Por Dora Alicia Mayoral Villanueva[1]

1. Introducción

Iniciaremos con preguntarnos ¿Cómo y dónde surge el concepto de feminicidio? Ante esta interrogante tenemos que el concepto de feminicidio como actualmente se conoce en América Latina tiene su génesis en los estudios antropológicos y sociales de la académica mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, quien retoma previos estudios elaborados por Diana Russell y Hill Radford, quienes habrían alzado la voz desde los años setenta para visibilizar que existía un crimen, un delito específico basado en el odio hacia la mujer: feticida que es “el asesinato de personas del sexo femenino por personas del sexo masculino debido a su condición de ser personas del sexo femenino (Russell y Radford; 2006).

En la primera década del presente siglo Marcela Lagarde y de los Ríos -entonces diputada federal-decide hacer un análisis más profundo del fenómeno de asesinatos violentos y sistémicos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua al norte de México. Lagarde refiere que:

“El feminicidio es la culminación de la violencia contra las mujeres. Variadas formas de violencia de género, clase, étnica, etaria, ideológica y política contra las mujeres se concatenan y potencian en un tiempo y un territorio determinados y culminan con muertes violentas: homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios se suceden y no son detenidos ni prevenidos por el Estado. Más aún, a los homicidios se suman la violencia de la injusticia y la impunidad” (Lagarde, 2005; 151)

Es decir, no sólo es el asesinato de una mujer por razones de género, sino que además convergen otros elementos como son un contexto estructural desde donde se reconoce que hay un fallo para poder atender este problema, con condiciones de impunidad institucional mediante relaciones de poder, donde además existe la falta de diseño de políticas públicas con perspectiva de género y deficiencias en la investigación, o lo que es lo mismo, el Estado resulta responsable indirecto de estos crímenes.

En conjunto, con Lagarde sobresale otra académica mexicana,  Julia Estela Monárrez Fragoso quien trabajó arduamente en la creación de una base de datos en la que se registraron todas las muertes violentas ocurridas en México, donde se clasificarían dichas muertes en dos rubros, uno en el que se especifica que la muerte ocurrió por razón de género y otra en la que no fue por esa razón. Referente a su labor dice:

“Para explicar la complejidad de estos asesinatos, mi trabajo se enfocó en varios métodos de análisis cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, menciono la construcción de una base de datos que he llamado Feminicidio” (Monárrez, 2013, p. 15)

Ya para el año 2007 el concepto de feminicidio empezó a escucharse en el ámbito internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo asume como parte de su lenguaje con la presentación de la primera demanda de feminicidio contra un Estado: México. (CIDH, 2009) La demanda fue presentada el día 4 de noviembre de dicho año y sería la primera ocasión en que esa instancia analizara un caso de asesinatos sistémicos de mujeres, donde -según cifras oficiales -más de 352 mujeres habían sido ultimadas en los últimos 14 años y también, por vez primera, examinaría un caso cuyo tema central es la violencia de género. La demanda se refería a casos que fueron presentados por separado, pero que estaban relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, los cuales ocurrieron entre los día 6 y 7 noviembre de 2001.

Cabe señalar que en su totalidad fueron ocho cuerpos los encontrados en el mismo lugar que era un campo donde se pizcaba algodón, ahora conocido como “campo algodonero”, pero sólo tres familias siguieron la lucha hasta el ámbito internacional. Algunos puntos centrales a resaltar en dicha demanda son las fallas descomunales durante la investigación previa, como el hecho de que los peritos oficiales solamente realizaron la necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni el modo y causa de las muertes. A lo que se suma la  forma irregular de llevar a cabo los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las causas de muerte, pues estos  se fueron agregando a la causa penal cinco días después del hallazgo, cuando las autoridades ministeriales ya habían asignado una identidad a cada víctima; ya que los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de mujeres recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, más no por deducción científica.

