar al líder de la oposición Aleksey Navalny, quien previamente había sido envenenado, debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital alemán, y calificar a su partido político de movimiento «extremista» prohibiéndose de esa forma que cualquier candidato, asociado a Navalny, o simplemente acusado de encontrarse relacionado a él, ser candidato a cualquier cargo público. Las elecciones se desarrollaron plagadas de irregularidades y falta de controles habiendo sido restringidas las posibilidades de observaciones internacionales independientes. El régimen llegó incluso a prohibir la utilización de una aplicación móvil que pretendía informar a la ciudadanía sobre quienes resultaban ser los candidatos opositores más fuertes en sus zonas. Por supuesto, a todo ello se sumó la ampliación efectuada sobre la ley de “agentes extranjeros” que restringió las actividades de medios de comunicación independientes, de asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos y de los principios y valores democráticos y de todo aquel que en medios o redes sociales resultara ser crítico con el gobierno. Al momento de publicarse este artículo no se conoce ni el estado de salud ni el lugar de detención en que se encuentra Navalny, quien fuera trasladado de su presidio a principios del mes de diciembre.

 Por su parte, en las elecciones presidenciales de Nicaragua celebradas en noviembre de 2021, el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras rechazar las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos tendientes a la realización de reformas electorales que generaran una mayor independencia del Consejo Supremo Electoral que hubieran generado algo de transparencia en los procesos de registro y escrutinio de votantes garantizando la participación de observadores de la comunidad internacional, aprobó leyes específicamente pensadas para silenciar y perseguir a la oposición. Se incluyó en ese paquete de leyes una ley bajo el título ya referido, no por mera coincidencia, de “ley de agentes extranjeros” que se inspirara, por supuesto, en la pocos meses anterior norma rusa. A su vez el gobierno de Ortega canceló el registro de casi 50 organizaciones, persiguió y arresto a académicos, religiosos y posibles candidatos de la oposición acusados de delitos que incluyen el de traición, al igual que en la ya mencionada Rusia sucede con quienes se oponen a la invasión y guerra en Ucrania.

 

4. GOLPES DE ESTADO Y TOMAS DE PODER

Los últimos años estuvieron atravesados por multiplicados golpes de estado a lo largo y ancho del globo, tal es así que 2021 comenzó con el golpe de estado producido el mes de febrero en Myanmar (anteriormente Birmania), de manera previa al juramento del nuevo parlamento tras las elecciones de 2020 en las que el partido político apoyado por los militares locales fuera ampliamente derrotado. El ejército declaró que había habido fraude en las elecciones e instaló al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde 2011, Min Aung Hlaing quien ocupa los cargos de Presidente del Consejo Administrativo del Estado y Primer Ministro desde el 1 de agosto de 2021. Como podemos observar, nuevamente la palabra Presidente es utilizada para legitimar con un título autoimpuesto a un dictador que llegó al poder mediante el uso de las armas.

Myanmar desde ese momento es gobernada en un supuesto estado de emergencia que sería temporal y que todavía se extiende, en el que se encuentra impuesto un toque de queda, se suspenden las comunicaciones e internet y se allanan universidades. Sus anteriores líderes y mayores referentes políticos han sido arrestados masivamente y más de mil manifestantes en favor de la democracia y los derechos humanos asesinados por las fuerzas de seguridad; otros miles han sido encarcelados y torturados.

Malí experimentó en mayo de 2021 su segundo golpe militar en menos de un año tras el intento del presidente de transición y el primer ministro de conformar un nuevo gobierno que mantuviera fuera a las autoridades militares del país. Por su parte, en la ya autoritaria República de Chad, ubicada en África Central, los militares tras la muerte en abril de 2021 del presidente Idriss DébyIt ubicaron a su hijo como nuevo líder.

En octubre de ese mismo año, los militares retomaron el poder en Sudán y declararon el estado de emergencia pocas semanas antes que el gobierno de transición quedara bajo el control civil total tras el golpe de 2019. Las protestas contra el golpe recibieron una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, las cuales asesinaron a decenas de personas.

Volviendo a la retórica que implementan los gobiernos autoritarios, en África occidental, quienes encabezaron el golpe de estado de septiembre de 2021 en Guinea, sostuvieron que lo hacían en defensa de los principios democráticos, tras destituir al presidente Alpha Condé tras la reforma constitucional que le permitiría ser candidato a un tercer mandato. La excusa fue suficiente para que el nuevo gobierno de facto convirtiera al país en No Libre, retrocediendo nuevamente allí la democracia.

En otros de los casos de los últimos años, el poder fue tomado autoritariamente, no por militares sino por líderes civiles. Túnez por ejemplo, después de la salida de la Primavera Árabe en 2014, terminó con la dictadura gobernante iniciando una democracia que parecía duradera. Pese a ello, en 2021 se convirtió en un país Parcialmente Libre cuando el presidente Kaïs Saïed, destituyó de manera unilateral a su Primer Ministro suspendiendo de manera indefinida al parlamento para comenzar a gobernar por decreto.

Mismas situaciones, distintas formas, pero siempre con los mismos objetivos de asumir el poder y perpetrarse en él.

En enero de 2022 en Burkina Faso, se produjo un golpe de estado motivado, supuestamente, por la incapacidad del gobierno para contener la insurgencia yihadista, derrocando un grupo de oficiales del ejército al presidente Roch Marc Christian Kaboré, instalando la junta militar del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y Restauración con Paul-Henri Sandaogo Damiba a la cabeza. Volvían a aparecer palabras de tipo legitimadoras, en este caso “Patriótico”.

El 30 de septiembre de ese mismo año se produjo el segundo golpe de Estado en Burkina Faso, que destituyó al presidente interino, en esta oportunidad por su supuesta incapacidad para hacer frente a una insurgencia islamista. El capitán Ibrahim Traoré asumió como líder interino. En ambos golpes de estados fueron retratadas banderas rusas flameando entre los simpatizantes de los nuevos gobiernos dictatoriales. 

El más reciente de los ejemplos, vuelve a ubicar a la Federación Rusa en el foco de atención reapareciendo su bandera, en este caso durante el golpe de estado pergeñado en Níger el 27 de julio de 2023. Con el golpe se declaró un toque de queda en todo el país y se suspendieron todas las instituciones republicanas. El nuevo gobierno advirtió contra cualquier intervención extranjera. La caída de la democracia en el país que lleva su nombre por encontrarse bañado por las aguas del río Níger, asestó un duro golpe a Occidente, ya que se había convertido en un caso democrático atípico en la región del Sahel en África Occidental, tras las ya mencionadas tomas militares en sus vecinos Malí, Burkina Faso y Chad ocurridas desde 2020.

