Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente

Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente
RIDCA - Edición Nº2 - Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Javier Alejandro Crea. Director

20 de diciembre de 2022

La aplicabilidad boliviana de la tutela constitucional efectiva y su instrumentalización en los procesos constitucionales

Autor. Paul Enrique Franco Zamora. Bolivia

MSc. Paul Enrique Franco Zamora[1]

Resumen

El propósito del presente documento, supone desglosar los principales elementos relativos a la tutela constitucional efectiva, un concepto con escaso desarrollo científico y de limitada aplicabilidad en la administración de justicia constitucional boliviana, empero que, producto de las recientes tendencias de modernización de la jurisdicción constitucional, coadyuvarán a disminuirse la dilación en la emisión de Resoluciones Constitucionales Plurinacionales. Dicho estudio, a través de un tipo de investigación descriptiva-explicativa y propositiva respecto a las dimensiones de la tutela constitucional efectiva, detalla las dificultades identificadas en la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional Plurinacional, sus necesidades internas y también aquellas falencias estructurales que podrían desembocar en efectos perjudiciales sobre los actores procesales. Con los resultados obtenidos, que recaen en ocho componentes teóricos (digitalización, unificación jurisprudencial, capacitación profesional y reforma legislativa) y prácticos (gestión procesal, coordinación interna, re-funcionalización y descongestión) identificados a lo largo de la investigación, pretende contribuirse científicamente en la implementación de la tutela constitucional efectiva en procesos constitucionales, siendo el punto de enlace, entre la construcción teórica y la construcción práctica, la modernización de la jurisdicción constitucional boliviana.

Abstract

The purpose of this document is to break down the main elements related to effective constitutional protection, a concept with little scientific development and limited applicability in the Bolivian constitutional justice administration, however, as a result of recent trends in the modernization of constitutional jurisdiction, it will help to reduce the delay in the issuance of Plurinational Constitutional Resolutions. That study, through a descriptive-explanatory and propositional research regarding the dimensions of effective constitutional protection, details the difficulties identified in the jurisdictional work of the Plurinational Constitutional Court, its internal needs and also those structural flaws that could lead to detrimental effects on procedural actors. With the results obtained, which fall into eight theoretical components (digitization, jurisprudential unification, professional training and legislative reform) and practical (procedural management, internal coordination, re-functionalization and decongestion) identified throughout the research, it intends to contribute scientifically in the implementation of effective constitutional protection in constitutional processes, being the modernization of the Bolivian constitutional jurisdiction the point of connection, between the theoretical construction and the practical construction.

Palabras Clave

Componentes teórico-prácticos; modernización de la jurisdicción constitucional; tutela constitucional efectiva; y, procesos constitucionales.

Introducción

La ciudadanía que activa la vía constitucional exige una justicia pronta y oportuna, sin embargo, existen todavía dificultades estructurales y falencias internas que impiden mayor celeridad en las labores jurisdiccionales.

Con relación a los problemas de estructura que atraviesa la justicia constitucional, pueden advertirse inconvenientes en el diseño interno y vigencia del organigrama de trabajo constitucional, toda vez que la actuación reactiva, poco coordinada y rotativa de ciertas Unidades Funcionales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) provoca desajustes en el sistema de gestión procesal constitucional boliviano y que, a futuro, contribuyen en índices de retraso procesal. Si bien el legislador nacional ha previsto una estructura, organización y funcionamiento del máximo guardián y defensor de la Constitución Política del Estado, es factible la re-funcionalización de Unidades con dificultades laborales de tramitación constitucional, además de corregirse aquellas prácticas que limitan la coordinación entre las diferentes Salas del TCP y que originan dispersión en la jurisprudencia boliviana.

La gestión procesal oportuna, mediante la vigencia de la tutela constitucional efectiva, evitaría un desorden en la tramitación constitucional. De esta forma, al identificarse los citados problemas en el presente artículo, también fue indispensable recogerse soluciones integrales dado que, la obtención de mayores estándares de trabajo interno y materialización de los principios de publicidad, seguridad jurídica y celeridad, denotan la necesidad de reencausarse la tramitación de los procesos constitucionales; dichas soluciones institucionales están vinculadas a la unificación de jurisprudencia, la re-funcionalización de Unidades, la uniformidad de criterios jurisdiccionales entre Despachos, la capacitación constitucional con enfoque especializado, la elaboración de políticas sólidas de descongestión procesal y la redacción de documentos normativos que, en los hechos, impulsarán la aplicación teórico-práctica de la tutela constitucional efectiva.

