Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente

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RIDCA - Edición Nº3 - Derecho Ambiental

Mario Peña Chacón. Director

15 de julio 2023

La bioeconomía. “Economizar la ecología o ecologizar la economía

Autora. Ema Liliana Pérez Favorito. Argentina

Por Ema Liliana Pérez Favorito[1]

 

La Bioeconomía es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad.  Su finalidad es alcanzar un desarrollo socio-económico sostenible, a través de un uso eficiente de los Recursos Naturales. No es una rama de la teoría económica, sino un campo de estudio  transdisciplinar, en el que participan además de economistas, científicos de otras áreas como la biología, la física etc. 

 

COSTO AMBIENTAL

Se denomina así al valor económico que se le asigna a los efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, perdida fertilidad del suelo, etc.)

Durante muchos años, la economía tradicional ha ignorado tanto los costos ambientales como los sociales.

Sin embargo, una verdadera integración económica debe ir a la par de la implementación de medidas regulatorias que no coarten la actividad económica y que contribuyan a un desarrollo sostenible, lo que incluye en todos los casos una gestión ambiental de los recursos en donde se vea implicada la ciudadanía, no como grupo de presión, sino como personas partícipes al tomar decisiones con consecuencias ambientales.

Es precisamente en este esquema donde la economía ambiental surge como disciplina para buscar o por lo menos plantear vías favorables que conlleven a la optimización en la explotación de recursos naturales, cuyas reservas son escasas.

ECONOMIA AMBIENTAL

La economía ambiental abarca el estudio de los problemas ambientales empleando la visión y las herramientas de la economía. Actualmente, existe un concepto erróneo de esta disciplina, ya que lo primero que se piensa es que su campo de estudio es en su totalidad sobre decisiones de negocios y cómo obtener rendimientos 

Pero la Economía se enfoca sobre las decisiones que realizan actores económicos sobre el uso de recursos escasos.

Las mejores propuestas para alcanzar la protección y preservación del medio ambiente, se basan en la concientización de las personas en sus ámbitos de consumo, y en la responsabilidad inherente de las instituciones privadas y públicas de crear incentivos que conduzcan a tomar decisiones en una dirección determinada.

Cualquier estructura económica producirá un impacto ambiental destructivo si los incentivos no están encaminados a evitarlo. El incentivo es una ganancia adicional que influye sobre el comportamiento de las personas. Por ejemplo, una persona que esta acostumbrada a tirar desechos de aluminio a la calle, de pronto se da cuenta que le resulta más rentable juntarlos y venderlos para su reciclaje. Otros aspectos que influyen en el comportamiento de las personas son los factores psicológicos como la autoestima o la satisfacción de haber realizado una acción positiva.

 

¿QUIÉN PAGA EL COSTO AMBIENTAL?

Las múltiples etapas de un proceso productivo (extracción, separación, filtración, elaboración, transporte, etc.) traen implícitas un impacto ambiental que es omitido y que en ningún momento se devuelve a la naturaleza.

Erosión, polución, extinción de especies son costos que no pagamos a la hora de consumir. Pero lo cierto es que los recursos naturales se van “gastando y consumiendo”, y hay un costo que es irreductible en cualquier modelo de desarrollo.

La cuestión entonces más importante es quién debe pagar este costo. Para ello, hay que resolver un problema político fundamental, que es el de la distribución de los costos y beneficios del desarrollo en términos ambientales. ¿Quién paga el costo ambiental: las propias empresas productoras o los consumidores que lo generan, el Estado, algunas clases sociales, generalmente las más pobres, o las generaciones futuras?

 

EXTERNALIDAD

El concepto de externalidad está en íntima relación con lo arriba descrito.

La externalidad es el costo de una actividad productiva, que no es tomado en cuenta por el sujeto que toma decisiones económicas, puesto que las transfiere a otras personas o a la sociedad como un todo. El concepto de externalidad está en íntima relación con lo arriba descrito.

La externalidad es el costo de una actividad productiva, que no es tomado en cuenta por el sujeto que toma decisiones económicas, puesto que las transfiere a otras personas o a la sociedad como un todo.

Las externalidades pueden afectar bienes públicos, bienes comunes o bienes privados

En esa línea se puede citar a J. Stiglitz, que propone la siguiente definición: “Siempre que una persona o una empresa emprende una acción que produce un efecto en otra persona u otra empresa por el que esta última no paga ni es pagada, decimos que hay una externalidad”.

En un principio se pensaría que el que tira la basura, debe recogerla, y también que el daño ambiental ya probado debe ser reparado.

Fundado en la equidad, reparar ese daño es de imperiosa justicia a fin de obligar a “internalizar” los costos del daño ambiental causado, que ha perjudicado el desarrollo humano, la calidad de vida y el bienestar general de los actores y les ha impedido gozar de un ambiente sano y equilib

En cuanto a los costos ambientales que genera toda forma de producción, las empresas pueden considerar pasar estos costos al precio del producto, o en reflejarlos en las utilidades de los accionistas, aunque no se resolvería nada: se pagaría permanentemente lo que no se deja de destruir.

Por ejemplo, si desforestamos el Amazonas, aunque paguemos por ello, muchas especies van a dejar definitivamente de existir, con las consecuencias también destructivas que supone para el ecosistema.

Es precisamente en esta instancia donde el Estado debe intervenir mediante diversos mecanismos que permitan regularizar un comportamiento sobre muchos de los recursos naturales, que carecen de derechos de propiedad.

Para ello, el Estado debe exigir a las empresas una planeación estratégica que incluya el Cumplimiento de las leyes ambientales, la implementación de medidas correctoras, auditorias ambientales constantes y una evaluación de impacto ambiental adecuada.