Todo indicaría que el golpe tuvo a la Federación Rusa detrás como sucediera tanto en el caso de sus vecinos, en donde esos nuevos gobiernos autoritarios pidieron el ingreso de Rusia en la región. Por su parte mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner manifestaron encontrarse en contacto con el nuevo gobierno de facto de Níger.

En uso de la ya descripta utilización económica que los poderosos gobiernos autoritarios efectúan sobre las dictaduras nacientes a cambio de su apoyo internacional o simplemente para mantenerlos alejados de las democracias occidentales, y siendo que la pobreza resulta ser una gran inversión para los gobiernos autoritarios, apenas ocurrido el golpe en Níger, el presidente ruso manifestó que regalaría decenas de miles de toneladas de grano a la región pese a las sanciones occidentales. Cabe recordar que gran parte de los granos a los que Putin se refiriera son granos robados del Este ucraniano ilegítimamente ocupado desde 2022.

Por su parte, el Golpe de Estado en Gabón producido el 30 de agosto de este año 2023, ha aumentado significativamente la inestabilidad de África Central, produciéndose no de manera aislada, sino dentro de un contexto pseudo democrático que merece un análisis mucho más extenso al que nos abocaremos en una próxima investigación, pero sobre el que podemos sintéticamente referir que un grupo de militares se ha hecho con el poder para expulsar del mando al presidente del país, Ali Bongo, el cual ha sido puesto «bajo arresto domiciliario» y que había llegado al poder en 2009 tras la muerte de su padre, Omar Bongo, quien había gobernado Gabón desde 1967 y ganado las últimas elecciones, celebradas días antes del golpe, entre denuncias de fraude de la oposición.

Quienes tomaron el gobierno en su primer discurso manifestaron hacerlo “en nombre del pueblo gabonés y como garantes de la protección de las instituciones…” y haber “decidido defender la paz, poniendo fin al régimen vigente”, cancelando para ello “las elecciones generales del 28 de agosto de 2023, así como sus resultados falsificados”, disponiendo el cierre de “todas fronteras hasta nuevo aviso,  de todas las instituciones de la República y en particular el Gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo Económico, Social y Medioambiental y el Consejo Electoral de Gabón”. Una vez más, vemos las graves consecuencias que trae sobre las instituciones republicanas y democráticas la falta de alternancia en los poderes de gobierno y las consecuencias que los autoritarismos, ya sean originarios o derivados, generan sobre la población y el ambiente.

 

5. LAS DEBILIDADES DEMOCRÁTICAS INTERNAS

Mientras las dictaduras abiertamente asumidas se extienden en el mundo, puede percibirse que las debilidades democráticas cada vez se hacen más notorias, en general acompañadas de discursos antiliberales dentro de las propias democracias. Encontramos hoy líderes políticos antidemocráticos que ya sea desde el gobierno, sosteniéndose en su propia base demográfica o electoral, haciendo caso omiso a otros intereses y segmentos de la sociedad y tergiversando las instituciones para prolongar su gobierno, o desde la oposición intentando acceder a los espacios de gobierno, se esfuerzan día a día para legitimar sus actos por medio de manipulaciones o reorganizaciones de los sistemas políticos, aprovechando en general el temor de gran parte de los votantes a cambiar su forma de vida y referenciando sus actos en los fracasos de sus predecesores. La pobreza y el hambre autogenerados son utilizados como herramientas de poder y de clientelismo político.

Otra de las constantes que se perciben en los regímenes autoritarios surgidos de democracias, contraria a la de intentar mostrar falsas elecciones legitimadoras como las que analizamos previamente, consiste en numerosos casos, en la aplicación de estrategias exactamente inversas por parte de aquellos líderes que atemorizados por perder el poder siembran desconfianza en las elecciones venideras.

En América Central, precisamente en El Salvador, desde que en 2019, asumiera el presidente Nayib Bukele y tras la gran mayoría obtenida por sus aliados en las elecciones legislativas de 2021, se han ido deteriorando sostenidamente las instituciones democráticas, reduciéndose a expresiones mínimas los controles sobre el poder ejecutivo. En uso de prácticas autoritarias habituales y mal usando mecanismos anticorrupción, se ha detenido a un gran número de exfuncionarios con escasas pruebas y aún menos garantías del derecho de defensa. Por otro lado, el pleno control del Poder Legislativo ha permitido al gobierno sustituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y a alrededor de 200 jueces en el país. En esta etapa de la investigación ya resultará poco sorprendente saber que tras su modificación, el Tribunal anuló la prohibición constitucional que impedía la reelección presidencial permitiendo a Bukele participar nuevamente de las elecciones presidenciales. No resulta de más mencionar que El Salvador también impulsa una ley de agentes extranjeros que limita severamente a la sociedad civil, yendo aún más allá que la ley similar de Nicaragua, tal es así que fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa la cual ve en ella un riesgo para los medios de comunicación independientes que también reciben fondos de cooperación internacional.

Por su parte en Venezuela, una ley similar de agentes extranjeros aprobada en 2021 exige la inscripción de todas las personas físicas o jurídicas de carácter no financiero y pone en el centro de la atención a las organizaciones no gubernamentales sometiéndolas a excautivos controles e investigaciones, todo ello en búsqueda de poner trabas a aquellas organizaciones que trabajan en procura de la defensa de los derechos humanos.

En relación, si bien para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, ha resultado innovadora en lo que respecta a la defensa y promoción de la democracia, quitándola de la soberanía absoluta de los Estados ya que faculta en determinadas circunstancias y condiciones a que los Estados puedan invocar los mecanismos internacionales para su protección.  Pese a ello, como venimos analizando, los consensos democráticos resultan cada vez más frágiles frente a los ataques autoritarios y en particular frente a los golpes de Estado. Coincidimos con Gratius al afirmar que “la Carta Democrática sólo ha respondido a este último desafío, mientras que tiende a ignorar las amenazas que surgen desde los propios gobiernos”[20], siendo que los Estados miembros han fallado en reaccionar cuando los presidentes han utilizado los mecanismos democráticos formales para concentrar el poder y ejercieron el autoritarismo, reprimiendo a la oposición y a la sociedad civil, censurando los medios de comunicación, militarizado la sociedad y aboliendo la separación de poderes[21].

Las grietas y conflictos internos producidos en las democracias son aprovechados por aquellos autoritarios del mundo que desean generar conflictos internos que lleven a desestabilizaciones y nuevos gobiernos afines a sus métodos. Tal es así, que el régimen dictatorial de Bielorrusia, satélite del Kremlin, facilitó intencionalmente el paso de miles de migrantes, provenientes de Irak, primero a Minsk y luego a las fronteras de los países de la Unión Europea que habían recibido a opositores bielorrusos exiliados generando inmensos inconvenientes migratorios en Letonia, Lituania y Polonia, esta última, sobre la cual el dictador bielorruso Lukashenko, quien aloja al grupo paramilitar Wagner en su territorio, ha manifestado el deseo de los mercenarios de atacar.