A estas problemáticas estructurales, se suma el análisis de falencias internas relacionadas a los soportes informáticos con los que cuenta el TCP y, en consecuencia, examinarse los efectos que conlleva la digitalización de causas en materia procesal constitucional; la tutela de derechos y protección de garantías a partir de la justicia constitucional digitalizada, implica la adopción de la modernización del proceso constitucional que, por una parte, involucra la utilización de nuevas tecnologías, junto al uso de recursos tecnológicos enfocados a simplificar las tareas jurisdiccionales y, por otra, asocia la actualización de sus servidores públicos sobre entornos virtuales, encaminados a coadyuvar a una justicia constitucional pronta y oportuna. Por consiguiente, con el objeto de estudio del artículo a desarrollarse, se determinará en qué medida la tutela constitucional efectiva coadyuva a la disminución de dilación en la emisión de Resoluciones Constitucionales Plurinacionales y posibilita la modernización del sistema de administración de justicia constitucional boliviana.

Materiales y métodos

Para la recolección de datos e información primaria acerca de la tutela constitucional efectiva y la modernización de la jurisdicción constitucional, fueron empleados tres instrumentos metodológicos. La encuesta estuvo dirigida a 25 servidores públicos del área jurisdiccional del TCP, quienes otorgaron su percepción legal respecto a las falencias y limitaciones en su actividad laboral y favorecieron con la detección de soluciones integrales, basadas en la digitalización de la justicia constitucional.

Con relación a la entrevista, participaron Vocales de Salas Constitucionales, Magistrados del TCP y el foro de abogados colegiados que compartieron su experiencia laboral, colaborando con datos específicos concernientes a la actual tramitación y procedimiento constitucional boliviano, y que sirven de guía en los problemas cotidianos que atraviesa la interposición de acciones y recursos constitucionales. Por último, la observación estuvo encaminada a conocer el estado de situación de la jurisdicción constitucional, verificándose la existencia o no de carga, mora y retardo procesal, acompañada de eventuales cuellos de botella y políticas de descongestión asumidas institucionalmente.

Resultados

  1. La tutela constitucional efectiva y sus condicionantes para su construcción teórica

La construcción de la tutela constitucional efectiva, desde un punto de vista teórico, está sujeta a cuatro componentes institucionales que fuesen metodológicamente identificados, conforme al criterio vertido por los actores encuestados y entrevistados. Las apreciaciones recogidas demuestran que, en las acciones y recursos constitucionales, se requieren estrategias de mitigación de problemas estructurales con enfoque de virtualización judicial y administración electrónica de justicia. En efecto, la jurisdicción constitucional boliviana puede transitar de un esquema tradicional ritualista o formalista a un escenario de democratización del acceso a la justicia en la tutela de derechos fundamentales y resguardo de las garantías constitucionales, en función a los elementos detallados a continuación.

1.1. La digitalización del proceso constitucional

Para considerar el ingreso de la era digital en los procesos constitucionales, han de tomarse en cuenta cinco factores de modernización en la protección virtual de derechos constitucionales y respeto telemático de las garantías jurisdiccionales.

El primer factor está relacionado al Gobierno Electrónico (GE), pues la administración de justicia constitucional es un servicio ofertado por el Estado y, en la medida en que pueda renovarse el procedimiento constitucional boliviano, debe acudirse a estrategias de información, interacción, transacción y transformación. Comunicar digitalizadamente a la ciudadanía sobre las actuaciones institucionales cumplidas y notificarse acerca de las labores de la jurisdicción a través de una página web o enlaces de internet, representa el cumplimiento de la fase de información del GE.

La recepción que efectúe el juzgador constitucional de opiniones (positivas o negativas) de la población litigante con respecto al servicio jurisdiccional, implican la etapa de interacción. El inicio, seguimiento y finalización del procedimiento constitucional mediante recursos en línea con idénticas condiciones que la tramitación constitucional presencial, forman parte de la transacción.

Por último, el rediseño en la estructura, organización y funcionamiento de la jurisdicción constitucional y adecuación de normativa interna que la rige, hace referencia a la transformación en el GE.

Según la opinión de los actores encuestados, el proceso constitucional telemático es la respuesta oportuna en la mejora de la imagen y credibilidad de la justicia constitucional. Para este propósito, debe reflexionarse el segundo factor de modernización jurisdiccional constitucional que está asociado a la implementación de herramientas virtuales como ser, el sistema de gestión procesal y de apoyo judicial, el expediente electrónico o intercambio digital de piezas procesales, el sistema de seguimiento de causas y las plataformas de interoperabilidad, con características y funcionalidades diferentes; a partir de la adopción de las citadas herramientas, será viable la codificación digital de las normas procesales en materia constitucional y las prácticas laborales en programas de software.

Una de las medidas institucionales favorables a estos dos primeros factores (GE y herramientas virtuales de la jurisdicción constitucional), conforme la percepción de los encuestados y entrevistados, recae en la implementación del Buzón Digital Constitucional, una iniciativa del TCP en plena época de pandemia. Tras la selección de criterios expresados por medio de los instrumentos metodológicos, puede valorarse que los actores del procedimiento constitucional muestran conformidad con los alcances, beneficios y finalidad del Buzón Digital Constitucional en las acciones y recursos constitucionales.