Entre sus conclusiones de la sentencia la CIDH indica: “es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.” (CIDH, 2009)

2. La migración y su relación con la industria de la maquiladora como generador de violencia y marginación

Hacia 1942, debido a la falta de mano de obra para trabajar los campos agrícolas, a causa del reclutamiento para la segunda guerra mundial, Estados Unidos y México firmaron un Convenio de contratación de trabajadores para los campos agrícolas, se le llamó Programa Bracero, el cual contó con un estimado de 4.6 millones de mexicanos, en su mayoría campesinos marginados y analfabetas. Lo que los hizo ser susceptibles de condiciones laborales precarias no solo salariales, sino también de salud y de vivienda. A los primeros braceros que llegaron a los campos agrícolas de Stockton, California, se les prometió un fondo de ahorro monetario consistente en un 10 %, que era descontado de su salario, pero que nunca fue pagado a los  trabajadores.

Lo que derivó en que muchos de ellos no soportaron las condiciones infames en que les tenían trabajando y regresaron a México pero, al no contar con un lugar de trabajo en sus poblaciones de origen, se fueron quedando poco a poco en las ciudades fronterizas que ya desde esos tiempos eran mercados más versátiles y ofrecían oportunidades de empleo a los migrantes. Éstos regresaron en mayor cantidad al país en 1964 al término del Convenio Bracero. Con el crecimiento poblacional de las fronteras la industrialización se hizo inminente y se dio inicio al Programa de Industrialización Fronteriza el cual originó a la maquiladora.

Con esto se daba empleo a las personas ávidas de trabajar e incluso se abría paso a la mujer para que saliera de la vida privada a la pública, lo que significaba un gran avance para la época en el contexto de un sistema patriarcal y machista que confinaba a la mujer a las labores designadas exclusivamente para su género.  Esto representó para las mujeres una gran oportunidad para lograr independencia económica y libertad de salir al plano público, pero por otro lado significó para las empresas un jugoso negocio, puesto que a la mujer se le pagaban salarios más bajos, y como se le hacía creer que “se le estaba haciendo un favor” en contratarla era más fácil propinarle abusos laborales.

Sumado a esto, a principios del año de 1994 entró en vigor el llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN, un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. Este Tratado tenía como principales objetivos el eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes, aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros. Y fundamentalmente establecer entre los territorios de los tres países una “zona de libre comercio”, donde las reglas se dispondrían para establecer cómo y cuándo se eliminarían las barreras arancelarias para conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones; es decir, cómo y cuándo se eliminarían los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los aranceles.

Así se daba fin a una larga tradición del comercio de contrabando o mejor conocido como “fayuca”, con lo que se vieron afectados diversos comercios a lo largo y ancho del país donde los mercados comercializaban productos que solo ahí podían conseguirse, como el famoso mercado de “Tepito” en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De esta forma fue que empezaron a migrar más personas, entre ellas muchas mujeres desde otras entidades del país, así entonces, llegaron a sumarse cada vez más a las plantas maquiladoras y a la par, las ciudades crecían más y más con los flujos migratorios que significaban una población femenina flotante e irregular. Estas mujeres empezaron a vivir en asentamientos periféricos y sin las condiciones urbanas de infraestructura necesarias, haciéndolas más vulnerables ante todo tipo de abusos y violencias. Hasta el día de hoy las mujeres caminan solas en parajes sin alumbrado público, no tienen acceso a transporte público para todo el trayecto, viven o más bien sobreviven con los sueldos miserables y esto las deja sumidas en los cinturones de pobreza de los cuales no logran salir.

La concepción de la mujer obrera trabajadora de una maquiladora lleva consigo el estereotipo de ser una mujer que busca cierta independencia económica, que además acepta horarios laborables nocturnos y eso conlleva un desafío a lo que se espera de una “mujer buena”. En otras palabras, una “mujer decente” no trabajaría altas horas de la noche, ni se expondría a tener una vida nocturna como la que se requiere en los turnos de producción en fábricas de ensamble como son las maquiladoras. Es entonces, que a estas mujeres obreras se les estereotipa como mujeres “fáciles y desechables”, lo cual las convierte en blanco de crímenes sexuales que implican un desprecio hacia su persona y que incluso pueden ser tiradas como cualquier objeto después de ser abusadas, torturadas y asesinadas.