Por su parte regímenes como los de Turquía y Marruecos utilizaron los últimos años similares estrategias para negociar concesiones y debilitar la solidaridad democrática de la Unión Europea.

 

6. ALIANZAS ANTIDEMOCRÁTICAS

Como analizáramos, estados autoritarios como Rusia o China, promueven las alianzas estratégicas con líderes con similares intereses. En ese contexto, promueven activamente la colaboración entre ellos, mediante ayudas financieras que facilitan a los nuevos gobiernos a sostenerse en el poder, difundir sus metodologías gubernamentales y a rechazar las presiones de organismos internacionales y Estados democráticos sirviendo las alianzas autocráticas para eludir las sanciones impuestas por estos últimos.

Rusia, China y Turquía, por ejemplo, han facilitado el comercio e incluso incentivado inversiones en el régimen venezolano con el único objeto de compensar las sanciones impuestas por las democracias.

En uno de los casos más evidentes, y desde otro ángulo estratégico de dichas alianzas, el gobierno ruso envió a Bielorrusia de manera previa a las elecciones de 2020, propagandistas para reemplazar a los periodistas en huelga y fuerzas armadas para “ayudar a mantener la seguridad local”. Pese la persecución y encarcelamiento de opositores e intelectuales y la evidente censura a los medios de comunicación independientes, los observadores electorales rusos consideraron legítimas las elecciones llevadas a cabo en ese país.

En relación, vale destacar que en Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, integrado en la actualidad por alrededor del 70% por países Parcialmente Libres o No Libres, uno de los más fervientes defensores del régimen bielorruso fue el gobierno cubano. Por su parte, China, impidió que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera una condena más fuerte al golpe militar de 2021 en Myanmar. Las autoridades de Sudán, han recibido también apoyo diplomático mediante enviados chinos y rusos que trabajan para eludir las sanciones o recomendaciones de las Naciones Unidas.

Por su parte, en Medio Oriente, la influencia iraní se ha reforzado, creciendo en los últimos años, mediante una red de aliados en gran parte de sus países vecinos, en lo que se denominado como el “eje de la resistencia”. Este eje, marcadamente antiestadounidense y antiisraelí, se conforma básicamente por Irán, Siria, el grupo Hezbolá en el Líbano, las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, grupos militantes en territorios palestinos y por los hutíes de Yemen.  Todos estos grupos tienen como denominador común que son chiitas, como la mayoría de la población de Irán, aunque incluyéndose en este eje también al grupo sunita Hamas. Todos esos grupos reciben apoyo logístico, económico e ideológico por parte de Irán.

La influencia iraní se evidencia en los conflictos de Siria o Yemen, en la lucha contra el Estado Islámico en Irak y en la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Estas guerras han brindado a Irán la oportunidad de seguir expandiendo su influencia en el Medio Oriente.

Irán posee, aliados leales y representantes en el Líbano, territorios palestinos, Irak, Siria y Yemen, a los que utiliza para promover sus objetivos políticos y territoriales, habiendo sido Qasem Soleimani[22] el gran gestor de esta red, quien fuera el comandante del grupo élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, la cual era la responsable de las acciones militares encubiertas de las fuerzas iraníes en el extranjero y mediante la que se estrechan los lazos entre Teherán y los grupos y milicias en otros países.

Las milicias que conforman el eje surgieron como respuestas alternativas a las realidades imperantes en sus países de origen, generando apoyos entre las poblaciones locales bajo promesas de lucha por un cambio en el status quo para mejorarlo. Llegando a tener incluso más respaldo en la población que sus propios gobiernos.

La organización islámica libanesa Hezbolá, fundada con apoyo iraní en 1982 en respuesta a la ocupación israelí en Líbano, resulta ser uno de los grupos más antiguos, poderosos y armados del eje, contando desde 2006, con un sector político que logrado un rol importante en su país. Por su parte, en Siria, Irán es uno de los principales aliados de Bashar al Asad, miembro de una secta chiita heterodoxa y en Yemen, Teherán brinda su sostén y apoyo al movimiento rebelde de los hutíes, el cual enfrenta a la coalición dirigida por Arabia Saudita desde 2015, el gran rival regional de Irán.

En Irak, se da una situación similar ya que Irán es aliado desde 2014 de las milicias chiitas que lucharon contra el Estado Islámico y que se agruparon en las llamadas Fuerzas de Movilización Popular (PMP, por sus siglas en inglés), hoy destacado actor en el sistema político de ese país.

Hoy Irán, socio de Rusia, a quien provee de armamento en su invasión a Ucrania, resulta ser un peligroso líder de un eje de grupos de resistencia que no sólo disfrutan de la cohesión, sino que diseñan escenarios y tienen sus manos siempre dispuestas sobre los gatillos. Hoy el eje brinda apoyo incondicional a Hamas y Palestina.

La colaboración internacional entre gobiernos autoritarios ha llegado a poner en grave peligro a comunidades enteras. Hoy Irán como mencionamos abastece a Rusia en su invasión a Ucrania y al grupo terrorista Hamas, y Turquía por su parte, la que con anterioridad brindara refugio a la población uigur[23] perseguida de China, con Erdoğan enfrentado una situación económica complicada y alejado de los aliados democráticos de antaño, ha cambiado de postura para satisfacer los pedidos chinos, haciendo cada vez más difícil a los uigures conseguir permisos de residencia permanente en Turquía por lo que cientos de ellos son detenidos en centros de deportación y llevados a China.

7. AUTORITARISMOS, CONFLICTOS ARMADOS Y AMBIENTE

No hace falta revisar la historia de la humanidad, para deducir que todo conflicto armado trae aparejado sufrimiento, consecuencias sobre la salud de la población involucrada tanto físicas como psicológicas, afecta negativamente la economía y desarrollo de una sociedad y acarrea graves peligros medioambientales sobre los espacios físicos en que se desarrollaron y sus alrededores, lo que obsta al desarrollo íntegro de la población.

Tras el conflicto bélico de Kosovo, Serbia y Montenegro en 1999, se determinó la existencia de considerables peligros medioambientales que hacían necesaria una especial atención y específicamente la toma de urgentes medidas de descontaminación en zonas como las refinerías petroleras de Pancevo y NoviSad, e instalaciones industriales de Kragujevac y Bor. A su vez se constató que se había vertido en la región de Pancevo, mercurio y otros más de 60 productos químicos al río Danubio^[24]. Asimismo entre los primeros días de octubre y finales de diciembre de 1991, tropas yugoslavas destruyeron la Ciudad Vieja de Dubrovnik “La Perla del Adriático” (Croacia)^[25].