Dicho dato, cobra especial importancia porque la actitud reticente, reacia y renuente que pudo primar en el inicio de la pandemia es superada paulatinamente, generándose un panorama bastante beneficioso de esta herramienta virtual definida, en base a las opiniones ciudadanas colectadas, como un medio apropiado para solucionar los conflictos legales y avanzar a la justicia telemática constitucional.

Los siguientes factores (tercero y cuarto) de digitalización de la jurisdicción constitucional, tienen repercusión en la cadena de justicia integrada y la adopción del concepto de ciudadanía digital en los procesos constitucionales online, respectivamente. La obligatoriedad de mantener un servicio judicial estatal ininterrumpido, puede garantizarse con la cadena de justicia integrada; es decir, el avance digital de la justicia constitucional no puede quedar al margen de otras judicaturas en las que se hayan inducido reformas telemáticas, pues el Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional guardan conexitud con las ramas del Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho de Familia, entre otras, y sus diferentes jurisdicciones, no pudiendo relegarse la impartición de justicia constitucional telemática de otras instancias en las que se active la tramitación electrónica de procesos ordinarios. El fundamento de la ciudadanía digital, constituye interrelacionar los servicios judiciales en línea para beneficio del justiciable; entonces, empleándose este concepto en la interposición de acciones y recursos constitucionales, podrá accederse a un mundo jurídico virtualizado.

Un último factor relativo a la digitalización y modernización judicial, está vinculado con el uso de la inteligencia artificial para resolución de asuntos puestos a competencia de la justicia constitucional.

El conocimiento jurídico es amplio que, si bien existen experiencias positivas en la región sobre la tramitación de acciones o recursos constitucionales con apoyo de la inteligencia artificial, la realidad boliviana es todavía distante de pretender incursionar en este ámbito, ya que subsisten actitudes reticentes de la población litigante.

El personal encuestado afirmó que, los abogados tuvieron una actitud negativa al inicio de implementación del Buzón Digital Constitucional, produciéndose el adoctrinamiento de sus clientes o desconfianza sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la justicia; el criterio difiere al referirse a la población beneficiaria, quienes -en calidad de partes- recibieron con una actitud positiva los beneficios y ventajas de esta herramienta en materia procesal.

En la actualidad, el panorama y relacionamiento de actores clave del procedimiento constitucional, a más de dos años de implementación del Buzón Digital Constitucional, ha cambiado en absoluto; es notorio el empoderamiento del justiciable con la tecnología, pudiendo materializarse, en un futuro próximo, la tutela telemática de derechos fundamentales y la protección virtual de garantías jurisdiccionales:

(…) El advenimiento de la pandemia a nivel mundial ha generado nuevos retos desde el punto de vista jurídico. Frente a las nuevas tensiones sociales que pueden generarse dentro de este panorama, resulta urgente la elaboración de estrategias eficaces y eficientes para garantizar una tutela judicial efectiva sin afectar la salud ni la seguridad de los justiciables (Matallana Ruiz, 2020).

1.2. La unificación de la jurisprudencia constitucional

Sistematizadas las opiniones vertidas por el personal encuestado o entrevistado, se colige que el entendimiento y forma de proyección de las Resoluciones Constitucionales Plurinacionales (RCP) está supeditada a diversos criterios contrapuestos; de no ser practicable la unificación de la jurisprudencia, puede lesionarse la tutela constitucional efectiva. Para remediarse los problemas de estructura y organización de la jurisdicción constitucional, es necesaria la aplicación de los principios de la justicia constitucional y gestionarse las labores jurisdiccionales conforme a los principios procesales constitucionales.

La tramitación de procesos en sede jurisdiccional constitucional, exhorta a generarse espacios de uniformidad jurisprudencial y trabajo conjunto entre las Salas que integran el TCP; con ello, se reducirán los reclamos del universo litigante sobre los parámetros en los que puede o no tutelarse un derecho y disminuirse las RCP contrapuestas.

Ante esta falencia en la impartición de justicia, restrictiva en la aplicabilidad de la tutela constitucional efectiva en acciones y recursos constitucionales, el legislador nacional, a través del artículo 28, numeral 15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), ha previsto la unificación de jurisprudencia disponiendo, entre una de las atribuciones de Sala Plena del TCP, la unificación de su línea jurisprudencial cuando se constate la existencia de precedentes contradictorios, por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional. Con apego a esta facultad reconocida legislativamente, fue emitida la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de fecha 16 de junio, como una herramienta destinada a uniformar los criterios de las diferentes Salas que componen el TCP; es más, respecto a su configuración jurídica, dicha resolución precisa:

(…) por sus especiales características, este mecanismo deberá contar con una sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes de naturaleza contradictoria, para decantarse por la preferente aplicación y vigencia de determinado entendimiento que se convertirá en precedente jurisprudencial en vigor y el cual deberá ser empleado en todo el país de manera prospectiva.

