Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente

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RIDCA - Edición Nº3 - Derecho Ambiental

Mario Peña Chacón. Director

15 de julio de 2023

El Derecho a la Alimentación en los Países de la Región Centroamericana

Autora. Karen L Sierra. Honduras

Por: MsC. Karen L Sierra[1]



  1. INTRODUCCIÓN

La seguridad alimentaria es un derecho fundamental reconocido internacionalmente que garantiza que todas las personas tengan acceso físico y económico a una alimentación adecuada y nutritiva. En los países de la región centroamericana, este derecho ha sido objeto de atención y esfuerzos para garantizar su cumplimiento. Este artículo examinará la situación del derecho a la seguridad alimentaria en esta región, destacando los desafíos, avances y estrategias implementadas.

Los países de Centroamérica enfrentan diversos desafíos en la garantía del derecho a la seguridad alimentaria. Entre ellos se encuentran la pobreza y la desigualdad, la falta de acceso a recursos productivos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria causada por eventos naturales como sequías e inundaciones, así como la falta de políticas y programas efectivos.

A pesar de los desafíos, se han realizado avances significativos en la región centroamericana para promover la seguridad alimentaria. Los países han adoptado enfoques integrales que abarcan aspectos como la producción agrícola sostenible, el fortalecimiento de las capacidades locales, la promoción de la agricultura familiar, la diversificación de cultivos y el acceso a mercados. También se han implementado programas de protección social, como transferencias monetarias condicionadas y comedores escolares, para garantizar el acceso a alimentos nutritivos, especialmente para los grupos más vulnerables.

La cooperación regional desempeña un papel importante en el fortalecimiento del derecho a la seguridad alimentaria en Centroamérica. Organismos como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria han promovido la coordinación entre los países y la implementación de políticas y programas conjuntos. Además, los países han ratificado tratados internacionales y regionales que reconocen y protegen el derecho a la alimentación, lo que proporciona un marco legal sólido para su promoción y cumplimiento. Estos antecedentes han sentado las bases para el reconocimiento y la protección del derecho a la seguridad alimentaria adecuada en el ámbito internacional y han impulsado a los gobiernos a tomar medidas para garantizar el acceso a alimentos adecuados y nutritivos para todas las personas.

A pesar de los esfuerzos realizados, la región centroamericana aún enfrenta desafíos significativos en la garantía del derecho a la seguridad alimentaria. El cambio climático y los fenómenos naturales adversos continúan amenazando la producción agrícola, mientras que la falta de inversión y la corrupción obstaculizan la implementación efectiva de políticas y programas. Además, la migración forzada en busca de mejores condiciones de vida ha llevado a la pérdida de capital humano en las comunidades rurales.

2. ANTECEDENTES

La seguridad alimentaria en la región centroamericana es un tema de preocupación debido a los desafíos y problemas que enfrenta actualmente. Aunque la región cuenta con un potencial agrícola significativo, la realidad muestra una condición alarmante en términos de acceso a alimentos suficientes y nutritivos para su población.

En primer lugar, la pobreza y la desigualdad son factores clave que afectan la seguridad alimentaria en la región. Muchas personas en Centroamérica viven en condiciones de pobreza extrema, lo que limita su capacidad para acceder a alimentos adecuados. Además, la distribución desigual de los ingresos y la falta de oportunidades económicas contribuyen a la exclusión social y a la inseguridad alimentaria.

Además, la región centroamericana se encuentra expuesta a diversos desastres naturales y eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas tropicales. Estos fenómenos climáticos adversos afectan directamente la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. Los agricultores enfrentan pérdidas de cultivos, daños en la infraestructura agrícola y dificultades para recuperarse de estos eventos, lo que aumenta la inseguridad alimentaria en la región.

La falta de diversificación agrícola también es un desafío importante. La región centroamericana depende en gran medida de cultivos tradicionales, lo que la expone a riesgos significativos en términos de enfermedades y plagas que pueden diezmar las cosechas. Además, la falta de inversión en tecnología agrícola y prácticas sostenibles limita la productividad y la capacidad de los agricultores para enfrentar los desafíos presentes y futuros.