Actualmente en Ucrania, una tercera parte de las áreas protegidas han sido bombardeadas, o incendiadas por el ejército ruso. Unos tres millones de hectáreas de bosque han sufrido el impacto de los combates. Millones de toneladas de CO2 se han emitido a la atmósfera en el primer año de la guerra. Explosiones y su correspondiente impacto en la biodiversidad local, la potencial destrucción de la central nuclear de Zaporiyia, los incendios en la reserva natural de Luhansk, los vertidos de petróleo en el Mar Negro, la destrucción masiva de campos de cultivo en el este o el vaciado del embalse de Kakhovskaya que abastece al sur del país, son algunos ejemplos de la barbarie ambiental de un conflicto de éstas características[26].

Los daños a establecimientos industriales han sido moneda corriente desde el recrudecimiento de la ocupación rusa en búsqueda de la reducción de la capacidad e infraestructura en general y en particular a las de abastecimiento de agua y saneamiento, almacenes, fábricas, algunas de las cuales almacenan sustancias peligrosas utilizadas en los procesos de fabricación, que en condiciones normales se gestionan con protocolos de seguridad.

Agravan la situación la liberación de sustancias peligrosas en los ataques a instalaciones de almacenamiento agroindustriales, los cadáveres de animales, y seres humanos dejados en el territorio y sin tratamientos, la contaminación atmosférica y de las aguas subterráneas y superficiales, con las consecuencias que esto conlleva al ambiente.

La destrucción de la represa Nova Kakhovka en la región de Kherson, por ejemplo, es una catástrofe en todo sentido. Miles de personas debieron abandonar sus casas, el zoológico Kazkova Dibrova, quedó inundado por completo y los 300 animales que albergaba murieron ahogados. La represa retenía un embalse que proveía de agua a agricultores de numerosas comunidades, suministrando también agua de refrigeración destinada al enfriamiento a los reactores de la central nuclear de Zaporiyia, a unos 160 kilómetros río arriba que está bajo control ruso. La usencia de agua sostenida en el tiempo podría dejar inoperativos los generadores diesel de emergencia. La rotura de la represa puede ser considerada el «peor desastre ecológico de Ucrania desde la fusión nuclear de Chernóbil».

Vale ahora retomar en el tiempo y destacar que en 2001, Ucrania incorporó a su Código Penal, la figura del ecocidio (екоцид en Ucraniano), tipificado en su artículo 441 como la “Destrucción masiva de flora y fauna, envenenamiento de los recursos del aire o del agua, y también cualquier otra acción que pueda causar un desastre ambiental…”; la figura prevé una pena de 8 a 50 años de cárcel. En este sentido, se han abierto investigaciones a los fines de determinar la configuración del mismo y sus alcances, siendo que no hay guerra que lo justifique. El gobierno ucraniano adelantó que perseguirá penalmente también por ese delito a los responsables. Deberíamos próximamente analizar si el Derecho Penal Ambiental, sancionatorio y no preventivo por su propia naturaleza, ha brindado algún aporte a la protección del ambiente en la República de Ucrania, siendo que parecería que cualquier tipo de condena venidera, no traerá ningún tipo de impacto positivo ni remediación sobre los gravísimos daños sufridos.

La Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en ocasión de una evaluación primaria de daños ambientales y monitoreo remoto llevado a cabo en dicho país, recientemente manifestó que “…Ucrania necesitará un enorme apoyo internacional para evaluar, mitigar y reparar los daños en todo el país, para que así se alivien los riesgos para la región en general”.

Si miramos hacia otras latitudes, específicamente Yemen, encontramos otro conflicto armado con unos siete años de evolución y graves consecuencias no solo para la población, sino también ambientales, que ha requerido la intervención externa a fin de neutralizar un potencial desastre ecológico.

Esta guerra ha dejado a Yemen al borde del desastre humanitario con 4.5 millones de desplazados internos y más de dos tercios de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles y enfermedades. De hecho, en Yemen se ha producido el mayor brote de cólera de nuestro siglo, que se estima superó los dos millones de infectados y miles de muertos.

En 2023 la ONU estimó que 17.3 millones de personas en dicho país, necesitarán ayuda humanitaria. La cuestión ambiental, claramente no ha sido ajena al conflicto bélico. En las aguas del Mar Rojo un envejecido petrolero se encuentra varado desde la década de 1980, el «Safer» el cual está anclado a unos 50 kilómetros del puerto de Hodeida. La costa más cercana se encuentra a nueve kilómetros. La guerra en Yemen desatada en 2015 entre el gobierno, respaldado por una coalición militar dirigida por Arabia Saudita, y los hutíes, apoyados por Irán, puso fin al mantenimiento del Safer, con la consiguiente amenaza del vertido de su contenido en el Mar[27].

Según la ONU, el buque contiene cuatro veces la cantidad de petróleo del Exxon Valdez, el petrolero que en 1989 provocó una de las peores catástrofes medioambientales de la historia de Estados Unidos.

La Organización de las Naciones Unidas inició una operación de emergencia para transferir el petróleo del FSO Safer hacia un buque de reemplazo y evitar una catástrofe que afectaría las costas de Arabia Saudita, Eritrea, Yibuti y Somalia, con la consiguiente pérdida de diversidad marina y costera.[28]

Otra de las aristas del autoritarismo, tal como se mencionara precedentemente, es la persecución a políticos, académicos y activistas entre otros, no alineados al régimen gobernante o directamente independientes del mismo. Por citar, en el año el 2018, autoridades de Irán detuvieron a nueve conservacionistas acusados de espionaje y de recopilar información clasificada sobre áreas estratégicas de Irán con el pretexto de llevar a cabo proyectos ambientales y científicos[29].

Los detenidos son considerados respetados científicos por la comunidad internacional, incluso una de ellos, Niloufar Bayani, ha sido consultora de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Para el relevamiento especies en peligro de extinción en Irán, habían utilizado cámaras para rastrear éstas especies, incluido el guepardo asiático y el leopardo persa.

El arresto y las condenas de entre seis y diez años de prisión sugieren una violación por las normas internacionales relacionadas con la libertad académica, la libertad científica y el derecho al debido proceso y a un juicio justo

Sistemáticamente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Amnistía Internacional y la comunidad científica internacional, han pedido clemencia y se ha condenado el caso. En efecto, en noviembre de 2019 el PNUMA emitió una declaración en dónde manifestó que “…la conservación de la vida silvestre y la protección del medio ambiente no deben considerarse un delito y, de hecho, se reconocen como un deber público en la Constitución de la República Islámica de Irán (artículo 50). Es profundamente preocupante que las autoridades a veces criminalicen los esfuerzos legítimos de conservación de los ambientalistas”…”En un momento en el que enfrentamos serios desafíos ambientales, el rol de los ambientalistas y conservacionistas nunca ha sido más crucial para nuestro futuro colectivo. Este trabajo se basa en el derecho ambiental internacional y el marco de las Naciones Unidas sobre las normas de derechos humanos y el estado de derecho. Pedimos clemencia e instamos a las autoridades iraníes a revisar y revocar estas sentencias”[30].