Bajo este contexto jurídico, la unificación jurisprudencial significa otorgarle seguridad jurídica al justiciable y permite la conducción del proceso jurisdiccional con la finalidad que amerita la tutela constitucional efectiva. En rigor, la avocación y la resolución de doctrina constitucional, representan dos instrumentos para la materialización de la tutela constitucional efectiva, toda vez que los actores procesales accederán a una decisión pronta u oportuna que le brinde confianza en las decisiones emanadas con carácter unificado, evitándose -así- la dispersión de criterios constitucionales:

(…) Al existir cierto grado de indeterminación en las normas jurídicas y multiplicidad de operadores judiciales y administrativos que pueden llegar a entendimientos distintos sobre su alcance, resulta necesario que los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones cumplan una función de unificación jurisprudencial que brinde a la sociedad “cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad” y garantice el derecho constitucional a que las decisiones “se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico” (seguridad jurídica) (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia, 2014).

1.3. La capacitación del juzgador constitucional

Aportarse, desde la jurisdicción constitucional, con la construcción teórico-práctica del instituto jurídico de la tutela constitucional efectiva, incluye otorgarle valor estratégico a los procesos de formación, capacitación y difusión en materia de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional.

De la lectura jurídica de los sentires expresados por la población meta del diagnóstico, puede concluirse que la tutela constitucional efectiva no solamente involucra apartados jurisdiccionales de modernización judicial o unificación de jurisprudencia, sino está munida del componente académico en juzgadores y que reforzarán la fundamentación jurídica de las resoluciones adoptadas, renovándose la credibilidad de la justicia constitucional boliviana.

La apreciación supra, es emergente del diagnóstico sistematizado de las preguntas efectuadas. Los actores que intervinieron en las encuestas y entrevistas, relataron la necesidad de inducirse capacitaciones específicas en temáticas poco difundidas; por ejemplo, solicitan el tratamiento constitucional de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia o disciplinas que demandan un grado de especialización, es el caso del Derecho Comunitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Aduanero, entre otras ramas, que suelen estudiarse en la labor jurisdiccional constitucional.

La tutela constitucional efectiva no está dirigida exclusivamente al justiciable, igualmente tendrá que priorizarse la preparación adicional de los jueces constitucionales, a fines de fomentarse una alta formación especializada en derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y jurisprudencia (constitucional e interamericana), debiendo diseñarse un calendario académico de capacitación.

A partir de estos elementos de rigor académico-pedagógicos, puede consagrarse la tutela constitucional efectiva, lejos de una mera cuestión doctrinal a un factor teórico:

Todos estos aspectos, a saber, el académico, el extrajurídico y el ético, a la vez que concurren a dotar a los jueces de las mejores herramientas para proveer eficazmente al derecho constitucional que titulariza toda persona a una tutela judicial efectiva, también sirven para afianzar, a los ojos de la sociedad en general y de los usuarios del sistema judicial en particular, la independencia de los magistrados (Kamada, 2014).

La constante capacitación es, entonces, un desafío en la aplicabilidad de la tutela constitucional efectiva.

La actualización jurídica no debe confundirse como un requerimiento en la permanencia del cargo, está destinada al correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, conforme el mandato constitucional que les fuera conferido a los juzgadores.

1.4. Reforma del cuerpo legislativo de la jurisdicción constitucional

El último componente teórico de la tutela constitucional efectiva, posibilitará la inserción de los tres elementos anteriores en la administración de justicia constitucional; sin impulsarse una reforma de las Leyes N° 027 o 254 o la adecuación de los documentos internos que regulan la actuación jurisdiccional constitucional, todavía se generarán cuellos de botella procedentes de la norma orgánica y adjetiva.

En torno a la modernización de la justicia constitucional, institucionalmente pueden adoptarse medidas digitalizadas tendientes a superarse las barreras de acceso oportuno y sin dilaciones a las RCP, además de evitarse la saturación procesal; no obstante, para la codificación informática del procedimiento constitucional, se precisa la modificación de la LTCP y el Código Procesal Constitucional (CPCo).

Según lo referido por los encuestados, subsisten dificultades emergentes del organigrama y estructura interna del TCP y, esto, constituye un obstáculo en las labores jurisdiccionales, cuando se ansía el desempeño de funciones con mayores estándares de eficacia y cumplimiento de plazos procesales.

En suma, el esquema legislativo de la jurisdicción constitucional contiene ciertas restricciones en el cumplimiento de los fines y objetivos de la administración de justicia.