3. OBLIGACIONES DE LOS PAÍSES SOBRE PROMOCIÓN, RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

Los Estados están obligados a avanzar hacia la realización del derecho a la alimentación en un plazo razonablemente corto después de haber ratificado el PIDESC o el PSS. Para un Estado determinado, esta obligación puede significar la adopción de medidas jurídicas, administrativas, financieras, sociales u otras.

El derecho a la alimentación, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Parte: las obligaciones de respetar, proteger y realizar: (CESCR, 1999) Las leyes deben garantizar las condiciones que les permitan producir o comprar alimentos y el acceso equitativo a alimentos de distribución pública, nivel de ingresos suficiente para comprar una canasta alimentaria básica, acceso a instalaciones adecuadas para el almacenamiento de alimentos, Precio mínimo garantizado para los cultivos locales principales, acceso a destrezas y conocimientos.

De acuerdo con la Observación General Nº12, el Estado tiene tres niveles de obligaciones:

  1. Obligación de respetar
  2. Obligación de proteger
  3. Obligación de cumplir

La obligación de respetar implica que los Estados deban adoptar normas que, permitan garantizar el acceso a los alimentos mediante mecanismos coercitivos que, eviten la violación del derecho de las personas a la alimentación.

La obligación de proteger a las personas de las acciones de terceros es de especial importancia con especial atención para las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria. La obligación de cumplir incluye la obligación de facilitar y de proveer normas sociales, asistenciales ya que, a consecuencia de la pandemia causada por el virus COVID-19, se ha evidenciado su impacto en el sistema económico y productivo de los países de la región, provocando escasez precisamente de los productos y servicios agroalimentarios, por lo que, dar seguimiento a los procesos de reforma agraria en los casos que corresponda y que, con arreglo a derecho cumplan con los requisitos que exige la ley, son algunas de las medidas que pueden ejecutarse para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria adecuada, y la segunda está asociada más específicamente con el derecho fundamental de todos a no padecer hambre.

El deber de proteger por parte del estado también conlleva el estudio y seguimiento de estándares internacionales para una alimentación adecuada ya que, de acuerdo con las normas de la Comisión del Codex Alimentarius fue establecida y definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Salud (OMS) en 1963 y como una colección de normas alimentarias aceptadas a nivel internacional y presentadas de modo uniforme para los principales alimentos elaborados, semi elaborados y sin elaborar; incluye, entre otras, disposiciones referidas a la higiene, etiquetado, residuos, contaminantes y aditivos.

Estas normas establecen los requisitos que deben cumplir los alimentos para garantizar al consumidor productos inocuos, nutritivos, genuinos, no adulterados y debidamente etiquetados de forma global. Es así como, el estado debe cumplir con su rol de garante para el efectivo cumplimiento del marco regulatorio junto a la implementación de planes, programas y políticas para la ejecución de las diferentes actividades de producción, comercialización y consumo que, permiten una adecuada seguridad alimentaria y la adopción de medidas para proteger y conservar un ambiente sano, debiendo explotar los recursos naturales de manera razonada y sostenible.

4. PRINCIPIOS TRANSVERSALES, DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL, Y ACCESO A LA JUSTICIA. LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO HAN SIDO DOS CUESTIONES CENTRALES PARA LA OIT DESDE SU CREACIÓN.

La Declaración de Filadelfia establece que: «Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades»; y «El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional».

Las organizaciones de trabajadores y empleadores de todo el mundo están muy comprometidas con la lucha contra la discriminación y con la promoción de la igualdad de género. Esto último ha quedado plasmado en el texto del resultado de política 10 (trabajadores y empleadores), que hace referencia a la Iniciativa relativa a las Mujeres en el Trabajo y pide que las mujeres tengan más participación en la conducción de las organizaciones de interlocutores. En todo el mundo, se han emprendido trabajos sobre la presencia de la mujer en las empresas y los puestos de gestión; estos trabajos han tenido lugar en Asia y los Estados Árabes, y continuarán en América Latina.