A unos 5.400 kilómetros de Yemen, se encuentra Burkina Faso, situado en África Occidental, país escenario de una crisis que incluye violencia interétnica, conflictos armados, pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria con la consiguiente afectación ambiental.

Como consecuencia de ello, más de 1,4 millones de personas han huido de sus hogares en busca de seguridad, por lo que el crecimiento exponencial del desplazamiento humano crítico requiere una gran asistencia humanitaria tal como la provisión de documentación civil, alojamiento, educación, respuesta a la violencia de género, atención médica y provisión de agua potable entre otros[31].

El saneamiento rudimentario y la escasez de agua potable en la región, sumado a los masivos desplazamientos, no solo constituyen una severa amenaza a la salud de los habitantes, sino que contribuye a la degradación ambiental.

Este panorama ha sido el “caldo de cultivo” para la proliferación de “emprendimientos mineros” artesanales en búsqueda de oro, una actividad que allí se conoce como “orpaillage”. Esta actividad se suele llevar adelante en forma ilegal y en general las autoridades han emitido alertas de prohibición en épocas de lluvia por el riesgo del colapso del suelo que las mismas acarrean.

Para la explotación de este metal, se suele perforar el suelo de manera peligrosa, volviendo infértil el terreno afectado a esta febril búsqueda que tiene como objetivo apalear la magra economía de las comunidades involucradas. Los mineros pasan horas a oscuras y en una atmósfera densa e irrespirable, expuestos peligrosamente al cianuro y al mercurio que utilizan para separar el oro de la piedra y la tierra. La utilización del agua, elemento por demás escaso y la inutilización de terrenos en pos de ésta actividad llevada a cabo sin controles, y por supuesto sin evaluaciones de impacto ambiental, incrementan los riesgos a una población de por sí vulnerable.

Los ejemplos citados, ilustran acabadamente la gran variedad y la gravedad de las consecuencias que requerirán verificación y evaluación, aunque ya se han identificado miles de posibles incidentes de contaminación del aire, el agua y la tierra y de degradación de los ecosistemas, incluidos los riesgos para los países vecinos y el legado tóxico para las futuras generaciones. A esto se deben adicionar los daños a la salud física y psicológica ocasionados a las poblaciones involucradas.

En los últimos 20 años, el PNUMA ha realizado múltiples evaluaciones de los efectos de los conflictos, en particular en Afganistán, Colombia, Iraq, Kosovo y los Balcanes occidentales, el Líbano, los territorios palestinos ocupados, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y el Sudán. En efecto, realizó una visita de análisis inicial al país en 2022, en Ucrania.

La Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen[32] declaró al respecto “…la cartografía y el análisis inicial de los peligros ambientales solamente sirven para confirmar que la guerra es literalmente tóxica…”“…La máxima prioridad es que esta destrucción sin sentido termine ahora. El medio ambiente tiene que ver con las personas: con medios de subsistencia, la salud pública, el aire y el agua limpios y los sistemas alimentarios básicos. Tiene que ver con un futuro seguro para la población ucraniana y sus vecinos, y no deben producirse más daños[33]”.

La contaminación causada por el amplio uso de armas, incluso en zonas pobladas y los grandes volúmenes de desechos militares plantean un importante y costoso problema de reconversión del terreno afectado.

El patrimonio cultural tampoco escapa a los embates sistemáticos, dado que la cultura configura el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales; intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, abarcando las artes y las letras, los modos de vida, las formas de convivir e interactuar, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; en otras palabras la representación misma de su propia identidad[34], por lo que no resulta extraño que sea blanco siempre, como una forma más de exterminio.

No es casual que en los conflictos armados, la cultura de una sociedad sea atacada con el fin de exterminar todo rasgo de la misma de cara al futuro. Se “deshereda” a los niños y a las generaciones futuras de sus raíces, de su propia identidad.

Sin cultura no hay desarrollo sostenible posible, por lo que debe indefectiblemente contar con los instrumentos jurídicos que garanticen su protección. El patrimonio cultural, las actividades culturales creativas, y la cultura en general son facilitadores y motores de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Tras un desastre natural o de un conflicto armado, las comunidades han encontrado en su patrimonio cultural un elemento esencial de apoyo material y psicológico, proporcionándoles un sentimiento de identidad, dignidad y empoderamiento. La cultura se convierte en un motor para reconstruir la economía y la sociedad y promover la tolerancia y la reconciliación, fortaleciendo la resiliencia de la comunidad.

Por ello el deterioro o desaparición de un bien del patrimonio cultural y/o natural, constituye un empobrecimiento para la sociedad, por lo que la protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

La importancia de la protección de los bienes culturales en casos de Conflictos Armados ha ido creciendo a lo largo del tiempo y empieza a ocupar un espacio cada vez de mayor importancia dentro del Derecho Internacional Humanitario.

Como ejemplos de los ataques a la identidad de una sociedad, podemos mencionar lo recientemente ocurrido en Sudán, en dónde Teatro de Artes Escénicas en el Geneina fue incendiado, el Museo Sultan Bahruddin  y el Museo Nacional de Historia en Jartum han perdido sus colecciones debido a los bombardeos. En junio de 2023 el Museo Nacional de Sudán fue ocupado por el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), mencionado ut supra. También se han perdido los archivos del Centro Mohamed Omer Bashir para Estudios Sudaneses en la Universidad Omdurman Ahlia, que se encontraban en proceso de digitalización[35].

En Siria por ejemplo, se ha investigado el saqueo en los emplazamientos del Patrimonio Mundial de Ebla y Mari (Tell Hariri), ambos de la Edad de Bronce, así como en la ciudad fronteriza romana de Dura-Europostrasen la que se evaluaron los yacimientos sirios Casana y Panahipour(2014) identificándose una tendencia por el saqueo de yacimientos que datan de los periodos romano, tardoromano o islámico temprano[36].

En Libia desde la caída de Gadafi en 2011, y a razón de los diferentes conflictos suscitados en más de una década, se han saqueado indiscriminadamente instituciones culturales y yacimientos arqueológicos que, por la situación, se encontraban desprotegidos. Museos como el de Susa, Misrat, Bani Walid y yacimientos como el de Cirene no han sido la excepción[37].