Se establece así una diferencia entre una mujer buena y decente contra una “mujer fácil” que se equipara a ser “mujer pública” o prostituta. Esto retoma importancia porque aquí es donde se fundamenta la desigualdad de género, pues la sexualidad es una condición humana que debería ser equiparable entre hombres y mujeres, dentro de un contexto social. Por lo tanto, podemos observar que el uso que la mujer y el hombre hacemos del cuerpo es valorado de forma desigual, de manera que una es estigmatizada y la otra no. Se establecen los roles de género, que no son otra cosa más que el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado.

Y los estereotipos de género, que son ideas simplificadas, pero fuertemente asumidas, sobre las características de los varones y de las mujeres. Como se puede observar tanto los roles como los estereotipos de género son interiorizados a través de un proceso de aprendizaje que es denominado socialización de género, lo cual hace que las personas se adapten a las expectativas que sobre ellas tiene el resto de la sociedad en función de su sexo.

Finalmente, debido a la socialización diferenciada de género desde que somos pequeños, somos educados de forma diferente y esto hace que seamos y tengamos comportamientos diferentes, lo cual se traduce en una posición de poder del género masculino respecto al femenino, situación que se visualiza claramente con la división de las tareas que son fundamentales para la organización social, según lo que le corresponde a alguien por ser hombre o  por ser mujer, mejor conocido como la división sexual del trabajo.  Delimitando así dos órdenes, uno público y otro privado, el primero reservado para el hombre y el segundo para la mujer.

De esta manera observamos que derivado de la gran desigualdad entre los dos géneros se establecen relaciones de poder y hacen que se asuman como normales las conductas que violentan la vida del grupo perteneciente al género en sumisión. Con solo ver la forma en que ha sido estructurada la sociedad no harían falta perfiles específicos de víctima o agresor, ya que el solo hecho de pertenecer a uno u otro grupo los posiciona en una zona de privilegio o desventaja.

3. Narcotráfico y el control del territorio por los cárteles de la droga

En cuanto al narcotráfico y el control del territorio por los cárteles de la droga sabemos que el crimen, corrupción e impunidad se mezclan de una manera tan nuclear que no se pueden distinguir unas de otras cuando se busca la verdad. Ciudad Juárez resulta ser una ciudad tan violenta que muestra la crueldad humana a una escala sin precedentes, aquí cualquiera puede ser asesinado por un cártel, un pandillero, un asaltante común o un feminicida. Es decir, el crimen no se encuentra delimitado a cierto grupo criminal, más bien es tan complejo el entramado de violencias que desde cualquier punto se puede ser víctima de ser asesinado o asesinada. Lo que hace que no resulte extraño que, junto con Tijuana, -otra ciudad fronteriza del norte de México-, encabecen la lista de las ciudades más violentas del mundo. Dos ciudades enclavadas en puntos estratégicos que son puerta a la nación con más consumidores de drogas en el mundo, Estados Unidos de América. Lo que las convierte en las dos ciudades con mayor distribución de narcóticos ilegales en el mundo. Esto representa un gran negocio donde hay oferta y demanda y donde todos son parte del juego.

También  debemos entender que la frontera no solo divide dos países muy distintos en cuanto a dinámicas socio culturales y tradiciones, es asimismo, donde inicia el denominado “tercer mundo”. La división “rico-pobre”. Lo que hace que el negocio sea aún más llamativo, puesto que de uno y otro lado de la línea fronteriza el precio de la cocaína, por ejemplo, se cuadriplique en precio. El gobierno mexicano, obligado de alguna manera por el gobierno de Estados Unidos, ha recurrido a acciones consistentes en matar o arrestar y extraditar a los líderes de los cárteles.

Esta estrategia se ha mantenido en las últimas dos décadas, propiciando una criminalidad cada vez más fragmentada y violenta, que ha demostrado ser incapaz de que sea controlada. Así pues, vemos que en México se plantean serios desafíos de seguridad debido a las circunstancias cambiantes respecto a las del pasado. Mientras que los grandes grupos criminales de antaño se dedicaban sobre todo al narcotráfico, manteniendo ciertos códigos de “respeto y honor” en cuanto a su actuación, los actuales cárteles producto de las fragmentaciones actúan de una manera muy diferente. Sus  actividades criminales, dejaron de ser mayoritariamente destinadas al tráfico de drogas y ahora se han sumado acciones como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el robo de petróleo, más conocido como “huachicoleo”.