Algunos grupos de población que suelen ser víctimas de la discriminación, como los pueblos indígenas, están amenazados en forma desproporcionada por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Sus preocupaciones, y también su sabiduría, deben ser tomadas en consideración al promover una economía más verde. ((OIT), 2016) Por otra parte, toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una violación del Pacto. (CESCR, 1999)

Con relación al acuerdo de Escazú, este instrumento internacional busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica, y su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para un ambiente sano y al desarrollo sostenible, su vínculo radica en alcanzar la seguridad alimentaria a partir de la complementación de los pilares que conforman el desarrollo sostenible tales como el económico, social y el ecológico.

La participación de los pueblos indígenas es relevante para el efectivo goce del derecho a la alimentación adecuada ya que, de acuerdo el Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es fundamental el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas al reconocer sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, Su objetivo es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular.

Los grupos de atención prioritarios contenido en la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). Como bien lo declaran el documento citado en bibliografía, proporcionado en la plataforma virtual, todos los seres humanos tenemos derecho a una alimentación adecuada, esto no significa que debemos esperar que el gobierno nos resuelva dejar el paternalismo a un lado y esperar a que firme y acepte estos acuerdos y así solventar las necesidades de alimentación, ya que pudiendo emplear nuestros medios podemos obtener nuestro alimento, mismo que si es producido con los estándares y técnicas adecuadas sería un alimento cien por ciento libre de tóxicos, insumos que al final nos dañan la salud, recordemos que es obligación de todos, lograr que el país salga de tanta pobreza, y de los altos indicies de desnutrición, desempleo y tanta designación negativa que nos atañe.

La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada.

Los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales. (CESCR, 1999) Los elementos prioritarios de atención para el DAA en la nueva década, a partir del informe 2020 de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, incorporando también los desafíos futuros que identifiquen derivados de la Pandemia por el COVID-19.

El Relator Especial ofrece una perspectiva crítica sobre las tendencias que han conducido a esta realidad. Proporciona una revisión de los nuevos desarrollos que tienen el potencial de cambiar el statu quo (se usa para aludir al conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico determinado y es la reducción de la fórmula diplomática). También mira hacia el futuro, destacando los roles y responsabilidades de los actores clave en la promoción del derecho a la alimentación. (food, 2020). Ya que con la nueva modalidad aunado al calentamiento global (Cambio Climático) los sistemas de producción sufrirían una serie de cambios y hablaríamos de una agricultura urbana y periurbana.

Otro aspecto crítico es la malnutrición y las deficiencias nutricionales en la región. Muchos países centroamericanos enfrentan altas tasas de desnutrición, especialmente entre la población infantil y las mujeres embarazadas. La falta de acceso a una alimentación adecuada y equilibrada, así como la falta de educación sobre nutrición y prácticas de alimentación saludables, contribuyen a esta situación preocupante.

En términos de políticas y marcos normativos, aunque algunos países han implementado estrategias y programas para abordar la seguridad alimentaria, existen desafíos en su implementación efectiva y coordinación regional. La falta de recursos financieros, la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad política dificultan la aplicación de medidas concretas y la promoción de un enfoque integral.

El diagnóstico actual de seguridad alimentaria en la región centroamericana revela una situación preocupante. La pobreza, la desigualdad, los desastres naturales, la falta de diversificación agrícola y la malnutrición son algunos de los principales desafíos que deben abordarse. Es necesario fortalecer la inversión en agricultura sostenible, mejorar el acceso a alimentos nutritivos, promover la educación sobre nutrición y fortalecer la implementación de políticas y programas coordinados a nivel regional. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrá lograr una mejora significativa en la seguridad alimentaria en la región centroamericana.

El derecho a la alimentación se debe garantizar y asegurar mediante la aplicación de un marco legal tanto a nivel internacional como nacional. Algunos de los instrumentos legales más relevantes son:

A nivel internacional:

  1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación, y establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso físico y económico a una alimentación adecuada.
  2. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): Reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la alimentación, como un derecho humano fundamental.
  3. Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación de la FAO: Proporcionan orientación a los Estados sobre cómo implementar y proteger el derecho a la alimentación, promoviendo enfoques inclusivos y participativos.