 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Hoy sabemos que todas nuestras actividades tienen impacto ambiental, ya que casi todo lo que hacemos modifica lo que nos rodea. Quien siembra un potrero con trigo o toma un antibiótico, o construye un camino, altera la biodiversidad.

Si usamos fuego para cocinar o abrigarnos del frío o nos desplazamos en un vehículo para trabajar, aumentamos las emisiones de gases. Lo que interesa es saber cómo se evalúa ese impacto y si lo que se hace justifica el costo ambiental.

Esas externalidades tienen un costo que en ocasiones no se debe aceptar y en otras puede, y en muchos casos debe, ser incorporado al precio del producto o del servicio que las genera. Para eso sirve la evaluación del impacto ambiental, que además debe hacerse con participación de la sociedad civil.

La evaluación del impacto ambiental de un proyecto que pueda afectar significativamente el ambiente debe servir además para decidir la internalización del costo ambiental y para manejar el riesgo si este es manejable, lo que probablemente implicará un costo económico.

 

INVERSION SOCIAL

Las inversiones sociales abarcan el rango de actividades emprendidas por los gobiernos para enfrentar la pobreza, financiando proyectos de infraestructura de servicio social y desarrollo comunitario. Para ello, los gobiernos transfieren recursos técnicos, financieros y de información a gobernaciones, alcaldías, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad bajo una concepción de inversión social estructurada.

También es responsabilidad de los gobiernos fortalecer el aparato productivo, aplicando diferentes medidas y programas que, entre otras cosas, fomenten el desarrollo económico, generen empleo y mejoren los indicadores sociales. Algunas de estas medidas tendientes a impulsar las cadenas productivas, deben estar orientadas a brindar apoyo y acompañamiento al crecimiento productivo de la pequeña y mediana empresa.

En el ámbito privado, las inversiones sociales son el medio por el cual las corporaciones amplían las contribuciones a las comunidades y sociedades donde ellos operan y contribuyen a satisfacer algunas expectativas locales.

Desde una perspectiva corporativa, las inversiones sociales son un importante componente de la «licencia para operar» y pueden también traer el beneficio de una buena reputación.

Las inversiones sociales frecuentemente buscan incrementar los niveles de capital productivo humano, social, y ambiental. Los ejemplos incluyen:

Capital Productivo: Programas que mejoran la infraestructura social de la región (por ejemplo, carreteras, disponibilidad de energía, escuelas, hospitales, vivienda)

Capital Ambiental: Programas que alienten la protección ambiental y su mejoramiento (por ejemplo, protección de biodiversidad, protección de los usos tradicionales, el reciclado en la comunidad, la reforestación, protección contra la erosión, protección marina

Capital Humano: Programas que llevan a mejoras en los niveles de salud, educación, y subsistencia (por ejemplo micro-crédito y programas de desarrollo empresarial, programas de vacunación, programas de alfabetización).

Capital Social: Programas que crean capacidades en la comunidad, las ONGs, y refuerzan la capacidad gubernamental (por ejemplo, entrenamiento diagnósticos/trabajo de talleres, procesos de toma de decisiones, planificación regional)

Las inversiones sociales frecuentemente son emprendidas en asociación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con base comunal. Estas asociaciones usualmente surgen después de una consulta extensiva y de crear una relación de confianza.

Sin embargo, científicos, gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales analizan fórmulas (algunas ya existentes) para “cobrar por contaminar” o “poner un precio al carbono”, es decir, que quienes más contaminen, compensen en términos económicos el daño que le hacen al ambiente.

La idea es limitar y reducir las emisiones de gases de infecto invernadero, responsables del calentamiento global y del cambio climático.

Mientras continúen las emisiones al ritmo actual, la elevación promedia de la temperatura del planeta subirá y traerá consecuencias graves para el medio ambiente con fenómenos climáticos más severos y más frecuentes, afectando actividades como la agricultura

Para calcular el costo del daño hecho por estas emisiones, ayuda cuantificarlas.

Lo más común es calcular las emisiones de CO2 equivalentes de todos los gases que provocan el efecto invernadero, incluyendo el propio dióxido de carbono o el metano que calienta aún más.

Para calcular el costo del daño hecho por estas emisiones, ayuda cuantificarlas.

Lo más común es calcular las emisiones de CO2 equivalentes de todos los gases que provocan el efecto invernadero, incluyendo el propio dióxido de carbono o el metano que calienta aún más.

Por eso, cuando se habla de “comprar” y “vender” emisiones que provocan el efecto invernadero y el cambio climático, se están describiendo los “mercados de carbono”.

Cuestión de precios

Aunque el precio que se ponga al carbono (o su equivalente) no sea igual al costo real de la contaminación, sí sirve para desincentivar las emisiones, según Neeraj Prasad, gerente de Alianzas y Conocimiento sobre Cambio Climático del Banco Mundial.

“Con los precios al carbono, podemos decir, por ejemplo, que la energía producida con carbón es más cara que la energía producida por un panel solar,” explica Prasad.

“Si no somos capaces de estimar (en dinero) los daños que causa el cambio climático, hay otros mecanismos que podemos usar para determinar los precios que deberíamos usar como indicadores,”

Otra fórmula para proteger el medioambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el pago por servicios ambientales que reciben agricultores, comunidades indígenas o empresas que cuidan el medio ambiente.

Por proteger la naturaleza, cuidar la biodiversidad o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden recibir cierta cantidad de dinero de su gobierno.

[1] Abogada-Escribana UBA. Especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente y Doctoranda concluido el Doctorado en etapa de Tesis

 

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