A pesar de que las circunstancias y forma de trabajar y repartirse las plazas han cambiado significativamente, el Cártel de Juárez sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México y la región. Las pandillas locales, también conocidas como “gangas”, actúan como su brazo armado y llevan a cabo labores de control local como la extorsión y el cobro de piso, entre otros. Estas pandillas son conocidas por sus rituales de iniciación que han sido reproducidos a partir de las pandillas de grupos segregados de las minorías residentes en los Estados Unidos.

En dichos actos en los que se tiene que demostrar que se está preparado para ser parte de la organización criminal, se incluyen rituales como violaciones masivas, ataques a indigentes o cualquier otro acto delictivo que implique un reto para quien desea ingresar.  Es aquí donde el feminicidio ha tenido lugar, puesto que este delito incluye múltiples hechos violentos contra una mujer que ejemplifican de una manera muy particular de lo que una persona puede ser capaz.

Como consecuencia, cuando hablamos de los crímenes relacionados con el narcotráfico y sus cárteles, es necesario decir que cada crimen lleva consigo un mensaje específico; así las torturas y formas de ejecución se manifiestan como un lenguaje que pretende llegar al receptor o receptores en la sociedad. A quien se le cortan las manos o los dedos significa que esto le sucede por tomar lo que no le pertenece, robar. A quien se le corta la lengua, las orejas, fue un soplón o si se le sacan los ojos vio lo que no debía; para aquellos que son sodomizados o que se dejan en parajes con sus genitales expuestos, la intención es humillarlos con  desprecio, es avergonzarlos en la máxima expresión.

Se demuestra no solo de manera tacita, sino más bien explicita un especial odio al género femenino. Si éstas formas de mandar un mensaje se hacen en cuerpos de hombres, no debiera resultarnos extraño que se haga lo mismo con los cuerpos de las mujeres asesinadas, a éstas se les cercenan los pechos, se les sodomiza y se deja muestra de lesiones degradantes con el firme propósito de que se vea el mensaje que se quiere hacer llegar, el lenguaje de la violencia extrema y ejemplo de un desprecio total hacia la mujer, un mensaje que además quiere dejar claro que eso le pasa porque se lo merece, porque es una cosa, una propiedad, un desecho.

Además, en un Estado corrupto y cómplice que genera impunidad -como ya se ha señalado antes- el negocio del narcotráfico genera jugosas ganancias, que han sido sostenidas y apadrinadas por la corrupción en conjunto con la impunidad, todo en aras de que el negocio florezca y todos ganen su parte. La corrupción en México ha sido instigada por las organizaciones criminales y ha desestabilizado al país entero generando una guerra de simulación por parte del Estado y una sangrienta lucha entre los cárteles por tener el control de las más importantes plazas. No se trata de quienes son, donde están o a que se dedican, eso todo mundo lo sabe; de lo que se trata es porque se perpetúan y porque es cada vez más violento el modus operandi y los enfrentamientos.

Sin lugar a dudas, de no ser por la corrupción que prevalece entre las instituciones del Estado y sus operadores, los cárteles no podrían sostener estos negocios multimillonarios, aunque también hay que señalar que, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, también colaboran elementos de las patrullas fronterizas y policías para que el trasiego de drogas pueda llevarse a cabo. Es pues un entramado de corrupción entre funcionarios y operadores de justicia de ambos lados y, obviamente, la impunidad forma parte de esta dinámica. Y es precisamente esta impunidad la que envía el mensaje de que las víctimas no pueden hacer nada para verse protegidas ante estos actos criminales contra ellas.

En todos los casos en que las familias han reclamado justicia ante el Poder Judicial y sus operadores jurídicos, lo único que han encontrado es una total simulación y un desdén hacia su situación de víctima. No se diga sobre la reparación del daño, ni la verdadera impartición de justicia. De cualquier manera, se deja ver que la inoperancia y la falta de interés es lo que prevalece, mostrándose sin el menor disimulo que la impunidad se perpetúa porque resulta ser base y reproducción del mismo sistema corrupto.