A nivel nacional:

  1. Constituciones nacionales que, reconocen disposiciones relacionadas con el derecho a la alimentación o la seguridad alimentaria, reconociendo la importancia de garantizar el acceso a alimentos adecuados para todos los ciudadanos.
  2. Leyes y políticas de seguridad alimentaria para promover y proteger la seguridad alimentaria, estableciendo normas de calidad, regulaciones sobre la producción y distribución de alimentos, y programas de apoyo a grupos vulnerables.
  3. Programas de asistencia alimentaria como capacitación técnica a productores y transferencias de tecnología y financiamiento a agricultores locales, para garantizar el acceso a alimentos para aquellos que enfrentan inseguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental reconocido a nivel internacional creado con el objeto de garantizar que todas las personas tengan acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos es un desafío crucial, especialmente en países de la región centroamericana. Esta región ha enfrentado históricamente diversos problemas en materia de seguridad alimentaria, como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el cambio climático y la falta de políticas efectivas. En este artículo, examinaremos la situación del derecho a la seguridad alimentaria en los países de Centroamérica y las acciones necesarias para su pleno cumplimiento.

Desafíos pendientes y recomendaciones: A pesar de los avances, aún existen desafíos pendientes en la región. Es necesario fortalecer la capacidad institucional, mejorar la gobernanza de los recursos naturales, promover la investigación y la innovación en el sector agrícola, así como abordar las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad. Además, se requiere una mayor inversión en programas y políticas de seguridad alimentaria, así como el fortalecimiento de la participación de los actores locales y la sociedad civil en la toma de decisiones.

La seguridad alimentaria está garantizada como un derecho humano reconocido en el Tratado de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Tratado de San Salvador, también conocido como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988).

El derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento con los medios para obtenerla, procurando la seguridad alimentaria, acceso al agua limpia y saneamiento, en general el uso racional de los recursos naturales y mediante instrumentos y políticas públicas para el logro de los objetivos.

Este tratado, adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), busca garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas en la región. Antecedentes:

El derecho a la seguridad alimentaria tiene sus antecedentes en varias declaraciones y tratados internacionales. Algunos de los eventos y documentos clave que han contribuido al reconocimiento de este derecho son:

  1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): Estableció el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la alimentación, como un componente fundamental de los derechos humanos.
  2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): Reconoció el derecho de toda persona a estar libre del hambre y a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.
  3. Cumbre Mundial de la Alimentación (1996): Reafirmó el compromiso de los gobiernos de garantizar la seguridad alimentaria para todos y adoptó la noción de seguridad alimentaria como el acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos.
  4. Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015): Incluyeron el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre y lograr la seguridad alimentaria.
  5. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: Ha emitido varias observaciones generales y recomendaciones relacionadas con el derecho a la seguridad alimentaria adecuada, proporcionando una interpretación más detallada y guías para su implementación.
5. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

Para garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo sostenible en la región centroamericana, se pueden implementar los siguientes mecanismos:

Fortalecimiento de la agricultura sostenible mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, como la agroecología, la agricultura orgánica y el uso eficiente de los recursos naturales. Esto implica fomentar la diversificación de cultivos, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes orgánicos y la conservación del suelo, entre otras prácticas.

Desarrollo de infraestructura agrícola, incluyendo sistemas de riego eficientes, almacenamiento y procesamiento de alimentos adecuados, y vías de transporte y distribución eficientes. Esto ayuda a reducir las pérdidas postcosecha y a mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos en toda la región.

Fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático mediante practicas resilientes y capacitación técnica a los agricultores en la implementación de medidas de adaptación. Esto incluye el acceso a tecnologías apropiadas, información climática y servicios de extensión agrícola.

Fomentar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, como la tierra, el agua y la biodiversidad. Esto implica promover la gestión sostenible de los ecosistemas, la protección de áreas naturales y la promoción de prácticas agrícolas que minimicen los impactos negativos en el medio ambiente.

Fomento en investigación agrícola y desarrollo de tecnologías adecuadas a las necesidades de la región centroamericana. Esto incluye el mejoramiento genético de cultivos, el desarrollo de prácticas agrícolas innovadoras y el acceso a información y conocimientos técnicos actualizados.

