Por María Magdalena Odarda[1]

Durante los últimos años, el derecho animal ha ganado terreno en el ámbito académico y legislativo. Sin embargo, los animales carecen de una efectiva protección a través de la ley 14.346, vigente desde hace más de 60 años en Argentina.

La evidente contradicción en la que incurre nuestro marco normativo al considerarlos “cosas” y “víctimas” al mismo tiempo, determina una situación de ambivalencia que hace que las penas por trato cruel, se vuelvan abstractas y permisivas. Resulta inevitable que sean los animales, los que paguen el costo de esa ambigüedad con la pérdida de la propia vida.

Durante los últimos años apareció un hecho tan disruptivo como esperanzador: la sanción de la ley 27.330, votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional a fines de 2016.

Esta norma que se pensó y gestó con el fin de poner freno a una situación puntual de maltrato animal-como son las carreras de perros-, terminó convirtiéndose en un verdadero hito en la legislación latinoamericana en materia de derecho animal.

Pasaron más de 5 años desde su entrada en vigencia.

Haciendo un simple balance, podemos concluir que, -si bien no ha sido posible la erradicación definitiva de las carreras clandestinas a lo largo y ancho del territorio nacional-, se ha observado la drástica disminución de estas prácticas. Por otro lado, la ciudadanía se ha empoderado de manera ejemplar como fieles guardianes de su efectiva implementación.

En la actualidad, personas de todas las edades y hasta niños y niñas, no dudan en denunciar a través de redes sociales o ante comisarías, fiscalías y juzgados, cada hecho de crueldad contra los animales que llega a su conocimiento.

Por su parte, ante la interpelación ciudadana, el Poder Judicial y el Ministerio Público, han comprendido que deben actuar en forma inmediata, a través de acciones positivas eficaces.

Un dato de relevancia que demuestra que ya no resultan naturalizadas o impunes las escenas de maltrato animal para los argentinos y argentinas, es que luego de la sanción de la ley 27.330, las denuncias y actuaciones de oficio por parte de jueces y fiscales han crecido en forma exponencial.

La noche del 16 de noviembre de 2016, por 132 votos positivos, 17 negativos y 32 abstenciones de diputados y diputadas, el pueblo argentino dio un paso trascendental que modificó el paradigma imperante de “cosificación” de los animales.

Son muchos los delitos denunciados que rodean a las hoy prohibidas carreras de galgos: apuestas ilegales, uso de drogas para aumentar el rendimiento, descarte macabro de perros viejos o perdedores que terminan abandonados o sacrificados, hembras usada como máquinas paridoras, trabajo infantil encubierto, entre otros.

Por ello, ese día de primavera de 2016, dijimos BASTA.

En las calles que rodean el Congreso de la Nación se vivió una verdadera fiesta. Las lágrimas se entremezclaron con la alegría y abrazos compartidos de miles de activistas que esperaron durante horas, el veredicto final leído a viva voz por el Presidente de la Cámara de Diputados.

Convencida de esta lucha, como Senadora Nacional por Río Negro, me sumé sin dudarlo.

Así, impulsamos dentro del ámbito institucional-junto a otros legisladores de distintas bancadas-, el proyecto de ley elaborado por sus verdaderos autores intelectuales.

Fue “PROYECTO GALGO ARGENTINA”, junto a otras organizaciones y ciudadanos comprometidos y anónimos, los que forjaron esta ley y la impulsaron en las calles de todo el país.

No estuvieron solos. El apoyo a la causa fue adquiriendo día tras día, dimensiones inesperadas.

Así, se fueron sumando especialistas en derecho animal, Universidades, colegios de abogados, organizaciones proteccionistas, figuras públicas, músicos, hacedores de la cultura, ciudadanas y ciudadanos anónimos, que juntaron firmas, pintaron carteles, organizaron marchas pacíficas, y difundieron información sobre la crueldad de las carreras de galgos en el mundo.

Adoptar galgos descartados y abandonados en estaciones de servicio, caminos rurales, cementerios y basurales, se convirtió en una novedosa forma de lucha.

De ese modo, se demostró un sólido poder ciudadano al instalar en la agenda pública, la importancia de avanzar en la protección de animales como forma de aportar a la humanización de la relación del hombre con el ambiente del cual forma parte inescindible.

En 2020, el Fiscal de delitos ambientales y leyes especiales, el neuquino Maximiliano Breide Obeid, otorgó el carácter de “víctima” a un galgo rescatado, permitiendo que la abogada responsable de su cuidado -luego de un allanamiento en una carrera clandestina-, pudiera actuar en juicio en nombre y representación del animal. 

Un fiscal, una actuación oportuna que pasó desapercibida ante otras urgencias.

Argentina, a partir de la sanción de la ley 27330, se ha puesto en la vanguardia de la legislación por la defensa de los derechos de los animales, y fue contagiando esa fuerza arrolladora a países hermanos como Uruguay y Chile.

El 23 de septiembre de 2021, la votación del proyecto de ley de prohibición de carreras de galgos en el país andino, terminó en fracaso a pesar de la luz verde de la comisión de ambiente en el Poder Legislativo chileno. La esperanza está ahora en el nuevo gobierno chileno que podría revertir esa tendencia negativa a través de una nueva ley de similares alcances a la sancionada en Argentina.

Por el contrario, en Uruguay, las carreras de galgos fueron prohibidas por decreto del ex presidente Tabaré Vázquez, el 26 de diciembre de 2018.

En el día del animal, hoy 29 de abril, los invito a reflexionar sobre la magnitud de los derechos conquistados, y sobre el largo camino que queda por recorrer para que los animales sean respetados como verdaderos seres sintientes. Siempre, en la convicción de que la tortura no es cultura y que, en un Estado de derecho, la crueldad jamás debe ser sinónimo de impunidad.

[1] Autora de la ley 27.330. “Prohibición de carreras de perros de todas las razas” en Argentina.  Abogada. Ex Senadora de la Nación Argentina. Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.