En relación a Ucrania, y si nos retrotraemos históricamente, el Zar Alejandro II del Imperio ruso, en 1876, emitió un decreto mediante el cual prohibía imprimir y exportar libros en ucraniano al exterior, las traducciones en ucraniano de representaciones teatrales, recitaciones y lírica. Se ocupó además, de que todas las muestras de la cultura ucraniana fueran ilegales en el Imperio Ruso, del cual Ucrania formaba parte. Durante los siglos XVIII, XIX y XX el Imperio Ruso fue erradicando todas las manifestaciones de lo ucraniano. La enseñanza, la ciencia y los servicios religiosos en Ucrania estaban prohibidos y las escuelas ucranianas tuvieron que cambiar su idioma de educación al ruso. Posteriormente, durante la represión de Stalin, los artistas ucranianos, escritores y poetas fueron perseguidos no sólo por su visión política sino también por su identidad nacional. En los años 20 y principios de 1930, alrededor de 30.000 figuras culturales y científicas ucranianas fueron ejecutadas o arrestadas por las fuerzas armadas rusas.

El punto culmine, hasta la invasión actual de Ucrania por parte de la Federación Rusa, fue denominado Holodomor, ocurrido entre 1932 y 1933, en el cual Stalin llevó a cabo un exterminio deliberado de campesinos ucranianos. Rusia sitió a la región no permitiendo el ingreso de alimentos y 7.000.000 millones de ucranianos murieron de hambre.

Algo más de cuarenta años después, Ucrania fue protagonista de la catástrofe ambiental acaecida en la Central Nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, considerada el accidente nuclear más grave de la historia conforme a la Escala Internacional de Accidentes Nucleares[38], como así también uno de los mayores desastres ambientales de todos los tiempos, poniendo en el eje de discusión la dimensión de la responsabilidad internacional por daño o delitos ambientales y su vinculación con los autoritarismos gubernamentales. Allí, la lluvia radiactiva, fue estimada en 400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima.

La central nuclear de Chernóbil (Чорнобильen ucraniano), era una de las más grandes del mundo y se encontraba dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético, que planeaba convertirla en la mayor central nuclear del mundo con 12 reactores, de los que cada uno generaría una energía de 1000 MW. Cuatro reactores ya estaban en funcionamiento y otros 2 estaban en construcción cuando la trágica noche del 26 de abril de 1986, se llevaba a cabo un experimento con el cual se pretendía probar la gama inercial de la unidad turbo-generadora de la central nuclear llamada Vladímir Ilich Lenin, ubicada a sólo alrededor de 120 kilómetros de distancia de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, cuya “explosión” fue la consecuencia más evidente del autoritarismo gobernante y una combinación de varios fallos en los sistemas de seguridad, violándose medidas reglamentarias exigidas para este tipo de actividad y la falta de protocolos y estudios minuciosos previos a este tipo de pruebas. Tampoco existieron controles exhaustivos durante el proceso a lo que deben sumarse falencias estructurales y graves errores humanos.

La explosión hizo volar por el aire la tapa del reactor, de más de 1.200 toneladas de peso, destruyendo el edificio del reactor, animando el incendio y expulsando al exterior combustible nuclear y productos de la fisión nuclear. El reactor número cuatro quedó completamente expuesto, por lo que los residuos contaminantes, liberados, sin ningún tipo de contención, ascendieron a la atmósfera y fueron esparcidos por el viento, arrojando un centenar de radio-nucleídos diferentes, cada uno caracterizado por tener un distinto tiempo de permanencia en el ambiente y un diferente poder tóxico.

Sustancias radiactivas alcanzaron una altura de hasta 1,5 kilómetros, donde los fuertes vientos provenientes del sureste arrastraron la nube radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia, sobre la cual la nube voló para luego regresar a Ucrania, hasta que la dirección del viento cambió hacia el oeste, llevando la radiación sobre Polonia hasta Checoslovaquia y después a Austria, en donde tras rebotar contra los Alpes voló de regreso a Polonia. Se estima que en la actualidad no existe un solo lugar en el mundo al que las nubes radiactivas de Chernóbil no hayan llegado en mayor o menor medida.

La contaminación ambiental hizo que Ucrania y Bielorrusia, que tenían los territorios más afectados, tomaran la decisión evacuar parte de sus países de forma permanente creándose una zona de exclusión de 4700 km2. Se contaminaron radiactivamente 2.293 ciudades y 5.000.000 de hectáreas de tierra debieron ser retiradas del uso agrícola.

La ciudad de Prípiat, ubicada a 4 kms de Chernóbil, es hoy casi una ciudad fantasma, sin siquiera un habitante, pero que se mantuvo en pie, a diferencia de los cientos de pueblos cercanos, que fueran tras el desastre, enterrados con excavadoras.

Chernóbil no fue un accidente sino una muestra cabal de la irresponsabilidad ambiental del autoritario gobierno de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría (1947-1991) y su consecuente afán de desarrollo, desenfrenado y sin controles, llevó a la instalación de la planta de energía nuclear en 1972, la cual jamás cumplió los estándares mínimos de seguridad y que fue administrada y dirigida por personal no idóneo, poniendo en un riesgo incomparable, no sólo a la región sino al mundo entero, el cual, al día de hoy, sigue sufriendo las consecuencias de aquel autoritarismo.

Los dudosos registros soviéticos consignaron que treinta personas murieron como consecuencia de la explosión y del incendio o resultaron expuestas a radiaciones letales emanadas del reactor número 4 de la planta. Sin perjuicio de ello Chernóbil evidenció que los efectos de la exposición a pequeñas cantidades de radiación produce consecuencias que se manifiestan con el paso del tiempo, generando mutaciones celulares que dan lugar a la proliferación de células cancerosas, pudiendo los cánceres infantiles darse ya sea por la exposición directa a las radiaciones ionizantes, como a su vez por la exposición in útero durante el embarazo, pudiendo también darse como resultado de una mutación celular del ADN de los padres. Las alteraciones genéticas provocadas por la radiactividad afectan a la función reproductiva y causan esterilidad o malformaciones graves en los recién nacidos, por lo que el temor a ello, sigue generando consecuencias que repercuten en la calidad de vida de los sobrevivientes y de su descendencia.

El autoritarismo nuclear pareció repetirse durante la actual invasión rusa a Ucrania, durante la cual el 24 de febrero de 2022 fuerzas armadas rusas tomaron el control de la ciudad de Chernóbil y con ella la central nuclear para finalmente abandonarla el 31 de marzo de ese mismo año, lo que aún no ha sucedido desde la toma por parte de Rusia de la central nuclear de Zaporiyia, central nuclear más grande de Europa y en la cual de acuerdo a informes del Ministerio de Defensa Ucraniano, las fuerzas rusas han colocado minas direccionales de tipo soviético en las salas técnicas y de turbinas,  volviendo con ello a poner al planeta entero en un grave riesgo nuclear.