Por consiguiente, los problemas estructurales, normativos, procesales y secuenciales descritos por los actores entrevistados, limitan la aplicación de la tutela constitucional efectiva en la resolución de causas ingresadas en la jurisdicción constitucional, requiriéndose una reforma legislativa que pueda paliar los efectos negativos sobre los procesos constitucionales:

La aprobación del Código Procesal Constitucional en Bolivia, ciertamente contribuye a la consolidación definitiva del sistema de control concentrado y plural de constitucionalidad instaurado en nuestro país por mandato constitucional; por lo que, la discusión y el debate jurídico constructivo para aportar a la profundización teórica y el desarrollo legislativo adecuado del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, requiere de la sistematización de criterios jurídicos tendientes a optimizar las normas que contiene el nuevo Código, a la luz de la doctrina constitucional contemporánea, la legislación comparada y la jurisprudencia constitucional (Vargas Lima, 2015).

Además de esta insuficiencia legislativa, la población encuestada reflexiona sobre la falta de manuales, protocolos, ruta crítica ideal u otros documentos indispensables en el cumplimiento de actividades jurisdiccionales en sede constitucional, restringiéndose mayores estándares de eficacia laboral; en definitiva, un componente de la tutela constitucional efectiva, implica el diseño de instrumentos legales congruentes, cuya ausencia -hoy por hoy- debilitan el ejercicio de la justicia boliviana, dado que, una óptima protección de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales dependerá de la coherencia de la norma específica regulatoria de las acciones y recursos constitucionales.

  1. La dimensión práctica de la tutela constitucional efectiva en los procesos constitucionales

Descritos los elementos teóricos que soportan la tutela constitucional efectiva, corresponde dilucidarse sus componentes prácticos. De las apreciaciones colectadas en los instrumentos metodológicos, pueden describirse cuatro factores que, desde la praxis jurisdiccional, coadyuvarán a una mejor impartición de la justicia constitucional boliviana.

2.1. Diseño de instrumentos de gestión procesal

Las manifestaciones del personal encuestado y entrevistado denotan que, el avance digital en materia constitucional produjo la incorporación de la tecnología informática a la gestión jurisdiccional boliviana.

A través del uso de la tecnología, se desarrollan sistemas de informática jurídica documental relativas a los procesos constitucionales y de jurisprudencia labrada por el TCP que, en conjunto, requieren de un software jurídico especializado sobre acciones y recursos constitucionales de su competencia y que recibe la denominación de Sistema de Gestión Procesal Constitucional.

La digitalización de la gestión procesal constitucional boliviana, demanda el diseño o perfeccionamiento de aplicativos por el que los actores procesales o sus abogados puedan efectuar consultas de forma más oportuna; de esta manera, la codificación digital de las normas procesales constitucionales y las prácticas laborales jurisdiccionales mediante la utilización de programas de software, son el puntal para proyectar nuevas herramientas de tramitación telemática en el TCP:

“(…) [la gestión procesal] significa inmediación judicial, incorporación de la oralidad o proceso por audiencias, en plazo razonable, aumento de la concentración de actos, utilización de modos alternativos de resolución de disputas, todo ello implica mejor gestión y la incorporación de las nuevas tecnologías. A ello se suma que la “efectividad” de la tutela, importa traspasar el límite de medición de la sentencia y, continuar midiendo esa cualidad hasta que se termina el proceso de ejecución, lográndose el cumplimiento de la norma individual. Allí se considera que se arriba a tutela efectiva (Rauek, 2018).

Expresado esto, gracias a la experiencia vertida por los profesionales de la jurisdicción constitucional, deben diseñarse los instrumentos de gestión procesal, siendo los más relevantes las plataformas de recepción y gestión de documentos digitales, programas de digitalización de piezas procesales, software de presentación electrónica de escritos dentro del procedimiento constitucional, aplicativos tecnológicos de procesamiento de lenguaje natural, sistemas telemáticos de seguimiento de causas y plataformas de interoperabilidad.

Estos insumos, darán curso al expediente constitucional electrónico y su correspondiente trámite constitucional electrónico, como soportes informáticos indispensables en la tutela constitucional efectiva.

Sumado a este diseño tecnológico, es de capital importancia la redacción de un Manual de Gestión Procesal Constitucional con prerrogativas de la justicia digitalizada, al mismo tiempo, deben reformularse otros documentos internos que permitan la consolidación de una ruta crítica ideal del proceso constitucional boliviano.

Dichas propuestas, son elementos prácticos de la tutela constitucional efectiva y sustentan su construcción por intermedio de la digitalización del proceso constitucional, que sumados constituyen componentes de la modernización de la jurisdicción constitucional boliviana.