4. Conclusiones

Algo que resulta indiscutible es que el reconocimiento de los derechos es de suma importancia y que lo que no se nombra no existe, el lenguaje no solo expresa, el lenguaje pesa, por lo tanto alzar la voz y nombrar los crímenes es vital para que se voltee a ver a las víctimas y los grupos vulnerables que, en este caso, no solo son las mujeres que pierden la vida, sino los ofendidos o víctimas secundarias que pueden ser los padres y madres que quedan destrozados al perder a sus hijas, o en su caso los propios hijos de éstas, que quedan en el total desamparo de la orfandad.

Sin embargo, también considero que el apostar al Derecho Penal y lograr tipos penales que contengan penas máximas no es la manera de conseguir una disminución en las altas cifras de feminicidios. Pues, cuando se llega a este ámbito, es porque desafortunadamente ya hay una mujer víctima y esto es apostar por un modelo punitivo que no resuelve nada, porque llega, pero llega tarde. El populismo punitivo que ha sido recurrido constantemente no ha sido eficaz, por lo que, además, se debe desmontar las causas que reproducen las violencias y prevenir su escalamiento. Se debe apostar por una real transformación de la posición de la mujer en la sociedad, en asumirla como una ciudadana poseedora de derechos humanos y que sea incluida en proyectos de políticas públicas y estas políticas sean diseñadas, operadas y evaluadas en cuanto a su eficacia y aplicación real.

Al ser el feminicidio un crimen complejo y con base estructural y sociocultural se deben buscar caminos hacia estrategias que cambien no sólo los patrones culturales, sino también las condiciones de marginación, pobreza, desigualdad y falta de respeto a los Derechos Humanos. Es necesario que se elimine de este contexto social la imagen de la mujer como una posesión y deje de instrumentalizarse su cuerpo e imagen.

Dicha instrumentalización ocurre de muchas maneras no solo en un enfoque sexual sino también en la imposición de una maternidad forzada pues el cuerpo de la mujer sigue siendo visto como un medio para fines como procrear y ser una cuidadora por excelencia. Resulta necesario trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades no solo emocionales, sino también en su posición como generadora de recursos financieros que le permitan tener una movilidad progresista. 

Se requiere, además se lleve a cabo una prevención de violencias que son la base y génesis del feminicidio y se busque una trasformación en el concepto de lo que significa ser mujer con una visión y aplicación de perspectiva de género en todos los ámbitos desde la educación, el núcleo familiar, las comunidades, el ambiente laboral, la participación política y la imagen publicitaria de los medios de comunicación, que sostienen y reproducen los patrones de violencias.

Sin lugar a duda, “Campo Algodonero y sus muertas” han sido el referente para que se pusiera sobre la mesa el fenómeno del feminicidio a nivel latinoamericano. Por un lado, se mostró al mundo que existe un tipo especial de asesinatos por razón de género, y por otro, se dio impulso a que se empezaran a alzar las voces en otras naciones que vieron similitudes con los casos de feminicidios de las “muertas de Juárez”.

Bibliografía

Russell, D. y Radford, J. (2006a). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: Ceiich/Unam.

Lagarde, M. (2006a). Prefacio. En: Rusell, D. y Radford, J. Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: Ceiich/Unam.

Lagarde, M. (2005). El feminicidio, delito contra la humanidad. En: Feminicidio, Justicia y Derecho. México: Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana

Monárrez, J. (2013). Trama de una injusticia: feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana B. C.

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre 2009. # Petición/Caso ante la CIDH 12.496, 12.497 y 12.498 6 # Caso ante la Corte IDH Serie C No. 205.

[1] Abogada egresada  de la Universidad de Sonora, México. Cuenta con una Maestría en Educación por la Universidad Estatal de Arizona. Estados Unidos de América. Es Perito especialista en firmas y documentos cuestionados. Es Especialista certificada en Intervención Criminológica y Prevención de las Violencias en los Centros Educativos. Es Especialista certificada en Identificación y Clasificación del Feminicidio. Diplomada en DDHH y Género. Perfiladora Criminal certificada, Es traductora y Profesora de la Universidad del Valle de México. Directora del Instituto de Criminología y miembro del Instituto de Derechos de las Mujeres, Cultura  e  Igualdad de Géneros de AIDCA.