Un conflicto nuclear de grandes dimensiones afectará ineludiblemente el clima, producirá impacto en el ambiente y una amplia repercusión en la salud. Con una detonación nuclear, se produce la explosión, la onda térmica y la radiación instantánea, con una capacidad destructiva un millón de veces superior a un arma convencional. La contaminación ambiental prolongada acarrea como consecuencias cáncer, lesiones genéticas en la descendencia de las sobrevivientes las que pueden extenderse a varias generaciones. A esto se debe agregar las secuelas psicológicas que acarrea vivenciar el trauma de un ataque de estas características. Gran parte de la información recabada en este sentido, procede de los bombardeos que tuvieron lugar en 1945 en Hiroshima y Nagasaki.

 

8. CONSIDERACIONES FINALES

De la lectura de este trabajo, podemos rápidamente vislumbrar que todo conflicto profundo en una sociedad, haya sido armado o institucional, ha acarreado limitaciones a derechos y garantías, generando como primera consecuencia dolor y sufrimiento a hombres, mujeres y niños, amenazando no sólo su presente sino su futuro, sino causando a su vez graves peligros sobre los espacios geográficos en que se desarrollaron y sus alrededores, con consecuencias sobre la salud, física y  psicológica de quienes atravesaron los mismos de manera directa o indirecta y afectando hasta eliminar en algunos casos la cultura de pueblos, regiones e incluso naciones en toda su amplitud.

Es por ello, que el fortalecimiento de las democracias en general y el sostenimiento y búsqueda de instituciones democráticas sólidas, con base en la división de poderes y la alternancia en el poder, con genuino acceso a los derechos políticos y electorales en particular, devienen en indispensables si pretendemos repensar un presente más justo e inclusivo, de cara a los desafíos que como humanidad se nos presenta.

Tal como sostiene López Alfonsín, “…Además de la proclamación de la democracia como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región en el Preámbulo de la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia”.[39]

Podemos inferir entonces que la protección de los derechos humanos, conlleva el cumplimiento cabal de las bases y principios de la democracia, tales como la independencia de los poderes, el respeto de las garantías, la representación de las minorías, el acceso a la justicia, la propiedad privada y la libertad de expresión entre otros, bajo el abrigo de instituciones que faciliten la interacción entre los individuos de la sociedad en todos sus niveles, ya sea político, social o económico.[40]

Estas instituciones, deben poder ejercer libremente las funciones para las cuales fueron creadas, dado que si las mismas no se encuentran fortalecidas como así también los valores democráticos y republicanos; el mundo será un lugar más frágil, más peligroso, menos libre y mucho más alejado de los conceptos de Estado de Derecho y Derechos Humanos y es en esto, dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos.

El tema y lema del Día Internacional de la Democracia de 2023, se basó en el enunciado «Empoderar a la próxima generación». Esto no es posible si en primer lugar, quienes los precedemos, no garantizamos la construcción de un sistema democrático sólido y duradero como primer consigna. Para ello, como sociedad, tenemos la obligación de vivir y actuar en consonancia con los postulados democráticos, lo que implica el compromiso de la participación y el necesario acceso a la educación. Conformar un electorado informado y comprometido, en donde a través de los mecanismos correspondientes su voz sea escuchada.

Es importante educar en principios y valores democráticos y republicanos ya que sin cultura, educación y participación, no podemos aspirar a un desarrollo sostenible, siendo fundamental para ello que los derechos culturales cuenten indefectiblemente con los instrumentos jurídicos que garanticen su protección. La cultura en general es facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Considerando que la conservación del ambiente y del patrimonio cultural, ambos íntimamente ligados, configuran uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad, de la mano con cambio climático, conflictos armados, epidemias, emigración, consolidación de ciudades sostenibles y vulnerabilidad entre otros; la  promoción de la paz, el desarrollo social, ambiental y económico sostenible, como así también el fortalecimiento de las instituciones y valores democráticos, resulta de vital importancia para hacer frente a los mismos.

Para ello, nuestra bitácora debe ser, la historia, que nos marca los rumbos que ya no deberíamos tomar, y nuestro norte, la conformación y fortalecimiento de un sistema democrático que apunte al bien común, la paz y la cooperación internacional, entre otros.

Citas

[1] Abogado, egresado de la Universidad de Morón, Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es a su vez Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, también por la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano. Cuenta con un Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha especializado en «Niños o Soldados. La nueva problemática del Derecho Internacional de los Conflictos Armados» en la Universidad de la Defensa Nacional.

Es Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AIDCA), en la cual dirige el Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y codirige el Instituto de Derecho Antártico y Gestión Polar. Desde 2017 Javier ejerce el cargo de Subdirector del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Argentina) y Durante los años 2017 y 2018 fue a su vez Director del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Morón (Provincia de Buenos Aires. Argentina). 

Es Miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Argentina) y fue Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional en la cual ejerció el cargo de Secretario General del Instituto de Derecho Ambiental.  Desde 2020 encabeza un equipo de investigación jurídica relativa a Derecho y Logística Antárticos. Este trabajo que incluyó investigación de campo en el Continente Antártico, ha llevado a la publicación del primer Tratado de Derecho Antártico en el mundo, realizado en idioma español y desde la Argentina. Ha realizado también trabajos de investigación jurídico ambiental, de campo, en Chernóbil, Ucrania.  En virtud de sus investigaciones ejerce la Dirección de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión y Logística Antártica Ambiental que se dicta en de la Universidad de Morón, Argentina, en convenio con el Comando Conjunto Antártico y AIDCA. Ha desarrollado tareas como Asesor Legal de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la República del Paraguay y Legislaturas provinciales y municipales argentinas varias. Es investigador y docente universitario de grado, posgrado y fue Miembro del Consejo Académico de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano. Es autor de libros y publicaciones, Codirector de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, ISSN 2953-3554 y  Miembro del Consejo Editorial de la Revista Confrontos, ISSN 2675-620X, (Universidad de Itaúna, Minas Gerais, Brasil). 

[2]De acuerdo con el informe “Libertad en el Mundo 2022: La expansión global de los gobiernos autoritarios.” emitido por “FreedomHouse”. Recuperado el 17 de agosto de 2023 de https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-02/FIW_2022_PDF_Booklet_Digital_Final_Web.pdf

Según V-Democracy de la Universidad de Gotemburgo, solo el 13 % de los seres humanos disfrutaban en 2021 de un sistema de gobierno basado en el respeto pleno de sus derechos. Libertades y derechos básicos eran esquivos o negados, con diferentes matices, para el 87 % de la población mundial.

[3]La Carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.