2.2. Relacionamiento interno jurisdiccional y técnica decisoria constitucional

La proyección expedita y rápida de las RCP, puede verse afectada por la discrepancia jurisdiccional. La desavenencia en la interpretación jurídica o razonamiento constitucional sobre materia tutelar, ralentiza el proceso constitucional en tiempos y plazo razonable. La función jurisdiccional por Despachos, contiene un cuello de botella concerniente al desacuerdo judicial y escases de coordinación entre juzgadores constitucionales, tanto a nivel de las Salas Constitucionales con asiento en los Tribunales Departamentales de Justicia, así como las Salas que componen el TCP.

Para conocer los efectos que produce la discrepancia jurisdiccional constitucional, fueron recogidas experiencias de la población encuestada. La duplicación del trabajo jurisdiccional, es resultado de la proyección alterna de una Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP); los encuestados refieren que, además del número de expedientes asignados, les genera sobrecarga procesal las causas en las que se exige la redacción de un proyecto alterno donde no se comparta la posición entre Magistrados, debiendo aperturarse un espacio de trabajo adicional.

Si bien el legislador boliviano ha contemplado la figura del voto disidente y voto aclaratorio en la proyección y dictado de RCP, se concluye que, la aplicabilidad de la tutela constitucional efectiva también requiere de mecanismos de consenso para impedir la excesiva elaboración de proyectos alternos o, de efectuarse, no afecten las distintas tareas encomendadas. Por costumbre, el universo litigante asume la activación permanente de la justicia constitucional, como último recurso en las diferentes etapas de los procedimientos interpuestos en la vía ordinaria o agroambiental u otros procesos, intentando retrotraer la ejecutoria de una resolución.

Acorde a lo manifestado por actores entrevistados, la mora procesal en sede constitucional desgasta la imagen del juzgador, disminuyendo la credibilidad y confianza del litigante en la impartición de justicia; es más, la carga procesal y la dilación en la emisión de RCP tiene por origen la discrepancia jurisdiccional ocasionando, a su vez, jurisprudencia dispersa que obliga a desplegar mayores esfuerzos laborales por uniformar resoluciones y sistematizar un trabajo conjunto entre Despachos.

Consultados respecto al exceso de expedientes que suelen revisarse de oficio ante el TCP, los entrevistados aducen que, la desconfianza del justiciable hacia el resto de juzgadores causa la interposición desproporcional de acciones de defensa; si existiera credibilidad en las funciones desempeñadas en la jurisdicción ordinaria, agroambiental u otras instancias en las que se administra justicia, la jurisdicción constitucional no sopesaría con una sobrecarga procesal. A fines de corregirse esta falencia de orden práctico, que limita la vigencia plena de la tutela constitucional efectiva, se sugiere la difusión permanente de la jurisprudencia nacional, principalmente, en aquellos institutos jurídicos que producen confrontación innecesaria entre los actores del proceso constitucional, pues tanto el accionante como el demandado hacen referencia a distintas SCP con entendimientos adversos.

El respaldo de dicha afirmación, está condicionado a la oferta y demanda de la justicia constitucional boliviana. Datos públicos extractados del TCP, corroboran que, durante la gestión 2020, se tramitaron 4485 acciones, distribuidas en 269 acciones de control normativo y 4216 acciones de control tutelar. Por tanto, el eje de trabajo constitucional recae en la revisión de resoluciones, emitidas en las acciones tutelares; para subsanar esta dificultad práctica, la tutela constitucional efectiva influye en la redacción de políticas institucionales que induzcan la coordinación preliminar entre los Despachos y, por consiguiente, se reduzca el exceso procesal en materia tutelar.

El artículo 10, parágrafo III del CPCo expresa que, las Magistradas y los Magistrados podrán formular voto disidente o en su caso aclaración de voto debidamente fundamentado; no obstante, la aplicabilidad práctica de la tutela constitucional efectiva instrumentaliza el relacionamiento entre juzgadores constitucionales, facilitándose la consolidación del consenso previo magistral en contrapuesta a la excesiva disidencia jurisdiccional.

Ergo, a pesar de la vigencia de la legislación orgánica y adjetiva del proceso constitucional, sería impensable la optimización del trabajo jurisdiccional del TCP, cuando todavía subsisten opiniones discrepantes en la forma de conceder o no la tutela y, más aún, es poco probable mejorarse el estándar de celeridad procesal y unificación jurisprudencial, de no redactarse documentos internos que faciliten la publicidad de RCP uniformes:

En definitiva, el desarrollo adecuado y la plena consolidación del modelo de control plural de constitucionalidad en Bolivia, depende de la optimización de las normas establecidas para realizar el control normativo, competencial y tutelar, así como de la especialización y capacitación de los jueces, juezas y Tribunales de Garantías Constitucionales, y de los miembros del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes deben desarrollar sus actividades jurisdiccionales en el marco del pluralismo jurídico, la interculturalidad y la descolonización que proclama la Constitución (Vargas Lima, 2016).