Promoción de políticas y marcos normativos favorables que promuevan la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, como la protección de los derechos de los agricultores, el acceso equitativo a los recursos, la promoción del comercio justo y la regulación de prácticas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente.

Estos mecanismos trabajan en conjunto para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y promover un desarrollo sostenible en la región centroamericana.

Estos son solo algunos ejemplos del marco legal aplicable al derecho a la seguridad alimentaria. La aplicación y el alcance de estos instrumentos pueden variar según el país y su sistema legal.

Estrategias y medidas implementadas: A pesar de los desafíos, los países de la región centroamericana han implementado diversas estrategias y medidas para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria. Algunas de ellas son:

  1. Programas de transferencia de efectivo: Los gobiernos han establecido programas de transferencia de efectivo dirigidos a las personas más vulnerables, con el objetivo de mejorar su capacidad para adquirir alimentos.
  2. Fortalecimiento de la agricultura familiar para fortalecer la agricultura familiar y promover la producción de alimentos a nivel local. Esto incluye el apoyo a pequeños agricultores, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y el fomento de mercados locales.
  3. Educación alimentaria y nutricional mediante campañas de educación para promover una alimentación saludable y equilibrada, así como para mejorar los conocimientos sobre nutrición y la importancia de una dieta adecuada.
  4. Cooperación regional e internacional constituye un rol fundamental en los esfuerzos por lograr la seguridad alimentaria en Centroamérica. Los países de la región han trabajado en conjunto para intercambiar conocimientos, promover la integración de cadenas de valor agrícolas y buscar soluciones conjuntas a los desafíos comunes. Asimismo, han recibido apoyo técnico y financiero de organizaciones internacionales, como la FAO y el Banco Mundial, para fortalecer sus capacidades y mejorar sus sistemas alimentarios.
  5. fortalecer los sistemas de almacenamiento y distribución de alimentos. Además, se han establecido programas de transferencia de efectivo y asistencia alimentaria para garantizar el acceso a alimentos básicos para aquellos en situación de vulnerabilidad.
6. LOS PAÍSES DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA ENFRENTAN DIVERSOS DESAFÍOS QUE DIFICULTAN LA PLENA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN:
  1. Pobreza y desigualdad: La región centroamericana presenta altos índices de pobreza y desigualdad, lo que afecta negativamente el acceso a los alimentos de calidad. Muchas personas no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir una alimentación adecuada.
  2. Cambio climático: Los fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, tienen un impacto significativo en la producción agrícola de la región. Los agricultores enfrentan dificultades para mantener sus cultivos y ganado, lo que afecta la disponibilidad de alimentos.
  3. Escasez de recursos naturales: La falta de acceso a tierras fértiles, agua potable y otros recursos naturales limita la capacidad de los agricultores para producir alimentos en cantidad y calidad suficientes.
  4. Vulnerabilidad de grupos específicos: Los niños, las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades rurales son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria en la región. Estos grupos a menudo enfrentan discriminación y exclusión, lo que dificulta su acceso a los alimentos.
  5. Fomento de la resiliencia climática: Es necesario invertir en prácticas agrícolas sostenibles y en la adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente a los eventos climáticos extremos.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TRFAA), ofrecen varios beneficios que contribuyen a la seguridad alimentaria:

  1. Los productos fitogenéticos mejorados pueden tener un rendimiento y una productividad significativa en comparación con las variedades convencionales. Esto significa que se puede producir más comida en la misma cantidad de tierra cultivada, lo que ayuda a satisfacer la creciente demanda de alimentos.
  2. Mejora genéticamente los cultivos puede conferir resistencia a enfermedades y plagas que pueden afectar la producción de alimentos. Al utilizar productos fitogenéticos resistentes, se reducen las pérdidas de cultivos y se asegura un suministro más estable de alimentos.
  3. Los productos fitogenéticos pueden desarrollarse para adaptarse a condiciones ambientales desafiantes, como sequías, suelos pobres o altas temperaturas. Esto permite la producción de alimentos en áreas que de otro modo serían menos propicias para la agricultura, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.
  4. Mejora de la calidad nutricional: Mediante la mejora genética, se pueden desarrollar productos fitogenéticos con mayor contenido de nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales y proteínas. Esto puede ayudar a abordar deficiencias nutricionales y promover una dieta más equilibrada.
  5. Los productos fitogenéticos permiten una mayor disponibilidad de alimentos al aumentar la producción y reducir las pérdidas de cultivos. Esto es especialmente importante en áreas donde el acceso a alimentos es limitado, contribuyendo a combatir el hambre y la malnutrición.
  6. Reducción de la dependencia de importaciones al cultivar variedades fitogenéticas adaptadas a las condiciones locales, se reduce la dependencia de importaciones de alimentos. Esto fortalece la autosuficiencia alimentaria de un país o región, lo que es crucial para la seguridad alimentaria a largo plazo.
  7. En general, la utilización de productos fitogenéticos puede aumentar la producción de alimentos, mejorar la resistencia a enfermedades y plagas, adaptarse a condiciones ambientales adversas, mejorar la calidad nutricional, aumentar la disponibilidad de alimentos y reducir la dependencia de importaciones, contribuyendo así a la seguridad alimentaria.

7. CONCLUSIONES:

El derecho a la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío importante en los países de la región centroamericana. Sin embargo, se han implementado diversas estrategias y medidas para abordar esta problemática. Es fundamental continuar fortaleciendo las políticas y programas destinados a garantizar el acceso a alimentos suficientes y nutritivos para todos, así como abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria, como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá avanzar hacia la plena realización del derecho a la seguridad alimentaria en la región centroamericana.

Otro factor importante es la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático. Centroamérica es propensa a desastres naturales como sequías, inundaciones y huracanes, que afectan negativamente la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. Estos eventos climáticos extremos aumentan la inseguridad alimentaria y tienen un impacto desproporcionado en las comunidades rurales y los pequeños agricultores.

Para lograr avances significativos, es fundamental fortalecer las políticas y programas existentes, aumentar la inversión en agricultura sostenible, mejorar la resiliencia frente al cambio climático y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. La cooperación regional y el apoyo internacional desempeñan un papel crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas para garantizar que todas las personas en Centroamérica puedan ejercer su derecho a una alimentación adecuada y nutritiva

Es necesario reducir los índices de pobreza ya que, muchas personas en Centroamérica viven en condiciones de pobreza y no tienen los recursos suficientes para adquirir alimentos básicos. Además, la desigualdad en la distribución de la tierra y los recursos agrícolas limita el acceso de las comunidades más vulnerables a la producción de alimentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  1. OIT (Organización Internacional del Trabajo). (10 de noviembre de 2016). Género e igualdad de género. Recuperado de https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/gender-equality/lang– es/index.htmCESCR (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). (1999). El derecho a una alimentación adecuada (art. 11). Ginebra, 26 de abril a 14 de mayo de 1999.
  2. Food, S. R. (21 de enero de 2020). Critical Perspective on the Right to Food. Recuperado de https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/CriticalPerspective.aspx
  3. Rapoport, C. J. (26 de marzo de 2014). El Derecho a la Alimentación como Derecho Humano. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036- 3634201400070001
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  6. Engels López, L., & Vigil, L. (2016). Diagnóstico de la escasez de alimentos y la sequía en el corredor seco de Honduras, Tegucigalpa.
  7. Guía Para La Elaboración y Presentación De Indicadores de Progreso Para El Protocolo De San Salvador. (junio de 2018).


[1] Máster Derecho Empresarial y Tributario, Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Abogada, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Licenciada en Ciencias Jurídicas y Social, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Diplomada en Investigación en Derecho a la Alimentación Adecuada en Honduras. (UNAH) Diplomada en  Educación Superior, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Diplomada Universitario en Derecho Laboral y Seguridad Social, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Certificado “I Congreso Internacional del Derecho Procesal e Innovación en la Contratación Pública” Universidad de Salamanca, España. Diploma de Reconociendo “Por el Excelente Desempeño como Docente de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras y la Excelencia Académica en el Nivel de Educación Superior. Especialista en derecho laboral y ambiental, docente especialista en derecho ambiental y laboral desde 2009 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.


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