[4]  Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y naciones y se ha convertido en un hito en la historia de los derechos humanos.  La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. 

[5]Aprobado el 16 de diciembre de 1966 y entrado en vigore 23 de marzo de 1976.

[6] Aprobada el 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981.

[7]Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.

[8] A. Aguiar. El derecho a la democracia. La democracia en el derecho y la jurisprudencia interamericanos. La libertad de expresión, piedra angular de la democracia.  Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2008

[9] M. Duclos (dir.): Le monde des nouveaux autoritaires, Institut Montaigne / Éditions de l’Observatoire, París, 2019.

[10] A modo de ejemplo, la Comisión Europea sancionó al gobierno de Orbán por la aprobación de una ley que prohibía hablar de homosexualidad a los niños, niñas y adolescentes en 2021.

[11] Suecia, Luxemburgo, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Mauricio, Costa Rica, Corea del Sur, Taiwán y Japón, entre otros

[12] Los países peor valorados son Afganistán, Myanmar y Corea del Norte.

[13] Como sucediera con Georgia en 2008, entre otros ejemplos.

[14]https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2022

[15]https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/rusia/

[16]Al cerrar 2020, por ejemplo, promulgó una ley que permite declarar “agente extranjero” a individuos (ya antes se había aprobado una para organizaciones) con financiamiento desde el exterior, esto incluso aplicado a periodistas y medios de prensa independientes.

Los primeros señalados como “agentes extranjeros” fueron tres periodistas y dos activistas de la sociedad, todos conocidos por sus críticas al presidente ruso. Además, ha recordado Amnistía Internacional, se califica de “organizaciones indeseables” a las ONG y se ha obligado a que entidades internacionales de derechos humanos cierren sus oficinas en Moscú.

[17]https://rsf.org/es/protagonista-vladimir-putin-0

[18]Comunicado de Prensa Acnur. 24 de julio de 2023. Recuperado el 20 de diciembre de 2023 de https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/transcurridos-cien-dias-desde-que-inicio-el-conflicto-en-sudan

[19]Comunicado de Prensa Acnur. 04 de mayo de 2023. Recuperado el 20 de diciembre de 2023 de https://www.acnur.org/noticias/acnur-por-el-creciente-numero-de-personas-que-huyen-de-sudan-la-respuesta-en-el-pais.

[20]GRATIUS, Susanne. “Diez años de la Carta Democrática Interamericana”. FRIDE, Policy Brief Nº 61, septiembre 2011. Recuperado el 19 de diciembre de 2023 de .https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1328286471.pb_61_carta_democratica_interamericana_1_.pdf.

[21]López Alfonsín, Marcelo. “La Carta Democrática Interamericana rechaza el populismo”. En Asuntosconstitucionales.com. Recuperado de  https://www.asuntosconstitucionales.com/pdf/1-MLopez.pdf.

[22] Muerto por Estados Unidos en enero del 2020 en un ataque con drones cuando salía del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak.

[23]Cuyo idioma y cultura son similares a los del pueblo turco.

[24]Estas constataciones llevaron a la comunidad internacional a la inclusión de  medidas de descontaminación ambiental por vez primera, dentro de los programas de ayuda humanitaria posguerra

[25]La misma se encuentra incorporada en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Asimismo en el año 2004, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a siete años de cárcel a MiodragJokić ,comandante de la Marina yugoslava, por destrucción deliberada del patrimonio cultural, entre algunas de las imputaciones que pesaban sobre él.

[26]ONU, El legado tóxico de la guerra de Ucrania, recuperado el 15 de octubre de 2023 de https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-legado-toxico-de-la-guerra-de-ucrania

[27]ONU, Salvar al petrolero que amenaza con verter su contenido al Mar Rojo, es salvar a Yemen y al mundo, Recuperado el 1 de agosto de 2023 de https://news.un.org/es/story/2022/05/1508502

[28] France24, La ONU comienza la operación de bombeo desde el petrolero abandonado en Yemen

, Recuperado el 1 de agosto de 2023 de https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230725-la-onu-comienza-la-operaci%C3%B3n-de-bombeo-desde-el-petrolero-abandonado-en-yemen

[29]Niloufar Bayani, HoumanJowkar, Morad Tahbaz, Taher Ghadirian, Amirhossein Khaleghi, Sepideh Kashani, Abdolrez aKouhpayeh, Sam Rajabiy Kavous Seyed-Emami formaban parte del grupo ecologista Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF). El último, Seyed-Emami, murió en detención debido a un supuesto suicidio. Recuperado el 1 de agosto de 2023 de https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2020/11/asi-esta-destruyendo-iran-su-movimiento-medioambiental

[30]https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/discursos/declaracion-sobre-la-sentencia-contra-ambientalistas-en-iran

[31]ACNUR, Burkina Faso, recuperado el 3 de agosto de 2023 de https://www.acnur.org/pais/burkina-faso

[32]Nombrada Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en febrero de 2019.

[33] ONU, El legado tóxico de la guerra de Ucrania, recuperado el 15 de octubre de 2023 de https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-legado-toxico-de-la-guerra-de-ucrania

[34] UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2 de noviembre de 2001.

[35] PECADOS DEL ARTE, ¿Sudán no existe?, La destrucción del patrimonio cultural de Sudán, recuperado el 7 de agosto de 2023 de https://pecadosdelarte.com/noticia/559/actualidad/la-destruccion-del-patrimonio-cultural-del-sudan.html

[36] AGUILERA MARTÍN, Juan Martín “Expolio y destrucción en oriente próximo en el contexto de guerra e inestabilidad política”, recuperado el 23/9/2023 de file:///C:/Users/PC/Downloads/HUMAN-M42-A2.pdf

[37] AGUILERA MARTÍN, Juan Martín “Expolio y destrucción en oriente próximo en el contexto de guerra e inestabilidad política”, recuperado el 23/9/2023 de file:///C:/Users/PC/Downloads/HUMAN-M42-A2.pdf

[38] La Escala Internacional de Eventos Nucleares (más conocida por sus siglas en inglés, INES —International Nuclear EventScale—) fue presentada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para permitir la comunicación sin falta de información importante de seguridad en caso de accidentes nucleares y facilitar el conocimiento de los medios de comunicación y la población de su importancia en materia de seguridad. El lunes 11 de abril de 2018 la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) elevó el nivel de gravedad del incidente a 7, el máximo en su escala.

[39] LOPEZ ALFONSÍN, MARCELO A.; la Carta Democrática Interamericana Rechaza el Populismo, AC Asuntos Constitucionales

[40]BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,  La importancia de las instituciones y el aporte de CAF al desarrollo recuperado el 18 de diciembre de 2023 https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/10/la-importancia-de-las-instituciones-y-el-aporte-de-caf-al-desarrollo/