2.3. Re-funcionalización de unidades para evitar la burocratización jurisdiccional

En aras de identificarse ciertas dificultades de organización y falencias de tramitación constitucional, se consultaron tópicos de orden logístico (falta de equipamiento, espacios o mobiliario), de colaboración recíproca (escasa cooperación entre Despachos, además de criterios divergentes en la proyección de RCP que promueven jurisprudencia constitucional dispersa) y de proyección normativa (inexistencia de manuales, protocolos, ruta crítica u otros documentos).

Los encuestados y entrevistados relacionan los problemas recurrentes del procedimiento constitucional a los niveles de coordinación entre el personal, pues el ritmo laboral de cada área o sección difieren. La incidencia de la administración de recursos tecnológicos en la gestión judicial, demanda el establecimiento de Unidades Funcionales con atribuciones específicas que eviten la duplicidad de actividades o conlleven a una burocratización del aparato jurisdiccional constitucional.

Con relación al actual organigrama del TCP, los actores entrevistados consideran que la estructura institucional fue heredada. En base a criterios técnicos y estadísticos, comentan que, recientemente, se readecuaron cargos para gestionar el procedimiento constitucional, recayendo esta decisión en un atisbo de implementación de la tutela constitucional efectiva en la justicia boliviana, debido a que la re-funcionalización de Unidades es una medida positiva, siempre que garantice mayores avances en la jurisdicción constitucional y evite la duplicidad de actividades internas.

Para esta finalidad, la digitalización del proceso constitucional y su codificación informática mediante las herramientas virtuales sugeridas, es el espacio institucional propicio en la adecuación de Unidades Funcionales, sea mediante la creación de nuevas áreas o el rediseño de las actividades jurisdiccionales que deban cumplir.

De aplicarse esta medida administrativa, la readecuación funcional de Unidades, con apoyo de la modernización de la justicia digitalizada, constituirá una alternativa práctica en la ejecución de políticas jurídicas, encaminadas a la aplicación de la tutela constitucional efectiva y de permanente coordinación jurisdiccional, habida cuenta que:

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (…) también transforma las estructuras de las organizaciones públicas y las relaciones de las mismas, dentro y fuera, de la Administración Pública, en el sentido de buscar los tipos de organización y los mecanismos de coordinación que permitan brindar mejores servicios a los ciudadanos, responder a sus requerimientos y hacer un uso eficiente de los recursos públicos. De esta manera, se buscaría transitar por la ruta correcta para cumplir que la sociedad iberoamericana tenga acceso a servicios y trámites cada vez más ágiles y con plena certidumbre jurídica (Bozeman, 2015).

2.4. Planificación estratégica de mitigación de la excesiva carga procesal

Para mejorar los indicadores de gestión, resultado, calidad, impacto o desempeño de la jurisdicción constitucional, se precisa una sólida planificación estratégica. La medición y disminución de los índices de saturación de la justicia constitucional, desde el concepto práctico de la tutela constitucional efectiva, impulsa a una agenda institucional de trabajo acompañada de operaciones internas conducentes a la planificación participativa, la modernización jurisdiccional y la optimización de los procesos constitucionales.

A criterio del sector entrevistado, la jurisdicción constitucional adoptó mecanismos judiciales de descongestionamiento de carga procesal a través de la formulación de Planes Estratégicos Institucionales que, período tras período, han establecido acciones de mediano plazo destinadas al fortalecimiento de la gestión procesal constitucional plural, con base en la optimización de los procesos y procedimientos jurisdiccionales, por ello:

Los esfuerzos y resultados obtenidos en la revisión de causas han sido loables en los últimos años, sin embargo, la excesiva carga laboral en acciones y recursos, condiciona la capacidad del Tribunal Constitucional Plurinacional para ofrecer respuestas eficaces a la sociedad, de ahí que a más de reformas legales, impera continuar con el fortalecimiento interno a fin de reforzar elementos de legitimación, autonomía, independencia, transparencia y credibilidad ante la sociedad, que suponen a su vez un verdadero cambio de los instrumentos propios de la gestión procesal constitucional (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2016).

En mérito a este criterio, la principal política de gestión procesal y estrategia asumida por el TCP, halla como base la desjudicialización ordinaria de los tribunales de garantías; en pocas palabras, por encargo de la Ley N° 1104 de Creación de Salas Constitucionales, las acciones tutelares se interponen ante Vocales Constitucionales, bajo dependencia funcional del propio TCP. Así, proporcionalmente, se limita que los jueces y vocales de la jurisdicción ordinaria tengan otra carga más a sus actividades judiciales; inclusive, la especialidad del personal del despacho constitucional, permite asumir una línea jurisprudencial emitida por la máxima instancia, evitando contradicciones en la emisión de resoluciones.

En pocas palabras, la problemática de la carga procesal en la justicia constitucional quebranta la aplicabilidad de la tutela constitucional efectiva, pudiendo trastocarse la imagen del propio juzgador constitucional, pues la credibilidad del aparato judicial no está condicionada a la calidad de la decisión jurisdiccional, sino en la medida en que la resolución final se dicta en menor tiempo.

Conforme las opiniones vertidas por los partícipes de la encuesta y la entrevista, la planificación estratégica de mitigación de la excesiva carga procesal que incluya metas a corto, mediano y largo plazo, reducirá las potenciales conductas de retardación de justicia y se restringirá el rezago en la resolución de causas tramitadas en el TCP, siendo éstos los elementos coadyuvantes de disminución en la dilación de emisión de RCP y tendientes a la modernización de la jurisdicción constitucional, a través de una teorización y aplicabilidad práctica de la tutela constitucional efectiva.

Discusión

Tras el análisis de la información primaria colectada gracias a la encuesta y la entrevista, además de los datos obtenidos mediante la aplicación de la observación judicial, pasan a detallarse los principales hallazgos jurídicos y que se traducen en evidencia científica, con relación a la vigencia de la tutela constitucional efectiva en su dimensión teórica y práctica.

Las dificultades estructurales e internas de la jurisdicción constitucional, tienen como fundamento la escasa coordinación y cooperación entre Despachos, lo que provoca criterios diferenciados de trabajo operativo y duplicación de labores encomendadas desembocando, la citada falencia, en que las RCP sean dispersas en su fundamentación y limitándose una posible unificación  jurisprudencial. A estos problemas, se adiciona la excesiva carga procesal, producto también de la cantidad de votos disidentes, elaboración de proyectos alternos y la rotación obligatoria de la Comisión de Admisión.

Entonces, la aplicabilidad teórica y práctica de la tutela constitucional efectiva en Bolivia, podrá implementarse en la medida en que se evite el surgimiento de la burocratización jurisdiccional y se re-funcionalicen ciertas Unidades, ya que la unificación jurisprudencial (mediante avocación o resolución de doctrina constitucional) depende del establecimiento de directrices de colaboración previa en la elaboración de proyectos y el diseño de estrategias de disminución de la carga procesal acorde a un plan de mitigación.

Dichas propuestas, son elementos teóricos y prácticos coadyuvantes de la tutela constitucional efectiva y sustentan su construcción por intermedio de la digitalización del proceso constitucional, el diseño de nuevos instrumentos virtuales de gestión e implementación del expediente electrónico constitucional, que sumados constituyen los principales soportes virtuales de la modernización de la jurisdicción constitucional boliviana.

Conclusiones

La tutela constitucional efectiva es un concepto jurídico novedoso, que puede instrumentalizarse en los procesos constitucionales conforme los ocho factores teóricos y prácticos extraídos en dicho apartado.

Su inserción en la justicia constitucional boliviana requiere de políticas institucionales dirigidas a la modernización del aparato jurisdiccional del TCP, que reafirmen el compromiso estatal por tutelarse telemáticamente los derechos fundamentales y protegerse virtualmente las garantías jurisdiccionales; es más, representa un avance en la impartición judicial electrónica, pues se resguarda el derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones o la propia garantía jurisdiccional del debido proceso, ambos consagrados en la norma suprema del Estado boliviano.

Citas y referencias bibliográficas

Bozeman, B. (2015). Causas, efectos y eficacia de la burocratización en las administraciones públicas nacionales: Desarrollando reformas sensibles a culturas políticas singulares. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 63, 5-32.

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[1] Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.  Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia. Diplomado en Educación Superior por la Universidad Privada del Valle. Diplomado en Gestión Pública y Control Social y Diplomado en Justicia Penal para Adolescentes con mención en Justicia Restaurativa, ambos por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional; así como, Diplomado en Derecho Laboral y Procedimiento Laboral por la Universidad de Los Andes. Magíster en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente, cursa el Doctorado en Derecho por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Es parte de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.

Entre otras funciones desempeñadas, se destaca haber sido Secretario General y Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, Secretario General de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Letrado en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y Letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En el ámbito académico ejerció como Coordinador Académico del Área Constitucional, Laboral y Administrativo del Instituto de la Judicatura de Bolivia y fue docente de posgrado en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Andina Simón Bolívar.

Es autor de libros en Derecho Procesal y Práctica Forense Civil, en Derecho Constitucional y Régimen Disciplinario del Ministerio Público, Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, Justicia Constitucional en Materia Laboral y Social, La Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Justicia Constitucional, Reflexiones Académicas para la Promoción del Diálogo Constitucional y Guía de Jurisprudencia Constitucional y Estándares Internacionales con relación a los Principios Rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Código Niña, Niño y Adolescente. Además de varios artículos publicados en distintas revistas jurídicas.

 

 

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